El adiós de un bosque protegido en la Reserva de la Biósfera

A continuación publicamos este artículo que nos ha hecho llegar el Profesor Ariel Rodríguez, que nos parece de interés especial, dado que toca en profundidad el tema ambiental e indígena en las áreas protegidas de Bocas del Toro.

 

El adiós de un bosque protegido en la Reserva de la Biósfera

Por: Ariel Rodríguez Vargas
Biólogo y ecologista

Este artículo lo escribimos en relación a la noticia aparecida en La Prensa del día 19 de noviembre de 2007, titulada “Bosque en Peligro y El adiós de un bosque protegido”,  que consiste en un proyecto hidroeléctrico de AES Changuinola para la producción de 223 MWh, queremos expresar que la noticia debió aclarar que los únicos que siempre han hablado de hidroeléctricas y las han promovido en las áreas protegidas de la Reserva Forestal de Palo Seco en Bocas del Toro es la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) en su momento, que son visiones completamente inaceptables en el nuevo marco de desarrollo sostenible y ambiente contemporáneos.  Esta promoción inaudita de ANAM es totalmente contraria a los principios y objetivos para los que está constitutida la ANAM en relación a las áreas protegidas.  Esta política unilateral jamás ha pasado por el tamiz de una Evaluación Ambiental Estratégica como manda la Ley General de Ambiente de 1998 en la Resolución 209 de Evaluación de Impacto Ambiental. Tampoco ha pasado el tamiz de la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente que ANAM jamás ha instalado en 9 años de vigencia de la ley.

Que ANAM avale y promueva estos proyectos hidroeléctricos, como lo están haciendo, no da cabida a que esto se dé en áreas protegidas.  Si las áreas protegidas no están protegidas entonces ANAM debe desmantelar la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre y crear una oficina de promoción a las hidroeléctricas en áreas protegidas o anexarse a la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A, ya que están faltando a sus más caros deberes para con el bien colectivo, hoy amenazado por un proyecto que destruye biodiversidad sin lugar a dudas, irrespeta el terruño de los indígenas y beneficia casi en exclusivo a la Corporación Hidroeléctrica AES.

No caben hidroeléctricas en las áreas protegidas y la ley es muy clara es esto. ANAM debe ser la primera entidad que debe entender y defender las áreas protegidas, porque para eso están establecidas.  Las áreas protegidas no pueden ser custodio y reservorio de estos proyectos, eso es inaudito y está ocurriendo frente a nuestros ojos, por ello demandaremos como debe ser a todos los servidores públicos por incumplimiento de sus deberes y por corrupción al prestarse a esta patraña, que sabemos, está impulsada por los amos de la caverna incrustados en el gobierno, que desde bastidores, promueven el negociado de la electricidad. ANAM no puede ser una institución cachorro del sistema de intereses creados alrededor de estos proyectos.

No existe concesión que pueda ser válida para construir hidroeléctricas en áreas protegidas, ya que contraviene todo el concepto de concesiones de administración y servicios en áreas protegidas y eso ANAM lo sabe, por eso rechazamos el interés inusitado de esta institución en violentar la ley para amparar hidroeléctricas en áreas protegidas de Bocas del Toro, que son Reserva de la Biósfera y áreas de amortiguamiento clave del Parque Internacional La Amistad, Sitio de Patrimonio Mundial para las presentes y futuras generaciones de Panamá y del mundo.

Nótese que el Plan de Manejo del Bosque Protector de Palo Seco, a pesar de todo, indica, como es lógico, que las represas per se son peligros críticos para las áreas protegidas, lo cual, los lleva a la conclusión que a menos que ANAM le interese más el dinero de los permisos y las pírricas anualidades de una concesión mal habida, que la conservación de estas áreas protegidas y el respeto constitucional que tienen los indígenas a su terruño.

ANAM no puede ser eco-títere de los especuladores de las empresas generadoras de energía eléctrica, mucho menos de las que intentan tomarse ilegalmente nuestras áreas protegidas para exportar energía.

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Promotor inmobiliario demanda al Estado por impedirle urbanizar un bosque

DEMANDA. PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES.

Pasco reclama reparo por daños y perjuicios

La indemnización por 10.5 millones –admitida en la Sala Tercera– fue apelada por el procurador, Oscar Ceville.

Ambientalistas dicen que uno de los dos lotes adjudicado a Inmobiliaria P & P está dentro del Parque Camino de Cruces y corresponde a la categoría de Área Verde Urbana no desarrollable.

LA PRENSA/Archivo

OBRA. La Inmobiliaria P&P obtuvo, en una licitación, el lote CL 35 en Clayton, donde busca desarrollar un protecto.

Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com

La historia de la Inmobilaria P & P, propiedad de Carlos Eduardo Pasco Henríquez, y su proyecto habitacional –rechazado por grupos ambientalistas que aseguran afecta el Parque Nacional Camino de Cruces– tiene otro capítulo.

El empresario demandó al Estado por daños y perjuicios ocasionados, tras el accidentado recorrido luego de que la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (Ari) le adjudicara el lote CL 35 en Clayton, después de haberse alzado con la licitación.

El reclamo, de 10 millones 542 mil 226 dólares con 23 centésimos, fue admitido por la Sala Tercera de la Corte, bajo la ponencia unitaria del magistrado Víctor Benavides, pero esa medida fue apelada por la Procuraduría de la Administración.

La Sala acogió el recurso de la Procuraduría que debe pasar a manos del resto de los dos magistrados de esta, que decidirán el futuro del reclamo.

LABERINTO

En agosto pasado, la Sala Tercera había levantado la suspensión provisional que pesaba contra una resolución del Ministerio de Vivienda (Mivi) en materia de desarrollo urbano en las áreas revertidas, lo que permitirá a P & P continuar con su proyecto.

La suspensión había sido dictada por la misma Sala III, en respuesta a una demanda de nulidad presentada por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, en contra de una resolución de 2000 del Mivi que cambió el uso de suelo de ocho lotes –entre ellos, aquel en el que P & P pretende construir– de “áreas verdes urbanas” a “áreas desarrollables”.

Bosques protegidos en peligro en Bocas del Toro

PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD. HIDROELÉCTRICA AMENAZA RESERVA NATURAL.

Bosque, en peligro

Unesco pidió a Panamá y Costa Rica un informe sobre el estado del Parque Internacional La Amistad.

Anam aprueba EIA tipo 1 para una carretera en el área. El MOP dice que debe ser recategorizado.

LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

AMENAZA. La compañía Aes Changuinola espera instalar una hidroeléctrica con capacidad para producir 223 megavatios. Los ambientalistas se oponen al millonario proyecto.

José Arcia–La Prensa
jarcia@prensa.com

La construcción de una hidroeléctrica sobre el río Changuinola, en Bocas del Toro, amenaza una reserva forestal que es Patrimonio de la Humanidad y el estudio de impacto ambiental (EIA) para la carretera de acceso a la obra generó diferencias entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Aes Changuinola, que realiza el proyecto, presentó un EIA de categoría I, que fue aprobado por la Anam, a pesar de que el MOP pidió que fuese recategorizado porque se trata de la construcción de 6 kilómetros de carretera dentro del Bosque Protector de Palo Seco que sirve de zona de amortiguamiento al Parque Internacional La Amistad.

El Centro para la Diversidad Biológica y otras 37 organizaciones ambientales solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incluir este parque en la lista de reservas naturales en peligro, argumentando que en los ríos del área se construyen proyectos hidroeléctricos.

Unesco solicitó a los gobiernos de Panamá y Costa Rica un informe sobre el estado de conservación del Parque, incluyendo las implicaciones de los proyectos hidroeléctricos y los daños que puedan causarle a la biodiversidad acuática.

Ligia Castro, administradora de la Anam, dijo entender la preocupación de los ambientalistas, pero explicó que la aprobación de los EIA se hace cumpliendo las normas.

Humberto González, de Aes Changuinola, dijo que la empresa ha cumplido con todo los requisitos ambientales.

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OBRA. AES CHANGUINOLA TIENE EL CONTRATO PARA EL PROYECTO ENERGÉTICO.

El adiós de un bosque protegido

Los moradores de la comunidad de Charco La Pava han sido reubicados para dar paso al desarrollo.

Se construirá una hidroeléctrica de 223 megavatios en Changuinola.

LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

AVANCE. Las máquinas han hecho su trabajo. Los árboles talados han dejado espacio para que empiecen los trabajos de construcción de la nueva hidroeléctrica que realizará la empresa Aes Changuinola.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Isabel Becker se resistía a abandonar su finca en la que vivió por más de 30 años, a orillas del río Changuinola, en la comunidad de Charco La Pava, corregimiento de Valle Risco.

Durante ese tiempo no solo habitó esa región, sino también el resto de su familia que construyó alrededor.

Todos convivían dentro de un área protegida, como es el Bosque Protector Palo Seco, creado por el Decreto No. 25 del 28 de septiembre de 1983, que funciona como área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad (PILA).

Para Becker, al igual que el resto de indígenas ngöbes que viven en Charco La Pava, era claro que ese decreto les imponía restricciones para desarrollar cualquiera actividad de subsistencia.

Específicamente, el artículo 3 de la mencionada norma prohíbe la tala de árboles, la quema, la caza y en general toda actividad agropecuaria o de silvicultura que no haya sido autorizada por las autoridades ambientales solo para fines de subsistencia de las familias.

Este artículo tuvo una leve modificación, mediante el Decreto No. 71 del 1 de junio de 2006, para beneficiar a los moradores al señalar que “las familias cooperadoras del Bosque Protector de Palo Seco podrán solicitar permisos para desarrollar actividades con fines de subsistencia”.

Sin embargo, un considerando del decreto varió y dejó una ventana abierta para que la empresa Aes Changuinola entrara con su maquinaria a represar al río Changuinola y desalojar algunas familias como la de Isabel Becker.

ASUNTO DE TÉRMINOS

Para los representantes de la empresa no se trata de un desalojo, sino de un reasentamiento de las 159 familias (856 personas) que deberán abandonar sus fincas como consecuencia del proyecto.

Ernesto López, morador del área, tiene otra opinión al respecto. Cree que se trata de una burla del Gobierno para los indígenas. “A nosotros nos prohíben talar árboles y nos multan hasta por entrar al bosque, pero le entrega a los empresarios esta riqueza natural”, manifestó.

Y es que mientras el decreto inicialmente hablaba de que el Gobierno “está facultado para negar la ocupación y adjudicación de tierras en aquellas zonas que se reservan para fines de utilidad pública”, con la modificación se estableció que “dentro del Bosque Protector de Palo Seco se realizan diversas actividades, tanto para la generación de energía renovable como para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales”.

Un año después de la modificación del decreto, el pasado 23 de mayo la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) suscribió el contrato con Aes Changuinola para la concesión de 6 mil 215 hectáreas dentro del Bosque Protector de Palo Seco.

Se trata de zonas ocupadas por indígenas ngöbes de Charco La Pava y otros moradores de la comunidad de Valle de Risco mucho antes de que se creara la zona protegida.

Los últimos meses han sido intensos, pero el pasado 25 de octubre Isabel Becker cedió su lucha y otorgó sus derechos posesorios a Aes Changuinola, que ese mismo día realizó el acto de colocación de la primera piedra al proyecto hidroeléctrica Chan 75 (Changuinola I) con una capacidad de 223 megavatios y una inversión de 500 millones de dólares.

La empresa estima que los trabajos de construcción concluyan en abril de 2011.

Becker fue reubicada en otra finca que la empresa adquirió para ella como parte del compromiso para que cediera sus derechos posesorios.

A principio de año, otras familias han hecho lo mismo, algunas se encuentran reubicadas en la comunidad Finca 4, donde la compañía les entregó una casa con sus muebles.

Pero, detrás de esa reubicación familiar existen expedientes sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos en la Defensoría del Pueblo, que además adelanta una investigación de oficio por daños ambientales.

Incluso, las denuncias han sido presentadas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La primera para que atienda la situación social, y la segunda, el aspecto ambiental.

 

Uno de los organismos que ha presentado las denuncias es la Alianza para Conservación y el Desarrollo (ACD) que ha seguido de cerca el proceso de desalojo y ha manifestado su preocupación por el peligro ecológico que representa la hidroeléctrica. Menciona la devastación de áreas boscosas y la vulnerabilidad de especies acuáticas diádromas (que se desplazan entre mar y ríos).

DESCONTENTO

Lucía Lasso, directora ejecutiva de ACD, señaló que estos megaproyectos se deben hacer con el consentimiento de las comunidades afectadas. Pero el aval de los moradores debe expresarse libremente y no bajo presión. “Evidentemente los indígenas han sido presionados para que firmen un acuerdo que algunos de ellos no entienden”, dijo.

Este es el caso de Patricia Castillo, hija de Isabel Becker, que vive en Finca 4, luego de firmar un acuerdo con la empresa con el que ahora no se siente satisfecha.

El contrato firmado el pasado 15 de junio compromete a la empresa con el pago mensual de 2 mil dólares hasta por un periodo de 42 meses. Adicional del pago de una “bonificación” de 8 mil dólares.

El contrato establece que al final de los 42 meses la empresa adquirirá una finca “y con esto finaliza el pago de los derechos posesorios” sobre un globo de terreno de 150 hectáreas. Castillo, quien no sabe leer ni escribir, sostuvo que el compromiso que ella adquirió con la empresa era de alquiler del terreno y no de traspaso del derecho posesorio.

María Icela Meléndez, directora de Asuntos Ecológicos de la Defensoría y quien visitó las comunidades, explicó que la entidad velará para que se respeten los derechos de los indígenas.

Ligia Castro, administradora de la Anam, señaló que la empresa debe entregar los acuerdos notariados en la entidad.

Por su parte, Humberto González, gerente general de Aes Changuinola, consideró que el proceso de negociación y de reasentamiento ha sido transparente. Las negociaciones y el traslado de familias a otras fincas se ha hecho en coordinación con autoridades del Gobierno Central y el gobierno local.

Aes Changuinola contrató a la firma Gestión Urbanas para que realizara los estudios socieconómicos de las familias. Esta empresa, dijo González, no solo se ha encargado de los estudios, sino también a capacitar a las familias sobre la administración de sus bienes económicos y de alternativas de subsistencia.

Las familias deciden dónde y cómo desean las fincas que se le s adquieren, recalcó.

Piden investigación penal por proyecto

Todo empezó con la construcción de la carretera de acceso al proyecto hidroeléctrico Chan 75, que construye AES Changuinola sobre el río del mismo nombre. Los grupos ambientalistas consideraron que se está poniendo en riesgo un pulmón natural y una reserva que es patrimonio de la humanidad, además de las consecuencias sociales.

Ante el panorama, la Asociación de Derecho Ambiental (ADA) y la Asociación Ecologista Panameña (Asep) presentaron ante la Procuraduría de la Nación una denuncia penal ambiental en defensa del Bosque Protector de Palo Seco.

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo también hizo lo mismo ante la Policía Técnica Judicial, que realizó una inspección ocular al lugar a principio de mes.

La ADA y la Asep sustentan su denuncia en que el Estudio de Impacto Ambiental contiene una serie de irregularidades “que merecen una minuciosa investigación y el encausamiento penal” en contra de los responsables. La denuncia pide investigar a los funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), al representante legal de la empresa AES Changuinola y a Consultores Ecológicos, empresa que realizó la evaluación ambiental.

Entre las irregularidades que se mencionan en la denuncia, está el hecho de que en el estudio arqueológico se habla de presencia de elementos arqueológicos y la información fue obviada en el Estudio de Impacto Ambiental presentado ante la Anam.