Denuncian penalmente a funcionarios de ANAM, MICI y MOP

Denuncian penalmente a funcionarios de ANAM,

Ministerio de Comercio e Industrias y Ministerio de Obras Públicas

Panamá, 16 de noviembre de 2007. Burica Press. —

Los abogados panameños, Juan Ramon Sevillano y Leslie Marín Lezcano, interpusieron el día 14 de noviembre una demanda penal contra los funcionarios que resulten responsables con mando y jurisdicción del Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) por el delito de infracción de los deberes de los servicios públicos, establecido en el capítulo IV del título X del Libro Segundo del Código Penal y concordantes.

La acusación se da debido a que estas entidades han permitido que se realicen actividades u obras, tales como carreteras y explotación minera por parte de la empresa Minera Petaquilla, S.A., Petaquilla Security Cooper, S. A., Petaquilla Power S. A., Petaquilla Minerals S. A., Petaquilla Security S. A. y empresas subsidiarias relacionadas a esta, sin la aprobación por parte de las autoridades competentes de un Estudio de Impacto Ambiental, en las comunidades de la La Nueva Lucha (antigua Petaquilla), San Benito, Nuevo Sinaí, Palmilla, Río Caimito, Nazareno, Coclesito, San Juan de Turbe, Tres Quebradas de Turbe, Calle Larga, Belén, Vista Alegre, San Lucas, Caño I, Caño II, Molejones, Chiguirí Arriba, Cirí Grande, Río Indio Centro, Caño Sucio, Río Indio Largo, Coclé del Norte, Trinidad, Cirí Cabecera, Toabré y áreas aledañas, ubicadas en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón.

Los fundamentos principales de la denuncia contra las autoridades arriba mencionadas es que la concesionaria estaba obligada a regirse por las normas ambientales vigentes al momento de la explotación minera y que a pesar de ello algunas de las concesionarias arriba mencionadas han estado obras o actividades tales como la construcción de carreteras y explotación minera, sin contar con la aprobación previa de un EIA, tal y como lo exige la Ley No. 41 de 1998, General de Ambiente.

Se le imputa que todos los funcionarios con mando y jurisdicción de las instituciones denunciadas conocen esta violación flagrante a la ley, sin embargo, no han cumplido con su deber de hacerla cumplir, su reglamentación, las normas de calidad ambiental y las disposiciones técnicas y administrativas que por ley se le asigna.

La entidad mayormente responsable parece ser la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) que es la entidad facultada por ley general de Ambiente para paralizar las actividades del proyecto que no haya presentado un Estudio de Impacto Ambiental, ya que se presumen muchos riesgos ambientales debido a la ubicación y condiciones naturales del área en cuestión, que es parte fundamental del cordón de bosques del Atlántico panameño, conocido como corredor biológico del Atlántico panameño.

Los abogados demandantes argumentan que es deber del Estado garantizar a los ciudadanos un ambiente sano para la vida y el desarrollo sostenible y por tanto la Ley General de Ambiente que custodia este principio constitucional, no exonera a ninguno de los funcionarios con mando y jurisdicción imputados, de no ejecutarla, ya que para eso es que existe.

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