Piden ratificar el convenio 169 de la OIT

DERECHOS HUMANOS. INSTRUMENTO INTERNACIONAL QUE GARANTIZA LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ABORÍGENES.

Indígenas piden ratificar convenio OIT

Los líderes aborígenes crearon una comisión para ratificar el Convenio 169, el fin de semana pasado.

Exigen que el Presidente de la República ratifique el convenio, y una reunión con el presidente de la Asamblea.

PANAMÁ /ACAN-EFE

Los siete pueblos indígenas de Panamá anunciaron ayer la integración de una comisión para luchar por la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y detener los proyectos de desarrollo en sus territorios que “violentan” sus derechos.

Los líderes de los indígenas, convocados por el cacique de Alto Bayano, Bolívar Jaripio, se reunieron por primera vez el pasado fin de semana en la comunidad de Ipetí Emberá, según explicaron en el acta, divulgada por correo electrónico por la organización Juventud Unida por Panamá.

El encuentro tenía como objetivo unir a los pueblos indígenas en torno a la ratificación del convenio , añade la nota.

En la declaración final exigen al Gobierno paralizar los proyectos en áreas indígenas de los pueblos aborígenes que están reconocidos en el convenio, y a la OIT que “apoye de manera directa e inmediata” su reclamo. Piden, además, al presidente, Martín Torrijos, que prepare la propuesta de ley que ratifique el instrumento internacional, así como una reunión urgente con el presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González.

Bolívar Jaripio, coordinador de la comisión, declaró que los pueblos indígenas están preparados para luchar unidos y que no cederán hasta que se firme el Convenio 169.

Indígenas protegen sus recursos

Protegen sus recursos

Cerraron la vía.
Itsel Miranda Jordán | Bocas del Toro, DIAaDIA. 15 de marzo de 2008

Dos protestas se dieron en horas de la mañana de ayer, cuando indígenas de Loma Muleto, en el distrito de Changuinola, cerraron la carretera Almirante-Changuinola.Igualmente protestaron en la comunidad de Las Cañas, en la carretera Almirante- Rambala, distrito de Chiriquí Grande.

Las protestas se dieron en contra de las hidroeléctricas, y por ser el día Antirrepresas en el ámbito mundial.

Según los indígenas, la empresa extranjera ha venido haciendo lo que le da la gana con sus riquezas, que son las reservas naturales de esta área Gnöbe.

Pedro Ábrego, dirigente indígena, dijo que las empresas hidroeléctricas han lesionado la cultura de los pueblos indígenas; además se han violado los derechos humanos.

Agregó que el Gobierno no los ha tomado en cuenta, ya que sus compañeros que están en la capital, en contra de la explotación de los recursos naturales, todavía no han sido atendidos.

Solicitan cese al desarrollo depredador de vida, aguas y tierras

A continuación Burica Press, reproduce la solicitud que hacen los grupos indígenas, campesinos y ecologistas al gobierno de Martín Torrijos, al cual personalmente quieren que escuche esta posición y proponga un cese de este este estilo de desarrollo que tanto les afecta ambiental y socialmente.

INTRODUCCIÓN

El progreso de un país se fundamenta en el desarrollo humano integral a través del desempeño equilibrado de factores económicos, sociales y culturales, dirigidos por políticas públicas que regulan las relaciones entre la esfera estatal, pública y privada, y fundamentalmente, de todas estas esferas de la acción humana con los sistemas ecológicos.

El diseño de tales políticas en un sistema democrático ha de gestionarse a partir del conocimiento científico de la realidad ambiental y sociocultural, la participación decisiva de actores sociales, el respeto a la diversidad humana y la conciencia de las implicaciones que tienen su aplicación o no, sobre el ambiente que sustenta todas las formas de vida; con mecanismos de fiscalización y evaluación de iguales características que permitan su ajuste progresivo a nuevas realidades.

Hoy en día, nuestro desempeño macroeconómico como país se califica como notable, pero cuestionable en sus efectos sobre la dinámica social y cultural, así como desde la perspectiva ambiental, al implicar la afectación directa o indirecta de los ecosistemas y específicamente de las comunidades humanas que tradicionalmente han formado parte de los mismos, originando un creciente número de conflictos socio-ambientales en todo el país, destacando aquellos ocasionados por la ejecución de proyectos mineros; de turismo residencial y de materia energética como el procesamiento de hidrocarburos y generación hidroeléctrica.

Los problemas ecológicos tienen que ver con todos los seres humanos sin distinción. La destrucción del equilibrio de nuestros ecosistemas significa no sólo la destrucción de la actividad de uno u otro sector social o especie, sino también de la sociedad humana en su conjunto y la vida en general. Sin embargo, la conciencia de los problemas ecológicos en los seres humanos, en sus unidades sociales y políticas como la comunidad y el Estado está llena de conflictos de intereses.

La toma de conciencia de lo antes descrito se le denomina conciencia cívico ambiental. Es decir, cuando un ser humano es consciente de que el problema ecológico no es solamente un problema de sus acciones para proteger el ambiente, sino las del conjunto de la sociedad que le rodea y cómo ésta se organiza, los grupos de interés existentes y sobre todo, cómo el ejercicio de su ciudadanía organizada puede hacer cambios institucionales reales (jurídico-políticos) en el Estado y la sociedad; a esto se le denomina ciudadanía ambiental.


Surge entonces la pregunta: ¿Es posible conciliar los intereses de ambas partes? ¿Qué papel juega el Estado en todo este conflicto?

LOS HECHOS

Las políticas del Estado panameño en materia energética, minera y de turismo residencial se han constituido en generadoras de conflictos socio-ambientales.

El Estado dispone libremente de los recursos naturales y culturales sin sistemas de información sociocultural y ambiental que sustenten científicamente las políticas en materia social, ambiental y energética, sin visión a largo plazo y sin considerar las relaciones entre la totalidad de los ecosistemas, es decir, en ausencia de una evaluación ambiental estratégica que permita definir la capacidad de carga del país y el efecto ambiental acumulado de todos los proyectos sobre la totalidad de la escala socio-ecológica del país, y si es viable continuar con un modelo cuantitativo y centralizado que se apoya en procesos conflictivos en torno a comunidades distantes, sin mayor participación libre y directa de toda la ciudadanía en el diseño, aplicación, fiscalización y evaluación de políticas públicas que afectan profundamente sus formas de vida.

Tenemos un sistema legal-institucional altamente deficiente para hacer valer los derechos de los ciudadanos hacia la construcción de un desarrollo sustentable, el cual es posible sólo desde abajo hacia arriba. No existen mecanismos legales que den poder efectivo de decisión a las comunidades y gobiernos locales para la realización o no de los proyectos.

Esta situación genera un país socio-ambientalmente fragmentado, sin sistematización entre los impactos que soportan nuestros ecosistemas y la interrelación con comunidades y ciudadanos que dependen de ellos. Por ejemplo, al observar los proyectos hidroeléctricos, las concesiones mineras, la construcción de infraestructura turística de impacto sobre nuestras costas, los proyectos de trasiego y almacenamiento de hidrocarburos; todos presentados a la opinión  pública como formulas de desarrollo, tenemos un mapa del país con todas sus zonas ambientales  estratégicas y sus interrelaciones entre sí y las comunidades humanas totalmente desarticuladas.

Tales insuficiencias institucionales y legales quedan demostradas en la aceptación “condicionada” de estudios de impacto ambiental, a manera de simple requisito formal pero carentes de elementos clave para cumplir su objetivo de determinar las implicaciones de un proyecto en base a toda la información existente y determinar su viabilidad y las respectivas medidas de mitigación, como se ha dado por ejemplo en los proyectos de generación hidroeléctrica en el Río Changuinola, los cuales avanzan sin tener inventarios de flora y fauna, sin estudios socioeconómicos que determinen la población afectada a ser reubicada, ni inventarios arqueológicos.

También es práctica común extender los plazos para la presentación de los mismos estudios por las compañías a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, volviendo ilusoria la importancia de  los términos establecidos, como ocurrió en 5 ocasiones en el proyecto hidroeléctrico en Río Cobre.

La falta de planificación está causando desplazamientos forzados de las comunidades sin una entidad oficial responsable del reasentamiento de la población y el cumplimiento integral de las obligaciones de la empresa privada de cara al respeto a los derecho humanos de los afectados, originando barriadas marginales, sin condiciones mínimas para la existencia humana digna y la conservación de sus formas de vida, como ha ocurrido en el proyecto hidroeléctrico Chan 75 y en los proyectos de turismo residencial en el archipiélago de Bocas del Toro.

No existe claridad en la definición de los territorios indígenas, dentro de los cuales se realizan muchos de los proyectos en cuestión, no se ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas ni se ha creado una ley marco sobre pueblos indígenas que desarrolle los principios constitucionales de protección de estos pueblos ni aquellos aceptados internacionalmente con la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, dejando en práctica indefensión y vulnerabilidad estas comunidades históricamente excluidas.

Tampoco han sido reconocidos los derechos sobre las tierras de otras comunidades tradicionales, dadas en concesión a empresas privadas que avanzan en base a la intimidación, persecución y violencia ejercida directamente por la Fuerza Pública, la cual es utilizada para proteger los bienes de las empresas y violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como lo demuestran los casos de las comunidades de Charco La Pava y Valle del Risco en Bocas del Toro, así como las afectadas por los proyectos de Rió Cobre y Tabasará.

Todo esto en momentos que la demanda nacional de energía así como su proyección a un futuro razonable es superada con creces por la capacidad instalada actualmente y aquella que ya está en proceso de adicionarse, evidenciando la falsedad del argumento de la urgencia para el país del desarrollo de proyectos de generación de energía. Además la mayor parte de esta demanda es generada por el sector servicios dentro de limitados y específicos perímetros de la zona de tránsito interoceánico, no por el ciudadano común, mucho menos por aquel que recibe directamente el impacto negativo de la realización de proyectos destinados a mantener un  modelo irracional de consumo.

En cuanto a la explotación minera, se ha reactivado debido al alza en los mercados internacionales de los metales sin importar las afectaciones demostradas reiteradamente sobre la salud de los seres humanos y animales, la disponibilidad y calidad de las aguas, la capacidad productiva de la tierra, la calidad del aire; además de sus efectos destructivos sobre relaciones sociales y económicas tradicionalmente sustentables, y sobre la posibilidad de ejecutar otras formas de desarrollo de carácter democrático, participativo y sustentable.

En definitiva, las comunidades están siendo afectadas en sus condiciones de existencia por el exagerado énfasis en los indicadores macroeconómicos, la superficialidad en el tratamiento de los asuntos sociales, culturales, ambientales, y finalmente, la subordinación de las políticas en estas materias a los resultados de la política económica, sin existir una conexión coherente que relacione unas con otras  hacia el bienestar colectivo, viéndose obligadas a resistir la ejecución de proyectos desde su propia organización, dado el estado de indefensión legal e institucional frente a la predominancia de las políticas que regulan el desarrollo de la base económica de la sociedad.

Las comunidades se han movilizado y logrado importantes precedentes en el ámbito de los gobiernos locales, como lo señalan los acuerdos municipales que declaran zona de reserva minera el territorio de los distritos de Soná, Tonosí y Macaracas, así como el intercambio constante de experiencias y conocimientos con otros pueblos que mantienen la lucha ante el acoso de empresas privadas con apoyo gubernamental.

En la Asamblea Nacional de Diputados también avanza el proyecto de Ley 352 que declara los distritos de Soná, Las Palmas, Río de Jesús, Montijo y Mariato en Veraguas áreas de reserva minera. Todas estas medidas son un avance importante por lograr detener el desarrollo depredador, sin embargo, las comunidades afectadas y la ciudadanía precisa de mecanismos que constituyan un eje institucional del Estado para democratizar progresivamente las decisiones en materia ambiental, para asegurar una base realmente sustentable del desarrollo económico y social. 

Estas acciones no han estado libres de confrontaciones con los medios de coerción social como la policía, la justicia regular y las restricciones al acceso legítimo a los servicios básicos y bienes públicos evidenciando la existencia de un verdadero conflicto socioambiental de las comunidades y ciudadanía contra disposiciones estatales que afectan sus derechos más elementales consagrados en la constitución vigente.

El contexto actual hace impostergable la ejecución de la propuesta que las comunidades afectadas del país, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas hemos construido, la cual fija puntos concretos de solución dentro de los cuales se inscriben cambios a las leyes de ambiente en su aspectos de evaluación ambiental y en la dimensión de la información científica ambiental y de las escalas socioecológicas, fundando los principios para la construcción del desarrollo sustentable desde las comunidades al gobierno local, y de éste, al gobierno central del Estado.

CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES Y ESTADO DE DERECHO

Un Estado de Derecho supone la limitación del ejercicio de la administración pública frente a los ciudadanos, orientado por los principios de legalidad en sentido amplio,  separación y equilibrio de poderes, con el principio-objetivo superior de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales inherentes a todo ser humano, anteriores y superiores a la idea del Estado y exigibles frente a toda forma de poder.

El desarrollo de la doctrina de los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, ha superado el catálogo básico de derechos civiles y políticos (vida, igualdad, libertad, debido proceso) para extenderse a los derechos económicos, sociales y culturales (trabajo, salud, seguridad social, educación), hasta los derechos colectivos  (autodeterminación de los pueblos, paz, desarrollo y el derecho a un ambiente sano).

Reconociendo la existencia humana dentro de un plano objetivo, donde la naturaleza alimenta los procesos culturales en el proceso de transformación del entorno, el derecho a un ambienta sano y la solución de los problemas ecológicos se presenta como materialmente fundamental para sustentar un desarrollo que permita la vida digna y la vigencia de todos los demás derechos.

Sin embargo, en el manejo de situaciones de conflicto socioambiental, son de importancia  los mensajes enviados a través de las conductas y  acciones de los representantes del Estado, las cuales  pueden catalogarse como casos de:

          violación al derecho a la vida en condiciones dignas, con la destrucción de viviendas y cultivos, amenazas al acceso al agua necesaria para el consumo humano y la producción de alimentos, destrucción de formas sociales basadas en la relación con la tierra, la espiritualidad y la cultura mediante la ocupación y desplazamiento forzado de las poblaciones.

          violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos, especialmente pueblos con patrones socioculturales definidos en relación directa con el entorno ambiental.

          violación al derecho de propiedad, de residencia e inviolabilidad del domicilio.

          violación al derecho a la información sobre la realización de los proyectos y sus efectos, sobre su necesidad y conveniencia para el país.

          violación al derecho de pensamiento, expresión, circulación, reunión, asociación y protesta pacífica, como lo demuestra la práctica de constante hostigamiento, persecución y uso excesivo de la fuerza ante todo cuestionamiento.

          violación al debido proceso (detenciones sin sustento legal por más del tiempo permitido, parcialidad de las autoridades, negación de asistencia jurídica, del derecho a la defensa y la presunción de inocencia, ausencia de intérpretes en los casos necesarios,  retardo injustificado)

Además el Estado panameño incurre en prácticas cuestionables al utilizar el concepto de interés social y público en forma arbitraria por vías no establecidas en nuestro ordenamiento, sin siquiera presentar argumentos que comprueben o hagan suponer un beneficio común o utilidad pública sobre los intereses particulares, como justificación de actos abiertamente antidemocráticos y violatorios de los derechos humanos individuales y de los pueblos

Por su parte el orden público es condición necesaria para el ejercicio de los derechos fundamentales, difícilmente puede ser entonces argumentado para criminalizar a priori el ejercicio del derecho a la protesta y exigir el allanamiento de los ciudadanos a órdenes contradictorias con la esencia del ordenamiento en materia de derechos humanos de la más alta jerarquía ética y jurídica, ratificados por el país y reconocidos como mínimos y no excluyentes.

Tampoco la mera legalidad de un acto determinado tiene mayor valor que la dignidad humana ni el objetivo de justicia que debe imperar en el derecho,  ni debe servir para amparar lo dudoso, inmoral o ilegítimo en la estructura de la ley formal o en argumentos legalistas. No podemos concederle a la ley un valor absoluto sin someterla al juicio de la razón.

La historia demuestra que la lucha permanente de la humanidad por el reconocimiento y la vigencia de los derechos que se le demuestran esenciales siempre se ha manifestado como una resistencia legítima al orden establecido de hecho o de derecho, causada por aquello que en el mismo se percibe como abuso del poder.

Someter a la competencia de varias instituciones la responsabilidad de un mismo bien, la inacción de las autoridades responsables de la gestión ambiental, de la investigación judicial y de los propios tribunales de justicia ante las acciones interpuestas para la tutela de los derechos fundamentales por los medios dispuestos en nuestro ordenamiento mientras las obras prosiguen afectando el bien jurídico a proteger, también son prácticas gubernamentales cuestionables.

Respecto a la tierra y los pueblos indígenas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha destacado la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado y, por lo tanto, su posibilidad de acceder a medios para obtener alimento y agua limpia. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos es del criterio que “la significación especial que la tierra tiene para los pueblos indígenas en general, y para la Comunidad […] en particular […], implica que toda denegación al goce o ejercicio de los derechos territoriales acarrea el menoscabo de valores muy representativos para los miembros de dichos pueblos, quienes corren el peligro de perder o sufrir daños irreparables en su vida e identidad cultural y en el patrimonio cultural a transmitirse a las futuras generaciones ” (Caso Comunidad Indígena Yakye Axa).

El Estado panameño declara entre los valores supremos de su ordenamiento, la democracia, la institucionalidad, la dignidad humana, la justicia social y el bienestar general, los cuales deben desarrollarse en las leyes, reglamentos y en toda actuación de los servidores públicos.

El compromiso ineludible de las autoridades legislativas de desarrollar leyes acordes con tales valores rectores, de las autoridades administrativas de cumplirlas y hacerlas cumplir efectivamente, pero sobre todo de las autoridades judiciales de interpretar correctamente el contenido y espíritu de la norma considerando las especificidades de cada situación concreta, para vigilar el cumplimiento y sancionar su violación, constituyen obligaciones fundamentales para la vigencia de un Estado de Derecho, realmente democrático y respetuoso de la dignidad humana, requisitos para considerar un gobierno legítimo y solicitar la conservación de un  orden público de igual calidad.

Una democracia real supone participación en igualdad evidenciada no en el discurso sino en condiciones objetivas, y aunque hayamos tomado la forma de democracia representativa hay que aclarar una relación básica: el poder público sólo emana del pueblo, no es el ciudadano quien ejerce indirectamente la soberanía del Estado por medio de sus representantes electos. Es por el contrario, el cuerpo de representantes quien ejerce por delegación, la soberanía de todos y cada uno de los ciudadanos a la cual nunca deben dejar de estar sometidos ni libres de responsabilidad por sus actuaciones.

NUESTROS OBJETIVOS

Expresada la situación existente, sus causas y consecuencias, así como su incompatibilidad con un modelo amplia y profundamente democrático de convivencia social, con justicia social y respeto integral de los derechos humanos individuales y colectivos, presentamos a continuación nuestras peticiones:

  1. Acorde con el objetivo de declarar y asegurar el derecho humano al agua, exigir el cese inmediato y definitivo de todos los proyectos hidroeléctricos, de exploración y explotación minera, de procesamiento de hidrocarburos y  desarrollo de turismo residencial, por afectar las condiciones de vida de la población y los ecosistemas que la sustentan, sin aportar beneficios comparables para las comunidades, los municipios y el Estado.
  2. Exigir el cese inmediato del hostigamiento a las comunidades y la violación de derechos fundamentales, así como exigir la reparación a los daños causados a los moradores mediante el uso ilegítimo de la fuerza pública tras la declaración de interés social y público por vías no establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, así como la indemnización a las comunidades kuna y emberá de Bayano que llevan 30 años reclamando sus legítimos derechos.
  3. Impulsar, como fundamental para el desarrollo de políticas públicas, el sistema de información ambiental y sociocultural que ofrezcan sustento científico a la elaboración de políticas públicas en general, garantizando mecanismos de participación ciudadana reales y permanentes, considerando las relaciones de la totalidad de los ecosistemas.
  4. En materia ambiental específicamente, exigir la realización de una evaluación ambiental estratégica sobre el  impacto acumulado que tendrán todos estos proyectos dentro de la capacidad de carga del país, así como un debate sobre su necesidad y conveniencia como país.
  5. Abrir una mesa de debate participativo, en igualdad de condiciones para todos los sectores, para la construcción de políticas sociales, ambientales, energéticas y de desarrollo turístico, y la revisión de toda la normativa relacionada.
  6. Hacer efectivo el derecho a la información y la consulta para la toma de decisiones respecto a las comunidades, con conocimiento previo de los proyectos y consentimiento libre sin uso o amenaza de uso de la fuerza.
  7. Exigir la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes por parte del Estado panameño, así como el desarrollo de una ley marco indígena en consonancia con el citado acuerdo y  con los principios derivados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
  8. Exigir la destitución inmediata de Ligia Castro y Eduardo Reyes de la Autoridad Nacional del Ambiente, y de Víctor Urrutia de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos.

No queremos que el desarrollo económico que debiera conducir al mejoramiento de las condiciones  de vida de la población continúe destruyendo la paz, el bienestar y la vida de las personas.  Por eso decimos con fuerza y con firmeza:

Sí a la vida y al ambiente, no al desarrollo depredador

No a la corrupción y a los negociados, Sí al desarrollo Humano integral.

DERECHOS HUMANOS- UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

CEMCODE

ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO

FRENTE UNIDO EN DEFENSA DEL ECOSISTEMA (FUDECO)

FUNDACIÓN NASO TJER DI

MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS DEL ARCHIPIÉLAGO DE BOCAS DEL TORO

OILWATCH PANAMA

ASOCIACIÓN CULTURAL DEL ISTMO

COLECTIVO RESISTENCIA ECOLÓGICA

ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA DE CHIRIQUÍ

COMITÉ DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA EN GUALACA

ASOCIACIÓN PRO DEFENSA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS (BOQUETE)

MOVIMIENTO CAMPESINO EN DEFENSA DEL RÍO COBRE (MOCAMDERCO)

MOVIMIENTO DE DEFENSA DE LAS TIERRAS Y AGUAS DEL RIO CAÑAZAS

MOVIMIENTO EN CONTRA DE REAPERTURA DE MINA DE SANTA ROSA CAÑAZAS

COMITÉ PRO DEFENSA DEL RIO FONSECA

COLIBRÍ ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE PANAMA

COMISIÓN NGOBE BUGLÉ- PLAN DE CHORCHA- DISTRITO BESIGÓ

ORGANIZACIÓN DE SINDICATO INDUSTRIAS Y DERIVADOS AGROPECUAROS DE TIERRAS ALTAS

MOVIMIENTO 4 DE MARZO DEL RIO CHANGUINOLA

MOVIMIENTO 10 DE ABRIL DE TABASARÁ

COMITÉ SÍ A LA VIDA

ORGANIZACIÓN CULTURAL NGOBE BUGLÉ

MOVIMIENTO AMBIENTAL NGOBE BUGLÉ

FRENTE SANTEÑO

COMITÉ PRO DEFENSA DEL RÍO GATÚ, VERAGUAS

Las carpas ambientales y sociales de la lucidez

EL MALCONTENTO.

Las carpas de la lucidez

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Acostumbrado a convivir con el pesimismo, uno está desarmado contra las buenas cosas. Bueno, no desarmado, pero sí con las antenas plegadas, desacostumbrado a llevarme sorpresas positivas de esas que me hacen apartar los nubarrones y ver por unos minutitos el sol. Menos aún, cuando las buenas nuevas aparecen fantasmales, en la noche, sin avisar.

Plaza Catedral, donde casi todo confluye aunque casi nadie vaya. Los robocops del SPI, las verjas miedosas del poder, el poder amedrentador de la iglesia, las vallas de los proyectos inmobiliarios de mentira, y los estragos de los de verdad que dejan patrimonio reducido a tres paredes, los dueños de la calle que no tienen nada, y los que divagan en las calles sin nada que hacer en sus casas, el museo de la historia que nos gusta recordar y los edificios que acogen a los políticos sin memoria…

Plaza Catedral es como el centro de la desigualdad y la periferia de la Panamá de vidrio y mentira. Allí, en la noche, como espectros en carpa, me encontré a estudiantes y campesinos que protestaban contra la devastación natural de sus tierras, de sus historias, contra el desarrollo de mal rollo, contra la sordera de los gobernantes que solo representan a inversores y no a los moradores.

Y pensé en la necesidad de darles un premio, un reconocimiento a la inteligencia porque han ejercido su ciudadanía de manera hábil, digna y festiva. En un país donde se demonizan los movimientos sociales, donde se les ve agresivos y salvajes, es emocionante presenciar una protesta cívica no violenta, propositiva, con la paciencia de quien viene de la tierra y sabe que vuelve a la tierra.

Claro que se ha vendido desde el punto de vista folclórico. Los medios de comunicación han mostrado fotos de niños indígenas durmiendo en la calle, de mujeres cocinando… pocos análisis de fondo, poco destaque al hecho de que el Gobierno, que se sienta con el primero que tire piedras y rompa vidrios, mandó al dúo “antimedioambiental” (Castro–Arosemena) a hablar con estas gentes, nada más: buenas y vacías palabras que terminarán en hidroeléctricas o minas plantadas en sus territorios.

Hablamos del mismo gobierno que está permitiendo que la mina de Petaquilla abra una herida lacerante en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, hablamos del gabinete de los pescadores deportivos de lujo, del que hace negocio para que personajes sombríos hagan el oleoducto que faltaba para enfangar Taboga, nos referimos al mismo gobierno que está permitiendo la construcción indiscriminada sin reglas ni sentido, los administradores del país que le regalan metros de mar y de privacidad al hotel Miramar o al Club de Yates… ese gobierno era el interlocutor de estos manifestantes y eso es injusto.

Es algo parecido como a poner en la misma mesa a un ciervo y a un león. Sin embargo, la dignidad de estos manifestantes me conmovió. No es que tenga la lágrima fácil, ya expliqué que mi pesimismo existencial es un antídoto contra romanticismos “facilongos”.

Creo que son un ejemplo y un síntoma a la vez. Un ejemplo de lo que se debe hacer y un síntoma de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que hay un divorcio profundo entre los que gobiernan y la sociedad civil. Una sociedad civil cada día más organizada, más preparada y más combativa.

Por esta razón, parece un mal chiste la publicidad pseudoelectoral que contamina nuestras calles y carreteras. Los eslóganes son tan profundos como un ensayo filosófico escrito por un vendedor de llantas –con todo el respeto–; y las propuestas son tan ausentes como la plata en la cuenta de ahorros de un raspadero. Uno mira las vallas y luego gira la vista a lado y lado y es como un viaje por mundos paralelos.

¡Están tan lejos! Es tan evidente que están en una pelea que poco tiene que ver con los intereses de la mayoría, que por eso emociona cuando un puñado de campesinos, indígenas y estudiantes ponen sobre el tapete los temas de la realidad.

Esa es la fuerza de este siglo, la de la sociedad civil, la que le exige a los políticos que aterricen y que, además de inventar cintas costeras y derrochar en campañas publicitarias vacuas, hagan su trabajo no por el típico argumento que se les echa en cara: el salario, sino porque cuando uno entra en política debería mantener un sentido de lo público, del servicio a la comunidad que te elige y que te alimenta el ego y el bolsillo.

No creo que haya cambios. Todo seguirá igual. Pero puede ocurrir un día, en que, siguiendo los designios del Elogio de la Lucidez de Saramago, los ciudadanos nos cansemos y no votemos a nadie para botar a todos. Como ven, al final del cuento, sí soy un optimista. ¡Je!

[A mi amigo C le hubiera gustado ser Fernando Pessoa: “Tres días seguidos de calor sin calma, tempestad latente en el malestar de la quietud de todo, vinieron a traer, para que esa tempestad se desplazara a otro sitio, un leve fresco, tibio y grato a la superficie lúcida de las cosas. Así, a veces, en este transcurso de la vida, el alma que sufrió porque la vida le pesó, siente súbitamente un alivio, sin que en ella tuviese lugar nada que lo explicase”].

El autor es periodista

Parque Nacional Coiba amenazado

CONCESIÓN. UNA SOCIEDAD PRETENDE EXPLOTAR 75 HECTÁREAS DE FONDO DE MAR, PLAYA Y RIBERA.

Coiba amenazada por el desarrollo

Coiba Marina pretende construir un muelle y un complejo turístico, a un costo de 120 millones de dólares.

El promotor retiró el EIA del proyecto, tres meses después de haberlo sometido a consideración de la Anam.

LA PRENSA/Archivo
paraíso virgen. El Parque Nacional Coiba es un área protegida por ley y muchas de sus costas se encuentran prácticamente en estado natural.

Mónica Palm
Unidad de Investigación
mpalm@prensa.com

“Pedid y se os concederá”, dijo Mateo en las Escrituras. Pero en ningún lado de la Biblia mencionaban la legalidad o moralidad de la petición. Ahora, en los tiempos en que un arzobispo ha elevado a pecado el daño al medio ambiente, hay quienes parecen creer más en el mencionado pasaje bíblico que en la afectación causada por lo que puedan pedir.

El 4 de junio de 2007, la sociedad Coiba Marina, S.A. solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) una concesión de fondo de mar para construir un muelle en el corregimiento de Bahía Honda, en Soná, provincia de Veraguas, por 20 años prorrogables.

Originalmente, el área solicitada en concesión era de 152 hectáreas de fondo de mar y de 10 hectáreas de playa. Después, la sociedad disminuyó las dimensiones, a 75.8 hectáreas: 49 de fondo de mar, 24 de playa, y 2 de ribera de mar.

La concesión –que ya recibió luz verde– será otorgada en un área considerada “de influencia” o “de amortiguamiento” del Parque Nacional Coiba, ya que está a 22.5 kilómetros de esta área protegida, considerada patrimonio mundial por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)

Ahí, Coiba Marina, S.A. pretende desarrollar una marina para 435 botes de hasta 300 pies. También instalará una gasolinera, una planta de agua, una playa de 500 estacionamientos, un astillero, restaurantes, canchas deportivas, un hotel cinco estrellas de 200 habitaciones y un residencial. La inversión de todo esto totaliza, según los documentos que la sociedad entregó a la AMP, 120 millones de dólares. Solo para la construcción del residencial se destinarán 40 millones.

El 58% del financiamiento (es decir, 70 millones de dólares) será aportado por inversionistas privados, los que, hasta ahora, no han sido identificados públicamente por Coiba Marina (sociedad representada por el estadounidense John Joseph MacDonald). Los 50 millones restantes serán desembolsados por “inversionistas institucionales”.

Por las 75 hectáreas arrendadas a 20 años, la empresa pagaría un canon total de 6 millones de dólares. El primer año abonaría 182 mil dólares, es decir, 24 centavos por cada metro cuadrado concesionado. El cálculo ya fue revisado por el jefe de Concesiones de la AMP, Miguel Crespo.

Pero sucede que el proyecto no cuenta con un estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado; ni siquiera, con uno en análisis: en febrero, la empresa retiró de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) el EIA categoría III que había entregado, tres meses antes, a la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental.

LA TENENCIA DE LA TIERRA

Aunque en la Dirección de Reforma Agraria consta que, desde el 27 de noviembre de 2007, Coiba Marina solicitó la adjudicación de una parcela de 44 hectáreas en Los Ustacio, Soná, la sociedad no ha acreditado que sea propietaria de uno solo de los terrenos adyacentes a las áreas de playa sobre las que pretende desarrollar su millonario proyecto. Apenas tiene derechos posesorios parciales.

Al menos eso es lo que sostiene otra sociedad, Catiland Panamá, S.R.L., que el 18 de enero de 2008 presentó a la AMP, por escrito, su oposición a la concesión solicitada por Coiba Marina.

Se intentó conocer la versión de Coiba Marina, pero la abogada de la empresa, Kenia Jaén, no atendió el requerimiento de este diario.

Catiland Panamá, S.R.L. alegó tener derechos de posesión sobre las mismas tierras que Coiba Marina pretende desarrollar.

“Coiba Marina ha intentado acreditar que tiene ciertos derechos posesorios sobre terrenos adyacentes a playas y ribera de mar, indicando que los ha adquirido de algunas personas del lugar. Sin embargo, nada garantiza que si tuviera tales derechos posesorios, efectivamente pueda darles el uso que quiera darles con el consentimiento de otras personas, que también tienen derechos posesorios”, señaló Guillermo Márquez, abogado de Catiland Panamá, S.R.L., en el recurso presentado a la AMP.

Márquez sostiene en el escrito que su cliente no tiene interés en que esas tierras sean dedicadas a un proyecto turístico “que pueda alterar de cualquier manera el medio ambiente, con fines lucrativos”.

La queja de Catiland no fue suficiente para que la AMP encarpetara la solicitud de fondo de mar de Coiba Marina: el 29 de febrero, el subadministrador Carlos Raúl Moreno (actuando en ausencia del administrador, Fernando Solórzano) y el director de Asesoría Jurídica, Francisco De León, desestimaron el memorial de oposición presentado por Catiland y resolvieron proceder con una resolución que otorga un permiso provisional para que Coiba Marina construya.

La tenencia de la tierra no es la única controversia que enfrenta el proyecto.

AMENAZA AMBIENTAL

“La idea de instalar megaproyectos en el área de amortiguamiento de Coiba es sumamente irresponsable”. Así de rotunda se manifestó Gabriela Etchelecu, de MarViva, fundación que representa a la sociedad civil en el consejo directivo del Parque Nacional Coiba, que preside la Anam.

La próxima reunión del Consejo está programada para el 10 de abril y la Anam pidió a Coiba Marina que explique ahí cuáles son sus intenciones.

Según Etchelecu, el proyecto de la marina tendría un impacto negativo e irreparable sobre el parque, a largo plazo.

“No es posible que pretendamos instalar marinas, residencias de alta densidad, campos de golf, y otros, en lugares ocupados por humedales, pastos marinos, sitios de anidación de tortugas o aves, y arrecifes coralinos”, opinó.

El tema no parece preocupar a la AMP.

‘AVALES’ SIN EIA

Pese a no tener un EIA aprobado por la Anam, la Unidad Ambiental de la autoridad portuaria “recomendó” otorgar la concesión de fondo de mar, en septiembre de 2007. Esto, luego de que en una inspección al lugar, realizada por el jefe de la Unidad Ambiental, Roy Cardoze, se concluyera que no hay “limitaciones significativas”, ya que el área solicitada por Coiba Marina “es un área con profundidad adecuada a simple vista para la construcción de una marina”.

El aval de la Unidad Ambiental de la AMP –que ni siquiera ha podido precisar si se harán dragados o no– despertó indignación en el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).

“Las unidades ambientales de las instituciones del Estado otorgan o no su ‘aval ambiental’ tras revisar los EIA que les envía la Anam, una vez se inicia el proceso de evaluación ambiental. No antes y, desde luego, no sin el EIA”, escribió el Ciam en una nota dirigida a Fernando Solórzano, director de la AMP.

Si se construye la marina, el Ciam pronosticó contaminaciones en el área por derrame de gasolina, goteo de lubricantes de las embarcaciones, basura e incremento en el tráfico y la pesca sin fiscalización, dentro de los límites del parque.

CRONOLOGÍA

1991: Se creó el Parque Nacional Coiba, mediante decreto ejecutivo.

26 DE JULIO, 2004: Una nueva ley amplía los límites del parque a 430 mil 821 hectáreas, y limita el desarrollo turístico y la pesca en el área.

15 DE JULIO, 2005: La Unesco incluyó a Coiba en su lista de patrimonios mundiales.

4 DE JUNIO, 2007: Coiba Marina, S.A. solicitó una concesión de fondo de mar, ribera y playa en Bahía Honda.

29 DE FEBRERO, 2008: El subadministrador de la AMP, Carlos Raúl Moreno, ordenó proceder con el permiso provisional a favor de Coiba Marina.

Indígenas…ahora ‘invasores’ en su propia tierra

CONCESIONES.

Indígenas… ahora ‘invasores’

Susana A. Serracín Lezcano

Recientemente el Órgano Ejecutivo hizo pública su decisión de no crear más comarcas indígenas y que la opción que se les estará dando a los indígenas es la de la figura de “tierras colectivas”. Las comunidades que esperan la opción de las tierras colectivas son el pueblo bri-bri y naso-tjërdi, en Bocas del Toro; emberá (Alto Bayano, Panamá); wounnan (Chimán, Panamá); kuna de Takarkunyala (Darién). (La Prensa, “Está lista la ley de tierras colectivas”, marzo 4 de 2008).

¿A qué obedece esa decisión y sobre qué base de consulta democrática ha sido tomada? La dinámica actual de la presente administración, es la de correr viento en popa, con violencia si es preciso, para dar en concesión nuestros más valiosos recursos a las compañías del mercado eléctrico y minero mediante todo tipo de concesión, regalías y privilegios de explotación abusiva; avalando una serie de violencias y complicidades, en donde primero se otorgan concesiones a empresas sobre los territorios indígenas sin haber demarcado previamente las comarcas; donde primero se destruyen las fincas y luego se le dice al indígena “pase por la empresa a recoger unos reales”; donde primero se los reubica de forma irregular y en ocasiones violenta, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado y donde se concesionan las áreas protegidas para ejecutar proyectos incongruentes con los fines de conservación que destruyen bosques, ríos, manglares, generando la extinción de la flora y fauna, perjudicando la conectividad ecológica.

La reacción ante tanta injusticia social son las constantes protestas de indígenas y campesinos a lo largo y ancho de nuestro país, como la más reciente en Plaza Catedral, conmemorando el 14 de marzo “Día Internacional contra las Represas”, en la cual cientos de indígenas panameños durmiendo en el piso, bajo la intemperie y sorteando todo tipo de obstáculos, entonaron canciones de paz, justicia y libertad, alzando su voz con un llamado alto y claro ante la faz mundial y particularmente al presidente Martín Torrijos, manifestando su firme rechazo y resistencia frente al desarrollo depredador y excluyente.

La situación se ha tornado insostenible, ya que desde hace meses los indígenas son hostigados, perseguidos y privados de las tierras que históricamente han ocupado para darle paso expedito, raudo y veloz a toda una serie de proyectos hidroeléctricos, promovidos por compañías privadas con el aval de la Anam, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y autoridades locales, en ausencia de una política energética ampliamente debatida y consensuada de cara a la sociedad y sin cumplir con las normas jurídicas pertinentes.

Tanto desacierto frente al ambiente, las áreas protegidas y los derechos de las comunidades indígenas, está provocando una serie de injusticias sociales y violaciones a sus derechos humanos y garantías fundamentales. Los indígenas están siendo expulsados y considerados como “invasores” de sus tierras ancestrales, obligándolos a intervenir y migrar hacia el bosque protector Palo Seco sin mayores controles ambientales o a las ciudades, abandonados a su suerte, donde se les recrudecen los problemas sociales, dando al traste con su cultura, espiritualidad, costumbres, tradiciones y formas de vida.

El hecho de que el Ejecutivo tome decisiones peligrosamente centralizadas y producto de acciones coyunturales y desarticuladas, al aprobar una Ley de Tierras Colectivas sin haber sido discutida de forma transparente, constriñe la iniciativa individual, la organización social y la creatividad de nuestros pueblos. Con ello se demuestra una vez más, la indiferencia del Estado panameño frente a los instrumentos jurídicos internacionales de defensa de los derechos humanos, el ambiente y la cultura.

En todo estado de derecho, la participación ciudadana y los procesos democráticos favorecen la confianza en la toma de decisiones y los revisten de legitimidad, de manera que se genere el instrumento jurídico adecuado, que promueva formas de ahorro y de generación de energía limpia, sin menoscabar los derechos de las comunidades indígenas vulnerables, comprometiendo a los principales actores del desarrollo en su observación y cumplimiento mediante mecanismos legales, políticos, financieros y comunitarios.

La autora es abogada ambientalista

La Prensa 18 de marzo de 2008.