La ONU exhorta a Panamá a poner fin a los abusos de los derechos humanos en Panamá

La ONU exhorta al Estado Panameño a poner fin a los abusos de los derechos humanos en Panamá

Panamá, Burica Press, 5 de abril de 2008.

Luego de la sesión que consideró la situación de los derechos humanos en el Panamá, el comité de los Derechos Humanos de la ONU emitió recomendaciones finales al Estado panameño en las cuales resalta, entre otros, los temas de justicia transicional, abusos a los detenidos, discriminación en contra de la mujer, derechos de los refugiados y los numerosos problemas que afectan a las comunidades indígenas. El activista, Alfredo Castillero Hoyos de la Red de Derechos Humanos-Panamá, fue una de las personas testigos de la evaluación que se hizo en la ONU en Nueva York sobre los derechos humanos en Panamá. La Red de Derechos Humanos de Panamá, presentó paralelo al informe oficial del gobierno un informe sombra, los aspectos que el gobierno panameño no había incluido en sus informes oficiales.

A continuación Burica Press publica las observaciones preliminares del Comité de Derechos Humanos de la ONU:

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

92º período de sesiones

Nueva York, 17 de marzo a 4 de abril de 2008

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS
PARTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 40 DEL PACTO

Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos

PANAMA

1. El Comité examinó el tercer informe periódico de Panamá (CCPR/C/PAN/3) en sus sesiones 2520 ª y 2521 ª (CCPR/C/SR.2520 y 2521), celebradas el 24 y 25 de marzo de 2008, y aprobó, en su sesión 2535 (CCPR/C/SR. 2535), celebrada el 3 de abril de 2008, las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

2. El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Panamá, aún cuando observa el gran retraso con que el mismo se presentó. El informe contiene información detallada sobre la legislación del Estado Parte, así como sobre sus nuevos proyectos legislativos. Sin embargo, el Comité lamenta que el mismo no proporcione suficiente información sobre la aplicación efectiva del Pacto en la práctica. El Comité expresa su agradecimiento por las respuestas escritas a su lista de preguntas y a aquéllas formuladas oralmente a la delegación, lo que permitió un diálogo abierto y constructivo.

B. Aspectos positivos

3. El Comité toma nota con satisfacción de las reformas legislativas llevadas a cabo por el Estado parte, en particular la adopción de un nuevo Código penal, la derogación de las llamadas leyes de desacato y el proceso de revisión del Código de Procedimiento Penal que se propone, entre otros, mejorar las garantías de todo procesado.

4. El Comité se congratula igualmente de la adopción de la ley sobre violencia doméstica y la adopción de medidas legislativas y administrativas destinadas a prevenir la estigmatización y la discriminación de las personas afectadas por el VIH y SIDA.

5. El Comité acoge con satisfacción diversas medidas adoptadas en relación con las personas con discapacidad, incluida la creación del Consejo Consultivo Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

6. El Comité acoge con satisfacción la reciente adopción de legislación que permite solicitar la residencia permanente a los refugiados que se encuentran en el país desde hace diez años o más.

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones

7. El Comité toma nota del seguimiento dado por las autoridades al informe de la Comisión de la Verdad de 2002 que da cuenta de violaciones del derecho a la vida, incluidas desapariciones, ocurridas entre 1968 y 1989. Sin embargo, le preocupa que la investigación judicial en muchos de los casos documentados aún no ha concluido, mientras que otros han sido declarados prescritos. (Artículos 2 y 6 del Pacto).

El Estado parte debería asegurar que todos los casos de violaciones graves de derechos humanos, incluidos aquéllos documentados por la Comisión de la Verdad, sean debidamente investigados, que los responsables sean juzgados y, en su caso, sancionados y que las víctimas o sus familiares reciban una indemnización justa y adecuada. La prescripción de delitos por violaciones graves de derechos humanos debería ser suprimida.

8. El Comité nota con preocupación que, según el artículo 12 de la Constitución, el Estado podrá negar una solicitud de naturalización por razones de incapacidad física o mental. (Artículo 2 del Pacto).

El Estado parte debería modificar la Constitución con miras a eliminar de la misma esta disposición discriminatoria que resulta contraria al Pacto.

9. El Comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto en el Código Penal, en particular la limitación de que sea practicado dentro de los dos primeros meses de embarazo cuando se efectúa como consecuencia de una violación, la cual debe ser acreditada en instrucción sumarial. (Artículo 6 del Pacto).

El Estado parte debería revisar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas.

10. El Comité observa con preocupación que continúan dándose casos de malos tratos a los detenidos por parte de las fuerzas del orden, en particular en los centros penitenciarios pero también en el momento de efectuar la detención policial, sin que estas conductas sean sancionadas en la mayor parte de los casos.(Artículo 7 del Pacto).

a) El Estado parte debería tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los miembros de las fuerzas del orden que cometan actos de malos tratos. En este sentido, el Estado parte debería proporcionar al Comité estadísticas sobre causas penales y disciplinarias iniciadas por este tipo de actos y los resultados de las mismas.

b) El Estado parte debería redoblar las medidas de formación en derechos humanos de las fuerzas del orden a fin de que no incurran en las mencionadas conductas.

c) El Comité nota con satisfacción la información proporcionada por el Estado parte en el sentido de que está estudiando la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, el cual prevé el establecimiento de mecanismos de visitas periódicas a lugares de privación de libertad con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Comité confía en que dicha ratificación tenga lugar.

11. Pese a los esfuerzos en curso destinados a mejorar las condiciones en los centros penitenciarios, incluidas las medidas alternativas a la prisión, preocupa al Comité los altos índices de hacinamiento y las malas condiciones que imperan en dichos centros, en particular la insalubridad, escasez de agua potable y falta de atención médica, así como la escasez de personal y la falta de separación entre acusados y condenados. (Artículo 10 del Pacto).

El Estado Parte debería adoptar medidas para poner fin al hacinamiento en los centros de detención y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10. En particular, el Estado Parte debería tomar medidas para que se cumplan en el país las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas.

12.Aunque observa con satisfacción los esfuerzos encaminados a la reducción de la mora judicial y a la disminución del número de presos en detención preventiva, el Comité expresa su preocupación ante la persistencia de una alta proporción de reclusos en dicha situación, así como la larga duración de la detención preventiva. (Artículos 9 a 10 del Pacto).

El Estado parte debería tomar medidas con celeridad para reducir el número de personas en detención preventiva y el tiempo de su detención en esta situación, tales como un mayor recurso a las medidas cautelares, la fianza de excarcelación y un mayor uso del brazalete electrónico.

13. Aunque observa que el Estado Parte es consciente del problema, el Comité muestra su preocupación por las demoras en resolver los recursos de habeas corpus, así como el reducido número de defensores de oficio que existe en el país. (Artículos 9 y 14 del Pacto).

El Estado parte debería tomar medidas para garantizar que este tipo de recursos se resuelvan con la mayor celeridad, de manera a garantizar su eficacia y su razón de ser. El Estado parte también debería tomar medidas para ampliar el número de defensores de oficio existentes en el país con miras a garantizar el derecho a la defensa de todos los ciudadanos, incluidos aquéllos que no pueden remunerar los servicios de un abogado.

14. El Comité observa con preocupación que muchos refugiados, en particular aquéllos que carecen de un estatuto formal, viven en una situación de precariedad desde el punto de vista económico y legal y que, en general, la legislación no garantiza a todos los extranjeros que se encuentran en territorio panameño y necesitan protección internacional, incluidos los refugiados, apátridas y otras categorías, los derechos previstos en el Derecho Internacional, incluido el Derecho de los refugiados, en particular la obligación del Estado de no exponer a esas personas a tratos contrarios a los artículos 6 y 7 del Pacto. (Artículos 2, 6, 7 y 9 del Pacto).

El Estado parte debería adoptar legislación que permitiera a los refugiados disfrutar de sus derechos reconocidos en el Pacto y cumplir con su obligación de no extraditar, deportar, expulsar o retirar de otro modo a una persona de su territorio, cuando hay razones para creer que existe un riesgo real de provocar un daño irreparable, como el contemplado en los artículos 6 y 7 del Pacto, sea en el país al que se va a trasladar a la persona o en cualquier otro país al que la persona sea posteriormente trasladada.

15. Pese a la existencia de un principio constitucional de libre profesión de todas las religiones, preocupa al Comité que dicha libertad tenga como limitación el respeto a la moral cristiana, la cual podría dar lugar a situaciones de discriminación hacia personas de otras religiones y personas sin convicciones religiosas. (Artículo 18 del Pacto).

El Estado parte debería garantizar la plena igualdad en el disfrute del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión reconocido en el Pacto y evitar toda posibilidad de discriminación en este sentido.

16. El Comité expresa su preocupación ante la discriminación de que es objeto la mujer en el ámbito laboral, incluido el acceso al empleo y las diferencias salariales, a pesar de que la tasa de matriculación femenina en la enseñanza superior supera a la masculina. Preocupa también al Comité la información recibida según la cual, pese a la prohibición legal, se mantiene la práctica de solicitar pruebas de embarazo como requisito para el acceso al empleo. (Artículos 26 y 3 del Pacto).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para combatir la discriminación contra las mujeres en el mundo laboral a fin de garantizar, entre otros, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, el salario igual por trabajo igual y la erradicación de la pruebas de embarazo para el acceso al empleo. El no respeto de la prohibición de las pruebas de embarazo debería ser objeto de sanción efectiva.

17. Pese a las disposiciones normativas dirigidas a promover la participación política de la mujer el Comité lamenta la persistencia de bajos índices de participación en este ámbito, tanto en los cargos de elección popular como en los de libre nombramiento. (Artículos 3, 25 y 26 del Pacto).

El Estado parte debería cumplir los objetivos señalados en ese sentido en la Ley de Igualdad de Oportunidades, y en particular tomar medidas para asegurar un incremento de la presencia de la mujer en los niveles más altos de la función pública.

18. El Comité celebra la existencia de una ley contra la violencia doméstica y las medidas tomadas para garantizar su aplicación. Le preocupa sin embargo la alta incidencia de este fenómeno, el elevado número de muertes violentas de mujeres que resultan del mismo y la impunidad de los agresores. (Artículos 3 y 7 del Pacto).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos con miras a aplicar la ley contra la violencia doméstica y proteger a las mujeres víctimas de dicha violencia, tales como la creación de albergues en cantidad suficiente donde puedan vivir dignamente, la protección policial de las víctimas y la investigación y castigo de los agresores. En este sentido, el Comité agradecería recibir estadísticas sobre causas abiertas por estos hechos y los resultados de las mismas.

19. El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado Parte por registrar todos los nacimientos, pese a lo cual lamenta que aún existan personas no registradas, especialmente en zonas rurales y en comunidades indígenas. (Artículos 16, 24 y 27)

El Comité recomienda que el Estado parte refuerce las medidas programáticas y presupuestarias necesarias y tome en consideración las buenas prácticas de otros países en esta materia con el fin de asegurar el registro de nacimientos y otros actos de registro civil en todo el territorio nacional, incluido el registro de adultos.

20. El Comité observa con preocupación que pese a la prohibición constitucional del trabajo de los menores de 14 años, incluidos los trabajos domésticos, y las medidas legislativas encaminadas a prohibir las peores formas de trabajo infantil, persiste en el país una alta tasa de trabajo infantil. (Artículos 8 y 24).

El Estado parte debe adoptar medidas urgentes para asegurar la plena aplicación de la legislación con miras a erradicar el trabajo infantil, tales como el establecimiento de un sistema de inspección eficaz. El Estado parte debería además asegurar la plena escolarización de todos los niños en edad escolar.

21. El Comité manifiesta su preocupación ante las informaciones incluidas en el informe del Estado parte y recibidas de fuentes no gubernamentales sobre la existencia entre la población en general de prejuicios raciales con respecto a los indígenas, así como los numerosos problemas que afectan a las comunidades indígenas, incluidas las graves deficiencias en los servicios de salud y educación; la falta de presencia institucional en sus territorios; la ausencia de un proceso de consultas con miras a buscar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades para la explotación de los recursos naturales de sus territorios; los malos tratos, amenazas y hostigamiento de que miembros de las comunidades habrían sido objeto con ocasión de protestas contra la construcción de obras de infraestructura hidroeléctrica o de explotación minera o turística en su territorio; y el no reconocimiento de estatus especial a las comunidades indígenas que no se encuentran dentro de una comarca. (Artículos 1, 26 y 27 del Pacto).

El Estado parte debería:

a) Garantizar de manera efectiva el derecho a la educación de los indígenas y que dicha educación se adecúe a sus necesidades específicas;

b) Garantizar el acceso de todos los indígenas a unos servicios de salud adecuados;

c) Llevar a cabo un proceso de consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras en las que viven, y garantizar que en ningún caso dicha explotación atente contra los derechos reconocidos en el Pacto;

d) Reconocer los derechos de las comunidades indígenas que se encuentran fuera de las comarcas, incluido el derecho al uso colectivo de las tierras ancestrales;

22. El Comité establece marzo de 2012 como fecha de presentación del cuarto informe periódico de Panamá. Pide que el tercer informe del Estado Parte y las presentes observaciones finales se publiquen y difundan ampliamente entre el público en general y en los organismos judiciales, legislativos y administrativos. Se deberían distribuir copias impresas de estos documentos en las universidades, bibliotecas públicas, la biblioteca del Parlamento y otros lugares pertinentes. También pide que el tercer informe periódico y las presentes observaciones finales se pongan a disposición de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que funcionan en el país. Sería conveniente distribuir un resumen del informe y las observaciones finales a las comunidades indígenas en sus lenguas.

23. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 71 del reglamento del Comité, el Estado Parte debe presentar dentro de un plazo de un año información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité formuladas en los párrafos 11, 14 y 18 supra. El Comité pide al Estado Parte que incluya en su próximo informe periódico información sobre sus restantes recomendaciones y sobre la aplicación del Pacto en su conjunto.

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Revelan diseño de la cinta costera de Panamá

RELLENO PARA EL CLUB DE YATES Y PESCA.

Colamarco evita hablar del acuerdo

LA PRENSA/Jorge Fernández
Obras de relleno en la Avenida Balboa. 1008136

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

El proyecto de la cinta costera seguirá como está: con un relleno de tres hectáreas para uso exclusivo de los socios del Club de Yates y Pesca.

Al menos eso es lo que se vio en la presentación del diseño final de la cinta costera, que construye Norberto Odebrecht por encargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Ayer, el ministro Benjamín Colamarco evitó ahondar sobre el acuerdo que pactó el MOP con el club. Ni siquiera precisó si se revisó la Ley 3 de 1959, antes de negociar con el club. “Vamos a cumplir con la ley y este proyecto va a ser una realidad”, dijo.

La Ley 3 adjudicó de forma gratuita, al club, una finca. Esa misma ley dice que el terreno revertirá al Estado en caso de realizarse una obra “de interés nacional”, como es el caso de la cinta costera.

CINTA COSTERA. ARQUITECTOS PRESENTAN DISEÑO A LA SOCIEDAD CIVIL.

Revelan diseño de la cinta costera

El 57% de las 25 hectáreas de parque será cubierto con palmas, guayacanes y otros árboles tropicales.

Los responsables del diseño proponen instalar una garita policial y un centro de información turística.

LA PRENSA/Jorge Fernández
AFÁN. La cinta costera debe estar terminada en junio de 2009

José González Pinilla
Mónica Palm

panorama@prensa.com

Boris Aguilar y Alberto Arosemena, los arquitectos que diseñaron el proyecto de la cinta costera y nueva vialidad, presentaron ayer el concepto paisajístico de la obra.

En el evento, realizado en la Casa Amarilla de la Presidencia de la República, Aguilar y Arosemena explicaron que la obra contará con un parque de vegetación tropical, con una extensión de 25 hectáreas, frente a la bahía de Panamá.

“Será un pulmón para la ciudad y para la Avenida Balboa”, sostuvo Aguilar.

Los trabajos de la cinta, realizados por la empresa constructora de capital brasileño Norberto Odebrecht, empezaron en diciembre de 2007 con el diseño aún no terminado.

De acuerdo con Aguilar, que fue contratado por Norberto Odebrecht, faltaba afinar algunos detalles que más bien eran de corte paisajístico.

Las novedades

Entre los detalles nuevos que Aguilar y Arosemena introdujeron al diseño original de la cinta costera, presentado casi a finales del año pasado, está la siembra de 100 árboles de guayacán, 15 especies de palma y la instalación de jardines.

Además, en los 2 mil estacionamientos públicos que tendrá el proyecto, estarán ubicado los árboles, que servirán como un paraguas natural contra el sol, dijo Aguilar.

El 57% del relleno será cubierto con grama, jardines y arbustos. El resto lo cubrirán siete kilómetros de veredas y una ciclovía.

Aguilar indicó que también se cambió el diseño de los puentes peatonales, que estarán sobre las cuatro nuevas vías del proyecto.

La propuesta original consistía en puentes con rampas instalados de forma horizontal. Ahora, los puentes tendrán en cada extremo un diseño estilo caracol, que permitirá el acceso al lugar a las personas con impedimentos al andar.

Los arquitectos también incluyeron dentro del proyecto la creación de cuatro paradas de buses: una en la salida de calle 28; otra frente al Hospital del Niño, y las otras dos, entre las calles Uruguay y Aquilino de la Guardia.

Arosemena indicó que en esta ocasión diseñaron la cinta sin aceras, a un costado de la avenida, para tratar de disminuir los atropellos.

Según él, esto obligará al peatón a adentrarse en la cinta costera, donde habrá aceras y puentes peatonales.

Boris Aguilar, por su lado, propuso la construcción de un puesto policial y una oficina de información turística dentro del proyecto, aunque el contrato no contempla la construcción de estas estructuras.

Plazas y fuentes

Los arquitectos definieron la creación de siete plazas que estarán ubicadas a lo largo de los 3.5 kilómetros de extensión que tendrá la cinta.

Se prevé también la construcción de una fuente con imitación de piezas de orfebrería, que representará las distintas culturas indígenas que existen en el país.

Habrá cinco módulos facilitadores para el público, que incluirá baños.

De acuerdo con Aguilar, habrá un auditorio que servirá para actividades culturales. Tendrá un diseño de concha, pero podría experimentar cambios a medida que avanza la construcción de la obra, dijo.

El ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, reiteró que el proyecto, que será entregado en junio de 2009, ayudará a aliviar el congestionamiento vehicular en la Avenida Balboa. Sostuvo que sobre la vía cruzan a diario 80 mil vehículos, y adelantó que en los próximos cinco años transitarán 125 mil.

Agregó que el proyecto tendrá seis carriles que irán desde las afuera hacia el centro de la ciudad, y cuatro carriles en sentido contrario.

Asimismo, prometió que desaparecerán “esas galeras horribles” que tiene actualmente el Club de Yates y Pesca en el lugar. El club será integrado al proyecto de la cinta costera.

La conveniente ambivalencia del ministro Benjamín Colamarco

A Benjamín Colamarco le sobran las palabras para hablar de la cinta costera, sus fuentes, ciclovías, parques y estacionamientos. Pero cuando se le pregunta por el relleno para uso exclusivo de los socios del Club de Yates y Pesca, recurre a la ambivalencia.

“Haremos lo que la ley diga que tenemos que hacer para que el proyecto camine en función de recuperar áreas públicas y verdes”, dijo. Agregó que también respetará el contenido del pliego de cargos y las adendas con las que trabaja Odebrecht, contratista de la cinta costera. El MOP acordó otorgar un relleno de tres hectáreas al Yates y Pesca, a cambio de una finca de 8 mil 88 metros cuadrados que tiene el club en Avenida Balboa. La finca le fue adjudicada al club, a título gratuito, mediante la Ley 3 de 1959, promulgada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, esa ley dice que el terreno revertirá al Estado “en caso de que por el proyectado relleno de la bahía o cualquier otra obra portuaria de interés nacional no pueda dedicarse a los fines motivo de la cesión“.

Ello incluye las mejoras construidas, es decir, la marina y las galeras. En ningún lado la ley menciona que al club se le resarcirá con nuevas tierras o rellenos. Así, no se sabe cómo Colamarco honrará el contenido de la Ley 3 y, a la vez, el del pliego de cargos, ya que este establece que el club sí cederá la finca que le regaló la Asamblea, pero a cambio de tres hectáreas de relleno. Como parte del acuerdo privado con el MOP, el club dejará sin efecto una concesión para el uso de 2.06 hectáreas de fondo de mar. Por ese espacio, el Yates y Pesca paga un canon de un centavo por metro cuadrado al mes: es decir, 206 dólares mensuales.

Se intentó conocer la opinión del defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, frente a la posible afectación causada por la cesión de áreas públicas, tanto al Club de Yates como al hotel Miramar Intercontinetal, y si pensaba pedir la nulidad del acuerdo o tomar alguna acción legal al respecto, pero no contestó las múltiples llamadas. Decía estar en reuniones.

VEA ADEMÁS: CRITICAN DISEÑO DE CINTA COSTERA: ES UN ADEFESIO

Concesiones de fuentes de agua serán temporales

PROYECTO DE LEY.

Concesiones de fuentes de agua serán temporales

Los permisos permanentes de fuentes hídricas se eliminaron durante las reuniones de consultas.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

Las concesiones permanentes de los recursos hídricos nacionales ya no serán un dolor de cabeza para quienes estimen que puedan privatizarse.

Vitelio Ortega, diputado presidente de la subcomisión técnica de población, ambiente y desarrollo de la Asamblea Nacional, informó ayer que el aspecto más álgido del proyecto de ley de Gestión de los Recursos Hídricos de la República, las concesiones de las fuentes de agua, se discutió, generó modificaciones y se consensuó con las partes interesadas.

Explicó que ya se eliminó el concepto de las concesiones permanentes y se aclaró que aquellas de tipo temporal se restringirán mediante procedimientos estrictos, como es la variación de los períodos para su futura renovación.

Ello, indicó, permitirá a la comunidad darse por enterada y participar sobre la conveniencia de revalidar el uso de una determinada fuente hídrica.

A pesar de este consenso, la organización no gubernamental Consumo Ético ha sido incisiva y constante. Su vocera, Yakarta Ríos, plantea que el texto del proyecto no debe albergar vaguedades que impliquen la posibilidad de que las fuentes hídricas puedan ser cedidas para uso comercial o industrial, en vez de consumo humano.

Esta semana, la subcomisión abordó las servidumbres y zonas de protección del recurso hídrico. De los 126 artículos se han consensuado 80 y se espera concluir a finales de abril.

Alto a la destrucción

PINTADA DE VERDE

Alto a la destrucción

REFLEXIÓN. Desde aquí un aplauso para esos valientes panameños que vinieron a la capital desde todos los rincones del país para pedir un alto a tanta destrucción. La situación es grave, aunque tantos prefieran mirar para otro lado. Afortunadamente, la verdad va ganando terreno. “Ya no hay donde correr”, advertía el director del Instituto Gorgas de Estudios de la Salud, el Dr. Jorge Motta, al dejar su puesto en la directiva de la Academia de Medicina y Cirugía hace unos meses: “Durante este siglo tendremos que aprender a vivir sin destruir los controles de temperatura de la nave que nos transporta por el universo.

Es un problema global que nos afecta a todos. Ya no hay lugar a donde correr a escondernos y evadir esta responsabilidad. Tendremos que enfrentar este reto, creando una nueva visión de lo que consideramos prosperidad o de otra manera grandes alteraciones del clima nos obligarán a hacerlo”.

Las palabras del Dr. Motta hacen que me pregunte si se necesitará que ocurra una grave crisis de salud pública en Coclesito y otras comunidades cercanas a la mina de Petaquilla para que el presidente, Martín Torrijos, responda al llamado que le ha hecho la sociedad civil. ¿Tendremos que enfrentar sequías y hambrunas que ningún Prodec podrá resolver? ¿Cómo lograr que tanto empresario y funcionario/accionista entienda que su prosperidad personal no puede basarse en la destrucción de los recursos naturales que son la fuente de vida de todos? ¿Cuándo tendremos funcionarios-funcionarios y no funcionarios a la caza y captura de negocios? Eso también depende de nosotros, porque como señaló magistralmente el Dr. Motta en su discurso, se trata de los vicios que caracterizan al ser humano desde Caín y Abel: “Resolver estos retos va a requerir enfrentarse a debilidades y vicios humanos bien conocidos, como lo son la ignorancia, la corrupción, los intereses creados, la burocracia y la falta de visión a largo plazo de muchos políticos y empresarios”.

Lina Vega Abad
lina@prensa.com

El ave nacional en festival

ÁGUILA ARPÍA. PROTECCIÓN DE LA ESPECIE.

El ave nacional

Es conocida como el jaguar del dosel del bosque, pues no tiene un depredador natural; sin embargo, es víctima de la ignorancia humana.

LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

Crisly Florez
cflorez@prensa.com

Suele medir hasta dos metros de envergadura; sus garras y pico intimidan a cualquier terrestre cuando la ve planear en busca de alimentos. Aunque el águila arpía es el depredador tope de su orden, está en peligro de desaparecer debido a la caza furtiva de su especie.

Por estar amenazada, el 10 de abril de 2002 se aprobó la Ley No.18 que protege y nombra al águila arpía como el ave nacional de Panamá.

Es llamada “el jaguar del dosel” del bosque, no tiene un depredador natural. Se alimenta principalmente de animales arbóreos que viven en las copas de los árboles, como los perezosos, varias especies de monos, conejos, zarigüeyas, puercoespines y varios tipos de aves, manteniendo un equilibrio en las poblaciones de esos animales, explica Saskia Santamaría, del programa Neotropical de Educación Ambiental del Fondo Peregrino Panamá.

Su nombre científico es Harpia harpyja, puede llegar a medir hasta 2.24 metros de envergadura. El águila macho mide hasta 0.96 metro y pesa hasta 14 libras; mientras que la hembra siempre es la de mayor tamaño y llega a medir hasta 1.8 metro y pesar hasta 18 libras.

Rey del dosel del bosque

Suelen ser padres muy protectores, su edad reproductiva empieza a los cinco años.

Los juveniles viven con sus padres durante sus dos o tres primeros años de vida.

LA PRENSA/Gabriel Rodríguez
INTIMIDANTE. La hembra suele ser más grande para proteger sus nidos de cualquier posible amenaza.

Crisly Florez
cflorez@prensa.com

El águila arpía ha sido víctima de la ignorancia humana y la destrucción de los bosques. Suelen confundirla con aves rapaces, como los gallinazos.

Esta ave también es llamada “el rey del dosel del bosque” porque no tiene un depredador natural. Es la encargada de mantener un equilibrio de ciertos animales. Su ciclo de reproducción es lento, se reproduce cada dos o tres años y pone dos huevos; generalmente solo uno sobrevive.

Saskia Santamaría, del programa Neotropical de Educación Ambiental del Fondo Peregrino Panamá, explica que este ciclo es “normal” porque, de lo contrario, los demás animales desaparecerían.

Viven en ecosistemas boscosos desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Se pueden observar en Bocas del Toro, en el Parque Internacional La Amistad y el Parque Nacional Palo Seco. En Veraguas, habitan en el Parque Nacional Santa Fe. También hay en el noroeste de Coclé; en el área protegida San Lorenzo y Nombre de Dios (Colón); en Tortí, río Chucunaque y Parque Nacional Darién. En la provincia de Panamá, se observa en los parques Nacional Chagres y el Soberanía, dice Melquiades Ramos, técnico de la dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Las águilas arpías viven en las copas de árboles grandes y muchas veces centenarios, como el árbol Panamá. Pueden vivir hasta 25 años en su hábitat natural. En cautiverio, afirma Santamaría, pueden llegar a vivir hasta 50 años.

La diferencia entre la hembra y el macho no es por el plumaje, como suele ocurrir con otras especies de aves, sino por el tamaño. Santamaría explica que la hembra suele ser más grande para defender a sus huevos o crías durante el periodo de reproducción.

Suelen ser padres muy protectores, su edad reproductiva empieza a los cinco años. Los juveniles viven con sus padres durante dos o tres años. En ese periodo dependen mucho de ellos. Son aves territoriales, viven en pareja en territorios de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados.

Según el Patronato Amigos del Águila Harpía de Panamá, sus principales amenazas son: la caza por la ignorancia, principalmente de campesinos que viven en las áreas cercanas a su hábitat natural, y la destrucción de los bosques.

La gente piensa que comen niños, pollos o que sacan los ojos, pero estas son creencias infundadas que se han convertido en mitos debido a que ven el tamaño del ave.

El funcionario de la Anam afirma que en conjunto con organizaciones sin fines de lucro, se está educando a las personas de las comunidades que viven cerca de áreas boscosas o protegidas para que aprendan el valor de este animal y olviden esas creencias.

Además, la Ley No.18 de 10 de abril de 2002 establece multas hasta de 5 mil dólares “para quien capture, trafique, cause daño o muerte a las águilas arpías adultas, sus crías, huevos o nidos”.

EVENTO

El próximo domingo 13 de abril, se realizará en el Parque Municipal Summit el FestiArpía, un evento para educar sobre la importancia de esta especie en el ecosistema y lo que representa.

El evento se realizará de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., y la entrada tiene un costo de un dólar. Habrá un concurso de disfraces del águila arpía con materiales reciclados. El más original se ganará premios de los patrocinadores. Se exhibirán dos águilas arpías.

OTROS DATOS

• ÁRBOLES PARA ANIDAR: Árboles emergentes como el cuipo, ceiba o bongo y frijolillo macho

• VIDA FÉRTIL: Entre los 25 y 30 años

• CARACTERÍSTICAS: Cresta negra terminando en dos puntas, pico de color negro, cabeza y cuello de color gris, pecho negro, abdomen blanco, dorso negro, muslos barreteados con pintitas negras y blancas, cola barreteada con franjas negras y blancas de forma horizontal terminando en negro, patas amarillas y plumas interiores de las alas negras y blancas.

Critican proyecto de la ley energética

normativa. se incentivarán inversiones.

Critican proyecto de la ley energética

Alianza 12 de Marzo cree que el proyecto no beneficia ambiental, social ni económicamente a Panamá.

Según Pedro Miguel González, ‘no podemos permitir que en dos años no haya energía en el país’.

LA PRENSA
INSUFICIENTE. En Panamá se necesitan más inversiones energéticas.

Roberto González Jiménez
rgjimenez@prensa.com

El grupo ambientalista Alianza 12 de Marzo ha remitido una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González, en la que solicita que se retire el proyecto que modifica la ley 45 de 2004, mediante la que se “establecen incentivos para el fomento de sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias”.

El primer debate de este proyecto de ley tuvo lugar en abril de 2007. Un año después, la Asamblea ha incluido en su orden del día el segundo debate del documento, pero este todavía no ha tenido lugar.

Alianza 12 de Marzo estima que “la Asamblea Nacional, al margen de una política energética avalada por una evaluación ambiental estratégica, como lo indica la Ley General de Ambiente, está imponiendo un proyecto que parece ser hecho a medida de las partes interesadas en el negocio, y no en función del beneficio del país y sus intereses ambientales, sociales y económicos”.

Según Pedro Miguel González, la Ley 45 no ha surtido los efectos deseados y con este proyecto se trata de dar viabilidad a los propósitos de la ley original y promover la generación de energía, teniendo en cuenta la conservación del medio ambiente.

“En Panamá debería de haber más inversiones en materia de energía. Lo que no podemos permitir es que dentro de unos años no tengamos energía en el país y se estanque el desarrollo nacional”, señala el presidente de la Asamblea.

El proyecto de ley contempla importantes beneficios fiscales tanto a “mini generadoras” de energía como a “Sistemas de centrales de otras fuentes nuevas, renovables y limpias”. A juicio del grupo ambientalista, “el proyecto intenta hacer ver beneficios, pero a cambio de un altísimo costo de oportunidad de captar divisas para el Estado”.