Turismo: nueva gestión de dos patrimonios

Turismo: nueva gestión de dos patrimonios

Marta Rodríguez

Siempre han sido audibles las voces de los empresarios turísticos en la defensa de sus inversiones (patrimonio privado). Hoy manifiestan, como tenores y sopranos, sus aprehensiones por la anunciada ley que modificará a la Ley Orgánica y a la Ley General de Turismo, mientras que los empresarios miembros de la junta directiva del Instituto Panameño de Turismo (Ipat) siguen afónicos en materia de derechos humanos, frente a los despidos de personal efectuados con métodos pretorianos, homologándose a la bajeza de los funcionarios cavernícolas encargados de infligirlos siendo, por consecuencia, recordados como pares.

Tampoco se pronuncian frente a un turismo que se vislumbra de masa (depredador), y frente al desarrollo inmobiliario que destruye, «encementando», áreas turísticas de belleza incomparable (patrimonio público) y que convierte a Panamá en un gigantesco hogar de ancianos (de escaso gasto turístico), en litorales, islas y áreas agrícolas, para satisfacer el mercado globalizado. Con esto se imposibilita a las zonas de interés turístico, como Boquete, de poder/saber representar su «unicidad e identidad local», rasgos que constituyen la principal diferenciación cultural de los destinos turísticos que prefieren los visitantes sensibles.

¿Quién mide las consecuencias? La unicidad e identidad se pierde con los nuevos paisajes arquitectónicos (que se pueden encontrar en cualquier lugar del planeta), con el poblamiento masivo de nuevos moradores extranjeros y con las migraciones internas.

Pero, ¿podrían los empresarios tutelar simultáneamente sus respectivos patrimonios privados, más el patrimonio público que nos pertenece a todos, sin conflicto de intereses? No, históricamente no lo han hecho, basta pensar en el state of art del turismo y no podrán hacerlo porque la actividad turística se desarrolla en establecimientos/transportes «privados» y para ser vendible (atractiva) no basta el riesgo de la inversión privada, sino que requiere de fiestas públicas: carnavales, patronales, ferias, etc. (a costos de terceros) y de utilizar (cada vez más intensivamente) los espacios (patrimonio público), cuyo uso implica racionalización y gastos de conservación: vistas escénicas (no encementadas etc.), conjuntos monumentales, playas, iluminación, plazas, museos, etc.

Todos los aspectos del patrimonio público podrán ser regulados por un consejo de turismo justo, respetuoso de ambos patrimonios y de los derechos humanos, que eliminará con toda seguridad el sacrificio de subsidiar los carnavales de la capital, por ser injusto y lacerante para con los del resto de la república y para con necesidades más apremiantes.

La junta del Carnaval capitalino podría aprender la ingeniería financiera de sus homólogas de Chitré y Las Tablas, mediante la inédita transferencia tecnológica del interior hacia la capital.

Visto que la actividad turística requiere de animación cultural, ¿deberían estar representadas las organizaciones que promueven el arte y la cultura en el consejo de turismo, así como lo estarían cualquier asociación empresarial turística? Por supuesto que sí. Aunque siempre se le ha tenido al margen, la actividad artística contribuye a destacar el talento y la identidad panameña, de manera que la oferta turística no venda solo banalidades silvestres: casinos, compras y discotecas.

Panamá tendrá por primera vez en la historia un consejo del turismo representativo que, además de impulsar la sostenibilidad del patrimonio público y privado, procurará la incorporación de nuevas modalidades del turismo con la responsabilidad social de la empresa turística; por ende, las cautelas que exigirá el sistema serán más aguerridas que las que osarían imponer los inversionistas y funcionarios de turno.

Sin embargo, ante las estimulantes expectativas que genera la creación de un consejo del turismo –incuestionable y democrático para ser respetado no sólo por el mercado, sino por nosotros, los dueños del patrimonio natural y cultural, no nos hace daño ejercitar este «pilates» mental: mientras que Panamá apuesta por el turismo, obedeciendo entusiasmada al mercado globalizado, en Italia muchos empresarios aquejados por efectos de la economía globalizada afirman, irónicamente, que de continuar la tendencia, no les quedará otra salida que dejar de ser el quinto país industrializado

La autora es cientísta social

Europa revisa los biocombustibles

Europa revisa los biocombustibles

Roger Harrabin BBC

Cultivos de aceite de palma contribuyen a la destrucción de las turberas en Indonesia.

El jefe de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) admitió que Europa no previó los problemas ocasionados por su política de obtener de fuentes vegetales hasta el 10% de la gasolina y el diesel utilizados en las vías.

Informes recientes advierten del aumento en los precios de los alimentos y la destrucción de las selvas tropicales debido al incremento de la producción de biocombustibles.

 Medir el impacto social

El gobierno comunitario de Bruselas prometió nuevos lineamientos para asegurar que sus metas no resulten afectadas.

El comisario de Medio Ambiente de la UE, Stravros Dimas, indicó que sería mejor no cumplir con las metas que cumplirlas a costa del daño a los pobres y al medio ambiente.

Lea: Biocombustibles, ¿camino al fracaso?

Medidas drásticas

Hace dos años, los biocombustibles parecían la solución perfecta para las empresas fabricantes de vehículos que estaban bajo presión para disminuir las emisiones de gases contaminantes.

Combustibles derivados de cultivos como el maíz producen un aumento de los precios.

Todo apuntaba a que en vez de sólo revolucionar el diseño automotriz, en general los fabricantes podían reducir la contaminación producida por los vehículos si los conductores utilizaban una mayor cantidad de combustibles provenientes de plantas que habían absorbido dióxido de carbono (CO2) mientras estaban creciendo.

A la UE le gustó la idea e inmediatamente fijó metas sobre la utilización de biocombustibles.

Desde entonces, una serie de informes han advertido que algunos biocombustibles casi no reducen emisiones de gases contaminantes.

Peor el remedio…

Otros biocombustibles pueden ocasionar la destrucción de los bosques tropicales, provocando no sólo un incremento en el precio de los alimentos sino que grandes firmas agroindustriales desalojen a comunidades pobres con el fin de convertir el terreno en cultivos para la producción de biocombustibles.

Hemos visto que los problemas ambientales y sociales causados por los biocombustibles son más grandes que lo que calculamos. Por eso debemos ser más cuidadosos Stravros Dimas, comisario de Medio Ambiente de la UE

«Hemos visto que los problemas ambientales y sociales causados por los biocombustibles son más grandes que lo que calculamos. Por eso debemos ser más cuidadosos», le dijo Dimas a la BBC.

«Debemos tener un criterio para establecer metas sustentables, incluidos los temas sociales y ambientales, debido a que existen algunos beneficios derivados de los biocombustibles», añadió.

Dimas indicó que la UE introducirá un programa de certificación para combustibles de origen vegetal y prometió tomar medidas drásticas contra el uso de biodiésel derivado del aceite de palma, el cual está ocasionando la destrucción de las turberas en Indonesia.

Algunos analistas dudan que exista un aceite de palma «sustentable» debido a que cualquier tipo de este aceite utilizado como carburante simplemente aumenta la demanda por el producto en los mercados mundiales, que a su vez está dominado principalmente por las empresas de alimentos.

Lea: ¡Ojo con los precios del maíz!

Expansión de EE.UU.

Dimas afirmó que era vital para las reglas de la UE prevenir la pérdida de biodiversidad, la cual describió como otro gran problema para el planeta junto al cambio climático.

Este lunes, la Royal Society -la Academia de Ciencias del Reino Unido- publicará un amplio informe sobre los biocombustibles.

Se espera que el informe haga un llamado a la UE para que sus directrices garanticen que todos los biocombustibles en Europa reduzcan genuinamente las emisiones de los gases que producen el efecto invernadero.

En Estados Unidos el gobierno aprobó una nueva ley energética que autoriza un importante aumento en la utilización de combustible derivado del maíz que, según algunos analistas, es inútil en el combate de las emisiones de dióxido de carbono.

La ley también prevé una inmensa expansión del combustible de plantas leñosas pero la tecnología para esto aún no ha sido probada.

Lea: Pocos creen en los biocombustibles

Benjamín, Norberto y Martín una historia de corrupción sin fin

Bitácora del Presidente

Ebrahim Asvat easvat@elsiglo.com

Yo también quiero uno igual. Es lo que provoca decir cuando el gobierno nacional le monta un negocio a alguien para que se gane unos reales libres de polvo y paja y actúa como fiador de todas las obligaciones económicas. Esto es lo que el Gobierno Nacional ha hecho con la empresa constructora brasileña Oderbretch. Le ha encargado construir, bajo la vía de la concesión administrativa, una carretera que va desde Madden a Colón con derecho a cobrar peajes y garantizarse una rentabilidad cómoda con una garantía financiera del Estado. En otras palabras, el costo de la construcción de la carretera se hará con un financiamiento que conseguirá la empresa y el Estado actuará de fiador solidario. ¡Qué bonita forma de hacer un negocio redondo! Cuando se dictó la Ley 5 de 1988 sobre concesiones administrativas, la idea era trasladar a la empresa privada la posibilidad de realizar obras de infraestructura reembolsables con un derecho a cobrar peajes que garantizara un a rentabilidad satisfactoria al concesionario. Nunca se pensó que el Estado actuaría como fiador del concesionario. Es más, la razón primordial era la poca capacidad financiera del Estado para realizar las inversiones. Así fue como se lograron construir los corredores Norte y Sur. Si a esto le añadimos que el Estado resulta el fiador de los préstamos del concesionario, el negocio parece ser extremadamente bondadoso y atractivo. Las estimaciones de la construcción de la autopista Madden-Colón fueron de 216 millones de dólares. El Banco Nacional le otorgará un financiamiento de 51 millones de dólares a Oderbretch. El otro tramo de financiamiento lo hará el Citibank de Japón por 165 millones de dólares. Ambos préstamos tendrá como fiador solidario al Estado Panameño. La pregunta del millón es qué aporta Oderbretch al proyecto. Solo su capacidad y experiencia en construcción de carreteras. Lo digo porque al final los fondos lo proveen terceros y con una garantía de Estado quién le va a decir que no. Pero a la hora de determinar la rentabilidad del proyecto, Oderbretch tiene derecho a percibir una ganancia. La pregunta del millón entonces es ¿por qué el Estado Panameño no se limitó a construir la obra por sí mismo? Dar una concesión administrativa a un ente privado donde el financiamiento se obtiene con avales y garantías del Estado Panameño, deja mucho que decir de la transparencia que dice pregonar este gobierno. Yo creo que los panameños merecemos una explicación. No es posible que una empresa constructora se beneficie de los avales y garantías del Estado por el total del valor de la construcción de una carretera y luego tenga también el derecho a percibir ganancias garantizadas. Esto me parece una aberración. Hay que exigir las explicaciones.

Cerro Cariguama es vital para el Valle de Antón

COCLÉ.reserva hídrica y forestal de El Valle de Antón.

En aprietos cerro Cariguana

El cerro Cariguana ya fue delimitado, pero la Anam no ha dicho cuál es la cantidad de tierra que lo compone. Es fuente natural que irriga una gran cantidad de riachuelos que abastecen de agua a comunidades.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/R. Quezada

DETERIORO. Se desconoce la cantidad de tierra que abarca el cerro Cariguana.

Rafael Quezada
EL VALLE, Antón

Los grupos ambientalistas y la comunidad de El Valle de Antón reclaman que se declare al cerro Cariguana una reserva hídrica y forestal antes de que se siga deteriorando.

Años atrás, a través del acuerdo No. 42 del 6 de enero de 1994 el Consejo Municipal de Antón recogió los múltiples reclamos de la comunidad y dictó normas para el buen uso y explotación de los recursos naturales del área de El Valle.

El concejo, en conjunto con la comunidad, argumentó que se estaba dando una constante deforestación y destrucción de hábitat, tanto de la flora como la fauna, sobre la región.

En esa fase inicial se determinó, a través del acuerdo, que no se podía dar en concesión a cualquier persona natural o jurídica los recursos naturales de El Valle de Antón como El chorro Las Mozas, pozos termales, chorro El Macho, la Piedra Pintada, árboles cuadrados y la India Dormida.

En ese entonces se excluyó el cerro Gaital, Pajita, Caracoral, Cariguana y Cocorrón, este último centro de una protesta pública en junio de 2007 por una deforestación que reclamaban más de 25 grupos ambientalistas.

Después de esa fecha se han elaborado tres acuerdos más, uno en agosto del 1995 oponiéndose a la titulación de tierra, otro en octubre de 2001 donde declaran inadjudicables las tierras de la cordillera del cerro Cariguana, y el otro en agosto de 2005 reforzando esta última medida, sin embargo no hay nada claro todavía.

Según la Autoridad Nacional del Ambiente, sí se tiene conocimiento de la petición. Jorge Carrera, director de la institución en Coclé, dijo que se realizó la demarcación del área y se colocaron los puntos de referencia que encierra el cerro Cariguana, pero todavía no se tiene la cantidad de tierra que va a tener el área; situación que todavía causa molestia entre los ambientalistas y la comunidad.

Hoy esos mismo ambientalistas les reclaman a las autoridades que declaren al cerro Cariguana reserva hídrica forestal.

El Cariguana abastece a ocho comunidades que toman su agua a través de acueductos por gravedad: en Cabuya, Santa Rita, Mata Palo, Macano, Macanito y también les llega agua a poblados en Antón y Farallón.

Zulema Rodríguez, miembro del grupo Guías Turísticos de El Valle (Aguiteva), señaló que están esperando que oficialicen el proyecto que declara al cerro Cariguana reserva hídrica y forestal porque continúan dándose muchas irregularidades dentro de los bosques del cerro.

Es penoso repetir que siempre las fuentes de aguas y los bosques están en peligro.

Al referirse al Cariguana la ambientalista respondió que dentro de él se practica la caza indiscriminada, allí dentro de los bosques hay conejos pintados, ñeques, iguanas, armadillos, ardillas y aves exóticas.

Esto se da, según Rodríguez, porque la Anam no tiene el suficiente personal que custodie de manera segura los bosques.

Lo que más causa preocupación es la amenaza que pueden sufrir los bosques con la permanente intención de compra de tierras sobre la zona en donde primero se tala y luego se construyen lujosas residencias, actitud que desmejora el ambiente.

David Rankin, un morador de El Valle y quien tiene al frente de su casa la imponente silueta del cerro Cariguana, dijo no estar de acuerdo con la venta de terrenos sobre esa área.

Recordó que años atrás se murmuraba que el cerro Gaital nunca se iba a tocar y ahora resulta que a su alrededor ya hay construcciones y carreteras.

Una de las consecuencias de la venta de terrenos en los sitios que pueden calificar como áreas protegidas es que primero la gente termina tumbando los árboles, acción que incide en la variación del clima, como ejemplo el propio Valle que ya no tiene el mismo clima de antes, comentó.

Por su lado, Rodolfo Méndez ambientalista del grupo Conservación en El Valle de Antón (Conserva), respondió que es urgente que las autoridades agilicen cuál será el estatus va a quedar el cerro Cariguana.

Un situación típica que han tomado algunas personas irresponsables es botar basura sobre el camino que conduce a la comunidad de Cabuya y en el nacimiento del río Farallón.

Implicaciones de la minería a cielo abierto

AMENAZAS.

Alida Spadafora

La explotación de minerales metálicos a cielo abierto es aquella que para su desarrollo necesita desnudar y remover el suelo para extraer el mineral que se encuentra disperso en la roca y la tierra a diferentes profundidades.

Producto de este tipo de explotación minera, hay varios problemas graves. El primero –con una afectación irreversible– es la remoción total, en cientos de hectáreas, del tesoro más rico que tenemos: nuestro bosques y la biodiversidad que albergan. Estos bosques, bien manejados, podrían sostener a cientos de familias a largo plazo mediante lo que se conoce como forestería comunitaria, modelo de aprovechamiento forestal, actualmente desarrollado exitosamente en comunidades indígenas de Darién.

El segundo problema es que al no contar el suelo con una capa vegetal, se incrementa la escorrentía de las aguas de lluvias, provocando altos niveles de sedimentación en cursos de agua, lo que acaba con la vida acuática en ríos y costas, y perjudica la salud humana. Se intensifican las crecidas de los ríos, produciéndose inundaciones y deslizamientos, y luego afirman algunos que la naturaleza «castiga».

El tercer problema –más extensivo y persistente– de la minería a cielo abierto es el llamado drenaje ácido producido en áreas con yacimientos metálicos por la simple exposición de la roca y la tierra removida del subsuelo, cuyos minerales reaccionan con el agua y el viento produciendo sustancias tóxicas para todo ser vivo, incluyendo a los humanos. Este drenaje ácido continúa produciéndose en el sitio por cientos y miles de años.

El cuarto problema de la minería a cielo abierto –en particular la de oro– es que utiliza grandes cantidades de cianuro. No importa qué tanta «tecnología de punta» promueva una empresa minera, el país no está preparado para manejar ni controlar adecuadamente estos químicos. Además, para diluir el cianuro se necesitan extraer volúmenes colosales de agua de los ríos, cambiar sus cursos y afectar el nivel de las aguas subterráneas.

Y hay más problemas: ¿qué hacer con los desechos? Para producir un anillo de oro se necesita generar alrededor de 20 toneladas de desechos tóxicos, según un estudio del 2004 de Oxfam y Earthworks, dos organizaciones mundialmente reconocidas.

Tenemos al menos dos grandes dilemas en el país. Siendo la deforestación la segunda mayor causa del calentamiento global, Panamá muy atinadamente presentó en la reciente cumbre de cambio climático una estrategia para incentivar la conservación de los bosques en la que podría pagarse 90 dólares o más anuales por hectárea conservada. Sin embargo, el mismo país regala nuestros bosques y territorio por un valor que va entre 50 centavos y 1.50 dólar la hectárea, pero para lo contrario, para devastarlos a causa de las explotaciones mineras a cielo abierto.

Otra gran contradicción es que el país promueva el turismo rural, como fórmula para reducir la pobreza, en las mismas provincias donde hoy se afectan cientos de hectáreas de bosques y se contaminan las áreas que podrían haber generado medios de vida a largo plazo. Otro ejemplo es que a partir de diciembre de 2008 Colón será puerto de embarque de líneas de cruceros por el Caribe, iniciativa lograda gracias a la promoción de nuestros ricos recursos naturales y belleza natural…

¡Como país debemos ser coherentes!

Si socialmente la minería trajera soluciones para aliviar la pobreza, no tendríamos a miles de personas en países hermanos que reclaman sufrir altos costos sociales. Por esto, organizaciones conscientes hemos solicitado una moratoria a la minería a cielo abierto para discutir, de forma transparente y participativa, si esta actividad es más beneficiosa para el país que el turismo rural que promueve el Instituto Panameño de Turismo, la forestería comunitaria o el pago por servicios ambientales promovidos por la Autoridad Nacional del Ambiente.

Todo esto puede caer en oídos sordos, pero puede también calar en personas responsables de la sociedad panameña y de los gobiernos, que ante la magnitud de los impactos referidos, pueden decidir actuar visionariamente y acorde con un verdadero desarrollo sostenible.

La autora es directora ejecutiva de ANCON