Ngobes 515 años después siguen siendo desplazados a la fuerza

Situación Actual del Proyecto Hidroeléctrico Chan-75: construcción avanza gracias a la fuerza policial y no al diálogo

El 8 de noviembre del 2007 se realizó en la comunidad de Charco la Pava un evento en el que estuvieron presentes altos directivos de la ANAM y de la empresa AES Changuinola, junto a representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia Católica y el Sub-Comisionado de la policía de Bocas del Toro, José Manuel Ríos. Durante la actividad, representantes de todas las comunidades Ngöbe que serán inundadas y afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan-75 comunicaron su descontento por la manera en que la empresa estaba llevando a cabo la obra: reubicaciones ilegales, la falta de indemnización por los cultivos destruidos, amenazas y acuerdos forzados. Durante la reunión, ellos pidieron formalmente que se detuviera el proyecto hasta que se investigaran las irregularidades y se garantizara el bienestar de las futuras generaciones Ngöbe.

Esta petición nunca fue respondida, y el 17 de diciembre la comunidad de Charco la Pava se enteró de que dos días después se realizarían explosiones con dinamita en el sitio de represa, a solo metros de distancia de su comunidad. Esta era la última de una serie de vejaciones. Solo semanas antes, los habitantes de la zona habían presenciado como una anciana de la comunidad que allí vivía se había visto obligada ha abandonar su hogar en compañía de fuerzas policiales tras meses de acoso y presión para que cediera sus tierras a la empresa AES. Aunado a esto, el sitio de presa es un lugar con un valor espiritual para algunos ya que en él se encontraban restos arqueológicos de, según ellos, “los indios que vivieron antes que nosotros”. El anuncio de las explosiones en este lugar se convirtió en la gota que derramó el vaso de la paciencia Ngöbe. Así fue como el 19 de diciembre inicia una protesta pacífica contra la construcción. Hombres, mujeres, ancianos y niños se movilizaron al sitio donde se quiere erigir la presa, justo al frente del pueblo de Charco la Pava. La comunidad entera comenzó a vivir ahí: mientras algunos cocinaban y los niños jugaban, otros conversaban y dibujaban pancartas. Las detonaciones y las maquinarias se detuvieron mientras los indígenas esperaban que el Presidente de la República respondiera a sus preocupaciones.

A partir del 26 de diciembre, unidades de la policía, uniformados y en civil, empezaron a ir de casa en casa preguntando por la identidad de todos los presentes. Varios de los líderes se vieron obligados a esconderse. Todavía no se sabe quien dio esta orden y bajo que cargo legal. Finalmente, el 29 de diciembre llegó una autoridad gubernamental al campamento de protesta. Pero en lugar de llegar el Presidente, o algún ministro o diputado, para dialogar con los Ngöbe, llegó la alcaldesa de Changuinola, Virginia Ábrego, con 20 policías y un ultimátum: abandonar la protesta inmediatamente o enfrentar la fuerza de la policía. Adelaida Miranda, testigo de este evento nos cuenta:

llegó la alcaldesa agresivamente, llego ni siquiera escuchaba a nadie, agarró al Sr. Francisco [regidor de Charco la Pava ] a insultarlo, a decirle barbaridades, como uno regaña a un niño, ni siquiera a un hijo uno lo regaña así. Hasta vulgaridades les dijo a la gente. Luego dijo que si no se iban se ateniera a las consecuencias

Gracias quizás a los días festivos no hubo una confrontación inmediata. Pero el miércoles 2 de enero varios periodistas y corresponsales de Bocas del Toro trataron de entrar a la zona para cubrir la protesta. Sin embargo, al llegar a la comunidad de Ojo de Agua, punto de entrada a la zona de construcción, se encontraron con una garita donde un agente de seguridad de la empresa AES, acompañado por dos miembros de la policía nacional, les impidió el paso bajo el argumento que había ocurrido un derrumbe y no era seguro para ellos. Diez minutos después, 5 camiones con policías antimotines pasaron frente a los periodistas, por el mismo camino donde se encontraba el supuesto derrumbe. Al ver esto, los comunicadores sociales empezaron a llamar a las oficinas de la empresa AES y a diversos conocidos insistiendo en su derecho a poder entrar en el área y cubrir lo que sucedía. Solo, se les permitió entrar cinco horas mas tarde, cuando la comunidad se había retirado pacíficamente bajo la promesa de que las obras se detendrían por una semana hasta que se diera una reunión de ellos con las autoridades gubernamentales y representantes de la empresa. (1)

Pero a la mañana siguiente la maquinaria de la empresa empezó a trabajar nuevamente, haciendo caso omiso del acuerdo alcanzado el día anterior. Al ver esto, los indígenas Ngöbe retomaron su campamento comunitario de protesta pacífica. Y esta vez no había periodistas en la zona. Willi Ábrego, nos cuenta como el corregidor de Valle Riscó se dirigió al grupo que protestaba:

pidió que desalojáramos el área, que diera chance, que esa área no es de la gente que pasa por ahí, de los campesino, sino que es el área de la empresa, que nadie tenía que oponer nada en el área de la empresa, y bueno, llegaron los antimotines y nos enfrentaron

Los antimotines, deshicieron el campamento por medio de gases lacrimógenos y fuerza física, sin hacer distinción entre ancianos y niños, hombres o mujeres. Los dirigentes habían ordenado expresamente que no se respondiera violentamente. Roberto Serrano, ayudante de la iglesia evangélica de Charco la Pava comenta como gran número de los manifestantes que eran de la iglesia se arrodillaron y rezaron pero “ ellos no tuvieron misericordia de nosotros ”. Al final del encuentro la policía había arrestado a 54 personas, de los cuales 13 eran menores de edad, incluyendo un bebé de 8 meses. Estas personas fueron esposadas y trasladadas a la estación de policía de Changuinola donde permanecieron por 24 horas. Sin embargo, dos de los niños, Lidia Miranda de 12 años e Iván Miranda de 9 años estuvieron separados del grupo principal, presuntamente porque ambos contaban con heridas que debían ser tratadas médicamente: Iván tenia la camisa ensangrentada luego de un golpe con tolete en la nariz, y Miranda tenía el brazo hinchado y con dolor al moverlo.

Ana Castillo, una mujer que perdió toda su cosecha bajo las maquinarias, se encontraba en la protesta con todos sus hijos, incluyendo uno de tres años colgado al cuello. Su testimonio ilustra claramente lo sucedido:

ellos me agarraron a mi con todo y mis niños, y me tiraron al suelo con la rodilla y pisaron mi espalda. Y mi niño estaba chillando, estaba llorando pues, decía mamá mío, mamá, mamá mío, y el no soltaba nada, mi cuello, hasta que el policía agarro mi mano y forzó, forzó pues. Me tiró abajo de nuevo, mi ropa salió por aquí abajo [señala la cintura] y yo no puedo hacer nada con manos porque yo las tenia así ve [esposadas en la espalda] y no podía hacer nada, me desnudó ahí, delante de todo el mundo, y policía y todo. Y me llevo de nuevo y mi bebé estaba todavía aquí, agarrado a mi cuello, el tenía agarrado aquí

Aunque la orden emitida por el Corregidor de Valle Risco era exclusivamente para despejar el campamento que detenía la construcción, algunas unidades de la policía cruzaron el río a la comunidad de Charco la Pava , presuntamente con el apoyo de botes de la empresa. Allí fueron de casa en casa preguntando violentamente por los dirigentes. Ernesto López, maestro de Charco la Pava nos comentó como él y dos compañeros más tuvieron que esconderse en la montaña para evitar ser aprendidos. Nos cuenta que recorrieron senderos durante toda la noche y la mañana siguiente. La policía los siguió con la ayuda de un helicóptero. Tampoco en esta ocasión se sabe quién ordenó realizar esta persecución. En esta zona defender los derechos de las comunidades se ha convertido en un crimen.

Desde ese día la policía ha permanecido en el área, manteniendo distintos puestos de control, deteniendo a aquellos que por algún motivo no dan una explicación “satisfactoria” de sus quehaceres. Impidiendo así la libertad de movimiento a la que tienen derecho todos los ciudadanos. Los miembros de Charco la Pava, Valle del Rey y Nance de Riscó siguen protestando pacíficamente y cada vez que se reúnen llegan alrededor de 50 unidades antimotines a deshacer la manifestación. Estos hechos son una clara violación del derecho a la protesta pacífica estipulado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Actualmente la construcción de la hidroeléctrica Chan-75 avanza a costa de la fuerza policial y no gracias a un diálogo abierto y profundo con todos los actores interesados. Es de temer que de seguir así se de una escalada de violencia que polarice aún mas las partes y dificulte la posibilidad de una resolución satisfactoria y pacífica del conflicto. La creación de energía en el país no se puede alcanzar a costa de la sometimiento violento de los pueblos indígenas que pierden sus tierras en proyectos hidroeléctricos sobre los que nunca fueron consultados.

Lucia L. Lasso
Directora Ejecutiva
Alianza para la Conservación y el Desarrollo

Una respuesta

  1. porque no indenizan a los indios con un terreno del mismo tamaño en su pais.

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