Ecologistas declaran non grato a empresas eléctricas y funcionarios corruptos

LA ASOCIACIONES ECOLOGISTAS, LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CIENTÍFICOS PANAMEÑOS REUNIDOS EN EL ENCUENTRO EXTRAORDINARIO DE LA RED NACIONAL CONTRA REPRESAS EN SANTIAGO DE VERAGUAS EL 2 DE DICIEMBRE DE 2007, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

CONSIDERANDO:

1) Que las corporaciones AES Changuinola e Hidro-Ecológica del Teribe (HET) están promoviendo la destrucción de la biodiversidad del Parque Internacional La Amistad (PILA); Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad, Área Núcleo de la Reserva de la Biosfera de La Amistad, y Eslabón Fundamental del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM); apropiándose de miles de hectáreas del Bosque Protector Palo Seco (BPPS), con el apoyo corrupto de las autoridades, violando los derechos humanos de las comunidades que habitan en el sector, agrediendo las tradiciones y la cultura y atentando contra la calidad de vida del pueblo panameño en general.

2) Que la violenta agresión al ambiente y la vida, de estos proyectos hidroeléctricos de AES y HET, con carreteras y grandes embalses, se sustenta sobre falsedades demostradas y es rechazada por la comunidad científica mundial y prohibida en muchos países, por el grave impacto adverso que causa, para lo cual se proponen otras formas de responder a la demanda energética, como las energía alternas o mixtas (solar, de las mareas, eólica y otras establecido en el Estudio sobre “Energías Mixtas en Panamá”, Ecotécnica, 1996). Que por su naturaleza son compatibles con el ambiente y limitan la corrupción y la coima.

3) Que Las Autoridades del país, en especial la Gobernadora de Bocas del Toro, ESTHER MENA DE CHIU; Las AUTORIDADES DE LA ANAM; y la Alcaldesa de Changuinola, VIRGINIA ABREGO, están patrocinando y apoyando este daño irreparable a la biodiversidad y a la calidad de vida de los pueblos Naso y Ngöbe que habitan dichas áreas, permitiendo toda clase de violaciones a las normas ambientales.

4) Que los ecologistas panameños, hemos denunciado estos crímenes ecológicos ante el Ministerio Publico, la Presidencia de la República, e interpuesto Recursos ante la Corte Suprema de Justicia y ante los Organismos Internacionales, donde se demuestra claramente los actos ilícitos penales y administrativos en los cuales han incurrido las empresas AES y HET; y los funcionarios citados, responsables directos del crimen denunciado contra el ambiente y la vida de los panameños.

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR NON GRATO para los ecologistas de nuestro país, a las empresas hidroeléctricas AES Y HET, A TODOS SUS DIRECTIVOS, así como a la Gobernadora de Bocas del Toro, ESTHER MENA DE CHIU, y a la Alcaldesa de Changuinola, VIRGINIA ABREGO, por ser responsables del daño ecológico al PILA y a la vez sancionarlos Pública y Moralmente, por el comportamiento contrario a la ética y la calidad de vida digna de los pueblos indígenas y de la dimensión ambiental de nuestro país.”.

SEGUNDO: DENUNCIAR, ante la ciudadanía, la actitud ilícita, permisiva e irresponsable, de LIGIA CASTRO y EDUARDO REYES, Administradores de la ANAM, este último estrechamente vinculado con el sector energético; por patrocinar este crimen ambiental y por no permitir la Instalación de la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, instancia obligada de estos asuntos ambientales, de acuerdo a la Ley General de Ambiente, así como de todas las autoridades involucradas en este crimen, al permitir que se destruya la biodiversidad y atente contra la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

TERCERO: SOLICITAR, a la Procuradora de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a los Organismos de Crédito Internacional que adopten una actitud consecuente con el cumplimiento de nuestras normas jurídicas en materia ambiental y resuelvan cuanto antes las denuncias criminales y los recursos, interpuestos, por estos crímenes ambientales, así como sometan a las autoridades al cumplimiento de las normas ambientales, para otorgarles los prestamos y apoyos económicos.

CUARTO: CONVOCAR, a todos los ecologistas, a las comunidades indígenas y a la ciudadanía en general, a mantenernos vigilantes, para frenar esta agresión al ambiente y la vida de nuestro país y luchar por una calidad de vida digna para todos los panameños.

QUINTO: DIVULGAR, la presente resolución a nivel nacional e internacional.

Se adhieren a la presente Resolución:

MOVIMIENTO 4 DE MARZO POR LA DEFENSA DEL RÍO CHANGUINOLA
FUNDACIÓN NASO TJER DI
MOVIMIENTO 10 DE ABRIL – RÍO TABASARÁ
MOVIMIENTO CAMPESINO EN DEFENSA DEL RÍO COBRE
MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LAS TIERRAS DEL RÍO SANTA MARÍA
COMITÉ PRO DEFENSA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SANTA MARÍA Y NARICES-SANTA FE
COMITÉ DE DEFENSA DE LAS TIERRAS Y AGUAS DEL RÍO CAÑAZAS
COMITÉ POR LA CONSERVACIÓN DE RÍO GRANDE Y SU DESARROLLO
MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO
MOVIMIENTO AMBIENTALISTA DE CHIRIQUÍ
COORDINADORA DEL EQUIPO MISIONERO DE LA CONCEPCIÓN POR LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS ECOSISTEMAS (CEMCODE)
ALIANZA POR LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO (ACD)
ASOCIACION ECOLOGISTA PANAMEÑA
COMITÉ DE DEFENSA Y PROTECCION DE LA NATURALEZA EN GUALACA (CODEPRONAGUA)
ASOCIACIÓN DE DERECHO AMBIENTAL
ASAMBLEA KERU YERU BUGLE COMARCAL

COMITÉ MANOS UNIDAS POR LA DEFENSA DE LAS TIERRAS Y AGUAS DEL RÍO GATÚN

Sigue aumentando la sobreoferta de energía en Panamá

ASEP garantiza energía eléctrica

A pesar del incremento de la demanda de energía eléctrica, que se calcula en un 6% por año, el administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Víctor Urrutia, aseguró a los panameños suficiente suministro para el próximo año 2008 y el 2009. El próximo año está por entrar la planta de Miraflores de la ACP con una capacidad de 36 MW; Concepción con 10 MW y Balboa con otros 43 MW, mientras que para el 2009 están contemplados 43 MW de Balboa; 49 MW de la empresa Térmica del Caribe y otros 113 de la compañía Generadora del Atlántico.

La Estrella de Panamá

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295 MW ingresarán al mercado en 2008 y 2009

 
 
     
 
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163 Mw serán hídricos. / Foto archivo

Redacción
periodista@estrelladepanama.com

A pesar del incremento de la demanda de energía eléctrica, que se calcula en un 6% por año, el administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Víctor Urrutia, aseguró a los panameños contar con suficiente suministro para el próximo año 2008 y el 2009.
Urrutia explicó que en estos momentos existe una capacidad instalada de aproximadamente 1,400 MW, lo cual ha hecho posible satisfacer la demanda existente que ha llegado en su punto máximo a 1,024 MW (16 de abril de 2007).
El alto ejecutivo de la ASEP explicó que para el próximo año está por entrar al parque energético la planta de Miraflores de la ACP con una capacidad de 36 MW; Concepción con 10 MW y Balboa con otros 43 MW, mientras que para el 2009 están contemplados 43 MW de Balboa; 49 MW de la empresa Térmica del Caribe y otros 113 MW de la compañía Generadora del Atlántico.
Entre el año 2008 y 2009 entrarán un total de 294 MW, de los cuales 132 MW de ellos provendrán de fuentes térmicas y 162 MW de fuentes hídricas.

En su conjunto, harían un total de más o menos 1,694 MW de capacidad instalada.

Se informó que la demanda indicativa para el año 2008 se calcula aproximadamente en unos 1, 102.85 MW y para el 2009 en 1,58.43 MW.

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Panamá tiene sobreproducción eléctrica, eso no hay duda.

Burica Press

Nuevos costos de la ampliación del Canal

Costos de la ampliación

Eduardo Esquivel Ríos

INGENIERO

Ya se me hacia raro que la maquinaria publicitaria de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no había contestado a la noticia -Los costos de la Ampliación subirán-, fundamentada y realista que apareció hace unos días en este diario. Es claro que el trabajo del Departamento de Comunicación de la ACP es decir y repetir que todo está muy bien. Nunca he visto que digan algo malo o denuncien alguna corrupción en la ACP.

Hay que recordar que el costo calculado por la ACP se ajustó porque los expertos ya habían dicho que si la obra costaba más de 7 mil millones no era rentable, y había que pasar por un referéndum. También que expertos de EE.UU. declararon públicamente que la ampliación terminaría costando entre 15 y 25 mil millones de dólares. Yo, en varios artículos, calculé que pasaría de los 20 mil millones, intereses y adendas incluidos.

Aunque la ACP dice que ha destinado más de mil millones de dólares para “contingencias”, la realidad es que, dejando aparte el ilusionismo retórico, con sólo el aumento del petróleo a más de 100 dólares el barril, se van los mil millones, pues no es sólo el combustible lo que va a subir de precio, sino todos los servicios, materiales y otros insumos. El problema de esos cálculos es que la obra tiene una duración muy grande, y es imposible calcular qué pasará dentro de un año, menos lo que pasará en 10 años. Y los responsables de los cálculos hoy, de seguro no van a estar en ese momento para responder por sus equivocaciones.

Respecto a las licitaciones, casi nunca lo más barato es sinónimo de mejor calidad. Lo barato sale caro, como dice el refrán. Y qué decir de una empresa relacionada con altos funcionarios de la APC, que se ha ganado varios contratos.

Sobre el famoso “Rendimiento de cuentas”, realmente no es tal cosa. La ACP lo que se limita es a informar de lo que hizo y a presentar las cuentas de lo que dice que hizo ante un Comité de “Convidados de Piedra” y aplaudidores. Para que la transparencia sea efectiva, todas estas transacciones y cuentas se deben someter a una auditoría técnica y financiera independiente. Apenas estamos en el primer año de la ampliación y ya estamos con estas dudas. ¿Cómo será dentro de cinco años, con otro gobierno y otra situación socioeconómica?

eesquivelrios@gmail.com

Rechazan hidroeléctrica en río Zaratí

Panamá tiene a los especuladores viendo cada río y riachuelo como simples corrientes generadores de energía eléctrica.

Martín Torrijos parece no saber dirigir el país que está en manos de usureros que están dispuestos a llegar hasta donde los dejen llegar, independientemente a qué o a quienes afecte.

Ya los ecologistas comienzan a desentrañar el gran negociado de la exportación de energía que hay detrás de todos estos proyectos. En la actualidad Panamá está en capacidad de producir el doble de energía sin siquiera recurrir al sistema de interconexión eléctrica centroamericana. O sea, estos proyectos hidroeléctricos no se justifican, más allá del propio interés especulativo de los promotores y del gobierno que no sabe controlar la gula de estos señores.

Si fuera energía alternativa eólica y solar u otras es seguro que todos apoyaríamos su ejecución.

Burica Press

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COCLÉ. Anam realiza las investigaciones del caso.

Rechazan construcción de hidroeléctrica en río Zaratí

El afluente del río alimenta a al menos siete acueductos rurales en la provincia de Coclé.

El Zaratí atraviesa los lugares de mayor densidad de población del distrito de Penonomé.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/R. Quezada

CONSECUENCIAS. El río es el motor que irriga una extensa red hídrica en la provincia de Coclé.950002

Rafael Quezada
CHIGUIRÍ ARRIBA, Coclé

Campesinos de la comunidad de Loma Grande en el corregimiento de Chiguirí Arriba permanecen alertas ante la acción de una empresa que tiene interés de construir una hidroeléctrica cerca al área donde nace el río Zaratí.

Según el departamento de asesoría legal de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) en Coclé, la empresa Hidrosolutions es la que tiene interés en realizar movimientos en dicha zona.

La preocupación de los moradores va más allá de la construcción de dicha hidroeléctrica. El proyecto primero daña y contamina el área donde nace el Zaratí, incluyendo sus manantiales y otros sectores aledaños.

El río es el motor que irriga una extensa red hídrica que da vida a mucha gente, y si se altera ocasionaría daños a toda la cuenca del Zaratí. El afluente alimenta a al menos siete acueductos rurales.

Eusebio Martínez, oriundo de Loma Grande, señala que ellos como vecinos del afluente han cuidado de él toda la vida.

“Nos sirve para sacar agua para realizar los oficios domésticos, y para regar manualmente ciertos cultivos que producimos en la época seca, también los turistas practican el ecoturismo por allí”, dijo.

El río Zaratí es nuestra principal fuente de agua porque en él nacen muchas quebradas y manantiales que abastecen, a través del sistema de gravedad, toda el agua que consumen las comunidades aledañas tales como Larguillo, parte de El Valle, Piedra Amarilla, Antón, Sofre, Caimito, Oajaca, Chiguirí, Membrillo, El Águila, Pozo Azul, Pajonal, Churuquita, Sonadora y otros caseríos que se ubican a lo largo de la cuenca del río Zaratí hasta llegar a Penonomé.

Los moradores dijeron que no van a permitir que se construya una hidroeléctrica aunque no tienen luz eléctrica, porque esa medida perjudica y daña al río, incluso “no vamos a poder caminar ni usar las aguas del río libremente porque ya se trataría de una propiedad privada”, agregó.

La alerta

Los afectados dijeron que notaron movimientos en el área, como una trocha que llega hasta una parte del río y la marcación con pintura de color rojo a árboles que están a la orilla del río en dirección a la comunidad de La Mesa de El Valle de Antón.

Ellos consideran que es una señalización de algunos trabajos que se planean hacer.

El área de la trocha y la de los árboles marcados son los dos sitios que los moradores han identificado como de interés para la empresa.

Tras la alerta, la comunidad de Loma Grande recogió firmas y levantó un memorial en rechazo, que hicieron llegar a la Gobernación de la provincia. Alrededor de 85 familias viven allí.

La Prensa, intentó conocer los nombres de los responsables de la empresa Hidrosolutions para tener su punto de vista al respecto, pero fue imposible.

Por su parte, el gobernador de Coclé, Darío Fernández, dijo que recibió una queja de parte de los moradores de Loma Grande en donde explican que una empresa ha deforestado y tiene interés de construir una hidroeléctrica en el área utilizando las aguas el río Zaratí.

Fernández catalogó la medida como peligrosa porque reconoció que los campesinos de estas áreas utilizan esas aguas para beneficiarse en su diario vivir.

El funcionario elevó la queja a la dirección nacional de la Anam con el propósito de que se haga una investigación y se determine si en efecto la persona que realizó los trabajos está debidamente autorizada, o si existe un estudio de impacto ambiental en el área, o de lo contrario actuaremos antes de que se produzca un daño ecológico o un enfrentamiento con la comunidad.

La Anam

David Quintero, de asesoría legal de la Anam en Coclé, mencionó que la institución ya empezó un proceso administrativo de oficio en una inspección con participación de la sección de Gestión Integral de Cuencas.

Se conoce que hay una cobertura de bosque que es necesario evaluar, y para ello se va a volver a hacer una reinspección con equipo adecuado para ver la magnitud de los daños ocasionados por la empresa, dijo Quintero.

Agregó que la acción trastoca las medidas de mejoramiento que hace la Anam al río Zaratí.

Aseguró que la Anam enviará una boleta de citación al representante legal de la empresa para que haga sus descargos frente a lo que han denunciado los moradores.

Proyecto de tierras colectivas, otro conflicto

INDIGENISMO. Los pueblos naso-teribe, bri-bris y kunas no conocen el nuevo proyecto.

Tierras colectivas, otro conflicto

La dirigencia del Pueblo Naso-Teribe se queja de que el proyecto tierras colectivas no ha sido divulgado a fondo.

Los sociólogos Raúl Leis y Marcos Gandásegui justifican las aspiraciones de los pueblos indígenas a la tierra.

LA PRENSA/Alexander Arosemena

MARGINADOS. A falta de luz eléctrica, a los teribes –que viven en una región con ríos que tienen potencial hidroeléctrico– les basta una guaricha para contar cuentos en la noche.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

Luego de un mes del conflicto ocurrido en la Comarca Madungandí, en Bayano, una nueva confrontación se vislumbra en el horizonte con la decisión del Ministerio de Gobierno y Justicia de presentar una iniciativa que crea el marco legal de tierras colectivas.

Los dirigentes indígenas estiman que la iniciativa deja de lado las viejas aspiraciones de los naso-teribes, bri bris y kunas de Darién, de contar con una comarca donde vivan sin temor, pero no con una imitación de “tierras colectivas”.

Cuestionan el “apremio” con que el Ministerio de Gobierno y Justicia quiere hacer las cosas, sin plantear, “a calzón quitado”, las ventajas del proyecto, y la diferencia entre comarca y tierras colectivas.

Situación

Ignacio Rodríguez, director nacional de Política Indígena, aclaró que no es intención del Gobierno crear nuevas comarcas, pero sí cobijar bajo un marco jurídico las poblaciones indígenas que quedaron dispersas y desprotegidas, en todo el territorio nacional.

“Ello les garantizará la legalidad y colectividad de sus tierras, de sus recursos naturales, su hábitat y su cultura frente a futuras invasiones”, afirmó, y se les consultará para el uso de sus recursos naturales.

El proyecto implicará las 48 localidades emberá y wounnan excluidas de la Comarca Emberá-Wounnan (en Darién), en 1983, con sus 12 mil 500 pobladores y las poblaciones emberá de Piriatí, Ipetí y Majecito, en el Alto Bayano; al sur, las comunidades wounaan de Majé Chimán, Río Hondo y Río Platanares, todas en la provincia de Panamá, escenarios de conflictos con colonos latinos y depredadores.

Nuevo proyecto

Según Rodríguez, su equipo de trabajo hizo las consultas necesarias y logró el consenso de los pueblos para el proyecto 99, por el cual se crea un marco legal de tierras colectivas, pero el mismo se fusionó con el proyecto de ley 19 de 2000, que creaba la Comarca Naso-Tjërdi (naso teribe), en el noroeste de Bocas del Toro.

El funcionario aclaró que en él se incluye el pueblo Bri-bri, limítrofe con Costa Rica, y la comunidad de Takarkunyala, fronteriza con Colombia.

Falta divulgación

El rey naso Tito Santana admite que tras la reunión del 21 de mayo, con el presidente Martín Torrijos, el sueño de la comarca quedó enterrado. Pero advierte que el proyecto de Tierras Colectivas no ha sido divulgado entre los más de 2 mil nasos, y de ahí su rechazo.

La asamblea del Pueblo Naso, que presidió el rey rebelde Valentín Santana, emitió el 21 de octubre pasado una resolución que le exige al Gobierno darle seguimiento, con “urgencia notoria”, a la propuesta de ley que crea la comarca.

Una resolución similar emitió el congreso del pueblo kuna de Takarkunyala (600 personas), integrado por las comunidades de Púcuru y Paya, el que ha pedido por años al Ejecutivo crear una comarca.

También piden que se derogue el Decreto Ejecutivo 21 de 1980, que creó el Parque Nacional Darién, ya que no les permite sobrevivir de sus actividades tradicionales.

Un sí a las comarcas

Marcos Gandásegui, sociólogo investigador y docente universitario, señala que las comarcas representan un paso adelante en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Propone que el problema planteado sea examinado con mucho cuidado, “sobre todo ahora que el Gobierno está defendiendo los intereses de las transnacionales”.

En ello coincide el también sociólogo y docente Raúl Leis, quien agrega que si bien las comarcas siguen siendo pobres, han evitado en cierta forma una pobreza mayor. “El problema está en cómo convertir la comarca en un motor de desarrollo, pero un desarrollo a partir de los propios indígenas”, apuntó. Y advirtió que para salir de la pobreza, ellas necesitan del apoyo oficial.