¿Cuál es la política energética de Panamá?

¿Cuál es la política energética de Panamá?

Ariel R. Rodríguez V.*

Dice el gobierno nacional, de manera unilateral y al margen de los principios democráticos de amplia participación ciudadana libre e informada en los temas sensibles del país, que ante los retos del país por efecto de la globalización y la subida de los precios internacionales del petróleo se hace urgente una “política energética coherente” en la que han definido una — Política energética del Estado– dividida en dos componentes: la Política Nacional del Sector Eléctrico y la Política Nacional de Hidrocarburos y Energías Alternativas.

Línes de transmisión de alto voltaje, líneas de distribución al fondo y usuarios conectados al servicio en la ciudad de Panamá. Foto: A. Rodríguez.

El supuesto propósito primordial de esta política del Estado “es propiciar el abastecimiento de las necesidades energéticas del país bajo criterios de eficiencia económica, calidad y confiabilidad, aumentando la cobertura de los servicios, desarrollando los recursos naturales de manera sustentable, promoviendo el uso racional y eficiente de la energía y respetando el medio ambiente.” Esta terminología y escenario suena muy bien como toda política de papel.

Siguen diciendo maravillas: “La promoción de las energías renovables y limpias tiene el objetivo de estabilizar el precio de la energía, ahorrar divisas mediante la disminución de la generación eléctrica a base de combustibles y por consiguiente mitigar el impacto ambiental reduciendo las emisiones. Esta política es cónsona con el Protocolo de Kyoto del cual Panamá es signataria por lo cual tiene acceso a los créditos de carbono que coadyuvarán al desarrollo de los proyectos de energías renovables y limpias mediante el mecanismo de desarrollo limpio, atrayendo divisas al país”, lo cual no deja de crear expectativas de avance hacia un país de estadistas civilizados y ambientalmente responsables.

Y siguen diciendo palabras o frases aún más responsables y hasta progresistas: “Hay que recordar que por cada Megawatt de generación con energías renovables y limpias el país se ahorra aproximadamente 10,000 barriles de petróleo al año. No obstante, los desarrolladores de los proyectos energéticos deberán respetar los derechos de los afectados y contemplar la adecuada mitigación de los aspectos sociales como medida indispensable para lograr la armonía entre la población, el ambiente y los requerimientos del desarrollo nacional”, lo cual parece no dar cabida a malas interpretaciones y resultados contrarios a estos objetivos. Son palabras muy dulces y tentadoras para un ciudadano común e incluso para un ambientalista incauto. El asunto es que justo en este momento que escribimos este artículo, se cumple un mes que un contingente de policías antimotines golpearon y encarcelaron a 54 indígenas Ngöbes indefensos y sin armas que defendían sus tierras en Charco La Pava, sitio de presa del proyecto hidroeléctrico Chan 75, en mero centro de un área protegida y Reserva de la Biosfera! Tuvieron el descaro de encarcelar a padres con niños menores de 12 años! Estuvieron encarcelados por 24 horas, sin comer y vilipendiados por la propia policía nacional y por los nuevos jefes de la Policía Nacional en Bocas del Toro: los señores de AES Corporation, filial AES Panama-Changuinola. En más de un mes tienen secuestrados y tienen en estado de sitio a todos los indígenas residentes en el área del proyecto de AES y simplemente en este país no pasa nada.

Siguen con el telón de la inversión y las catástrofes como planteamiento justificatorio de sus acciones o supuestas políticas: “La cobertura de la creciente demanda de energía eléctrica que asciende alrededor del 4% al 5% anual, es un reto y requiere la participación de inversionistas nacionales e internacionales para poder cubrir el programa de inversiones en este sector que asciende a más de B/. 1,000 millones durante los próximos 10 a 12 años. Para ello se están tomando medidas para lograr contratos de energía y potencia eficientes y a plazos razonables entre las empresas de generación y de distribución, mantener una reserva apropiada de generación y un adecuado balance hidro-térmico para evitar racionamientos cuando se produzca el fenómeno del Niño”. Aquí se les olvidó incorporar que hay que advertirle a las empresas promotoras de hidroeléctricas que no hagan propaganda engañosa diciendo que el precio de la energía al consumidor bajará por la puesta en funcionamiento de sus proyectos hidros, tal y como en su momento lo hizo AES para promocionar el proyecto de Estí y ahora lo hace para promocionar sus proyectos hidros en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá, denominados por ellos, Chan 75, Chan 140 y Chan 220.

Lago Bayano fue lanzado como proyecto hidroeléctrico insignia de la política inconsulta de gobierno de la década de 1970, sin controles ambientales, ni mucho menos evaluaciones ambientales estratégicas. El daño ambiental y social causado fue y sigue siendo de consecuencias devastadoras, sin embargo las empresas están reídas lucrando de este desastre ambiental y social, digno de un país cuartomundista. Foto. A. Rodríguez (2007).

Luego mencionan los planes de interconexión regional eléctrica: “Las oportunidades que se le presentan al país de convertirse en un canal energético entre el Pacto Andino y Centroamérica, se evalúan bajo criterios de eficiencia económica, calidad y confiabilidad, respetando las leyes y la normativa ambiental correspondiente y cualesquiera otros aspectos considerados de interés nacional. Se adelanta el estudio de factibilidad para la integración energética entre Colombia y Panamá en base al Memorando de Entendimiento celebrado el 1 de noviembre de 2004, que firmamos con el presidente Uribe”. Sin embargo, a continuación sigue otro párrafo que si no es leído con cautela es un párrafo inocente más: “Se avanzó en la integración con Centroamérica con el proyecto SIEPAC donde se recibirán ofertas durante este año para la construcción de 1830 kilómetros de línea de transmisión desde Panamá hasta Guatemala con una capacidad de intercambio de 300 MW entre países, basado en el Tratado Marco. También se licitó la línea de interconexión con Costa Rica a voltaje intermedio de 34.5 KV para suplir la provincia de Bocas del Toro y se avanza en la línea del Anillo de la Amistad de 230 KV para integrar a Costa Rica con una capacidad de intercambio de 120 MW y posibilitar el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos e integrar a la provincia de Bocas del Toro al Sistema Interconectado Nacional”. Este párrafo explica los apuros en desarrollar proyectos hidroeléctricos en las áreas indígenas y áreas protegidas de Bocas del Toro que son las áreas mejor conservadas del país. Entonces aquí comienzan las preguntas: ¿Estos parecen ser proyectos en proceso y no a políticas pre-establecidas? ¿Entonces dónde está el efecto de las políticas o es que las políticas solo son relatoras de lo que está ocurriendo independientemente de una política previamente establecida? Algo debió ser primero y es evidente que el albedrío ha sido la brújula que ha establecido rumbos a seguir. Esto significa que no hay política energética real, ni mucho menos efectiva.

¿Es la destrucción de un área protegida, Reserva de la Biósfera y área de amortiguamiento de un sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad parte de la estrategia de la política energética de Panamá? En realidad todo suena a corrupción, libre albedrío y robo de los mejores bosques y aguas de Panamá para negocios de construcción y de exportación de energía a través del anillo de interconexión La Amistad. Foto: ACD.

Luego el discurso del Gobierno entra a otra etapa que confunde más a cualquier incauto y es la del ahorro energético en el consumo doméstico, comercial, gubernamental e industrial que como está planteado es una maravilla que todo ambientalista desea escuchar: “El uso eficiente y racional de la energía es otra prioridad donde se debe combatir el desperdicio de energía que se da en los distintos subsectores. Es necesario promover una cultura de ahorro y uso racional de la energía en todas sus formas. La cultura del ahorro energético se debe inculcar desde la edad escolar de manera organizada y que forme parte del programa de enseñanza adoptado de manera científica por el Ministerio de Educación. En este sentido todos los sectores incluyendo el sector público, privado y doméstico tienen un potencial de ahorro importante, que según los estudios desarrollados a la fecha representan entre el 10% y el 30% dependiendo de las medidas a implementar. Por otro lado, las normas técnicas y el diseño de edificaciones deben tomar en cuenta la eficiencia energética. El Gobierno Nacional debe dar el ejemplo con la implementación del Plan Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PLANURE).”. Parecen haber atrapado en el aire el discurso ambientalista, para que no digan que no están sintonizados por los paradigmas esbozados por los activistas ambientales del mundo que defienden cuencas hidrográficas y biodiversidad y personas afectadas por proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos dependientes de carbón o petróleo; pero de allí a cambiar los planes y proyectos planteados en donde los amigotes de los estadistas del MEF y de la nueva Secretaría de Energía son arte y parte, nada. Todo sigue su curso, a pesar de incorporar tan loable discurso.

El loable discurso continúa y se profundiza aún más las alternativas energéticas y la soberanía: “La diversificación de la canasta energética como estrategia para mitigar los altos costos de los derivados del petróleo tradicionales y afirmar la seguridad del suministro es una prioridad donde se deben agilizar los estudios de factibilidad para la introducción del gas natural a la matriz energética de Panamá, sea por vía marítima y/o gasoducto, siendo un combustible más limpio que puede ser utilizado en plantas de generación térmica existentes y futuras con precios competitivos. Se debe promover el aprovechamiento de la energía biomásica para producir biogás en el caso de los municipios más populosos de manera sustentable, promover la cogeneración de energía aprovechando el bagazo de caña al final de la zafra, entre otras alternativas.” Qué maravilla hablar hasta de soberanía energética, pero el país ha perdido y sigue perdiendo su soberanía alimentaria. Esto sólo desnuda que efectivamente lo que se quiere es proseguir con el libre albedrío en los proyectos de generación eléctrica que impulsan los promotores privados, montados al margen de este discurso gubernamental no vinculante legalmente y que sólo sirve para agradar a los oídos del Banco Mundial y del BID para que le sigan desembolsando dinero al Ministerio de Economía y Finanzas para gastos burocráticos diversos y para pagarle el insano e inmoral subsidio a las empresas generadoras y distribuidoras de Panamá, que nos sangran vilmente, a pesar que de un plumazo del gobierno nacional se puede evitar este sangrado irracional que a nombre del alza del combustible muchas empresas eléctricas térmicas e hídricas se ahogan en altos ingresos, como en ningún otro país sería posible.

Si las soluciones al asalto que nos hacen por igual las empresas hidroeléctricas, termoeléctricas y distribuidoras han sido planteadas desde hace mucho tiempo, tal y como lo esboza la propia Comisión Nacional de Ahorro de Energía (CONAE) que consisten en las siguientes medidas o recomendaciones: “Que se adopten por las instancias correspondientes todas las medidas legales y de otra naturaleza indispensables para corregir las distorsiones del mercado eléctrico, a fin de proteger efectivamente los intereses de los clientes y personas beneficiarias del servicio público de electricidad.” ¿Por qué no se ha hecho nada, sin embargo, se siguen aprobando con urgencias evidentes en las madrugadas de los 31 de diciembres de todos los años muchas otras leyes contrarias a los intereses nacionales? ¿Por qué no aparece una ley madrugonazo que tumbe el negociado montado por la mafia de la industria energética que nos consume a todos por igual?

¿Por qué y me tomo las propias palabras de la CONAE, dado los indicios encontrados y la complejidad del tema, que afecta el interés público, el Gobierno no continúa y refuerza las investigaciones iniciadas por esta Comisión y adopta las medidas que se requieran para que estas empresas no sigan haciéndole daño al país a cambio de un lucro desmedido y ganancias desproporcionadas?

¿Por qué la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no realiza una investigación a fondo sobre las distorsiones del mercado eléctrico, que han ocasionado que un alto porcentaje de la energía sea vendida en el mercado ocasional, con una alta volatilidad, en vez de haber sido contratada de acuerdo a lo establecido en la Ley 6 de 1997 del sector eléctrico?

¿Por qué el Ente Regulador de los Servicios Públicos o la Autoridad que corresponda, con fundamento en la Ley exija, mediante la resolución pertinente a las empresas distribuidoras el cumplimiento de la obligación de contratar oportunamente el suministro de sus clientes y sancione ejemplarmente cualquier incumplimiento?

¿Por qué el gobierno nacional impulsa generadoras eléctricas en áreas protegidas y áreas indígenas teniendo decenas de opciones que incluyen el uso de verdaderas energías alternativas y el uso adecuado de la interconexión internacional que hace que el mercado generación eléctrica sea abierto y no cerrado como han pretendido hacer ver?

El día que no exista corrupción en la protección de todas estas empresas que desangran al país con su negocio energético, entonces se acabará la fiebre especulativa que se ha montado en todo el país y que amenaza áreas protegidas, ríos, riachuelos, comunidades indígenas, especies endémicas, reservas biológicas, corredores biológicos, paisajes protegidos, especies migratorias, biodiversidad de sitios estratégicos, sitios de patrimonio mundial, etc.

¿Y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Ley General del Ambiente que ordena la evaluación ambiental estratégica y el estudio y áudito ambiental de los proyectos y las políticas nacionales donde están? Están como dicen los muchachos de la Universidad de Panamá: Están vendiendo a Panamá, con sus ríos, la biodiversidad y los pueblos indígenas incluidos.

¿Será que la ANAM tiene como excusa que los lineamientos sobre energía no son técnicamente una verdadera política nacional de energía y al no serlo no tiene, ni puede ser evaluada ambientalmente?

Corolario: Este país anda en caos ambiental y no por los ambientalistas. Anda en caos porque los gobernantes no saben lo que es una política de estado e impera el libre albedrío y la violación a las leyes. La ANAM que debe jugar un rol fundamental en detener este desorden desconoce sus deberes legales o simplemente los ignora a conveniencia de sus directores. Ante este escenario estamos viendo lo que estamos viendo: una piñata llamada Panamá que cumple años el 3 de noviembre bajo el signo de los escorpiones, que según la leyenda , los hijos se devoran a su propia madre.

Panamá, 4 de febrero de 2008.

* Biólogo y Académico, Presidente de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo