Justicia corrupta en Panamá

En el tema ambiental también hay que echarse a llorar.  sólo ver las intenciones del ministerio público de achicar la justicia ambiental debido a la falta de casos o es que el ministerio público no sabe actuar de oficio ante tanta corrupción.  Los casos realmente sobran!

burica press

INFORME.

Corrupción judicial en Panamá

Betty Brannan Jaén

Si al nuevo presidente de la Corte Suprema, Harley Mitchell, le molesta que los extranjeros señalen que hay corrupción judicial en Panamá, la Fundación para el Debido Proceso en Washington ha lanzado un informe que le causara apoplejía.

Como señaló un artículo de Rafael Pérez en este diario (5 de diciembre), esa fundación (DPLF, por sus siglas en inglés, o Due Process of Law Fundation) acaba de publicar un estudio sobre la corrupción judicial en Centroamérica y Panamá, y el capítulo sobre nuestro país es para sentarse a llorar. Sería tonto consolarnos con el hecho de que los países vecinos –excepto Costa Rica– salgan igual o peor en este informe porque la injusticia es algo inaceptable de por sí (no solamente como cosa comparativa), sobre todo cuando se trata de un país que se jacta de tener un nivel de desarrollo mucho mayor al de las naciones centroamericanas.

Es que nos hemos dejado engañar con los rascacielos, los malls y los carros lujosos, acariciando la ilusión de que esas cosas muestran que somos un país casi de primer mundo, cuando la realidad es que jamás seremos de primer mundo sin ser primero un Estado de Derecho. “La justicia es vital para el desarrollo humano”, subraya la DPLF una y otra vez en las 462 páginas de su informe, del que el capítulo sobre Panamá ocupa unas 80. (Ver http://www.dplf.org.).

La justicia panameña, señala la DPLF, sufre de los siguientes tipos de corrupción: “pagos monetarios a cambio de información; alteración de los contenidos de un informe; venta de fallos en borrador; protección para individuos vinculados al narcotráfico; concesión de medidas alternas a cambio de dinero; abogados que redactan los fallos; no transmisión por el personal de menor jerarquía de las órdenes de detención; privilegios en las cárceles; y otros”. Eso se suma “a los problemas tradicionales que han caracterizado la justicia en Panamá (carente, deficiente, desorganizada, burocrática, lenta, mala, parcializada y discriminatoria)”. En breve, el informe señala que la justicia panameña es desigual, corrupta, politizada, ineficiente e intransparente, y además, “los organismos de control no [son] eficaces para prevenir e investigar la corrupción en el Órgano Judicial”.

DPLF repasa varios casos de alto perfil –entre otros, el caso Cemis, para ellos “un caso paradigmático”– y concluye que en Panamá (como en otros lugares) hay dos clases de corrupción (tanto en la administración de justicia como en otros ramos de gobierno): la aislada y la sistemática. La corrupción aislada es aquel individuo que actúa solo, y la sistemática es cuando un grupo de funcionarios actúa de manera metódica. No les sorprenderá descubrir que cuando un gobierno quiere hacer un show de su lucha anti–corrupción, se castiga ejemplarmente la corrupción aislada pero no la sistemática (que es más grave por su efecto multiplicador y por su permanencia). En Panamá, sin embargo, uno podría concluir que no se castiga ni una ni la otra; el funcionario corrupto aislado puede, quizás, quedar destituido pero ¿cuál ha ido preso? En cuanto a corrupción sistemática, los funcionarios sencillamente se niegan a admitirlo; el informe cita unas declaraciones de Adán Arnulfo Arjona, cuando era presidente de la Corte Suprema, quien me insistió en una entrevista que “no hay base para decir que hay una corrupción generalizada”. El caso Cemis, evidentemente, es un caso de corrupción sistemática que no se castigó. Señala el informe (citando un analista estadounidense), “[el legislador] Carlos Afú hizo una confesión televisada de soborno y descaradamente mostró los billetes, pero una Corte Suprema politizada protegió a los acusados, al dictaminar –contrario a los precedentes– que Afú estaba protegido por su inmunidad legislativa”.

En Panamá, señala DPLF, los ciudadanos tienen la certeza de que “el delito paga, que se pueden violar las leyes o cometer delitos y nadie va a resultar sancionado”. Los indultos contribuyen al problema, porque hay corrupción, amiguismo y clientelismo al confeccionar cada listado de indulto, que es “emitido por el Ejecutivo y avalado por el silencio del Órgano Judicial”.

Ese silencio no es atribuible solamente al presidente actual de la Corte Suprema. Allí tenemos las declaraciones de Arjona y las de Mirtza de Aguilera (presidente de la Corte Suprema en 2000 y 2001), quien en su momento dijo en el programa de Dorita Reyna que la justicia en Panamá funciona “muy bien”. Por eso, precisamente, necesitamos que los analistas de afuera nos digan las cosas como son, y que lo sigan diciendo hasta que Panamá sea un país con justicia.

La autora es corresponsal de La Prensa

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3 comentarios

  1. NESECITO 1 OPINIÓN SOBRE LA JUSTICIA EN PANAMÁ

  2. ay, realmente cuanto mas sabemos mas tristeza da saber que nuestro pais con ese afan de llamarse desarrollado estan terminando con la poca credibilidad que se tiene en la justicia. panama aunque quieran decir y demostrar lo contrario es un pais corrupto, donde los buenos estan en la carcel y los corruptos estan en la calle y viviendo de forma espectacular.
    las leyes obviamente fueron hechas por y para el grupo elite quienes son como cuatro familia. nuestro pais se burla de su pueblo en todo, problema en educacion, mucho desempleo, problema de vivienda en fin nuesytro panama es nuestro panama, pero a imagen de los extranjeros.

  3. La justicia en Panama debe buscar mejores calificativos de credibilidad, debe procurar ser mas diligente para poder castigar el delito, debe ser mas imparcial, apartarse de la política partidista, crear indepencia hacer del derecho el fin ulimo de la justicia, para de esta manera garntizar la paz y el binestar comun de toda la sociedad…

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