Sigue devastación de manglares

DELITO ECOLÓGICO. ANAM INVESTIGA a una empresa, Y HAY UN PROCESO PENAL ABIERTO.

290 hectáreas de manglar devastadas

270 hectáreas ubicadas en el refugio de vida silvestre de isla Cañas, en Tonosí, fueron taladas.

Otras 20 hectáreas fueron quemadas en Juan Díaz, en un área que aves migratorias usan como sitio de descanso.

Alcibiades Cortés
Urania Cecilia Molina
panorama@prensa.com

No cesa la destrucción de los ecosistemas vitales para el equilibrio natural. Ahora se trata de 290 hectáreas de manglar en Tonosí, Los Santos, y en Juan Díaz, Panamá.

270 de las hectáreas afectadas forman parte del refugio de vida silvestre de isla Cañas; mientras que las otras 20 pertenecen a un humedal ubicado en Juan Díaz, que forma parte de una franja de manglares que rodea la ciudad, la cual usan miles de aves migratorias cada año, a su paso por el país.

La asesora legal de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) en Los Santos, Lelia Ruiloba, informó que durante la investigación por la tala en el refugio de vida silvestre se identificó a una empresa (cuyo nombre no reveló) como la responsable del hecho. Además, la Personería Municipal de Tonosí abrió un proceso por delito ecológico por este caso.

En tanto, en Juan Díaz, aunque el director metropolitano de la Anam, Lisandro Arias, estima que en la mayoría de esas quemas hay mano criminal, por los pocos datos que tienen presume que el hecho, ocurrido la semana pasada, quedará impune.

La destrucción de manglar es un delito ecológico y quienes sean responsables se exponen a una condena de hasta tres años de prisión.

DELITO AMBIENTAL. Se dañaron bosques de Estero Negro, Góngora, Calabazo e Indio.

Denuncian tala de 270 hectáreas en isla Cañas

El expediente se remitió a Panamá, porque la regional de Anam no puede aplicar una multa tan alta.Se talaron esteros, albinas, manglares y ojos de agua, y se perdieron especies marinas y terrestres.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Alcibiades Cortés.

TRASCENDENCIA. La tala se registra donde el Inac ha identificado sitios arqueológicos de importancia histórica de América.

Alcibiades Cortés
ISLA CAÑAS, Los Santos

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) en Los Santos confirmó que se adelanta una investigación relacionada con la tala indiscriminada de mangles en 270 hectáreas ubicadas en el refugio de vida silvestre de isla Cañas, distrito de Tonosí, donde también se afectaron importantes sitios arqueológicos de esa zona.

Ayer Lelia Ruiloba, asesora legal de la administración regional de la Anam en Los Santos, detalló que luego de conocer la tala ilegal, la institución inició un proceso administrativo en cuatro áreas: Estero Negro, Góngora, Calabazo e Indio, que se encuentran dentro del refugio en mención.

De acuerdo con Ruiloba, en la investigación se identificó una empresa, que no mencionó por su nombre, como la supuesta responsable de esta tala ilegal dentro de la región.

Dijo que luego de practicar las etapas de pruebas y alegatos, la oficina regional de la Anam en Los Santos se inhibió del proceso, porque la cuantía de la multa a aplicar en este caso excede el monto que tienen ellos como administradores regionales de la institución.

Por lo anterior, confirmó que el expediente del proceso que adelanta la institución se remitió a la administración general de la Anam, donde se tomará la decisión relacionada con este hecho.

El expediente de este caso se envió también a la Personería Municipal de Tonosí, donde se está adelantando un proceso penal por el delito ecológico en detrimento de esta área protegida.

En las 270 hectáreas se talaron esteros, albinas, manglares y lugares en donde hay ojos de agua, y se vio afectado el hábitat por la pérdida de importantes especies animales.

La depredación detectada se realizó en la zona de tierra firme del refugio de vida silvestre de isla Cañas, confirmó la Anam.

Además, la tala se registra en donde el Instituto Nacional de Cultura (Inac) ha identificado sitios arqueológicos de importancia histórica contemporánea de América.

Isla Cañas está ubicada en el corregimiento del mismo nombre, distrito de Tonosí. Tiene una extensión de 23 kilómetros cuadrados y un área de 832.5 hectáreas.

Esta ínsula en su parte más angosta mide 175 metros, y en su lado más ancho mide mil 325 metros. Está separada de tierra firme por un canal.

En la zona intervenida abundan las especies más comunes de mangles que hay en las costas de Los Santos: mangle rojo, mariangola, mangle botón y mangle salado.

DELITO AMBIENTAL. Ley prevé prisión de hasta tres años.

Fuego consume área de manglar en Juan Díaz

Las autoridades confirman que 20 hectáreas de paja y manglar resultaron afectadas por las llamas.

ANCON pide al Gobierno que tome acciones de vigilancia, a fin de evitar las quemas de estos hábitats.

LA PRENSA/ David Mesa

visita. Los manglares de Juan Díaz sirven como área de descanso para las aves migratorias.

Urania Cecilia Molina
umolina@prensa.com

Los pájaros que sobrevolaban el área era lo único que quedaba de lo que hasta el jueves de la semana pasada era un área llena de vida.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) informó que son 20 las hectáreas de paja y manglar que se quemaron entre el viernes y el sábado de la semana pasada. Una situación que preocupa a ambientalistas como la directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alida Spadafora, porque las quemas afectan, entre otras cosas, la calidad del aire que respiran las personas que viven en los alrededores.

«ANCON hace un llamado a la sociedad panameña y al Gobierno para que haya mayor acción y vigilancia, de modo que estos importantes bosques no sean degradados ni arrasados», dijo Spadafora.

Aunque el director metropolitano de la Anam, Lisandro Arias, considera que en la mayoría de estas quemas «existe mano criminal», y que el país tiene una ley de delitos contra el ambiente que contempla el castigo que se les impondrá a los incendiarios de «masas vegetales» (de uno a tres años de prisión y de 50 a 150 dólares de multa), es bastante probable que esta devastación quede sin responsable.

Esto porque, según informó ayer Franklin Rodríguez, de la División de Bomberos Voluntarios especializados en incendios forestales, se desconoce dónde empezó el fuego.

«Fue por allá atrás», dijo el pasado martes un pepenador, que prefirió no dar su nombre.

Por su lado, Arias, de la metropolitana de la Anam, explicó que la entidad no tiene capacidad coercitiva, es decir que no pueden aplicar sanciones.

En todo caso, precisó, las sanciones penales están en manos de las fiscalías de ambiente, mientras que las investigaciones judiciales corren por cuenta de la Dirección de Investigación Judicial.

Spadafora explicó que los manglares son ecosistemas ricos que albergan especies marinas como moluscos, crustáceos y peces, entre otras varias. El manglar de Juan Díaz, además, es importante porque sirve como lugar de descanso de aves migratorias, como las que se veían ayer cantando y volando sobre el manglar ahora hecho cenizas.

Campesinos e indígenas siguen acampando por sus derechos

VÍA RÁPIDA

Marcharán con velas en el Casco Viejo

PROTESTA. Indígenas y campesinos opuestos a proyectos mineros, hidroeléctricos y de turismo residencial seguirán con sus medidas de fuerza durante Semana Santa. En las noches marcharán, portando velas, por el Casco Viejo, y mantendrán su campamento en la plaza Catedral donde permanecerán hasta lograr que el presidente, Martín Torrijos, los atienda.

Larissa Duarte, una de las dirigentes, dijo que a partir del próximo lunes aumentarán las medidas de presión, entre las que contemplan una huelga de hambre, y encadenarse. Por otro lado, desde ayer comenzaron a entregar, dos veces al día, notas a la Presidencia de la República con sus reclamos. Los manifestantes fueron recibidos la semana pasada por el vicepresidente Rubén Arosemena, quien los invitó a exponer sus quejas en el Diálogo por la Concertación Nacional.

José Arcia

Panamá viola muchos derechos humanos

INFORME NACIONAL.

Mala nota en derechos humanos

José González Pinilla
jagonzalez@prensa.com

La violación del derecho a residencia por el auge de proyectos turísticos residenciales, hidroeléctricos y mineros, la crítica situación del sistema penitenciario y la desprotección de los refugiados, son parte de la problemática de derechos humanos en Panamá, según un informe de la Red de Derechos Humanos de Panamá, integrada por 33 organismos de la sociedad civil.

El documento, que será presentado ante la ONU, cubre un período de 16 años.

derechos humanos. INFORME HABLA DE DISCRIMINACIÓN Y MAL TRATO A MIGRANTES.

Una asignatura pendiente

Red de Derechos Humanos-Panamá dio a conocer ayer un informe que insta a corregir fallas.

Se analizan las condiciones del sistema penitenciario y la situación de las personas que viven con sida.

LA PRENSA/Carlos Lemos

PROTESTA. Indígenas que se oponen a la minería y a las hidroeléctricas hacen una vigilia frente a la Presidencia.

José González Pinilla
jagonzalez@prensa.com

«En Panamá nunca pasaba nada». Fue la frase que utilizó una dirigente campesina para resumir la situación de los derechos humanos en el país.

Pero el informe alternativo sobre la situación de los derechos en Panamá, dice que «ello no es necesariamente así».

Más adelante, el estudio elaborado por la Red de Derechos Humanos-Panamá, con la colaboración de 33 organizaciones, reconoce que en el país persiste una alta violación de derechos humanos.

Sostiene que hay insuficiencia de los recursos para promover y proteger los derechos humanos; hay violación del derecho de residencia, existe una situación crítica en el sistema penitenciario, los refugiados están desprotegidos, los menores de edad continúan siendo vulnerados, hay discriminación.

El informe, que brinda una primera panorámica del conjunto de derechos humanos, es importante porque cubre de 1992 a 2008″, sostuvo Alfredo Castillero Hoyos, presidente de la red.

Explicó que el estudio se hizo porque el Estado no presentaba su informe de los derechos humanos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde 1992.

«Esto no es para criticar a los gobiernos. Es para ayudar a crear un diálogo para mejorar la situación que se vive en el país», señaló Castillero Hoyos.

SEIS TEMAS PRIORITARIOS

Las organizaciones participantes, entre ellas la Comisión de Justicia y Paz, Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Centro de Incidencia Ambiental, la Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados, acordaron destacar seis temas.

El primero es la discriminación. De acuerdo con el informe, en Panamá se discrimina a los que viven con el VIH/sida, a los discapacitados, a los migrantes, a los que tienen determinada idea política.

La falta de recursos para promover los derechos, es otro. Los grupos aseguran que son ineficaces los recursos para la protección efectiva de los derechos humanos.

La violación del derecho a la residencia se torna crítica, según el documento. «El Estado impulsa la inversión privada en grandes proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros dentro de zonas habitadas. Estos proyectos están creando grandes desplazamientos», señala el informe.

En el sistema penitenciario hay incumplimiento de reglas, abuso policial, hacinamiento y problemas de salud. Agrega el documento que los refugiados están desamparados por el Gobierno, porque a pesar de estar 15 años en el país, se mantienen en un limbo jurídico.

Por último, persiste la violación de los derechos de los menores de edad.

Informe se presentará en la ONU

Acción internacional.

Alfredo Castillero Hoyos presentará el informe este lunes 24 de marzo y martes 25 de marzo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en la sede ubicada en Nueva York, Estados Unidos (EU). El 16 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo que reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y examinar quejas individuales fue adoptado por la Asamblea General.

El comité está compuesto por 18 expertos independientes que son «personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos», destaca la página web de las Naciones Unidas. El comité celebra tres períodos ordinarios de sesiones durante el año, los cuales duran tres semanas. Las reuniones las realiza normalmente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en marzo. Por último, el comité presenta a la Asamblea General un informe anual sobre sus actividades.