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Banco Mundial salvaguarda a poblaciones indígenas

Políticas de salvaguarda social


Las políticas de protección social del Banco Mundial son una base fundamental para el apoyo que éste ofrece a las iniciativas de reducción sostenible de la pobreza. El objetivo de estas políticas es evitar y reducir daños indebidos a las personas que se encuentran en proceso de desarrollo. Como resultado de la atención otorgada a estas políticas, la efectividad y el impacto del desarrollo de los proyectos y programas respaldados por el Banco han aumentado sustancialmente.

Las políticas de protección suelen ser una plataforma que permite que las partes interesadas participen en el diseño de un proyecto y han sido un importante instrumento para la formación del sentido de pertenencia entre las poblaciones locales. Los miembros del equipo de Desarrollo Social para la región de América Latina y el Caribe no sólo revisan los proyectos financiados por el Banco para asegurarse de que cumplan con los estándares de protección social, sino que además ofrecen capacitación en políticas de protección, revisión de políticas y divulgación de mejores prácticas.

PUEBLOS INDÍGENAS

La política del Banco Mundial sobre pueblos indígenas, Directriz Operacional (OD) 4.20: Pueblos Indígenas, resalta la necesidad de que los prestamistas y el personal del Banco identifique a los pueblos indígenas, les consulte, se asegure de que participen y se beneficien de las operaciones financiadas por el Banco, en una forma culturalmente adecuada y evitando los impactos adversos que pudieran afectarles, o cuando no sea posible, al menos se reduzcan.

REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

Los proyectos de desarrollo que requieren tierras para su implementación a veces originan el desplazamiento involuntario de la población que vive en las áreas afectadas. El desplazamiento involuntario puede causar graves impactos a largo plazo, a menos que se planifiquen y se lleven a cabo acciones adecuadas para evitarlos. Por lo tanto, desde 1980 el Banco ha desarrollado políticas y pautas para el reasentamiento de poblaciones afectadas por proyectos; la Política de Reasentamiento del Banco se ha modificado varias veces, de acuerdo con las experiencias en su aplicación y a las nuevas situaciones que surgen. En la actualidad, la política vigente es la Política Operacional sobre Reasentamiento Involuntario OP 4.12. El objetivo principal de esta política es colaborar con los esfuerzos de las personas desplazadas, a fin de que mejoren su calidad de vida o al menos la restauren al nivel que tenían antes del desplazamiento.

En general, los proyectos que podrían originar desplazamientos involuntarios son: proyectos de infraestructura (por ejemplo: diques, caminos, suministro de agua e higiene ambiental), gestión de recursos naturales, mejoramiento de zonas y prevención de riesgos (personas que viven en áreas de alto riesgo). En los primeros dos tipos de proyectos, el desplazamiento es una condición para la implementación del proyecto, mientras que en el caso de los últimos dos, el reasentamiento es un vehículo para mejorar las condiciones de vida de la población.

En la región de América Latina y el Caribe, el crecimiento urbano sin planificación ha generado un grave déficit de viviendas, infraestructura para transporte y servicios básicos, en especial en los sistemas de agua y alcantarillado. Actualmente, 75% de la población vive en las ciudades. De acuerdo con esta situación, el 85% de los proyectos financiados por el Banco y que impliquen reasentamiento se encuentran en las áreas de desarrollo urbano, suministro de agua, higiene ambiental y transporte urbano, y el 95% de la población desplazada vive en ciudades. Los proyectos de desarrollo urbano, suministro de agua e higiene ambiental producen una mejora en las viviendas y en el medio ambiente, tanto para los residentes como para la población reasentada. Por esa razón, 80% de la población desplazada se está reasentando por beneficio propio y no como condición para el desarrollo de un proyecto. De este modo, el reasentamiento se ha convertido en una estrategia para reducir la pobreza y en un medio para reducir la cantidad de viviendas informales en las ciudades de América Latina.

Estrategia

El Banco ha llevado a cabo una revisión de los proyectos que financia en la región y, de acuerdo con los resultados, prepara pautas para la aplicación de la Política de Reasentamiento. Además, está elaborando una pauta para el reasentamiento urbano, basándose en las lecciones aprendidas en la región. También piensa desarrollar pautas sobre reasentamiento y administración de recursos naturales, y reasentamiento para prevención de desastres.

Red de parques usurparía funciones municipales

PROYECTO.eL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA IMPULSA UNA LEY QUE ES CUESTIONADA.

Red de parques genera dudas

En la Asamblea Nacional hay un proyecto de ley sobre parque naturales que promete fuertes debates.

La Anam y ambientalistas cuestionan la iniciativa. Ambos dicen que se pone en riesgo la conservación.

LA PRENSA/ Erick Batista
PROPUESTA. En el proyecto de ley no queda claro si habrá diferencias entre el uso que se le dará a los parques naturales y a los recreativos. 

José Arcia
jarcia@prensa.com

Un proyecto de ley que busca crear una red de parques naturales y recreativos es visto con recelo por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y por ambientalistas.

El documento, impulsado por el Despacho de la Primera Dama y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya cuenta con la aprobación de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional y fue enviado al pleno legislativo para su segundo debate.

La propuesta fomenta la creación de espacios públicos para el esparcimiento humano y hasta allí todo suena bien. Pero el tema empieza a generar inquietudes entre las autoridades ambientales y conservacionistas, quienes se dan cuenta de que no se hacen diferencias entre parques recreativos y naturales.

ENTRETENER O PROTEGER

El proyecto de ley habla textualmente de parques naturales y recreativos, sin aparentes distinciones. Para el director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell, la combinación es peligrosa.

Como está redactado –afirmó– el proyecto confunde el Sistema de Áreas Protegidas, que ya existe en la Anam, con una nueva posible red de parques naturales y recreativos.

Al mencionarse «parques recreativos», añadió el funcionario, se está abriendo la posibilidad de que se intervenga un área protegida para crear espacios para esparcimiento, cuando la finalidad de los parques naturales es la conservación.

Para la abogada ambientalista Susana Serracín, el proyecto traslapa normas existentes.

Los parques naturales, dijo, existen por leyes en la que incluso se establecen planes de manejo ambiental, y ahora se quieren introducir nuevas reglas. «Eso es otra cosa», comentó Serracín. «Es como convertir el Parque Natural Metropolitano en un Parque Omar», afirmó.

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Milcíades Concepción, sustentó el proyecto con el argumento de que el rápido crecimiento de la población está provocando la destrucción paulatina de los recursos naturales y que por ello es necesario crear esta red.

Además –se lee en la exposición de motivos– la falta de atención y mantenimiento de los parques recreativos hace necesario tomar acciones que eviten estos problemas.

Mitchell advierte que intervenir los parques naturales, aunque sea con fines recreativos, puede ser peligroso no solo para los efectos de la conservación de la vida silvestre, sino también por las consecuencias culturales. «Hay áreas protegidas que se crearon para favorecer los valores culturales de la población panameña», dijo.

LA NUEVA FUNDACIÓN

El proyecto de ley también establece la creación de la Fundación Nacional de Parques Naturales y Recreativos, con patrimonio propio y capacidad legal para ejercer derecho y contraer obligaciones. Además, se regirá con las normas de derecho privado y será presidida por el Despacho de la Primera Dama, en representación del Ministerio de la Presidencia.

También participarán el PNUD, otros ministerios, autoridades municipales, clubes cívicos y organizaciones no gubernamentales.

«Pareciera que la primera dama, Vivian Fernández de Torrijos, también desea crear su fundación, así como su antecesora Ruby Moscoso», dijo Serracín.

El proyecto será discutido en segundo debate en marzo.