La generosidad y altruismo son genéticos

 

La generosidad «estaría en los genes»

La gente tenía que decidir si dar el dinero a otros o quedárse con él.

Algunas personas podrían estar genéticamente destinadas a tener una personalidad generosa, sugiere una nueva investigación israelí.

Un total de 203 personas participaron en una tarea a través de Internet en la que cada uno de ellos tenía que escoger entre dar dinero a otros o quedarse con él.

Pruebas genéticas revelaron que aquellos que tenían ciertas variantes de un gen denominado AVPR1a tenían en promedio, casi 50% más tendencia a dar dinero.

El estudio realizado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, aparece en la publicación científica en línea, Genes, Brain and Behavior.

Probablemente sea más importante ser altruista y cooperar ahora, que a o largo de nuestra historia ancestral Dr. George Fieldman

El líder de la investigación, el doctor Ariel Knafo, señaló que: «El experimento sirvió como primera evidencia, desde mi conocimiento, para establecer una relación entre la variabilidad del ADN y el verdadero altruismo en los humanos».

El gen AVPR1a juega un rol fundamental al permitirle a una hormona denominada arginina vasopresina (AVP), actuar sobre las células cerebrales.

La vasopresina a su vez, ha sido vinculada al establecimiento de lazos afectivos y sociales.

Los investigadores encontraron un mayor altruismo en los participantes que tenían una específica y fundamental sección de este gen -que recibe el nombre de promotor- más grande.

El promotor es la región que determina que tan activo es un gen. En este caso, un promotor más grande provoca que el gen sea más activo.

Una larga historia

Los investigadores señalan que una versión del AVPR1a también existe en ratas en donde también promueve el establecimiento de lazos sociales.

Este factor, sostienen los expertos, sugiere que el altruismo ha estado arraigado desde hace mucho tiempo en la historia genética.

El doctor George Fieldman, un académico experto en psicología en la Buckinghamshire New University, indicó que la presencia de genes que promueven el altruismo y el establecimiento de lazos sociales tenía sentido desde el punto de vista evolutivo.

Fieldman señaló que el éxito del altruismo como estrategia tenía su origen en la idea de que una buena hazaña tendía a ser correspondida.

Sin embargo, las probabilidades de que esto suceda entre extraños fueron más bajas que entre la gente que se conocía entre sí.

Por lo tanto, el impulso para crear lazos sociales y hacer nuevos amigos fue importante.

El doctor agregó que: debido a que «la sociedad se complica cada vez más, probablemente sea más importante ser altruista y cooperar ahora, que a lo largo de nuestra historia ancestral».

Justicia corrupta en Panamá

En el tema ambiental también hay que echarse a llorar.  sólo ver las intenciones del ministerio público de achicar la justicia ambiental debido a la falta de casos o es que el ministerio público no sabe actuar de oficio ante tanta corrupción.  Los casos realmente sobran!

burica press

INFORME.

Corrupción judicial en Panamá

Betty Brannan Jaén

Si al nuevo presidente de la Corte Suprema, Harley Mitchell, le molesta que los extranjeros señalen que hay corrupción judicial en Panamá, la Fundación para el Debido Proceso en Washington ha lanzado un informe que le causara apoplejía.

Como señaló un artículo de Rafael Pérez en este diario (5 de diciembre), esa fundación (DPLF, por sus siglas en inglés, o Due Process of Law Fundation) acaba de publicar un estudio sobre la corrupción judicial en Centroamérica y Panamá, y el capítulo sobre nuestro país es para sentarse a llorar. Sería tonto consolarnos con el hecho de que los países vecinos –excepto Costa Rica– salgan igual o peor en este informe porque la injusticia es algo inaceptable de por sí (no solamente como cosa comparativa), sobre todo cuando se trata de un país que se jacta de tener un nivel de desarrollo mucho mayor al de las naciones centroamericanas.

Es que nos hemos dejado engañar con los rascacielos, los malls y los carros lujosos, acariciando la ilusión de que esas cosas muestran que somos un país casi de primer mundo, cuando la realidad es que jamás seremos de primer mundo sin ser primero un Estado de Derecho. «La justicia es vital para el desarrollo humano», subraya la DPLF una y otra vez en las 462 páginas de su informe, del que el capítulo sobre Panamá ocupa unas 80. (Ver http://www.dplf.org.).

La justicia panameña, señala la DPLF, sufre de los siguientes tipos de corrupción: «pagos monetarios a cambio de información; alteración de los contenidos de un informe; venta de fallos en borrador; protección para individuos vinculados al narcotráfico; concesión de medidas alternas a cambio de dinero; abogados que redactan los fallos; no transmisión por el personal de menor jerarquía de las órdenes de detención; privilegios en las cárceles; y otros». Eso se suma «a los problemas tradicionales que han caracterizado la justicia en Panamá (carente, deficiente, desorganizada, burocrática, lenta, mala, parcializada y discriminatoria)». En breve, el informe señala que la justicia panameña es desigual, corrupta, politizada, ineficiente e intransparente, y además, «los organismos de control no [son] eficaces para prevenir e investigar la corrupción en el Órgano Judicial».

DPLF repasa varios casos de alto perfil –entre otros, el caso Cemis, para ellos «un caso paradigmático»– y concluye que en Panamá (como en otros lugares) hay dos clases de corrupción (tanto en la administración de justicia como en otros ramos de gobierno): la aislada y la sistemática. La corrupción aislada es aquel individuo que actúa solo, y la sistemática es cuando un grupo de funcionarios actúa de manera metódica. No les sorprenderá descubrir que cuando un gobierno quiere hacer un show de su lucha anti–corrupción, se castiga ejemplarmente la corrupción aislada pero no la sistemática (que es más grave por su efecto multiplicador y por su permanencia). En Panamá, sin embargo, uno podría concluir que no se castiga ni una ni la otra; el funcionario corrupto aislado puede, quizás, quedar destituido pero ¿cuál ha ido preso? En cuanto a corrupción sistemática, los funcionarios sencillamente se niegan a admitirlo; el informe cita unas declaraciones de Adán Arnulfo Arjona, cuando era presidente de la Corte Suprema, quien me insistió en una entrevista que «no hay base para decir que hay una corrupción generalizada». El caso Cemis, evidentemente, es un caso de corrupción sistemática que no se castigó. Señala el informe (citando un analista estadounidense), «[el legislador] Carlos Afú hizo una confesión televisada de soborno y descaradamente mostró los billetes, pero una Corte Suprema politizada protegió a los acusados, al dictaminar –contrario a los precedentes– que Afú estaba protegido por su inmunidad legislativa».

En Panamá, señala DPLF, los ciudadanos tienen la certeza de que «el delito paga, que se pueden violar las leyes o cometer delitos y nadie va a resultar sancionado». Los indultos contribuyen al problema, porque hay corrupción, amiguismo y clientelismo al confeccionar cada listado de indulto, que es «emitido por el Ejecutivo y avalado por el silencio del Órgano Judicial».

Ese silencio no es atribuible solamente al presidente actual de la Corte Suprema. Allí tenemos las declaraciones de Arjona y las de Mirtza de Aguilera (presidente de la Corte Suprema en 2000 y 2001), quien en su momento dijo en el programa de Dorita Reyna que la justicia en Panamá funciona «muy bien». Por eso, precisamente, necesitamos que los analistas de afuera nos digan las cosas como son, y que lo sigan diciendo hasta que Panamá sea un país con justicia.

La autora es corresponsal de La Prensa

Procuradora intenta modificar Ley de Ambiente

PROYECTO. LEY GENERAL DEL AMBIENTE IRÍA A LA ASAMBLEA NACIONAL.

Gómez propone reformas ambientales

El Ministerio Público busca eliminar de la norma ambiental, la creación de una Fiscalía Superior.

Abogados ambientalistas se oponen a la iniciativa y a cambio quieren elevar el rango judicial.

LA PRENSA/Archivo

Procuraduría de la Nació

José Arcia
jarcia@prensa.com

La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se prepara para introducir reformas a las normas ambientales. Ha pedido apoyo a la Asamblea Nacional para lograrlo.

En una carta enviada el pasado 26 de noviembre a Milciades Concepción, presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Gómez señala que «en los días subsiguientes… presentará un proyecto que pretende modificar» la Ley 41 del 1 de julio de 1998 (general del ambiente). Mediante esta ley se crea la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

La norma le impone al Ministerio Público la creación de una Fiscalía Superior del Ambiente y cinco fiscalías de circuito, y al Órgano Judicial, el nombramiento de un juez para atender los delitos ecológicos. Después de nueve años, esto no se ha cumplido.

Ahora, la procuradora Gómez busca reformar la ley para crear, en vez de una Fiscalía Superior, dos fiscalías de circuito, que se sumarían a las cinco establecidas en la ley.

En la misiva, la Procuradora señala que las reformas también serán para dotar a la Anam de patrimonio propio.

Gómez, por último, señala que «la finalidad de ponerlo al tanto [al diputado Concepción] es contar con su colaboración para la materialización de la ley, cuyo proyecto le comento» (sic).

Abogados ambientalistas se han opuesto a la iniciativa y a cambio piden la creación de una Fiscalía Especial. Uno de ellos es el jurista Juan Ramón Sevillano, quien considera inadecuada la propuesta porque las fiscalías de circuito no solo atenderían temas ambientales, sino también otros casos penales. «Se requiere una fiscalía que se dedique únicamente al asunto ambiental», dijo Sevillano.

Gómez sustenta su iniciativa en que no hay suficientes delitos ambientales que atender.