AES pisotea derechos de la gente de Charco La Pava y Valle Rey

PINTADA DE VERDE

INDIFERENCIA. Difícil centrarme en temas ecológicos, teniendo en cuenta los acontecimientos de esta semana. La cosa está clara: junto al Panamá de las torres de vidrio y los múltiples proyectos con los que el Gobierno y los empresarios –ambos con visión cortoplacista– alegan que llegaremos al nirvana, está agazapado el país de las desigualdades que, cada tanto, sale de su escondite y muestra los dientes con una violencia de miedo. ¿Y la respuesta oficial? También de miedo.

Lo cierto es que el exceso policial que hemos visto estos días, es cosa cotidiana para los indígenas de Charco La Pava en Changuinola, donde la empresa AES aparta de su camino cualquier obstáculo –persona, animal o cosa– sin pedir permiso, para construir una hidroeléctrica. Pero claro, son indígenas y están lejos… no tienen la fuerza del Suntracs ni su apoyo. Sin cámaras de televisión que muestren imágenes que recuerden la represión militar, 100 familias indígenas están literalmente abandonadas a su suerte. No existe un solo funcionario a cargo del proceso de su reubicación, a pesar de la tan cacareada agenda social del Gobierno.

¿Por qué el Ministerio de Desarrollo Social no está allí para evitar acuerdos infames que se inician con la destrucción de cultivos? ¿No existen alcaldes ni representantes de corregimiento por allá? ¿Será que tanta primaria y cabildeo no les da tiempo a los funcionarios de la Patria Nueva de cumplir sus deberes? Además, el proceso de reubicación dejado al garete de la empresas, promete más presión en el Parque Internacional La Amistad (PILA). Justo por eso, la próxima semana estará en Panamá una misión de la UNESCO y de la Unión Mundial para la Conservación (UICN), a solicitud de los ambientalistas panameños.

El PILA fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983 y, debido a la presión que sufre desde diferentes frentes –incluida la construcción de hidroeléctricas– se está solicitando que sea declarado «patrimonio en peligro». Es una medida de urgencia, ante tanta indiferencia.

Lina Vega Abad
lina@prensa.com

Palabras sabias de un ex-rector: causas y consecuencias de conflictos

LOS HECHOS DEL 13 DE FEBRERO.

Suntracs, causas y resultados

Carlos Iván Zúñiga Guardia

La ciudad capital y otros puntos de la República se estremecieron el miércoles último con motivo de un conflicto entre la Policía Nacional y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Sin precedentes en la historia del movimiento obrero, en cuestión de horas se montó un operativo de protestas callejeras que paralizó puntos estratégicos de la ciudad durante horas. Es obvio que toda acción de esta naturaleza a la que se añada la represión policíaca tiene consecuencias dañosas para la sociedad. Pero antes de analizar esas consecuencias se deben examinar las causas del conflicto con un método de interpretación jurídico–penal. Si nos dedicamos a juzgar y condenar los hechos anárquicos vividos y olvidamos absolutamente qué circunstancias apretaron el gatillo del conflicto, actuamos con una parcialidad que condena la justicia.

La subversión callejera caracterizada por la violencia es un delito. Pero todo delito responde a un proceso de causalidad de modo que todo efecto tiene su causa. El penalista busca en la causa la condición que prendió la chispa. El penalista suprime hipotéticamente la condición que de no haberse dado, nada hubiera provocado la reacción de protesta del miércoles 13 de febrero.

Este razonamiento nos lleva didácticamente al siguiente interrogatorio: ¿si la Policía Nacional no hubiera asesinado, a traición y sobre seguro, a un dirigente del Suntracs en la ciudad de Colón, se hubieran producido los desórdenes del día siguiente? Definitivamente ¡No!

Esto significa que la causa de lo ocurrido el miércoles último se encuentra en el vil asesinato del dirigente obrero. No debe olvidarse el apotegma penal que indica que quien incorpora en la vida del delito una condición ilícita es responsable de todas las consecuencias.

De allí que resulta impropio condenar los resultados sin detenerse a analizar y condenar prioritariamente las causas.

Existen otros elementos sicológicos que se hicieron presentes en las calles de la ciudad. Suntracs es un movimiento resentido con el sistema político porque ya han sido asesinados dos de sus líderes. No es igual la reacción ante un hecho primario que ante la reincidencia de un acoso criminal. El espíritu de conservación y la sed de justicia hacen más indomables las reacciones gremiales.

Esta verdad que sin duda conoce el Gobierno debió determinar una acción preventiva oficial una vez tuvo conocimiento del asesinato. En la misma noche del crimen el Gobierno debió movilizar sus energías para entrar en contacto con el Suntracs e iniciar un proceso de diálogo. De haberlo hecho se hubiera conjurado la carga explosiva que venía reventando el pecho del Suntracs y que solo esperaba el nuevo amanecer para estallarla en el rostro de la ciudad.

El Gobierno estaba tan seguro de que para el miércoles 13 algo grave ocurriría, que se dedicó a esperar con una Policía dispuesta a disolver a los manifestantes. En vez de asumir de inmediato la vía del diálogo, asumió la acostumbrada represión.

Al Gobierno le faltó prudencia y acción para evitar el desenlace tan crispante o violento del 13 de febrero. El Gobierno descartó por acción u omisión el cuarto de hora de la buena oportunidad. En cierto modo, tal vez, también desestimó la capacidad de respuesta del Suntracs y no incorporó en sus meditaciones lo que viene expuesto en este artículo.

En el análisis de las circunstancias algunos gremios económicos reiteraron sus exigencias en pro de un orden público estable. Nadie que vive en una sociedad civilizada puede oponerse a ese ideal. El orden público significa el imperio de la ley y por tanto la preservación de la vida. Lo recomendable, por tanto, es lograr una convivencia garantizada por el comportamiento igualmente civilizado de los agentes del orden. Lo que no puede ser es que un agente del orden asesine el orden público disparando en la espalda de un obrero luego de ejercer un derecho constitucional.

En toda acción ilícita la buena moral aconseja buscar con objetividad las causas. Si nos acostumbramos a este método, los hechos como los del 13 de febrero no ocurrirían. Esa buena moral también aconseja que el primer deber del Gobierno es prevenir, sobre todo cuando un resultado es lógicamente previsible.

Esta política sería la más propicia para lograr un orden público estable, sin causas delictivas y sin resultados negativos que todos lamentamos.

 

El autor es abogado y fue rector de la Universidad de Panamá