Empresarios hidroeléctricos víctimas o victimarios

Nos ha caudado mucho pesar la noticia publicada el 27 de diciembre de 2007 por La Prensa con el título de “Hidroeléctricas Paralizadas”. En ella se hace ver a los empresarios como víctimas del asfixiante aparato burocrático estatal. Esta noticia se suma a varias otras publicadas en este y otros medios sobre la urgente necesidad de construir hidroeléctricas en nuestro país, incluyendo declaraciones de Víctor Urrutia de la ASEP y de Danny Kuzniecky de la Secretaria Nacional de Energía. En lo que parece ser una campaña publicitaria de las empresas hidroeléctricas, no se menciona la necesidad de promover las verdaderas energías limpias, como la solar y la eólica; y no se deja de invocar al espectro amenazador de la crisis petrolera. Ya hemos denunciado con anterioridad que detrás de todo esto se esconde un gigantesco negociado que fue creado con la privatización de los servicios públicos, con un sistema de incentivos sin paralelo en toda la región, y con nula regulación gubernamental; lo que ha creado un oligopolio de unos cuantos empresarios y especuladores que quieren hacerse millonarios a costa de las tierras y recursos naturales de las comunidades mas empobrecidas de nuestro país.

En este sentido, nos causa extrañeza las declaraciones del empresario Eduardo Vallarino, quien como inversionista en esta y otras latitudes, conoce muy bien la complejidad de los impactos que se derivan de cualquier proyecto hidroeléctrico, por muy pequeño que sea; y las razones por las que molestias tales como las evaluaciones de impacto ambiental, prospecciones arqueológicas, concesiones de aguas y foros públicos, son todas necesarias para garantizar el bien común. Además, no entendemos por qué la empresa de Vallarino tuvo que gastar tal cantidad de dinero para que los residentes del Río Cobre le quemaran su estudio de impacto ambiental (EIA), cuando la ley no obliga a los empresarios a pagar “la comida y el transporte de los asistentes” a ningún foro público. Igualmente, Sr. Vallarino, usted bien sabe que los costos de estos proyectos tienen que ser cercanos a las capacidades de los inversionistas para que el Estado pueda obtener los tan apetecidos créditos de carbono que tantos esfuerzos le han costado a la presente administración de la ANAM. En verdad, con el alto nivel de apoyo que tienen las hidroeléctricas tanto en la ANAM como en la ASEP – como lo confirman las numerosas prorrogas que ustedes han recibido, nos extraña muchísimo que hayan tenido tantas dificultades en cumplir con los requisitos que exige la Ley.

Tal vez todos estos trámites serian mucho menos complicados si los empresarios le exigieran calidad y responsabilidad al reducido número de empresas consultoras que contratan para hacer los estudios ambientales de hidroeléctricas. Así las organizaciones de la sociedad civil no tendríamos tantas maneras diferentes de presentar acciones legales en contra de sus proyectos. Un caso ejemplar ha sido el de Chan 75 en Bocas del Toro. A pesar de que el consultor ambiental nunca presentó ni el estudio arqueológico, ni un inventario completo de la fauna de peces, ni un listado actualizado de los cientos de indígenas Ngobe que serian desplazados, la ANAM decidió de manera intempestiva darle una aprobación condicionada al EIA de este proyecto en octubre de 2005. Triste ha sido que la Empresa empezara las obras dos años después sin haber realizado el rescate de los sitios arqueológicos existentes; y que hayan sido las comunidades afectadas, y no las autoridades competentes, las que hayan tenido que dar el grito de alarma ante la inminente destrucción de nuestro pasado histórico. Ya ve Usted, Sr. Vallarino, por qué es importante cumplir con los requisitos legales, y por qué los mismos empresarios y sus estelares consultores son los principales responsables de todos los atrasos que se dan con los proyectos hidroeléctricos. ¡Que luego no se quejen cuando la situación se les pone más difícil y cuando las omisiones a la ley contribuyen al fracaso de sus inversiones!

Osvaldo Jordán

Coordinador de Asuntos Internacionales

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)