Indígenas…ahora ‘invasores’ en su propia tierra

CONCESIONES.

Indígenas… ahora ‘invasores’

Susana A. Serracín Lezcano

Recientemente el Órgano Ejecutivo hizo pública su decisión de no crear más comarcas indígenas y que la opción que se les estará dando a los indígenas es la de la figura de “tierras colectivas”. Las comunidades que esperan la opción de las tierras colectivas son el pueblo bri-bri y naso-tjërdi, en Bocas del Toro; emberá (Alto Bayano, Panamá); wounnan (Chimán, Panamá); kuna de Takarkunyala (Darién). (La Prensa, “Está lista la ley de tierras colectivas”, marzo 4 de 2008).

¿A qué obedece esa decisión y sobre qué base de consulta democrática ha sido tomada? La dinámica actual de la presente administración, es la de correr viento en popa, con violencia si es preciso, para dar en concesión nuestros más valiosos recursos a las compañías del mercado eléctrico y minero mediante todo tipo de concesión, regalías y privilegios de explotación abusiva; avalando una serie de violencias y complicidades, en donde primero se otorgan concesiones a empresas sobre los territorios indígenas sin haber demarcado previamente las comarcas; donde primero se destruyen las fincas y luego se le dice al indígena “pase por la empresa a recoger unos reales”; donde primero se los reubica de forma irregular y en ocasiones violenta, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado y donde se concesionan las áreas protegidas para ejecutar proyectos incongruentes con los fines de conservación que destruyen bosques, ríos, manglares, generando la extinción de la flora y fauna, perjudicando la conectividad ecológica.

La reacción ante tanta injusticia social son las constantes protestas de indígenas y campesinos a lo largo y ancho de nuestro país, como la más reciente en Plaza Catedral, conmemorando el 14 de marzo “Día Internacional contra las Represas”, en la cual cientos de indígenas panameños durmiendo en el piso, bajo la intemperie y sorteando todo tipo de obstáculos, entonaron canciones de paz, justicia y libertad, alzando su voz con un llamado alto y claro ante la faz mundial y particularmente al presidente Martín Torrijos, manifestando su firme rechazo y resistencia frente al desarrollo depredador y excluyente.

La situación se ha tornado insostenible, ya que desde hace meses los indígenas son hostigados, perseguidos y privados de las tierras que históricamente han ocupado para darle paso expedito, raudo y veloz a toda una serie de proyectos hidroeléctricos, promovidos por compañías privadas con el aval de la Anam, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y autoridades locales, en ausencia de una política energética ampliamente debatida y consensuada de cara a la sociedad y sin cumplir con las normas jurídicas pertinentes.

Tanto desacierto frente al ambiente, las áreas protegidas y los derechos de las comunidades indígenas, está provocando una serie de injusticias sociales y violaciones a sus derechos humanos y garantías fundamentales. Los indígenas están siendo expulsados y considerados como “invasores” de sus tierras ancestrales, obligándolos a intervenir y migrar hacia el bosque protector Palo Seco sin mayores controles ambientales o a las ciudades, abandonados a su suerte, donde se les recrudecen los problemas sociales, dando al traste con su cultura, espiritualidad, costumbres, tradiciones y formas de vida.

El hecho de que el Ejecutivo tome decisiones peligrosamente centralizadas y producto de acciones coyunturales y desarticuladas, al aprobar una Ley de Tierras Colectivas sin haber sido discutida de forma transparente, constriñe la iniciativa individual, la organización social y la creatividad de nuestros pueblos. Con ello se demuestra una vez más, la indiferencia del Estado panameño frente a los instrumentos jurídicos internacionales de defensa de los derechos humanos, el ambiente y la cultura.

En todo estado de derecho, la participación ciudadana y los procesos democráticos favorecen la confianza en la toma de decisiones y los revisten de legitimidad, de manera que se genere el instrumento jurídico adecuado, que promueva formas de ahorro y de generación de energía limpia, sin menoscabar los derechos de las comunidades indígenas vulnerables, comprometiendo a los principales actores del desarrollo en su observación y cumplimiento mediante mecanismos legales, políticos, financieros y comunitarios.

La autora es abogada ambientalista

La Prensa 18 de marzo de 2008.

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