Represión policíaca a indígenas en Bocas del Toro

Represión policíaca en Bocas del Toro

Marco A. Gandásegui, hijo
gandasegui@hotmail.com

Las comunidades indígenas ngöbe, de la provincia de Bocas del Toro, han sido objeto en los últimos meses de una represión que recuerda las tristes jornadas de muerte y sufrimiento de la década de 1960. Reproduzco para el conocimiento de los lectores una cronología con los hechos más recientes preparados por Lucia L. Lasso, directora ejecutiva de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo.

Representantes de las comunidades ngöbes se reunieron el 8 de noviembre del 2007 en la comunidad de Charco La Pava, Bocas del Toro, con altos directivos de la ANAM y de la empresa norteamericana AES Changuinola. Asistieron también representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia Católica y de la Policía de la provincia. Los ngöbes aprovecharon la oportunidad para expresar su rechazo a las tácticas violentas utilizadas por la empresa en contra de las comunidades. AES está construyendo una hidroeléctrica sobre el río Changuinola (el proyecto Chan-75). Durante la reunión, los representantes indígenas pidieron formalmente que se detuviera el proyecto hasta que se investigaran las irregularidades.

Según Lasso, la petición nunca fue respondida y el 19 de diciembre se inició una protesta pacífica contra la construcción. El 26 de diciembre, unidades de la Policía empezaron a ir de casa en casa preguntando por la identidad de todos los presentes. Varios de los líderes se vieron obligados a esconderse. El 29 de diciembre llegó la alcaldesa de Changuinola, Virginia Ábrego, con 20 policías y un ultimátum: abandonar la protesta o enfrentar la fuerza de la Policía.

El 2 de enero de 2008, varios periodistas y corresponsales de Bocas del Toro trataron de entrar a la zona para cubrir la protesta. Sin embargo, se les impidió el paso bajo el argumento de que había ocurrido un derrumbe. La mañana siguiente la maquinaria de la empresa empezó a trabajar nuevamente. Al ver esto, los indígenas ngöbe retomaron su campamento comunitario de protesta pacífica.

Los antimotines deshicieron el campamento tirando gases lacrimógenos y arrestaron a 54 personas, de los cuales 13 eran menores de edad, incluyendo un bebé de 8 meses. Fueron esposadas y trasladadas a la estación de policía de Changuinola donde permanecieron por 24 horas. Ana Castillo, cuya cosecha fue destruida por las maquinarias, dejó plasmado su testimonio de lo sucedido: “Me agarraron y me tiraron al suelo. Mi niño estaba chillando y el policía me tiró abajo de nuevo, con las manos esposadas en la espalda. Me desnudó ahí, delante de todo el mundo. Mi bebé estaba todavía aquí, agarrado a mi cuello”.

Desde ese día la Policía ha permanecido en el área, impidiendo la libertad de movimiento a la que tienen derecho todos los ciudadanos, concluye Lucía Lasso. Los miembros de Charco La Pava, Valle del Rey y Nance de Riscó siguen protestando pacíficamente, y cada vez que se reúnen llegan alrededor de 50 unidades antimotines a deshacer la manifestación. La construcción de la hidroeléctrica Chan-75 avanza a costa de la fuerza policial, y no gracias a un diálogo abierto con los actores interesados. La creación de energía en el país no se puede alcanzar a costa del sometimiento violento de los pueblos indígenas que pierden sus tierras en proyectos hidroeléctricos sobre los que nunca fueron consultados.

-El autor es profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

Publicado en La Estrella de Panamá, 17 de enero de 2008.

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