CONCESIÓN. UNA SOCIEDAD PRETENDE EXPLOTAR 75 HECTÁREAS DE FONDO DE MAR, PLAYA Y RIBERA.
Coiba amenazada por el desarrollo
Coiba Marina pretende construir un muelle y un complejo turístico, a un costo de 120 millones de dólares.
El promotor retiró el EIA del proyecto, tres meses después de haberlo sometido a consideración de la Anam.
LA PRENSA/Archivo |
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paraíso virgen. El Parque Nacional Coiba es un área protegida por ley y muchas de sus costas se encuentran prácticamente en estado natural. |
Mónica Palm
Unidad de Investigación
mpalm@prensa.com
«Pedid y se os concederá», dijo Mateo en las Escrituras. Pero en ningún lado de la Biblia mencionaban la legalidad o moralidad de la petición. Ahora, en los tiempos en que un arzobispo ha elevado a pecado el daño al medio ambiente, hay quienes parecen creer más en el mencionado pasaje bíblico que en la afectación causada por lo que puedan pedir.
El 4 de junio de 2007, la sociedad Coiba Marina, S.A. solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) una concesión de fondo de mar para construir un muelle en el corregimiento de Bahía Honda, en Soná, provincia de Veraguas, por 20 años prorrogables.
Originalmente, el área solicitada en concesión era de 152 hectáreas de fondo de mar y de 10 hectáreas de playa. Después, la sociedad disminuyó las dimensiones, a 75.8 hectáreas: 49 de fondo de mar, 24 de playa, y 2 de ribera de mar.
La concesión –que ya recibió luz verde– será otorgada en un área considerada «de influencia» o «de amortiguamiento» del Parque Nacional Coiba, ya que está a 22.5 kilómetros de esta área protegida, considerada patrimonio mundial por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
Ahí, Coiba Marina, S.A. pretende desarrollar una marina para 435 botes de hasta 300 pies. También instalará una gasolinera, una planta de agua, una playa de 500 estacionamientos, un astillero, restaurantes, canchas deportivas, un hotel cinco estrellas de 200 habitaciones y un residencial. La inversión de todo esto totaliza, según los documentos que la sociedad entregó a la AMP, 120 millones de dólares. Solo para la construcción del residencial se destinarán 40 millones.
El 58% del financiamiento (es decir, 70 millones de dólares) será aportado por inversionistas privados, los que, hasta ahora, no han sido identificados públicamente por Coiba Marina (sociedad representada por el estadounidense John Joseph MacDonald). Los 50 millones restantes serán desembolsados por «inversionistas institucionales».
Por las 75 hectáreas arrendadas a 20 años, la empresa pagaría un canon total de 6 millones de dólares. El primer año abonaría 182 mil dólares, es decir, 24 centavos por cada metro cuadrado concesionado. El cálculo ya fue revisado por el jefe de Concesiones de la AMP, Miguel Crespo.
Pero sucede que el proyecto no cuenta con un estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado; ni siquiera, con uno en análisis: en febrero, la empresa retiró de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) el EIA categoría III que había entregado, tres meses antes, a la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental.
LA TENENCIA DE LA TIERRA
Aunque en la Dirección de Reforma Agraria consta que, desde el 27 de noviembre de 2007, Coiba Marina solicitó la adjudicación de una parcela de 44 hectáreas en Los Ustacio, Soná, la sociedad no ha acreditado que sea propietaria de uno solo de los terrenos adyacentes a las áreas de playa sobre las que pretende desarrollar su millonario proyecto. Apenas tiene derechos posesorios parciales.
Al menos eso es lo que sostiene otra sociedad, Catiland Panamá, S.R.L., que el 18 de enero de 2008 presentó a la AMP, por escrito, su oposición a la concesión solicitada por Coiba Marina.
Se intentó conocer la versión de Coiba Marina, pero la abogada de la empresa, Kenia Jaén, no atendió el requerimiento de este diario.
Catiland Panamá, S.R.L. alegó tener derechos de posesión sobre las mismas tierras que Coiba Marina pretende desarrollar.
«Coiba Marina ha intentado acreditar que tiene ciertos derechos posesorios sobre terrenos adyacentes a playas y ribera de mar, indicando que los ha adquirido de algunas personas del lugar. Sin embargo, nada garantiza que si tuviera tales derechos posesorios, efectivamente pueda darles el uso que quiera darles con el consentimiento de otras personas, que también tienen derechos posesorios», señaló Guillermo Márquez, abogado de Catiland Panamá, S.R.L., en el recurso presentado a la AMP.
Márquez sostiene en el escrito que su cliente no tiene interés en que esas tierras sean dedicadas a un proyecto turístico «que pueda alterar de cualquier manera el medio ambiente, con fines lucrativos».
La queja de Catiland no fue suficiente para que la AMP encarpetara la solicitud de fondo de mar de Coiba Marina: el 29 de febrero, el subadministrador Carlos Raúl Moreno (actuando en ausencia del administrador, Fernando Solórzano) y el director de Asesoría Jurídica, Francisco De León, desestimaron el memorial de oposición presentado por Catiland y resolvieron proceder con una resolución que otorga un permiso provisional para que Coiba Marina construya.
La tenencia de la tierra no es la única controversia que enfrenta el proyecto.
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AMENAZA AMBIENTAL
«La idea de instalar megaproyectos en el área de amortiguamiento de Coiba es sumamente irresponsable». Así de rotunda se manifestó Gabriela Etchelecu, de MarViva, fundación que representa a la sociedad civil en el consejo directivo del Parque Nacional Coiba, que preside la Anam.
La próxima reunión del Consejo está programada para el 10 de abril y la Anam pidió a Coiba Marina que explique ahí cuáles son sus intenciones.
Según Etchelecu, el proyecto de la marina tendría un impacto negativo e irreparable sobre el parque, a largo plazo.
«No es posible que pretendamos instalar marinas, residencias de alta densidad, campos de golf, y otros, en lugares ocupados por humedales, pastos marinos, sitios de anidación de tortugas o aves, y arrecifes coralinos», opinó.
El tema no parece preocupar a la AMP.
‘AVALES’ SIN EIA
Pese a no tener un EIA aprobado por la Anam, la Unidad Ambiental de la autoridad portuaria «recomendó» otorgar la concesión de fondo de mar, en septiembre de 2007. Esto, luego de que en una inspección al lugar, realizada por el jefe de la Unidad Ambiental, Roy Cardoze, se concluyera que no hay «limitaciones significativas», ya que el área solicitada por Coiba Marina «es un área con profundidad adecuada a simple vista para la construcción de una marina».
El aval de la Unidad Ambiental de la AMP –que ni siquiera ha podido precisar si se harán dragados o no– despertó indignación en el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).
«Las unidades ambientales de las instituciones del Estado otorgan o no su ‘aval ambiental’ tras revisar los EIA que les envía la Anam, una vez se inicia el proceso de evaluación ambiental. No antes y, desde luego, no sin el EIA», escribió el Ciam en una nota dirigida a Fernando Solórzano, director de la AMP.
Si se construye la marina, el Ciam pronosticó contaminaciones en el área por derrame de gasolina, goteo de lubricantes de las embarcaciones, basura e incremento en el tráfico y la pesca sin fiscalización, dentro de los límites del parque.
CRONOLOGÍA
1991: Se creó el Parque Nacional Coiba, mediante decreto ejecutivo.
26 DE JULIO, 2004: Una nueva ley amplía los límites del parque a 430 mil 821 hectáreas, y limita el desarrollo turístico y la pesca en el área.
15 DE JULIO, 2005: La Unesco incluyó a Coiba en su lista de patrimonios mundiales.
4 DE JUNIO, 2007: Coiba Marina, S.A. solicitó una concesión de fondo de mar, ribera y playa en Bahía Honda.
29 DE FEBRERO, 2008: El subadministrador de la AMP, Carlos Raúl Moreno, ordenó proceder con el permiso provisional a favor de Coiba Marina.
Filed under: ANAM, ARAP, Areas Protegidas | Tagged: Isla Coiba, Parque Nacional Coiba |
con relacion al tema de Coiba Marina ,
esta compañia no ha cumplido con el contrato de compra venta al original dueño de la finca , un señor de 88 años , ( no le ha pagado la finca al sr. )
slds
El comentario de la periodista Palm es pobre y parcializado pues ella, Gabriela Etchelecu, Raiza Banfield y otros son solo empleaduchos pagados por John Pigossi para defender a Cathilan y a los colombianos que tiene como empleados Pegossi en la Isla Canales de Tierra en actividades que no sabemos en que andan pero todos ellos si. Y como el Sr. Macdonald les estaba ganando todas las demandas se unieron a entes del gobierno y siciamente lo deportaron del país para quedarse con las propiedades y ser ellos los que harian un proyecto en Bahía Honda. Y que no haigan otras personas viendo las actividades del Sr. Pegossi. Reto a la peridista Palm haber si publica como deportaron suciamente al Sr, Macdonald. Cabe destacar que el Sr. Macdonald demando al estado panameño ante la comisión interamericana de derechos humanos. haberiguelo y se objetiva no se parcialice, no manche el buen nombre del Diario La Prensa.
los diarios deberian reavivar este tema ya que por ahora no se sabe en que ha quedado dicha disputa , no se sabe sobre las personas afectadas por alguna razon ; estan las personas dueños de tierras que en un memento hisieron contrato de compra venta con alguna de estas parte y que aun no han resibido el pago de dichos contratos.
que sera de esas familia que en momento tomaron la decision de desaserse de sus tierra para obtener un efectivo y realizar nuevos proyectos en sus vidas . ahora sus tierras corren riesgo de perderlas , » ni plata ni tierra «
Ahora la respuesta para los moradores de Pixvae y Bahía Honda es el atropello de parte de Jean Pegozii y el LOCO HP para quedarse con sus tierras, cuando habia un proyecto en el área que seudos ambientalistas petardearon y tiraron abajo en complicidad con Pegozii, pues para eso les pagaba. Deportaron a Macdonald y ahora se quedan con la conseción y arrementen con los lugareños para quitarles las tierras y ser ellos los que hagan proyectos en esta área y atropellando y teniendo en la pobreza a estas comunidades y no permitirles un desarrolo decoroso. Reto nuevamente a Monica Palm de la Prensa a que publique como fue que el LOCO mando a deportar a Jonh Joseph Macdonald al puro estilo de la Cosa Nostra.