ONU examina situación general de derechos humanos en Panamá

Por primera vez en 16 años

Naciones Unidas examina situación general de los derechos humanos en Panamá

Red Panameña por los DD.HH. Burica Press, 4 de abril de 2008.

Por espacio de dos días se llevó a cabo el diálogo sobre los derechos civiles y políticos en Panamá entre el Comité de Derechos Humanos y el Estado panameño, sostenido en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el cual tuvo lugar después de casi 17 años desde la última vez que Panamá presentó un informe ante dicho Comité. Organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional actuando conjuntamente presentaron informes al Comité para destacar los principales problemas en la materia y contribuir al diálogo y a las preguntas hechas por los miembros del mismo al Estado panameño. En base al diálogo sostenido, el Comité dará a conocer próximamente su valoración de la situación de los derechos civiles y políticos en Panamá.

LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Red de Derechos Humanos de Panamá (RDH-Panamá), amplio espacio de diálogo, coordinación y reflexión de más de 30 organizaciones de la sociedad civil panameña con visiones diversas sobre la realidad nacional, pero unidas por su compromiso con los derechos humanos, presentó un informe general sobre la materia, del cual fueron enfatizados 6 aspectos: (1) la discriminación por motivos étnico raciales y contra la mujer entre otras, (2) la insuficiencia de los recursos para proteger y promover los derechos humanos, (3) el desplazamiento forzoso y despojo de tierras a poblaciones indígenas por la construcción de proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, (4) la situación crítica del sistema penitenciario incluyendo el limitado acceso al agua potable, (5) la desprotección de los refugiados y (6) la vulneración de los derechos de las personas menores de edad. Lo relativo al artículo 10 del Pacto que trata del derecho a trato humano de los privados de libertad, fue una contribución de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Cladem-Panamá entregó un informe específico de derechos humanos de las mujeres, el cual fue suscrito por diversas organizaciones de la Alianza de Mujeres de Panamá. Dicho informe destaca entre otros temas (1) la dificultad para la implementación de la legislación en materia de igualdad de oportunidades debido a la falta de recursos, (2) las diferencias que se mantienen en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres en materia de salario, (3) las prácticas discriminatorias para el acceso de la mujer al mercado, (4) la situación del acceso a la justicia y el incremento de los niveles de violencia, y (5) la condición deplorable del único albergue para atender a mujeres víctimas de violencia.

La Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard dio a conocer su informe específico sobre la situación de las personas privadas de libertad, el cual destacó (1) el alto nivel de encarcelamiento de Panamá frente al resto de los países de la región, (2) el problema de hacinamiento, (3) la no asignación de los recursos necesarios para hacer frente al tema, (4) la falta de atención médica, así como (5) los abusos físicos y psicológicos que sufren los privados de libertad a manos de los custodios y policías.

De igual forma el Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Indiana contribuyó con un informe sobre derechos humanos de la población indígena, que destacó entre otros temas (1) la falta de recursos financieros y de iniciativas para proteger a la población indígena y su medio ambiente y mantener intacta su forma de vida y (2) cómo el Estado permite la incursión de compañías multinacionales para la construcción de hidroeléctricas y proyectos turísticos que causan daños irreparables a las comunidades indígenas.

EL DIÁLOGO ENTRE EL COMITÉ Y EL ESTADO

En sus comentarios preliminares, el presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Rafael Rivas Posada, de Colombia, fue firme en sus señalamientos acerca de la gravedad de la demora, por parte del Estado panameño, de casi 17 años en presentar el informe al Comité cuando los Estados que se adhieren al Pacto, adquieren el compromiso de presentar informes sobre el progreso en cuanto al goce de esos derechos cada cinco años.

Los miembros del Comité reconocieron los esfuerzos del Estado por promover los derechos fundamentales de quienes residen en Panamá, pero manifestaron su preocupación de que el reconocimiento de la necesidad de reforma todavía no iba de la mano de suficientes mejoras concretas. El Comité planteó entre otras preocupaciones, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no ocupa la debida jerarquía en la legislación panameña y rara vez es invocado en los fallos de la Corte Suprema de Justicia u otras instancias judiciales a pesar de que al ratificar Panamá el Pacto debe incorporarlo a su derecho interno y convertirlo en una fuente de derecho que pueda ser empleada para fallar en casos concretos. Así mismo destacó que no sólo es importante demostrar el avance en cuanto al respeto a los derechos humanos en Panamá por medio de legislación sino a través de la práctica, mediante información oficial cuantitativa que corrobore esos avances. Se señaló como discriminatorio el Artículo 12 de la constitución que dice: “La Ley reglamentará la naturalización. El Estado podrá negar una solicitud de carta de naturaleza por razones de moralidad, seguridad, salubridad, incapacidad física o mental“.

José Luis Sánchez Cerro, miembro de Perú, y Elisabeth Palm, miembro de Suecia, insistieron en la problemática del uso de la práctica discriminatoria de solicitar pruebas de embarazo para el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, así como en la demora de Panamá en la ratificación de los convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Palm cuestionó la ineficacia de las medidas de protección en los casos de violencia doméstica y el incremento del número de casos que resultan en la muerte de mujeres. En su reacción, los representantes del Estado insistieron en que existen medidas de protección contempladas en la ley 38 sobre violencia doméstica que deben ser aplicadas por las autoridades en estos casos y señalaron que el aumento de las denuncias en los casos de violencia doméstica se deben a que la población ha tomado más conciencia de la importancia de romper el silencio. Palm quien consideró insuficiente la presencia de mujeres en el gabinete y la Corte Suprema, preguntó si Panamá pensaba adoptar políticas que refuercen la participación de mujeres en cargos públicos.

Sir Nigel Rodley, miembro del Reino Unido, y Abdelfatah Amor, miembro de Túnez, manifestaron su preocupación por el hecho de que la Comisión de la Verdad encaró varios obstáculos y dejó su trabajo incompleto. En particular, Rodley inquirió sobre las medidas que tomaría el Estado para impedir que la prescripción de muchos de los crímenes investigados por la Comisión de la Verdad permita que estos queden impunes. Los representantes estatales alegaron que los casos pendientes de la Comisión de la Verdad están siendo abordados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a la problemática del sistema penitenciario, Rodley planteó que de sus lecturas sobre la situación penitenciaria panameña, tenía que concluir que el complejo La Joya-La Joyita era comparable a centros penitenciarios latinoamericanos de triste fama como Lecumberri en México, Lurigancho en Perú y Carindirú en Brazil. Asimismo expresó que  “todo el sistema pareciera estructurado para crear una situación insostenible” [“The whole system seems to be structured to create an untenable situation.”]. Al reconocer el reciente compromiso de destinar sumas millonarias a la construcción de nuevas cárceles señaló que ello no bastaba pues en su experiencia es difícil acabar con un problema de hacinamiento carcelario a base de construir cárceles [it is very difficult to “build oneself out of an overcrowding problem”]. En sus respuestas los representantes del Estado reconocieron que recientes informes reflejan la dura realidad del sistema penitenciario y a la vez admitieron que se dan abusos físicos frecuentes aun cuando estos no obedecen a una política oficial. Sir Rodley solicitó varias veces estadísticas sobre las sanciones que se les impone a aquellos funcionarios que cometen abusos en contra de los privados de libertad y el Estado prometió proporcionarlas ya que no contaba con éstas.

Con respecto a la posible adhesión de Panamá al 2º Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, la delegación de Estado sostuvo que el departamento de desarrollo social y humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sustentado que la adhesión sería beneficiosa para Panamá y que el departamento de tratados del Ministerio iniciará el proceso consulta con el Ministerio de Gobierno y Jusitica y el Ministerio Público, para luego enviarlo a gabinete y de ahí a la Asamblea. Si se adhiere al 2º Protocolo, Panamá aceptaría la realización de visitas sin previo aviso a cualquier lugar de detención, las cuales serían realizadas tanto por “mecanismos nacionales independientes” que el Estado se comprometería a crear o designar, como por un órgano de Naciones Unidas, el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Igualmente se comprometería a cooperar con estos órganos a fin de aplicar sus recomendaciones.

El Comité preguntó sobre la posición del Estado frente a la necesidad de reformar el Decreto 23 de 1998 que regula el procedimiento de refugio. Se plantea que la definición de quien es un refugiado es demasiado restrictiva, el procedimiento para pedir refugio no respeta las garantías mínimas del debido proceso y el régimen de protección temporal humanitaria restringe innecesariamente los derechos de la población que debe proteger. El Estado argumentó que este Decreto fue establecido para regular una situación específica y excepcional de flujo masivo de personas que no califican para recibir protección como refugiados sino como protegidos temporales humanitarios, y por tanto no veían la necesidad de reformar dicho decreto. Sánchez Cerro agregó que la recién aprobada ley que regulariza la situación de los refugiados y asilados que han vivido en Panamá por más de una década otorgándoles la residencia permanente, no protege a quienes han estado en Panamá por menos tiempo y tampoco prevé ninguna garantía frente a su devolución forzosa.

El Estado aclaró que reconoce el derecho de reunión pacífica pero que debe intervenir en los casos en que se convierte en un abuso y ocasiona afectación de los derechos de terceros.

Además, varios miembros del Comité mostraron gran preocupación por el problema del trabajo infantil en Panamá. La delegación panameña explicó que los menores de edad son protegidos contra el abuso y la corrupción gracias a la incorporación en el nuevo código penal de los delitos de corrupción de menores y producción de pornografía infantil.

También fue muy cuestionada la práctica sancionadora de las entidades de seguridad nacional por las preferencias sexuales de sus miembros. El Estado panameño reconoció la existencia de sanciones debido a la preferencia sexual de los miembros de la Policía Nacional.

Sánchez Cerro, Edwin Jonson López, miembro de Ecuador y Rajsoomer Lallah, miembro de la República de Mauricio, manifestaron su preocupación por la situación de los pueblos indígenas panameños. Lallah subrayó que “el Gobierno de Panamá no está haciendo lo suficiente sobre la situación de las personas indígenas” en parte porque los recursos que destina no bastan. Señaló que los proyectos hidroeléctricos, de turismo residencial y mineros que se están construyendo en tierras ocupadas por comunidades indígenas tienden a destruir la forma de vida tradicional de estos pueblos. Johnson destacó que el derecho consuetudionario moderno requiere la consulta y el consentimiento de estos pueblos para proceder con la construcción de obras en sus tierras. Finalmente, Jonson preguntó “¿Qué es lo que impide a Panamá ratificar el Convenio 169 de la OIT [sobre pueblos indígenas y tribales]?”. La delegación de Estado argumentó que si bien Panamá no se ha adherido al Convenio 169, reconoce todos los derechos contemplados en el mismo a los indígenas que residen dentro de las comarcas.

Rivas posada en sus palabras finales reconoció avances alcanzados como lo son la desaparición del delito de desacato y la adopción del sistema acusatorio, entre otros. Por su parte, en su intervención de cierre, el Embajador de Panamá ante las Naciones Unidas en Ginebra, Juan Castillero, manifestó su complacencia por la presencia de la sociedad civil panameña y la Defensoría del Pueblo. Reconoció que el informe del Estado había sido preparado sin tomar en cuenta contribuciones de la sociedad civil y por esto pidió disculpas e invitó formalmente a que ésta participe en la presentación de próximos informes. Finalizó expresándole a la sociedad civil que: “queremos decir que nos hacen falta” y que “esto no volverá a suceder”.

La Delegación Estatal estuvo integrada por Juan Castillero, Embajador ante la ONU en Ginebra; Sara Rodríguez, Ministerio de Desarrollo Social; Victor Caballero, Ministerio de Gobierno y Justicia; Francisco Troya, Policía Nacional; José I Guerrero, Dirección del Sistema Penitenciario; Janio Tuñón, Ministerio de Relaciones Exteriores; Luis Gómez, Procuraduría General de la Nación; Jorge Corrales, Misión ante la ONU en Nueva York; Edgardo Sandoval, Ministerio de Relaciones Exteriores y Alejandro Mendoza de la Misión ante ONU, Ginebra.

QUE ES EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

El Comité de Derechos Humanos que está integrado por 18 expertos independientes, supervisa la aplicación del Pacto de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sus Protocolos por parte de los Estados que los han reconocido. En virtud del artículo 40 del Pacto, los Estados Partes se comprometen a presentar un informe cada cinco años sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos. Los informes son entonces examinados por el Comité en dialogo con los representantes de los Estados en sesiones públicas. El último día de sesiones, el Comité adopta sus observaciones finales en las que resume sus preocupaciones y formula sus recomendaciones. Aunque solamente el Comité y los representantes de los respectivos Estados Partes toman parte en el diálogo, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos pueden presentar información por escrito al Comité.

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