PROYECTO. LEY GENERAL DEL AMBIENTE IRÍA A LA ASAMBLEA NACIONAL.
Gómez propone reformas ambientales
El Ministerio Público busca eliminar de la norma ambiental, la creación de una Fiscalía Superior.
Abogados ambientalistas se oponen a la iniciativa y a cambio quieren elevar el rango judicial.
| LA PRENSA/Archivo |
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| Procuraduría de la Nació |
José Arcia
jarcia@prensa.com
La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se prepara para introducir reformas a las normas ambientales. Ha pedido apoyo a la Asamblea Nacional para lograrlo.
En una carta enviada el pasado 26 de noviembre a Milciades Concepción, presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Gómez señala que “en los días subsiguientes… presentará un proyecto que pretende modificar” la Ley 41 del 1 de julio de 1998 (general del ambiente). Mediante esta ley se crea la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
La norma le impone al Ministerio Público la creación de una Fiscalía Superior del Ambiente y cinco fiscalías de circuito, y al Órgano Judicial, el nombramiento de un juez para atender los delitos ecológicos. Después de nueve años, esto no se ha cumplido.
Ahora, la procuradora Gómez busca reformar la ley para crear, en vez de una Fiscalía Superior, dos fiscalías de circuito, que se sumarían a las cinco establecidas en la ley.
En la misiva, la Procuradora señala que las reformas también serán para dotar a la Anam de patrimonio propio.
Gómez, por último, señala que “la finalidad de ponerlo al tanto [al diputado Concepción] es contar con su colaboración para la materialización de la ley, cuyo proyecto le comento” (sic).
Abogados ambientalistas se han opuesto a la iniciativa y a cambio piden la creación de una Fiscalía Especial. Uno de ellos es el jurista Juan Ramón Sevillano, quien considera inadecuada la propuesta porque las fiscalías de circuito no solo atenderían temas ambientales, sino también otros casos penales. “Se requiere una fiscalía que se dedique únicamente al asunto ambiental”, dijo Sevillano.
Gómez sustenta su iniciativa en que no hay suficientes delitos ambientales que atender.
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