Corporación AES y ANAM están incumpliendo normas ambientales

Changuinola. incumplen estudio de impacto ambiental.

Anam mantiene proceso a AES

La carretera que se construye para dar acceso al proyecto será de carácter privado y no público.

LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

DENUNCIA. La construcción de una hidroeléctrica en Changuinola tiene preocupados a los ambientalistas.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) le mantiene dos investigaciones administrativas a Aes Changuinola por incumplir con el estudio de impacto ambiental (EIA) y el proceso de reubicación de las familias afectadas por el proyecto hidroeléctrico sobre el río Changuinola.

Al mismo tiempo, ayer ratificó su decisión de aprobar un EIA de categoría I para la construcción de la carretera de acceso al proyecto, contrario a la solicitud de recategorización solicitada por el Ministerio de Obras Públicas.

Harley Mitchell Morán, director de Asesoría Legal de la Anam, explicó que las investigaciones se deben a la falta de medidas de mitigación para evitar la erosión del río, y a si la empresa hizo reubicaciones antes de presentar un plan de reasentamiento.

Humberto González, gerente de la empresa, dijo que cumplen todas las medidas de mitigación y que la reubicación de las familias se coordinó con las autoridades.

Bolívar Zambrano, director de Evaluación de la Anam, dijo que el EIA se aprobó según las normas establecidas.

La categorización de un EIA no depende de si el proyecto se desarrolla en un área protegida, sino de las normas de evaluación ambiental, dijo. Si bien es cierto que el proyecto está en un área protegida, la zona que se afectará ha sido intervenida, recalcó. La carretera será privada y no pública.

La Prensa, 20 de noviembre de 2007

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De acuerdo a Osvaldo Jordán de ACD, organización que trabaja en el área en relación a estos abusos a la legislación ambiental y en relación a la violación a los derechos humanos de los indígenas de la zona, también le faltó decir que todo el -staff mayor- de ANAM sólo viaja al área en helicópteros pagados por la compañía AES Changuinola, situación que crea conflicto de intereses y falta de imparcialidad de ANAM, y que efectivamente lo que está ocurriendo en Changuinola, tanto ANAM como la compañía AES están violando sistemática y flagrantemente las leyes de protección ambiental en áreas protegidas y le están pisoteando los derechos humanos de los pueblos indígenas asentados en la zona.

La Alianza para la Conservacion y el Desarrollo denunció esta semana en un comunicado público, que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá se ha convertido en cómplice de la violación sistemática de los derechos humanos de la población Ngabe y Naso de la Reserva de la Biósfera de La Amistad – Panamá. En efecto, el plan de reubicación que ha estado implementando la empresa estadounidense AES Corporation para la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 contraviene lo establecido en los artículos 10 y 26 de la recientemente aprobada Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, que prohíben el traslado de pueblos indigenas sin su consentimiento previo, libre e informado, y sin que exista un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa.

En relación a los estudios de impacto ambiental de las carreteras de acceso y campamentos, la abogada ecologista, Susana Serracín, argumenta que efectivamente los funcionarios de ANAM, entre los cuales se encuentra Bolívar Zambrano, incurrieron en delito ambiental, hecho que ya ha sido denunciado penalmente ante el Ministerio Público y se realizan las primeras pesquizas del delito en los cuales se solicita el encausamiento penal para todos los que resultan responsables de este dolo, que sólo favorecía los intereses de AES, quien podía avanzar sin ningún ambiental con el proyecto hidroeléctrico de alto impacto.

Por su parte el biólogo Ariel Rodríguez, argumenta que la ANAM avale y promueva estos proyectos hidroeléctricos, como lo están haciendo, no da cabida a que esto se dé en áreas protegidas, ya que es un proyecto que destruye biodiversidad sin lugar a dudas, irrespeta el terruño de los indígenas y beneficia casi en exclusivo a la Corporación Hidroeléctrica AES.

Igualmente el científico argumenta que tajantemente: «No caben hidroeléctricas en las áreas protegidas y la ley es muy clara es esto. ANAM debe ser la primera entidad que debe entender y defender las áreas protegidas, porque para eso están establecidas».

«No existe concesión que pueda ser válida para construir hidroeléctricas en áreas protegidas, ya que contraviene todo el concepto de concesiones de administración y servicios en áreas protegidas y eso ANAM lo sabe, por eso rechazamos el interés inusitado de esta institución en violentar la ley para amparar hidroeléctricas en áreas protegidas de Bocas del Toro, que son Reserva de la Biósfera y áreas de amortiguamiento clave del Parque Internacional La Amistad, Sitio de Patrimonio Mundial para las presentes y futuras generaciones de Panamá y del mundo» acotó el científico.

Burica Press, 20 de noviembre de 2007

Turismo residencial no es turismo

ELIMINACIÓN DE INCENTIVOS.

La amenaza del turismo residencial

Luis Castillo Espinosa

Turismo residencial es un término ampliamente utilizado, pero de un significado ambiguo que no define correctamente el fenómeno de los jubilados que eligen a Panamá como su destino para retirarse. Este fenómeno tiene como uno de sus orígenes la Ley 9 de 24 de junio de 1987, que establece beneficios para atraer a los jubilados extranjeros, entre ellos: la exoneración del pago de impuestos para la importación de artículos de uso doméstico, muebles o utensilios hasta por 10 mil dólares y la exoneración del pago de impuestos para la importación de un vehículo cada dos años y otros beneficios que exceden en mucho a las legislaciones de los países vecinos.

Estas prebendas son un atentado a la dignidad de los jubilados panameños. Mientras ellos rezan para que la Caja de Seguro Social tenga los fondos para pagarles, los jubilados extranjeros reciben innecesarios y exagerados beneficios.

Por otro lado, la forma en que algunas agencias de bienes raíces promocionan a Panamá en el exterior es humillante para nuestra dignidad como nación: «El llamado a venir y aprovechar el paquete de beneficios más asombroso del mundo entero, en un país en donde existe una rareza panameña: el contratar a una empleada que viva en tu casa y a la que solo le tienes que pagar 120 dólares mensuales».

Es cierto que se genera una gran actividad de construcción y que el sector de bienes raíces tiene una vitalidad nunca antes vista en el país; pero si vemos más allá de las ramas cubiertas con hojas de billetes verdes que cubren nuestros rostros, el horizonte presenta desafíos insospechados para nuestra población más vulnerable.

Los jubilados extranjeros son, en su mayoría, una población envejecida que no viene a aportar mucho a la vida nacional. Los jubilados vienen a pasar los últimos años de su vida, aislados del resto del país en lugares paradisíacos como Boquete y Bocas del Toro, entre otros.

Una mentira que escucho constantemente es que en esos lugares hay empleo total, pero si usted los visita se dará cuenta de que los únicos trabajos que abundan son los de empleadas y jardineros. ¿Y es eso lo que queremos para Panamá? ¿Es nuestra visión de desarrollo que nuestra población sea sirviente de los extranjeros?

El principal efecto de esta ola de jubilados extranjeros, ha sido la exagerada valoración de la tierra. Por ejemplo, antes en Bocas del Toro un lugareño podía ahorrar mil 500 dólares para comprar un pedacito de tierra y construir su vivienda. Ahora ese mismo pedacito de tierra le puede llegar a costar hasta 200 mil dólares, y no estoy exagerando. ¿Qué produce esto? El desplazamiento de nuestra población de estas áreas y su reemplazo por una población envejecida y poco productiva; sin mencionar el daño ecológico que produce el «desarrollo». Lo más peligroso de este exagerado aumento del valor de la tierra es que muchos productores agropecuarios están comenzando a evaluar si resulta mejor seguir produciendo café, arroz, leche y maíz o vender sus tierras a extranjeros y dedicarse a otra cosa. No estamos lejos de ver convertidos nuestros productivos cafetales en cabañas de retiro y nuestros campos de arroz, en campos de golf.

Como resultado de esta acción, en los próximos años aumentará la escasez de estos productos básicos en la dieta del panameño, por lo que se deberá importarlos y, con ello, se reducirá nuestra independencia alimentaria. ¿En qué sentido? Al hacernos más dependientes de los vaivenes de los mercados internacionales y de las potencias económicas.

Otro fatal efecto del mal llamado turismo residencial es el salvaje encarecimiento de la vida en las áreas a las que llegan los extranjeros, lo que, poco a poco, producirá la «natural» emigración de los nacionales.

Ya es hora de modificar esta ley y eliminar algunos de los incentivos para los jubilados extranjeros. ¿Por qué? Porque, precisamente, el turismo residencial es una de las actividades que menos incentivos necesita, dados los beneficios naturales que Panamá ofrece. Eliminar algunos beneficios no detendrá la avalancha de jubilados, pero quizás la desacelere hasta el ritmo en que el país la pueda absorber sin afectar la calidad de vida de los panameños. Sé que muchos abogados y corredores de bienes raíces estarán en desacuerdo con este planteamiento, pero deben pensar en las grandes mayorías y no solo en los bolsillos de unos cuantos.

El autor es ingeniero