Proteger costas es prioritario para el turismo

desarrollo.hotel, más beneficioso que segunda residencia.

Protección de costas, clave para turismo

Roberto González Jiménez
rgjimenez@prensa.com

El consultor español Miguel Ángel Rodríguez destacó ayer la necesidad de proteger las costas para mantener el atractivo turístico del país.

“Los turistas de elevado poder adquisitivo cada vez tienen una mayor sensibilidad medioambiental y prefieren un hotel un poco más apartado de la costa para no desvirtuar el paisaje”, señaló el asesor a La Prensa.

Durante su intervención en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el especialista destacó las diferencias entre el turismo de hotel y el residencial. “El hotelero genera más empleo, fiscalidad y es más sostenible que el residencial”.

Según el abogado, el turismo residencial solamente genera empleos durante la construcción de los complejos. En cambio, un hotel genera empleos tanto en la construcción como durante la posterior administración.

Además, acotó, el turismo residencial es una opción que podría funcionar en la ciudad de Panamá “por el clima, las compras, el dólar y las posibilidades de inversión”, pero no en una zona costera con turismo de sol y playa.

Árboles de la cinta costera

Árboles y palmeras de la Cinta Costera

Eduardo Esquivel Ríos
Ingeniero Consultor

Dice el Confabulario del Panamá América (19/4/2008), que un artículo mío sobre este proyecto desató una polémica radial entre Mario Velásquez y un tal “Clave Cutarra”, que supongo que es el Lic. Colamarco que funge como titular del MOP. Al parecer, la polémica se centró en que en un artículo mió se planteó que en las áreas de relleno marino no se podían plantar árboles de 5 metros de altura porque el nivel freático marino está a menos de tres metros de profundidad, y la salinidad mataría los árboles en pocos días. Por esto reclamo el derecho a réplica. La suposición del ministro Colamarco, que apoya el Confabulario, es que esto no es cierto, ya que en la Avenida Balboa, y en el Club de Yates, que también es relleno, hay palmeras y árboles de más de cinco metros de altura, como ficus, pinos, almendros, mangos, etc.

Aclaro, primero, que los árboles y las palmeras de esa avenida no fueron plantados de 5 metros de altura. Se plantaron plantones de 1 metro de altura, y crecieron poco a poco, adaptándose a las condiciones de salinidad con los años. No es igual sacar un árbol de 5 metros de un área no salina y transplantarlo en un agujero con agua salada, como pretende el MOP.

Segundo, pocos saben que en la Avenida Balboa se han plantado muchas especies de árboles y palmeras, y muchas han muerto por la salinidad. Sólo quedan aquellas con características halófilas, o sea, resistentes a la salinidad como ficus, almendros, mimosups, flamboyan, parkinsonia, sterculia, eucaliptus y varias especies de palmeras, cuyo sistema radicular es superficial y  resistentes a la salinidad. El “pino” que mencionan no es tal, sino el “ciprés australiano”, casuarina, que es muy resistente a la salinidad. En otros países se utiliza para estabilizar dunas en las playas.

Muchos no recuerdan que, en el relleno frente a ATLAPA, el General Torrijos ordenó plantar guayacanes. Y todos los arbolitos plantados morían a las pocas semanas por la salinidad. Después de muchos intentos, sólo quedaron ciertos árboles, palmeras y otras especies halófilas.

En cuanto a un anuncio publicitario pagado que dice que la “Cinta Costera” será el “Pulmón de la Ciudad ”, señalo que esto es un disparate propio de la ignorancia en el tema. Sólo en el Parque Metropolitano hay mil veces más área verde. Ni siquiera superaría al Parque Omar en ese aspecto. No podría entablar un debate técnico con el Lic. Colamarco, ya que la ética profesional me lo impediría, pues él no es profesional en el asunto, aunque por razones que sólo suceden en Panamá, es el responsable del proyecto.

Lo de los árboles y las palmeras de la Cinta Costera es un aspecto de menor importancia comparado con otros en ese proyecto, como consta en decenas de artículos de profesionales distinguidos. Pero, esta polémica es de fácil solución, ya que en pocos años veremos quién tiene la razón.

Desafortunadamente, el Lic. Colamarco y sus colaboradores, ni la empresa Odebrecht estarán disponibles en responsabilidad para cuando empiecen los problemas, como siempre sucede en Panamá.

Fuente: Panamá Profundo, 25.4.2008

$109 millones adjudicados para ampliación

canal. ACP atendió preguntas de los consorcios.

$109 millones adjudicados para ampliación

LA PRENSA/David Mesa
Trabajos para reubicar la carretera Borinquen, lado oeste del Lago Miraflores.

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

Hasta el 31 de marzo pasado, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) había adjudicado 109 millones 24 mil 938 dólares en contratos para el programa de ampliación, según indica el sexto informe trimestral de avances del proyecto.

El informe, entregado ayer a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo y a la Contraloría General de la República, contiene el estado de las contrataciones y los avances de la obra.

Durante el primer trimestre de 2008, según el documento, la ACP continuó respondiéndole a los tres consorcios precalificados las preguntas y solicitudes de clarificación sobre los términos de referencia del contrato de diseño y construcción de las esclusas.

En febrero de 2008, Rijkswaterstaat (RWS) de Holanda inició la revisión de los modelos de las nuevas esclusas. RWS ha asignado a expertos hidráulicos y de navegación para realizar una revisión de los modelos matemáticos y físicos del sistema de llenado y vaciado de las esclusas y del modelo de estanque.

Durante este trimestre los contratistas continuaron trabajando en la construcción de las oficinas de campo del Pacífico y del Atlántico, que serán utilizadas por el personal de la ACP y los asesores que administrarán la construcción de las esclusas. Estas obras tienen un avance de 40% en el Pacífico y de 18% en el Atlántico.

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Lo interesante es que gran parte de los gastos de la ampliación están siendo cubiertos por los fondos corrientes de la ACP y no están siendo contabilizados como gastos propios de este proyecto de costo multimillonario.

Ya va siendo hora de que la sociedad civil comienze a fiscalizar como debe este despilfarro que empobrece al país. Además también es hora que la Fiscalía Anti-Corrupción intervenga, antes que el daño sea mayor.

Burica Press

Desarrollo y ecodiseño para ahorrar energía

AMBIENTE. FORO ‘CONSTRUYENDO PARA EL PLANETA’.

Desarrollo y ecodiseño

Expertos nacionales y extranjeros hablaron sobre el impacto de las edificaciones en el ambiente y la sociedad.

LA PRENSA/Iván Uribe
OPINIÓN. Para la arquitecta Raisa Banfield, hay que pensar más en la Tierra y ser exigentes en lo que se consume.

Tamara Del Moral
tdelmoral@prensa.com

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y la iniciativa de Construcción y Edificación Sostenible, el sector de la construcción es responsable del consumo de entre 30% y 40% de la energía en el planeta.

La mayor cantidad de esta se consume cuando las edificaciones están en uso, sobre todo, por los sistemas de aire acondicionado, calefacción e iluminación, que generan gases de efecto invernadero, que dañan la capa de ozono y contribuyen al calentamiento global.

Por eso, la arquitectura sostenible, las políticas energéticas para incrementar la eficiencia y reducir el consumo, y una legislación ambiental adecuada que se cumpla, son fundamentales para enfrentar el cambio climático y el calentamiento.

Estas fueron algunas de las consideraciones de los expositores que participaron en el foro “Construyendo para el planeta”, organizado por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, el miércoles pasado.

RECOMENDACIONES

Marco Pinzón, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, destacó la necesidad de establecer estándares de sostenibilidad para el sector de la construcción, impulsar modelos de eficiencia energética y de apoyar la transferencia tecnológica, entre otras estrategias.

Por su parte, José María Fernández, de IHOBE (sociedad española de gestión y protección del ambiente) se refirió al concepto de “ciudades verdes”, que abarca la sostenibilidad en el ámbito urbano.

Entre sus planteamientos están: la creación de ciudades, no de urbanizaciones; la recuperación y rehabilitación de las ciudades existentes; aumentar los espacios verdes; la creación de nuevas áreas de centralidad y la existencia de una movilidad sostenible, con planificación urbana y del transporte.

BIOCLIMATISMO

El arquitecto mexicano Luis Carlos Herrera considera que se debe usar el acondicionamiento natural en las edificaciones, y destacó que en Panamá el consumo energético en los edificios está en aumento.

Esto ocurre, sobre todo, porque no se toma en cuenta el diseño sostenible y por el mal consumo en la sociedad.

“La solución no es hacer más hidroeléctricas para producir más energía y seguir gastando cada vez más, sino reducir el consumo”, afirmó.

Además, dijo, los edificios deben estar bien orientados y en lugares ventilados. Deben ser estrechos, alargados y separados para captar brisas, con aleros y formas abiertas; y se deben usar materiales que no tengan inercia térmica.

“Cuando uno está diseñando, ¿cuánto más cuesta orientar bien el edificio? Solo cuesta pensar. ¿Cuándo se nos olvidó hacer eso a los que construimos?, reflexionó.

A los comentarios de sus antecesores, Andrew Coates, de la empresa de diseño Cresolus añadió la importancia de la calidad del aire interior en los edificios de oficina, ya que esta incide en la salud de los empleados.

“A menudo se olvida que lo más importante dentro de los edificios es la gente”.

La abogada Susana Serracín señaló que en el país no existe una evaluación ambiental estratégica; que la participación ciudadana está debilitada por las normas y que hay debilidades en la aprobación de los estudios de impacto ambiental y en el otorgamiento de concesiones administrativas en áreas protegidas.

La Prensa, 25 de abril de 2008.

ACP ignora afectación ambiental completa de ampliación

Ampliación | Conforme a los estudios realizados por la empresa URS Holdings

Recomiendan a la ACP construcción de taludes y sistemas de drenaje
Kerem Pérez
Capital Financiero

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que fueron entregados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), para evaluar los posibles impactos que tendrá la construcción de un tercer juego de esclusas en las áreas del Pacífico y Atlántico, arrojaron ciertas medidas de mitigación que la autoridad debe seguir.

Entre los análisis que se realizaron destacan los aplicados a los programas de control, manejo y protección de la calidad de aire, ruido y vibraciones, suelos, recursos hídricos, flora y fauna, residuos y materiales socioeconómicos y culturales.

La realización de los estudios fue otorgada a la empresa URS Holdings a un costo de $672.318.

Durante la construcción del tercer juego de esclusas y el movimiento de tierras que debe realizarse, se requerirá el desarrollo de cierta infraestructura en las áreas de trabajo, lo que hace necesario que su ejecución sea mitigada por la ACP:

La lista de estas infraestructuras incluye aspectos como: Establecimiento de las áreas de trabajo, construcción de caminos de acceso temporales o permanente, excavación de canales de acceso, limpieza y desbroce de vegetación, construcción de infraestructura, voladuras, instalación de facilidades o infraestructuras transitorias, trabajos de construcción, vehículos y equipos, movimiento de maquinaria y depósito de materiales.

Muchas de éstas se encuentran en proceso de construcción y otras aún no se han iniciado, sin embargo, según el EIA las actividades que principalmente generarán impactos ambientales durante su operación serán: El tránsito de buques y operación del Canal, además de actividades rutinarias de mantenimiento.

El ingeniero Jorge Quijano, vicepresidente ejecutivo de ingeniería y administración de programas de la Ampliación del Canal de la ACP, explicó que dichos estudios permiten la identificación y valoración de todos los impactos ambientales previstos durante el proyecto. Esto incluye un Plan de Manejo Ambiental, con todas las medidas necesarias para mitigar los impactos del proyecto, que son considerados “impactos identificados”.

Así mismo, Quijano agregó que con la aprobación de los estudios, “se tiene un aval que el proyecto del tercer juego de esclusas ha considerado todos los impactos y medidas necesarias para que el proyecto evite, mitigue o compense impactos ambientales”.

Medidas generales

Según los EIA, se establecerán programas de mantenimientos preventivos en algunos sitios como la esclusa de Gatún, Lago Gatún, esclusa del Pacífico, entrada del Pacífico, Diablo y La Boca.

Los ruidos que provendrán de la construcción del tercer juego de esclusas, se mitigarán por medio del mantenimiento adecuado de los equipos, coordinando la carga y descarga de camiones y voladuras en horario de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Para el movimiento de tierra que se hará en las áreas de construcción del tercer juego de esclusas, se han tomado en cuenta algunos sitios vulnerables, como el Corte Culebra y el cerro Cucaracha, en donde se pondrá un adecuado mantenimiento a los taludes y drenajes conformados durante la etapa de construcción.

En el tema de los suelos, el estudio explica que la ampliación de la vía interoceánica, impactará negativamente en los suelos, produciendo pérdidas en la erosión hídrica, principalmente durante la estación lluviosa, además el incremento en los niveles de erosión será de mayor magnitud en los sitios de movimiento de tierras con mayor pendiente.

Los taludes deben aplicarse en todo lo largo del proyecto de ampliación, donde se hagan mayores cortes o remoción de material consolidado, específicamente en los nuevos cauces de aproximación, los que deben ser no menores a cinco metros de alto, además de la instalación de drenaje subterráneo, para reducir la filtración de la superficie.

Sobre los recursos hídricos, el estudio indica que podría afectar las actividades de etapas de construcción y operación de la ampliación de la vía interoceánica.

Afectaciones en las aguas

Las alteraciones son básicamente por el régimen de flujo de las aguas, alteración del patrón de drenaje que conllevará más turbidez en el agua, que tendrá un importante efecto en el ecosistema marino y lacustre.

Sobre este aspecto, el biólogo Ariel Rodríguez, científico del Centro de Estudios Bióticos explicó, que si bien es cierto, todos los proyectos tiene un impacto ambiental, los estudios no están completos, incluyendo el EIA no cubrió el tema fundamental que es la salinidad del agua y sus aumentos progresivos luego que inicien operaciones el Canal ampliado.

Aunque el estudio señala, que las medidas para reducir la turbiedad y el dragado del agua, puede tener un efecto en el medio ambiente, éstas dependerán del tipo de dragado que se haga.

Entre las medidas que se podrían tomar en cuenta para reducir la turbiedad durante el depósito de material dragado en agua, es lograr el flujo de densidad para que la mezcla de sedimento y agua pase rápidamente por la columna del agua hasta el fondo, señala el estudio.

Mitigación en dragados

Para los dragados, el material de depósito acuático será transportado y descargado por tuberías en depósito terrestres, lo que hace necesario una permanente supervisión de ambas actividades para evitar la descarga de materiales dragados finos durante la ocurrencia de condiciones meteorológicas y corrientes de agua adversas.

Las excavaciones tendrán un efecto en la calidad del agua, por lo que el estudio sugiere que en el movimiento de tierras para la construcción de los nuevos cauces de acceso a las esclusas, se coloque mallas filtrantes o taludes durante el proceso de reexcavación, sobre todo durante lluvias intensas.

Minería sin política de Estado

Industria minera demanda una política de Estado

A 2007 registró un crecimiento de 4,7%

Minerva Bethancourth
Capital Financiero

Leyes incompletas y reglas sueltas e ineficientes son responsables del lamentable estado en que se encuentra la minería, advierte Roberto Villas Boas, investigador del Centro de Tecnología Minera en Río de Janeiro, Brasil, al explicar la realidad de la explotación de esta actividad en varios países del mundo.

Villas Boas,durante su intervención en el seminario sobre la actividad minera mundial, titulada: “Es la minería sustentable”, hizo un recuento de las experiencias “positivas” y no tan positivas que han tenido algunos proyectos en Indonesia, Canadá, Siberia, y España, cuyo proceso de compensación ha demandado invertir grandes sumas de dineros.

Fotos/Infos:

  • Explotación de minas y canteras
  • Concesiones y solicitudes
  • El investigador resaltó que uno de los retos es lograr “la satisfacción social” sin embargo, acto seguido señala, que la satisfacción depende de la cultura en la que este “uno involucrado”.

    Agregó que previo a todo proyecto minero es vital medir la función social del medio ambiente, medir las necesidades de empleo, junto a la consecuencia social por el procedimiento y el grado de presión política y las características culturales cuando se habla de desarrollo económico.

    En medio de este escenario Panamá busca sumarse a esta corriente de proyectos mineros, contando con una serie de recursos como el oro, el cobre, el hierro y el zinc.

    Sin embargo, para quienes siguen de cerca esta industria lo primero que hay que hacer es desarrollar un marco legal que establezca la política del Estado para la explotación minera, ya que en la actualidad la misma no figura en el Plan Económico Nacional del Gobierno.

    Concesiones en ascenso

    Las solicitudes y concesiones mineras han ido incrementándose, ya que de 76 solicitudes y concesiones en el 2006, estas se elevaron al cierre del 2007 en un 47%, sumando 112, según reportó la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (Ver gráfico: Concesiones…)

    Mientras que durante este año se han aprobado unas 22 solicitudes siendo el fuerte de las concesiones las actividades relacionadas a la explotación de recursos no metálicos. Desde 1984 a la fecha se han otorgado 136 contratos para el desarrollo de esta actividad, y se han cancelado 27.

    Estas cifras también se reflejan en el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), ya que la actividad de minas y canteras registró un crecimiento de 4,3% a diciembre de 2007 ($697.9 millones) con relación a su similar del 2006 cuando registró unos $668,7 millones, según la Contraloría General de la República (Ver gráfico: Explotación de minas…).

    Dentro de los proyectos más conocidos está el de Cerro Quema, cuyo objetivo era extraer oro en la provincia de Veraguas, el cual no tuvo un final feliz. También está el de Cerro Colorado, en la provincia de Chiriquí y el de Cerro Petaquilla, en la provincia de Coclé, cuyo propósito es explotar oro y cobre. Este último proyecto se ha convertido en la manzana de la discordia, entre la empresa y los ambientalistas.

    En tanto, la empresa canadiense Cabo Drilling Panamá Corp., ya logró los permisos correspondientes para la exploración de minerales metálicos, como el oro, en la provincia de Chiriquí y en la Comarca Ngöbe Buglé.

    Entre Pro y Contras

    La directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, Raisa Banfield, sigue muy cerca la pista al proyecto de Cerro Petaquilla, incluso ha realizado giras exploratorias al área de Coclesito, donde han tomado muestras de las tomas de los ríos para verificar la calidad del agua, aduciendo que ya existe contaminación sin que haya arrancado la operación del proyecto minero.

    La dirigente ambiental cuestiona que los trabajos sean de cielo abierto, argumentando que este tipo de industria no son factibles en países subdesarrollados, porque causan daños irreversibles a la flora y fauna.

    Frente a estos señalamientos los representantes del proyecto se defienden y niegan que hayan contaminando el área, en vista de que todavía no han iniciado operaciones.

    Minería en Panamá

    Panamá tiene un potencial minero inagotable, posee yacimientos de cobre, hierro, oro, plata, así como depósitos de minerales combinados, los cuales están ubicados a lo largo y ancho de todo el país.

    El director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá, Zorel Morales, afirmó que la actividad minera ha sido satanizada, cuando en realidad es una actividad que se puede desarrollar con responsabilidad ambiental.

    Zorel defiende la actividad, tras indicar que la mayor obra de minería fue la construcción del Canal de Panamá, que ahora se encuentra en una fase de expansión. Indicó que no todos los países han logrado concretar una industria, minera, pero en lugar de decirle no a la actividad hay que decir “vamos a mejorar y hacer las cosas con Responsabilidad Social Empresarial”.

    Zorel sí criticó al gobierno por carecer de una política coherente que promueva la industria minera. Ya que no hay información real del sector. Resaltó que a su oficina llegan inversionistas interesados por desarrollar proyectos mineros, pero al final quedan frustrados por la burocracia del proceso.

    Paradójicamente, Raisa Banfield, coincidió con Zorel en que hace falta una política de Estado definida con relación al desarrollo de proyectos mineros.

    En una carta abierta dirigida al presidente de la República, Martín Torrijos Espino, el Centro de Incidencia Ambiental, exterioriza su preocupación por una serie de proyectos mineros, alegando que pueden afectar el corredor biológico Mesoamericano, del que Panamá forma parte junto a México y Centroamérica.

    Ante esto, citan que países de la región están reevaluando sus políticas mineras. Uno de ellos fue Costa Rica que para el año 2002 prohibió la apertura de nuevas minas a cielo abierto en su territorio.

    El gremio ambientalista propone una moratoria para suspender temporalmente la actividad minera a cielo abierto.

    Antes las criticas generadas, el director de evaluación ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente, Bolívar Zambrano, dijo que la entidad se encarga de monitorear la actividad junto a otras instancias y sostuvo que se hacen los llamados de atención cuando es necesario.

    Petaquilla en medio de la polémica

    El proyecto de Cerro Petaquilla inició en el 2006 su primera fase del plan de desarrollo del depósito de oro de Molejón.

    El mismo contempla una inversión de $45.000 millones, cuya concesión tiene una duración de 20 años.

    Ante la polémica que genera este proyecto, el director de Petaquilla Copper Ltd, Marcel Salamín, afirmó que el mayor destructor del ambiente es la pobreza, porque “solo donde hay recursos las personas pueden dejar de comerse la naturaleza”.

    Para defenderse de los cuestionamientos de los ambientalistas, Salamín cita cifras de la Anam, al indicar que unas 50.000 hectáreas se devastan anualmente, mientras que el proyecto de Petaquilla está concentrando en unas 13.000 hectáreas.

    Sobre los efectos nocivos que puede generar la actividad minera en una comunidad donde la pobreza es evidente, dijo que la actividad contará con el mejor equipo y mucho del trabajo se desarrollará en tinas para evitar contaminar el ambiente.

    Por su parte, la empresa a fin de minimizar los cuestionamientos a la obra, inició una cruzada social que abarca construcción de carreteras, escuelas y donación de comida a la población circundante al proyecto. Al ser consultado, si en cierta medida busca relevar al gobierno de su responsabilidad con la ciudadanía, el vocero de la empresa manifestó que generar empleos en zonas pobres es una satisfacción que llena a cualquier ser humano.

    A pesar de estas acciones sociales, los grupos ambientales rechazan la presencia de las compañías mineras porque a su criterio siembran más pobreza.

    Al respecto Salamín, sostuvo que a la comunidad hay que educarla para que cuando la compañía termine su actividad minera los residentes del área puedan realizar otro tipo de actividades que le generen ingresos.

    Mientras esto ocurre el gobierno evade hablar del tema, dejando abierta la disputa entre los empresarios que llegan con su portafolio de inversiones y los grupos ambientalistas que demandan respuestas a sus inquietudes.

    Capital Financiero intentó por espacio de cuatro semanas lograr una entrevista con el Director de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, Jaime Roquebert, pero al cierre de está edición no respondió.

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    Minería | América Latina generará $12.000 millones en inversiones para esta actividad en 10 años.

    Centroamérica despierta interés en empresas mineras

    Guatemala y Costa Rica son los países con mayor cantidad de proyectos

    Minerva Bethancourth
    Capital Financiero

    Ante la incertidumbre que viven los mercados financieros, los metales se están convirtiendo en los comodities perfectos para hacer frente a la crisis. Sin embargo, no están exentos de esta incertidumbre y eso lo demuestra la caída del oro y la plata en la semana comprendida entre el 14 y el l8 de abril en la bolsa de Nueva York, producto de la revalorización del dólar frente a otras divisas. (Ver gráficos: Precios de metales).

    En medio de esto, las compañías mineras están llegando con su portafolio de proyectos a los países de América Latina para explorar los yacimientos que poseen, siendo Chile, Perú, Brasil y México los países que albergan la mayor cantidad de depósitos de metales como el oro, plata, carbón, cobre y estaño, entre otros.

    Conforme a un estudio de Business News Americas mucha de la nueva actividad minera esta concentrada en América Latina cuya inversión en un lapso de diez superará los $12.000 millones.

    Los gastos de exploración minera en los últimos cuatro años han mostrado un crecimiento de más del 22% en los países de América Latina, según lo refleja la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

    Pero el alza de precios de estos metales está llevando a las compañías mineras a otros confines, no tan lejanos. Uno de ellos es la región centroamericana, la cual cuenta con una cantidad de proyectos importantes en marcha.

    Centroamérica tentada

    El nuevo auge de la minería en Centroamérica se inició a fines de la década de 1990, principalmente por el aumento del precio del oro y por la modificación de las legislaciones mineras en América Latina cuyo objetivo era hacer más atractivo al sector.

    Tanto Guatemala, como Costa Rica, Nicaragua y El Salvador cuentan con zonas donde se han iniciando importantes proyectos mineros, que se debaten en medio de demandas para que las empresas no destruyan el medio ambiente y cumplan con las leyes mineras. En el mejor de los casos, exigen una reforma a las leyes sobre minería vigentes en sus respectivos países, aduciendo que ofrecen muchos incentivos a las empresas.

    Y mientras los gobiernos se esfuerzan por establecer políticas en pro de un desarrollo minero sostenible, las organizaciones ecologistas denuncian los “delitos ecológicos” que a su criterio cometen estás empresas.

    Guatemala tiene una actividad minería muy activa. El gobierno de Guatemala ha concedido hasta el mes de marzo unas 130 licencias vigentes, una de reconocimiento y ha dado consentimiento a unos 104 proyectos de exploración y 25 de explotación minera.

    Dentro de los proyectos en marcha destaca el de Marlin, que está operando hace dos años y pertenece a la empresa Montana Exploradora de Guatemala. Con una inversión estimada de $100 millones está el proyecto de Cerro Blanco en Asunción Mita, Jutiapa de la empresa Entremares de Guatemala (pertenecen al mismo Grupo de Montana, que a su vez pertenece a la empresa de capital canadiense Golcorp).

    La explotación de Cerro Blanco también obtuvo una autorización temporal para realizar estudios geotérmicos, ya que se tiene potencial para generar energía eléctrica.

    Otro proyecto importante, es el Fénix (antes EXMIBAL) de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN. El mismo requiere inversiones de más de $700 millones, pero a la fecha no han logrado obtener el financiamiento para iniciar la construcción.

    Trascendió que ante esta situación se está tratando de negociar el proyecto con otras empresas interesadas en la explotación de níquel.

    De estos proyectos, el que se ha convertido en la manzana de la discordia es el de Montana Exploradora, donde la comunidad ha denunciado la supuesta contaminación ambiental.

    El resto de proyectos de explotación son a nivel artesanal o semi industrial, tratándose en su mayoría de licencias antiguas algunas incluso otorgadas a perpetuidad por los gobiernos de turno.

    Costa Rica es otro de los países que cuenta con un poco más de experiencia en la región en materia de minería.

    Según cifras del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, el sector minero representa menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), sin definir el tipo de minería (metálico o no metálica). Mientras que otras actividades como la producción de cemento para la construcción alcanza el 4%.

    De acuerdo con la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica el porcentaje que ocupa la actividad del PIB no le hace justicia, por eso se dio la tarea en el 2007 de adecuar la metodología para medir su participación en la economía, para que la cifra se ajuste más a la realidad.

    Y dentro de los metales más cotizados, Costa Rica cuenta con yacimientos de oro. Para el 2005 producto de los precios internacionales arrancó el proyecto de explotación de oro en la mina de Bella Vista, localidad de Miramar de Montes de Oro, provincia de Puntarenas.

    Otros proyectos que esta en marcha es el de la Mina de Crucitas de la empresa Infinito A.A., el cual fue motivo de una serie de denuncias, que llevó el caso a la Sala Constitucional.

    El Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica ha procurado ordenar el sector y ha convocado una serie de encuentros y reuniones con el sector público, la empresa privada, la sociedad civil y académicos para lograr un plan nacional del subsector geológico minero.

    Nicaragua y El Salvador tienen un factor en común, que la explotación minera está concentrada en el oro.

    En Nicaragua conforme un diagnóstico del sector minero elaborado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, la producción ha fluctuado bastante con los años., dependiendo del precio del oro a nivel internacional. La actividad ha sufrido un rezago por los altos costos tecnológicos.

    La actividad minera se ha concentrado en los distritos de Limón y La Libertad, así como en el denominado Triángulo Minero (en los municipios de Bonanza, Rosita y Suina) en la región Autónoma del Atlántico Norte.

    La inversión de la minería metálica sufrió una caída drástica al pasar de $33.174 millones en el 2005 a $5.895 millones en el 2006, siendo estas las cifras más actualizadas.

    El gobierno sostiene que ha desarrollado una ley minera con el objetivo de atraer inversiones internacionales y nacionales.

    El Salvador tiene un movimiento menos dinámico en materia de explotación minera, hace un año se aprobaron 33 concesiones para exploración en todo el territorio nacional.

    Y eso lo refleja la composición de su suelo donde el 65,1% corresponde a material orgánica, apenas un 1,9% a metales y el resto se divide entre la madera, el vidrio, el plástico, entre otros

    Uno de los proyectos de mayor antigüedad en El Salvador es la mina de cobre en Potrerillo y después se descubrió el de Indio Muerto, la cual se le denominó El Salvador. La misma comenzó su producción en 1959. Para 1970 pasó a manos de Codelco, empresa minera propiedad del Estado de Chile.

    Esta mina ha tenido importancia también en la producción de oro y plata en la zona, como productos anexos a la minería del cobre.

    El Salvador ha despertado el interés de compañías como Pacific Rim Mining Co., la cual mostró interés de explotar oro y plata.

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    Minería recibe luz verde en Costa Rica

    SAN JOSÉ, Costa Rica / EFE. —El gobierno de Costa Rica levantó la moratoria a la minería que estaba vigente desde 2002 y en su lugar estableció requisitos que considera suficientes para garantizar el uso sostenible de los suelos y la protección del medio ambiente.

    Una portavoz del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) explicó a EFE que el levantamiento de la moratoria se produjo mediante un decreto firmado por el presidente Óscar Arias y el ministro de Ambiente, Roberto Dobles.

    “En el futuro, las empresas interesadas en desarrollar la minería, tanto metálica como no metálica, en el país, deberán cumplir una serie de estrictas normas de protección al ambiente”, adicionales a los estudios de viabilidad ambiental, indicó hoy el MINAE en un comunicado.
    La moratoria a la minería estaba vigente desde el año 2002 cuando el entonces presidente, Abel Pacheco, la estableció vía decreto, debido a sus posibles daños ambientales.

    Los nuevos requisitos obligan a las empresas mineras a sembrar tres árboles por cada uno que corten, involucrar a las comunidades en los beneficios de la actividad y garantizar el cumplimiento de sistemas eficientes de gestión ambiental.

    Además, “brindar estricta protección a los recursos hídricos superficiales y subterráneos”, ayudar a los gobiernos locales a elaborar y ejecutar planes de desarrollo socioeconómico y ambiental, y a cooperar con la recuperación ambiental de áreas degradadas.

    Según el gobierno, la Dirección de Geología y Minas (DGM) tendrá la responsabilidad de hacer cumplir los nuevos requisitos y verificar el material que se utiliza en las minas.

    Manglares de Panamá siguen amenazados

    CATHALAC REALIZÓ UNA INVESTIGACIÓN DE 1O MESES.

    Intereses económicos amenazan los manglares

    Un estudio determinó que la política y el dinero podrían estar por encima de las leyes que protegen ese ecosistema.

    LA PRENSA/Carlos Lemos
    incendio. En marzo pasado, unas 20 hectáreas de manglar quedaron hechas cenizas, en Juan Díaz.

    José Arcia
    jarcia@prensa.com

    Los manglares del país están condenados a desaparecer, si la tala y las incongruencias en las leyes que regulan las zonas marino costeras continúan.

    A esta conclusión se llega tras analizar una investigación del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (Cathalac) realizada durante los primeros 10 meses de 2007, en la cual analizaron la situación de los manglares y las normas jurídicas que buscan la protección de las zonas marino costeras.

    El estudio –que abarcó el golfo de San Miguel, en Darién, el golfo de Montijo, en Veraguas, y el golfo de Chiriquí, en Chiriquí– plantea que las leyes no se cumplen por razones como “desconocimiento de las autoridades” y “poderosos intereses políticos y económicos que parecen estar por encima de las normas legales existentes”.

    Los resultados, que fueron presentados ayer, hablan además de leyes contradictorias y de falta de coordinación entre las entidades que velan por la protección y el aprovechamiento de los manglares.

    La investigación también determinó que en el golfo de Chiriquí, desde 1979 a 2004, hubo una disminución del 21% de la cobertura del bosque de manglar. En el golfo de Montijo fue de 11.5% entre 2000 y 2006, y en el golfo de San Miguel se registró un bajo nivel de intervención.

    ESTUDIO.

    Cuestionan leyes sobre manglares

    Cathalac analizó la situación de las zonas costeras en tres puntos de país.

    LA PRENSA/Carlos Lemos
    DAÑO. Unas 20 hectáreas de manglar, en Juan Díaz, fueron incendiadas hace poco.

    José Arcia
    jarcia@prensa.com

    Contradicciones e incongruencias: son los términos que definen las leyes que regulan los ecosistemas marino costeros, de acuerdo con un estudio del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (Cathalac) que analiza, entre otros aspectos, las leyes que se refieren a la protección de las zonas de mangle.

    Las normas más recientes que se han aprobado y que hacen referencia a la protección de los manglares son: la Ley 2 del 7 de enero de 2006, mejor conocida como Ley insular, y la Ley 44 del 23 de noviembre de 2006 que crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap).

    La primera establece que “queda prohibida la tala, el uso y la comercialización de los bosques de manglar…”. Sin embargo, a renglón seguido plantea que se “exceptúan los proyectos de desarrollo turístico, previa aprobación del estudio de impacto ambiental”.

    La segunda, por su parte, plantea que los recursos marino costeros constituyen patrimonio nacional, y su aprovechamiento, manejo y conservación estarán sujetos a las disposiciones que, para tal efecto, emita la Arap.

    El científico Noel Trejos, quien participó en el estudio, dijo durante la presentación que “son notorias las contradicciones que se presentan en estas leyes”. Lo que es peor, esta situación es un indicio de que cada institución del país trabaja por separado y crea sus propios decretos, sin tomar en cuenta los sectores involucrados. “Hay un grave problema de descoordinación institucional”, recalcó.

    El estudio de Cathalac también habla sobre la pérdida de áreas de manglar, ocasionada por actividades agrícolas, la extracción de madera y por el turismo.

    CASOS RECIENTES

    El tema de los manglares trajo a colación el incendio provocado en el área de Juan Díaz, hecho ocurrido a mediados de marzo pasado, cuando se afectaron 20 hectáreas de zona costera.

    El administrador de la Arap, Reynaldo Pérez Guardia, se comprometió ayer, durante la presentación del informe, a realizar reuniones de trabajo para determinar si se deben efectuar cambios en las normas relacionadas a la protección de los ecosistemas marinos.

    Para empezar, el informe de Cathalac plantea que la Arap y la Autoridad Nacional del Ambiente deben establecer mecanismos para lograr una coordinación adecuada que garantice el manejo y conservación de las áreas protegidas con recursos marinos.

    Áreas por conservar

    .SIN TALAR: El año pasado la cobertura boscosa de manglar de Panamá comprendía una superficie de mil 813 kilómetros cuadrados.

    .CONCENTRACIÓN: La mayor parte de los manglares se encuentra en el Pacífico, particularmente en los golfos de San Miguel, de Panamá y de Chiriquí.

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    Vea además: https://burica.wordpress.com/category/manglares/

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