Ambientalistas denuncian a ANAM ante el BID

Panamá, 30 de noviembre de 2007

Doctor
Luís Alberto Moreno
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Estimado Dr. Moreno:

Como organizaciones ciudadanas que estamos preocupadas por la creación de una institucionalidad ambiental que sea moderna, justa e incluyente, queremos expresarle nuestro rechazo a la reciente decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de otorgar un nuevo préstamo ambiental al Estado Panameño (PN-L1013). Si bien consideramos que es un apoyo importante para el país, el mismo no se debe dar antes de que se haya realizado un análisis comprensivo y verdaderamente participativo de los logros alcanzados por el Programa Ambiental Nacional (PAN) (PN0122).

Nosotros consideramos que la mayor parte del financiamiento del PAN ha sido utilizado de manera deficiente e irresponsable por las administraciones generales de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), pues las mismas han ignorado sistemáticamente los principios establecidos en la Ley 41 de 1998, así como las recomendaciones de las consultorías que han sustentado técnicamente la entrega de estos préstamos. En este sentido, queremos enfatizar los siguientes puntos:

La negativa hasta la fecha, de conformar la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, como lo establece los artículos 18, 19 y 20 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998. Esta instancia hubiera servido de espacio de diálogo y concertación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta violación abierta a la ley ha generado numerosos conflictos y daños ambientales irreparables durante los últimos nueve años.

La negativa de separar la función de regulación de los procesos productivos de la de administración de los recursos naturales, como lo sugirió el estudio de reingeniería de la Autoridad Nacional del Ambiente. Esto ha llevado a que la ANAM sea juez y parte en numerosos conflictos ambientales, lo que ha erosionado por completo la credibilidad de la Institución y ha puesto a sus funcionarios en claras situaciones de conflictos de intereses. No es posible que la misma entidad que reciba ingresos por el otorgamiento de concesiones sobre los recursos naturales también sea la responsable de fiscalizar estos mismos proyectos de desarrollo.

La centralización de las evaluaciones de impacto ambiental en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a través del Decreto No. 209 de 5 de septiembre de 2006, lo que contradice el espíritu de la Ley 41 y echa al suelo las inversiones realizadas por el PAN en la creación y fortalecimiento de las Unidades Ambientales Sectoriales (UAS). Estos cambios fueron realizados de manera inconsulta y sin la debida participación de organizaciones de la sociedad civil.

La falta de transparencia y participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental, lo que ha llevado a la aprobación de numerosos estudios de impacto ambiental que son técnicamente deficientes, a pesar de las opiniones expresadas por organizaciones de la sociedad civil y otras instancias gubernamentales. A esto se suma, la aprobación condicionada de proyectos que no tienen línea base; la subcategorización de proyectos; y el fraccionamiento de un mismo proyecto en numerosas fases y etapas. Finalmente, es común que se de la introducción de enmiendas, addendas y actualizaciones a estudios de impacto ambiental de proyectos que ya están en ejecución, lo que atenta contra la seguridad jurídica, invalida los procesos de consulta publica realizados previamente y entorpece de manera significativa los procesos de participación ciudadana y la aplicación de las normas respectivas, entre otros aspectos de fundamental importancia.

La no aplicación del principio precautorio en la fiscalización de los proyectos de desarrollo. Actualmente, el Decreto No. 209 de 5 de septiembre de 2006, que reglamenta los Estudios de Impacto Ambiental, permite la aprobación condicionada de estudios de impacto ambiental, atentando precisamente con el Principio Precautorio y generando daños ambientales, injusticias sociales y violaciones a los Derechos Humanos. Además, se aplica extemporáneamente multas y otras sanciones administrativas, luego de que los proyectos ya han causado daños irreversibles, lo que ha llevado al deterioro severo de nuestros ecosistemas naturales sin siquiera considerar los impactos acumulativos ni una Evaluación Ambiental Estratégica.

El desconocimiento sistemático de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, lo que ha puesto a estos grupos vulnerables en una situación de completa indefensión, atentando contra su modo de vida, cultura y tradiciones, y ocasionando numerosos conflictos ambientales con las autoridades tradicionales escogidas según sus propios usos y costumbres.

La aprobación inconsulta de cambios en las regulaciones ambientales a fin de legitimar actuaciones irregulares y contrarias a los principios y normas básicas para la protección ambiental, los aspectos sociales y culturales que deben respetarse y sin la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, ignorando las opiniones expresadas por la ciudadanía en otros foros de consulta ciudadana.

La distorsión de la funciones de la institución, que ha pasado de ser reguladora a promotora de proyectos de desarrollo. Esto se evidencia especialmente en el inusual énfasis que se le está dando en la presente administración a la promoción de numerosos proyectos hidroeléctricos y a la ampliación del Canal de Panamá.

La intromisión de la política partidista en la administración de la ANAM tanto a nivel central como a nivel de las administraciones regionales, así como el contubernio escandaloso con empresas privadas, lo que ha llevado al descrédito absoluto de la Institución, la judicializacion de los conflictos ambientales y la comisión de violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo antes expuesto, queremos solicitarle muy respetuosamente que se suspenda inmediatamente la tramitación del citado préstamo ambiental (PN-L1013) hasta que se haya realizado una evaluación exhaustiva de los logros alcanzados por el PAN (PN0122), así como una discusión verdaderamente significativa con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones gubernamentales sobre la situación actual y el futuro de la institucionalidad ambiental en Panamá.

Rechazamos por completo la afirmación de que los problemas ambientales en Panamá se reducen a la falta de recursos técnicos y financieros para la ANAM, y le recordamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que como ciudadanos panameños seremos los responsables de pagar los préstamos que se le confieran al Estado, y que por lo tanto tenemos el deber y el derecho de asegurarnos de que estas inversiones sean utilizadas de la manera más apropiada.

Consideramos que la introducción de nuevas tecnologías y la realización de estudios técnicos no contribuirán a mejorar la gestión ambiental en Panamá, y serían simples paliativos, hasta que se resuelvan cuestiones fundamentales sobre el marco jurídico y la implementación de la políticas públicas ambientales en nuestro país.

Para cualquier comunicación posterior, puede llamar a Ariel Rodríguez u Osvaldo Jordán al teléfono de Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) (507) 223-9170, o escribirnos a nuestras respectivas direcciones electrónicas.

Agradeciéndole de antemano su atención a esta solicitud, quedan de Usted, atentamente,

Firma original

Ariel Rodríguez

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Firma original

Raisa Banfield

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (entidad en formación)

Firma original

Donaldo Sousa

Asociación Ecologista Panameña (ASEP)

Firma original

Susana Serracín

Asociación de Derecho Ambiental (ADA)

Firma original

Larissa Duarte

Fundación para la Defensa del Ecosistema (FUDECO/

Firma original

Ezequiel Miranda

Asociación para la Conservación de la Biosfera (ACB)

Firma original

Félix Sánchez

Fundación Alianza Naso Tjer Di

c. c. Fernando Eleta Casanovas, Director Alterno Panama-Venezuela (BID)

Ari Herschowitz, Natural Resources Defense Council (NRDC)

Aaron Goldzimer, Environmental Defense

Peter Galvin, Center for Biological Diversity (CBD)

Vince McElhinny, Bank Information Center (BIC)

Nadia Martinez, Institute for Policy Studies (IPS)

Una respuesta

  1. Mis camaradas me alegra que por fin alguien en panama se interese por el ambiente y los recursos naturales, me gustaria que tambien se preocuparan por el canal, porque he oido que es de los norteameriacanos, era necesario sacar a noriega para colocar a uno de los suyos, el actual presidente nexos con el narcotrafico y todo tranquilo, les permite a los eeuu. maniobrar y tener control de todos los recursos. es hora de actuar y buscar entre ustedes un lider para independizarse.

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