Ambientalistas solicitan moratoria minera

Ambientalistas cierran foro solicitando moratoria minera

El gobierno y los mineros no asistieron al evento

Jerónimo Ramírez
jramirez@estrelladepanama.com

Los grupos ecologistas continuarán presionando para que el proyecto minero de Petaquilla sea suspendido argumentando que la experiencia en otros países, donde se ha dado la extracción de mine-rales a cielo abierto, ha causa-do incalculables pérdidas al medio ambiente, destruyendo los ecosistemas, áreas protegidas y causando serias afectaciones a la salud.

Expositores de nacionales y locales intervinieron en el foro. / Foto Guillermo Yángüez

En conclusión, los expertos que asistieron al foro «el futuro de Panamá y la minería» han expresado que los gobiernos deben revaluar las concesiones otorgadas para la extracción de oro y otros metales, porque los países centroamericanos deben apostar por el recurso más apreciado que tienen: su biodiversidad.

El invitado de honor al foro minero fue el ex ministro de Energía y Ambiente de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, quien exaltó el enorme potencial que tiene Panamá para desarrollar la industria del turismo ecológico, y dijo que no es compatible con la actividad minera.

En 2002, Rodríguez recomendó al entonces presidente costarricense Abel Pacheco, la suspensión de la minería que para esa época se le estaba saliendo de las manos a las autoridades, decretándose una moratoria a la explotación minera de cielo abierto, que aún está vigente.

En la última jornada del Foro Minero, al que tampoco asistieron representes del gobierno ni de la cámara minera, el tema de la moratoria fue el punto más destacado. Es que los grupos ecologistas panameños están apostando a esta alternativa, como último re-curso para impedir que la mina Petaquilla entre en operación.

El año pasado enviaron esta petición al presidente Martín Torrijos, pero hasta la fecha no han recibido respuesta.

En su exposición ante unas 200 personas, que durante dos días se congregaron en el Salón Diamante del Hotel El Panamá, Rodríguez aseguró que los beneficios económicos que recibe un Estado como resultado de la explotación minera son insuficientes si se compara con el daño irreversible a los ecosistemas, incluyendo el efecto invernadero.

La mina Petaquilla debe pagar al Estado el 2% del valor del mineral explotado. La empresa tiene proyectado extraer unas 893 mil onzas de oro en los próximos 12 años, lo que representan unos 812 millones de dólares al precio actual del mercado. Sin incluir el cobre que también será explotado por la empresa.

La última jornada del foro la abrió el peruano Leandro Sandoval, de la Organización para el Desarrollo Sostenible de Perú, quien planteó la necesidad de la institucionalidad ambiental para la aplicación de sanciones a los que desconozcan los estudios de impacto ambiental y causen problemas de contaminación al ambiente, y se refirió al caso de Oraya, un pueblo enclavado en Los Andes peruanos, donde desde hace más de 80 años se instaló un complejo metalúrgico que emite agentes tóxicos y dióxido de azufre que mantiene a la población con niveles elevados de plomo en la sangre.

El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, fue el último orador en turno, en un foro al que sólo acudieron ecologistas y personas en contra de la minería.

De acuerdo con Vargas, Panamá no está preparada para este tipo de actividad, porque no se cuenta con la capacidad para supervisar efectivamente los proyectos mineros, debido a la ausencia de profesionales idóneos y a que el código minero es anticuado y requiere de una adecuación a nuevos estándares de calidad.

Para Vargas, el caso más patético se registró en la mina Santa Rosa, en Cañazas, donde a los pobladores se les prometió progreso y hoy en día es el distrito más pobre del país.

Y, mientras los ambientalistas celebraban el foro, los directivos de Petaquilla firmaban una convención colectiva con el sindicato de trabajadores de las empresas del grupo Petaquilla (SITRAEMPETAQUILL), en una cita a la que acudió el ministro de Trabajo, Edwin Salamín, el viceministro de Comercio, Manuel José Paredes y los dirigentes de la Central Única de Trabajadores (CUT), Norma Cano, Alberto Cobos y Luis González. Unos mil 500 trabajadores se bene-ficiarán con la convención, de acuerdo con la empresa.

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FORO.

Defensor propone una moratoria a la minería

José Arcia
jarcia@prensa.com

Una moratoria para los proyectos de minería fue solicitada por Ricardo Vargas, defensor del Pueblo, iniciativa que ha sido planteada por los grupos ambientalistas.

Su petición se sustenta en que el país carece de una institucionalidad que permita evaluar la conveniencia o no de desarrollar estos proyectos.

El análisis de Vargas se dio durante el último día del foro «El futuro de Panamá y la minería», organizado por el Centro de Incidencia Ambiental y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza.

La Defensoría ha determinado que el país carece de mecanismos de control, además de que las fiscalizaciones y monitoreos son inadecuados. «No cabe duda que no estamos en la mejor posición institucional para impulsar esta actividad en la magnitud que plantean algunos proyectos», dijo.

Al mismo tiempo que se desarrollaba el foro, la empresa Minera Petaquilla firmaba la convención colectiva con los trabajadores en el restaurante Evergreen, y que fue refrendada por el ministro de Trabajo, Edwin Salamín.

En el foro, donde no estuvo presente el gobierno, también se expuso la experiencia de países como Perú y Costa Rica.

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PINTADA DE VERDE

MORATORIA. ¿Desarrollar o no desarrollar la minería metálica a cielo abierto? Esa es la cuestión a debatir. Esta semana se produjo la primera oportunidad, cuando las principales organizaciones ambientalistas convocaron a funcionarios, empresarios, activistas y ciudadanos, para escuchar la experiencia nacional e internacional. La cita, que fue ignorada por la Cámara Minera, la Anam, el Ipat y los políticos, sirvió para fortalecer la convicción de que debemos enfrentar con vigor una actividad que de realizarse, solo traerá muerte y destrucción. «Nadie realizaría una obra en su casa que pueda ser peligrosa para su familia, pero permitimos que en el país se realicen proyectos riesgosos para las comunidades. ¿Por qué la diferencia?», se preguntaba el ex ministro costarricense de Energía y Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, impulsor del decreto que estableció una moratoria en la actividad minera en Costa Rica. No fue fácil.

La presión de la industria fue y sigue siendo enorme, pero el ex ministro Rodríguez es un político de esos que necesitamos a gritos en Panamá. Hay que decir que el único representante de nuestra clase política que acudió al encuentro fue el diputado Milciades Concepción. Otro que asistió fue el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, quien dijo estar de acuerdo con la moratoria en la actividad minera que los ambientalistas solicitaron al presidente Martín Torrijos.

Ojalá se logre, pues como explicó el doctor Jorge Motta, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, los impactos en salud pública que tendrá este tipo de minería debido al uso de sustancias tóxicas y como consecuencia de la eliminación del bosque, son aterradoras. Finalmente un reconocimiento especial a la gente de Cañazas, Donoso (donde está la mina de Petaquilla), Los Santos y las comunidades indígenas. Su valiente decisión de no ceder en la defensa de su tierra debe ser ejemplo para todos. Y es que la cosa es muy clara, cuando no haya agua, vegetación ni aire puro, no será posible comernos los dólares… ni el oro.

Lina Vega Abad
lina@prensa.com