En pie de guerra conflicto en la Reserva de la Biósfera

Bocas del Toro –BURICA PRESS, 6 de febrero de 2008.

REPORTAJE

EN PIE DE GUERRA CONFLICTO EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA

Organizaciones ambientales denunciaron que los actos de persecución, hostigamiento y violación de las garantías fundamentales de los indígenas de la etnia Ngobe no han cesado desde la semana de navidad del 2007 hasta la fecha, en las áreas afectadas por el inicio de obras del proyecto hidroeléctrico Changuinola 1 (Conocido como Chan 75). Esta represa forma parte de un conjunto de seis represas planteadas en el Bosque Protector de Palo y Reserva de la Biósfera. Tres de estas represas incluyendo la Chan 75 son promovidas por AES Corporation a través de una filial local recién creada denominada AES Changuinola.

Las asociaciones denunciantes, la Asociación para la Conservación de la Biósfera y el Movimiento por la Defensa de los Territorios en el área insular de Bocas del Toro, han denominado como escalada de violencia en territorio indígena de Bocas del Toro y violación a los derechos fundamentales, los hechos que ocurren en el sitio de construcción, operación y actividades de la represa propuesta Chan 75 y que amenaza en desplazarlos a la fuerza a otros sectores del Bosque Protector de Palo Seco. «Le comunicamos a la opinión pública que las órdenes dadas por las autoridades provinciales de Bocas del Toro para permitir el uso de fuerza policial en la comunidad Ngobe de Charco La Pava el día 3 de enero ha creado una escalada de violencia en un conflicto que hasta el momento había sido pacífico”.

Representantes indígenas de las comunidades Ngobe de Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal, Changuinola Arriba, Lazo de Santa Fe y Nance de Riscó en el Bosque Protector de Palo Seco, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan-75, realizaron a finales del año 2007, un campamento de protesta pacífica, deteniendo el avance de las maquinarias en el punto de sitio de presa de la Chan 75, y la de hacer oír su voz para pedir la atención del gobierno central ante todos estos abusos y despojos. Esta acto provocó que fuerzas policiales antimotines llegaran al área para despejar el área y continuar los trabajos en el área.

Los denunciantes en el comunicado indican que los Ngöbes tienen meses de estar presentando denuncias y peticiones formales al gobierno nacional, incluyendo una carta al Presidente de la República en octubre de 2007, donde informaban que estaban siendo atropellados por las autoridades locales y AES Panamá, y que nunca se les había consultado ni informado apropiadamente sobre este mega-proyecto hidroeléctrico que los obligaba a ser reubicados y perder sus mejores tierras agrícolas y formas de vida.

Indican los demandantes que las comunidades han denunciado de manera permanente y civilizada a través de numerosas cartas y conversaciones con la ANAM, la Empresa AES Changuinola, la Alcaldesa de Changuinola y con la Defensoría del Pueblo todas las irregularidades ocurridas, como reubicaciones ilegales, la falta de indemnización de cultivos destruidos, amenazas, y acuerdos forzados. El caso más destacado ha sido el de la Señora Isabel Becker, una mujer Ngobe viuda y analfabeta, quien por meses fue objeto de acoso tras haber sido obligada a poner su huella digital en un contrato privado en el cual cedía sin saberlo, sus tierras que constituían su patrimonio familiar a la empresa AES Changuinola.

Charco La Pava en el camino de AES. Foto: Cortesía.

La realidad actual es que el gobierno nacional ha permitido el inicio de la construcción de la represa que reubicará a más de mil trescientas personas, aguas arriba y aguas debajo del sitio presa Chan 75, no sólo sin pedir el consentimiento de la población, sino también sin tener garantizado un nuevo hogar para las personas afectadas, violando así el artículo 127 de la Constitución relativo a las tierras colectivas.

Argumentan que “todo lo anterior sucede debido a la ausencia de un plan de reubicación tal y como lo establecen las normas nacionales e internacionales al respecto, las cuales están orientadas a salvaguardar los derechos humanos, a la preservación de la cultura, modo de vida y tradiciones de estos pueblos indígenas”. Aseveran que la falta de este instrumento ha provocado la violación a los derechos humanos y sus garantías constitucionales hasta el día de hoy (6 de febrero de 2008) que viven sitiados en las comunidades de Nance de Riscó, Lazo y Charco La Pava.

Igualmente denuncian que la policía que está siendo subvencionada por la empresa AES para poder mantenerse en el área para que reprima y le impida a los indígenas ejercer sus libertades ciudadanas como libertad de reunión, de desplazamiento, entre otros. Por ello solicitaron que estos hechos graves deben ser castigados con firmeza a las autoridades estatales quienes resulten responsables de permitir tales abusos.

Ariel Rodríguez, ecologista nacional, indicó a Burica Press que ellos están preocupados porque no se están respetando las garantías constitucionales y legales de las poblaciones indígenas de la Cuenca del Río Changuinola, no sólo de los Ngöbes en la cuenca media del Río Changuinola, sino también de los Nasos en la subcuenca del Teribe. Ante esta situación ellos están listos para denunciar ante el Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo todos estos abusos y que deslinden las responsabilidades sobre la represión policial que se dio en Charco de La Pava, examinando la legalidad de las actuaciones de la Alcaldesa de Changuinola, Virginia Abrego, y del Sub-Comisionado de la Policía Nacional, José Manuel Ríos. La Fiscalia I de Changuinola con las denuncias interpuestas debe realizar pruebas periciales, evaluando los daños físicos y emocionales que se le produjeron a las personas que fueron maltratadas y perseguidas durante aquellos días.

Por su parte la abogada Susana Serracín, que apoya desde Panamá a un consorcio internacional de abogados defensores de derechos humanos interesados en darle seguimiento internacional a este caso, ha exhortado al gobierno nacional que detenga las obras que violentan el ordenamiento jurídico de las áreas protegidas y los legítimos derechos humanos de los indígenas asentados en la región. Indicó que en una democracia ningún proyecto puede justificar la eliminación del Estado de Derecho, valiéndose de artimañas y subterfugios legales que avalan o pretenden legitimar el grave daño ambiental, social y cultural en áreas protegidas y comunidades indígenas que son patrimonio nacional e internacional. Agregó además que es totalmente incongruente y fuera de toda lógica que las autoridades argumenten, que se trata de proyectos de interés público y social, pues es evidente que el móvil de estos negocios antepone la conveniencia individual y particular frente al interés colectivo.

Por su parte Ezequiel Miranda, de la Asociación para la Conservación de la Biosfera, indicó que solicita la salida inmediata de todas las fuerzas policiales que acosan a los indígenas de Charco La Pava y Nance de Riscó, área de la Reserva de la Biosfera La Amistad. “Los policías deben salir de la Reserva y las áreas indígenas”. “Nosotros defenderemos con firmeza la Reserva de la Biosfera de todas estas fuerzas económicas intrusas y egoístas que desean nuestras aguas puras que emanan del PILA con el pretexto de energía que no nos hace falta”, acotó Miranda.