Aprueban EIA de la ampliación del Canal de Panamá

programa de ampliación.

Anam emite resolución que aprueba EIA tipo III

LA PRENSA/Carlos Lemos

Área de ampliación del Canal, en el lado Pacífico.

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) emitió el martes la resolución mediante la cual se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) global, tipo III, de los componentes del programa de ampliación, informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El EIA analiza en forma integral los impactos positivos y negativos del proyecto e incorpora un plan de manejo ambiental para adoptar las medidas de mitigación que resulten necesarias.

«Con la aprobación de este estudio, la ACP puede iniciar todos los trabajos de la obra del programa de ampliación», dijo Jorge Luis Quijano, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería y Administración de Programa de la ACP.

La Anam había aprobado otros EIA específicos para proyectos como la primera fase de excavación seca, que desarrolla Constructora Urbana, S.A., pero este nuevo EIA comprende todo el programa de ampliación.

El plan de manejo ambiental, contenido en el estudio exige a la ACP ejecutar un plan de monitoreo y seguimiento que incluye la indemnización ecológica y la reforestación por la vegetación afectada, la prevención de riesgos, el rescate y la movilización de vida silvestre, entre otros.

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La ACP y ANAM al parecer están ignorando el principal impacto ambiental y más peligroso: la intromisión salina y las consecuencias de tal impacto.

Es increíble que el EIA pretenda ocultar lo que los ecologistas han denunciado desde el principio.

Será Panamá una República Bananera donde domina la corrupción y la ignorancia en la toma de decisiones? Todo parece indicar que aún en la baja de la producción bananera, el país siga creciendo su perfil bananero en la toma de decisiones que nos afectan a todos.

Burica Press

Agua y naturaleza en el negocio petrolero

PROYECTOS EN LA MIRA.

Agua y naturaleza, nuestra reserva estratégica

Jorge G. Conte B.

Desde que la venta de un globo de terreno ubicado en la zona costera de la provincia de Colón –por 10 millones de dólares, al consorcio que pretende invertir en la construcción de un oleoducto que recorra nuestra zona canalera– hiciera noticia, este infortunio ha corrido en los medios de comunicación como una mancha de petróleo en el océano.

 

El pretendido proyecto que forma parte de la mal llamada zona libre de petróleo (libre tan solo de impuestos al mismo) ha sido ya rechazado en su recorrido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por considerarlo lesivo para sus operaciones. Ahora, este anteproyecto pretende cambiar su recorrido y adentrarse en zonas pertenecientes a los parques nacionales Portobelo, Soberanía, Camino de Cruces y las zonas residenciales de Rodman y Veracruz, terminando en una plataforma gigantesca a 3 kilómetros de las islas de Taboguilla y Taboga (esta última de inigualable riqueza natural y paisajística), por lo que ha sido nuevamente rechazado por las organizaciones civiles, ambientales y científicas, con el apoyo de algunos medios de comunicación y otros inversionistas.

 

El nuevo trayecto acabará de un tajo con 700 hectáreas de bosques prístinos, fuentes agua y de recursos naturales, que requiere el Canal de Panamá para su operación diaria y donde la ACP y la Fundación Natura han hecho grandes inversiones en la creación de cultura de conservación entre las comunidades que allí habitan y protegen su entorno natural en beneficio del Canal y del abastecimiento de agua para el consumo humano y la agricultura.

 

Igualmente afectaría de forma permanente, la integridad biológica de estas áreas protegidas y desplazaría grandes cantidades de animales, afectando su composición biológica, el naciente turismo ecológico y las futuras inversiones en el área canalera.

 

Los pobladores de las zonas aledañas al proyecto vivirían con la incertidumbre de estallidos, incendios forestales y contaminación de sus fuentes naturales a causa de probables accidentes o ataques a estas instalaciones, como ya se han visto en Colombia, México, Nigeria e Irak, convirtiendo nuestra ciudad, con una población estimada en 1.2 millón de personas, en un nuevo objetivo de ladrones y terroristas, amén de la seguridad del Canal de Panamá y nuestras operaciones comerciales globales.

 

Con la sola intención de proponer este proyecto en esta área poblada y de alto valor natural, por salvaguardar los intereses de unas familias adineradas y de algunos pocos inversionistas extranjeros, se viola la Constitución Nacional al olvidar proteger el bienestar de los ciudadanos y la calidad del medioambiente y no aplicar el principio precautorio ni los estudios estratégicos ambientales para un proyecto de esta magnitud.

 

Si bien es cierto, la realidad económica del petróleo es hoy día una fuente importante de ingresos para algunas naciones, nuestro país, ubicado lejos de los centros de producción, tiene en el agua, sus bosques y su biodiversidad, los recursos estratégicos más importantes para su futuro y el de las futuras generaciones. Actualmente con el boom de la construcción y la ampliación del Canal de Panamá, son muchos los requerimientos de recursos naturales que se están haciendo al medioambiente, que cada día reduce su capacidad de regenerarse por la demanda y la destrucción de los mismos por parte del nivel y tipo de crecimiento económico que han implementado este y anteriores gobiernos.

 

Por lo anterior, el pretendido anteproyecto de la zona libre de impuestos a la operación con petróleo, nombre correcto, debería ser analizado bajo los principios precautorio y estratégico ambiental, para evaluar su impacto en nuestra sociedad, medioambiente y economía, y verificar si tiene las condiciones y la ubicación propia de un proyecto orientado al desarrollo sostenible de nuestro país o, por el contrario, no será más que una mancha negra que recorrerá el lago Gatún.

El autor es miembro del Grupo Parques Nacionales Panamá