Campesinos protestan por minería y proyectos hidroeléctricos

AMBIENTE. lA POLICÍA INTENTÓ IMPEDIR LA MARCHA.

Largo trecho para decir ‘no’

Indígenas y campesinos están en la ciudad para protestar contra la minería y los proyectos hidroeléctricos.

El grupo quiere conversar con el presidente, Martín Torrijos, y promover un diálogo nacional.

LA PRENSA/David Mesa
reclamo. Unas 100 personas, entre indígenas y campesinos, empezaron ayer una serie de protestas para defender sus tierras.
José Arcia
jarcia@prensa.com

A las 11:40 de la noche del martes pasado, dos buses de la ruta Santiago-Panamá detuvieron su marcha en la entrada de la antigua base de Rodman, al oeste de la ciudad.

De su interior empezaron a bajar los primeros indígenas y campesinos que llegaron a la capital del país para protestar contra los proyectos mineros, hidroeléctricos y residenciales que se anuncian con entusiasmo por todo Panamá, pero que a ellos no les parecen muy convenientes.

A esa hora, unas 50 personas arrancaron con las primeras medidas: decidieron caminar desde Rodman hasta el parque de la Asamblea Nacional. Allí planeaban encontrarse con las delegaciones de Bocas del Toro que, a media noche, todavía se encontraban de camino, así como con los compañeros de Chiriquí.

La Policía Nacional intentó al principio impedir la marcha de los veragüenses y ellos no se detuvieron. Decididos a realizar su recorrido nocturno, pidieron a la Policía que los escoltara hasta la Plaza 5 de Mayo. La petición fue aceptada bajo el compromiso de palabra de no detenerse en el Puente de las Américas.

A las 2:00 de la madrugada los alcanzó el grupo de Bocas del Toro y a todos los encontró la mañana frente a un improvisado fogón, en el que hicieron café e hirvieron guineo.

Finalmente, a las 7:00 de la mañana llegó la delegación de Chiriquí. En total eran unos 100 campesinos e indígenas.

VOCES DEL CAMPO

Ya con algo en el estómago, pancartas en mano y gritando consignas contra el gobierno, el grupo empezó su marcha hacia la Plaza Catedral de San Felipe, y se detuvieron por unos minutos frente al portón que impide el paso hacia la Presidencia de la República.

Adelayda Mendoza, una de las que protestaba, dijo que tienen ocho años de manifestarse contra del proyecto hidroeléctrico en el río Tabasará, sin que hasta la fecha consigan su paralización.

Yaritza Espinosa, por su parte, está en Panamá defendiendo el río David. Allí también quieren construir una hidroeléctrica que es rechazada por los moradores.

Poco después se les vio armando las carpas en donde pasaron la noche de ayer, y allí cada uno de los dirigentes expuso sus inquietudes.

Larissa Duarte, una de las organizadoras, explicó que quieren hablar con el presidente, Martín Torrijos, para pedirle una moratoria inmediata de los proyectos, aunque a primeras horas de la noche estaban siendo atendidos por funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente.

Ambientalistas van a la CIDH

La lucha de los indígenas en contra del proyecto hidroeléctrico Chan 75, que se desarrolla sobre el río Changuinola, llegó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). La organización ambiental panameña Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y la estadounidense Cultural Survivor presentaron, el pasado viernes, una demanda en contra del Estado ante la CIDH.

Susana Serracín, abogada ambientalista y miembro de ACD, dijo que la demanda se sustenta en que los indígenas han sido desalojados de manera arbitraria.

Además, para la construcción del proyecto, declarado por el Gobierno como de interés social, no han tomado en cuenta las consideraciones y opiniones de los indígenas afectados por la obra.

Sostuvo que en la demanda presentada ante la CIDH se está pidiendo la revocatoria de todas las decisiones que ha tomado la Autoridad Nacional del Ambiente para construir la hidroeléctrica.

El pasado mes de enero la Policía Nacional se enfrentó a los campesinos e indígenas que se oponen a la construcción del proyecto que desarrolla la empresa Aes Changuinola. Los indígenas han denunciado que han sido sacados de sus casas a la fuerza y que los obligan a vender sus fincas. Para Serracín, esto es una violación a la libre convivencia de los pueblos.

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