Protocolo de Kioto cuesta 33 millones a tres países

Kioto cuesta 33 millones a tres países

Japón, Italia y España son los que están más lejos de cumplir los objetivos de reducción de gases.

Limitar las emisiones de dióxido de carbono será el tema de la conferencia que se hará en Bali.

MADRID, EspañaBLOOMBERG

Japón, Italia y España se enfrentan a un coste conjunto de hasta 33 mil millones de dólares por no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como prometieron en el tratado de Kioto.

Los tres países son los que están más lejos de cumplir sus objetivos de entre los 36 que acordaron frenar los gases de dióxido de carbono que causan el cambio climático.

El acuerdo de Kioto de 1997 exige que, para reducir el calentamiento global, los países contaminantes compren permisos para sus excesos de emisiones a otras industrias contaminantes o inversores.

«Ahora se enfrentan a una enorme factura», dijo Mike Rosenberg, profesor de administración de empresas en la Escuela de Negocios IESE, de la Universidad de Navarra, en Barcelona. «Eso es porque nadie pagó para adaptar fábricas, centrales eléctricas y papeleras» para reducir los gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento del planeta. Limitar las emisiones de dióxido de carbono será el objetivo de la conferencia que se celebrará la semana próxima en la isla indonesia de Bali, donde delegados de 190 países se reunirán para iniciar conversaciones sobre un nuevo tratado para cuando expire en 2012 el de Kioto.

Las penalizaciones impuestas por el tratado de Kioto han favorecido la reducción de emisiones. La eléctrica española Iberdrola SA se ha convertido en los últimos cinco años en la compañía con más parques eólicos, que han reducido este año las emisiones de CO2, o dióxido de carbono, un 15% por kilovatio.

España, Italia y Japón probablemente no cumplan los compromisos de Kioto porque subestimaron el crecimiento de sus economías y las emisiones futuras de industrias y eléctricas. Según el tratado sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, suscrito por 175 países, los Estados que superen el límite de sus emisiones deben comprar créditos en el mercado. Los vendedores normalmente son inversores o industrias contaminantes que han acumulado un excedente de créditos.

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