CONEP se une al gobierno en campaña mediática para promover proyectos de generación eléctrica

EMPRESARIOS. AL CONEP LE PREOCUPA QUE EL PAÍS PUEDA CAER EN UN PERÍODO DE DESABASTECIMIENTO.

Piden cambios en la política energética

El CoNEP recomienda que la Secretaría de Energía coordine la política energética del país.

Sector empresarial sugiere que las conclusiones del segundo foro de competitivi-dad sean implementadas.

Eliana Morales Gil
emorales@prensa.com

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), que preside Severo Sousa, instó ayer al presidente, Martín Torrijos, a que “trabaje a la mayor brevedad” para dotar de autonomía y jerarquía a la Secretaría Nacional de Energía, a través de una ley que le provea personería jurídica, para que pueda tener la estructura para coordinar la política energética nacional.

Recomiendan, además, que quien esté a cargo de la institución tenga rango de ministro para que pueda participar en los consejos de Gabinete con voz y voto.

“De continuar la tendencia en el crecimiento de la demanda por electricidad, y si se da algún contratiempo en la ejecución de esos proyectos, pudiéramos caer en un período de desabastecimiento”, aseguran los empresarios en un comunicado.

También piden que la situación energética actual sea considerada como un tema de Estado, y solicitan que las conclusiones del segundo Foro Nacional de Competitividad (2007), propuestas en la mesa de Energía e Infraestructura, sean implementadas lo antes posible. “La confiabilidad del suministro es necesaria, pero la generación al menor costo posible, es determinante para la competitividad del país”, aseguran.

El CoNEP y las autoridades responsables de la política energética del país han sostenido reuniones en las últimas semanas.

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Evidentemente el gobierno y los empresarios están desesperados en este gran negociado de la generación eléctrica y hacen insinuaciones de desabastecimiento únicamente para engañar al ingenuo pueblo que desconoce el enorme negociado que se cuece tras bambalinas entre el Ejecutivo y los empresarios, donde ambos grupos tienen conflictos de intereses obvios cuando hablan del tema energético para favorecer inversiones que afectan la vida ecológica de los ríos, invaden áreas protegidas, irrespetan pueblos indígenas y campesinos, etc.

Está el CONEP promoviendo algo sano?  Evidentemente no.  Esta auspiciando formas de energía NO alternativas e ignorando la capacidad instalada y las bondades de la interconexión eléctrica que asegura que ningún país bajo ninguna circunstancia se quede sin energía, cosa que está muy lejos ser el caso de Panamá, a menos que se dé una catástrofe de magnitudes desproporcionadas y ante eso no se puede tener contingencias.

Las seguridad alimentaria del país y NO energética está en problemas en Panamá y de eso no se ha dado cuenta el CONEP y el gobierno, a menos que su intento sea convertirnos de seres heterótrofos en seres eléctricos usuarios de energía hidráulica y térmica para que la demanda de estas generadoras y suplidoras nunca disminuya.

Burica Press

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La construcción amenaza para la biodiversidad

ANTONIO VERCHER NOGUERA.

Sector construcción, potencial amenaza para la biodiversidad

El fiscal ambiental de España emitió sus consideraciones sobre el panorama local.

LA PRENSA/Ana Rentería
delito. Vercher informó que en 2006 se abrieron 4 mil investigaciones en España por tema ambiental.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El fiscal de Ambiente de España, Antonio Vercher Noguera, quedó impresionado con la biodiversidad de flora y fauna de Panamá, pero también mostró preocupación.

El auge inmobiliario que experimenta el país lo empezó a vivir España en la década de 1960 con consecuencias ambientales. “Mucha biodiversidad desapareció a medida que se desarrollaba el sector de la construcción”, recordó.

Se empezaron a construir resorts y hoteles en áreas de ecosistemas frágiles, pero con características naturales “apetecibles” para los inversionistas, contó Vercher. “Una burbuja que determina qué construir y dónde construir”, así lo describió.

Vercher estuvo en Panamá a principios de abril como expositor en el seminario “Instituciones de derecho ambiental” organizado por la Autoridad Nacional del Ambiente y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El seminario fue dirigido a jueces y fiscales para actualizarlos en la legislación ambiental vigente.

Normas jurídicas que en España también fueron motivo de análisis en la década de 1960.

En esa época –sostuvo– había disposiciones, pero no protegían el medio ambiente como tal, sino a patrimonios de la naturaleza. Citó como ejemplo, leyes de pesca y de caza que buscaban regular estas actividades para hacerlas sostenibles y que existían desde la década de 1950.

El panorama cambió a finales de la década de 1970. Vercher señaló que con la Constitución de 1978, la protección al medio ambiente quedó en rango constitucional y también se estableció la necesidad de hacer uso del derecho penal para proteger la naturaleza.

En el ambiente local, el fiscal estimó que Panamá tiene mucho que perder si no se toman los correctivos a tiempo.

Habla de fortalecimiento de las normas que preservan el medio ambiente y de lo urgente que resulta unir esfuerzos en la lucha ambiental. Luchas que en España surgieron de manera fragmentada en la década de 1970, pero que ahora han cambiado, según el fiscal. “Vemos que los grupos ecologistas se están unificando”.

Se han dado cuenta de la fuerza que tienen y se han convertido en “grandes colaboradores” de la justicia, dijo. “Presentan denuncias bien fundamentadas”, agregó.

Vercher consideró que Panamá va por un buen camino al tener el tema en debate. “El problema es cuando no hay nada o no hay deseos de discutir estos aspectos”.

Fascistas panameños sueñan eliminar todas las comarcas indígenas

Este pensamiento no es único del autor del artículo expuesto.  Son muchos los políticos panameños que opinan igual, a pesar que las etnias indígenas han perdido desde la llegada de llos españoles hace más de 500 años, la mayor parte de su territorio original.
Burica Press
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SITUACIÓN

Comarcas indígenas vs Estado

Alfredo Arias

INGENIERO Y EX ADMINISTRADOR DE LA ARI

Se aprobó un proyecto, algunas de cuyas partes pesan negativamente, y deben ser motivos de una revisión a futuro.

Creemos en la preservación de las culturas indígenas y de la necesidad de contribuir con su educación, salud, y los beneficios de carreteras, electricidad, y de toda esa gama de comodidades, o facilidades que nos permite una vida mas cómoda y placentera. No queremos condenarlos, aún con su consentimiento, a que sean meras piezas de un museo viviente en este mundo globalizado. Hay que incorporarlos a la vida nacional, y también tienen el derecho y obligación de contribuir sin excepción alguna al desarrollo nacional, como todos los panameños.

Las comarcas indígenas ocupan 1,578,200 hectáreas, que representan el 21% del territorio nacional, y una población de 157,382 personas que igualmente representan el 5% de los panameños.

La Ley de las Comarcas dice que el subsuelo es del Estado, pero su aprovechamiento está sujeto a la aprobación de la población indígena.

A las comarcas les hemos adjudicado autonomía en gobierno, en el uso de las tierras, bosques y recursos naturales. No podemos construir escuelas, centro de salud y otras edificaciones o infraestructuras públicas si previamente no se ha concedido el permiso de uso de suelo.

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Destaque Jos� Corpas (c), se ha destacado en el Gast�n. (Foto: Miguel Cavalli / EPASA)

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La tenencia de la tierra es de carácter comunal, y se utilizan términos en la ley como de “Subsistemas Biocultural” para justificar el gobierno territorial que les da acceso a vivienda, caza, pesca, uso de plantas medicinales, y a la protección de fuentes de agua para la preservación de la vida. Esta filosofía no justifica la adjudicación del 21% del territorio nacional a favor de una comunidad que, además, no contribuye con impuestos.

En el presupuesto del 2008 se les asignó B/. 38 millones en inversión en educación, salud, asistencia social, carreteras y otros. Dinero que proviene de los que pagamos impuestos.

En Kuna Yala no es posible el desarrollo turístico que el país necesita porque sólo los indígenas pueden desarrollarlo bajo su “standard” de comodidad y sanidad, y en la región de los Ngöbe-Buglé los proyecto hidroeléctricos son rechazados bajo el pretexto del deterioro al medio ambiente. Existen mil formas de proteger la fauna, y flora; mitigar el posible daño ecológico y, a la vez, sacarle provecho a esas 1,578,200 hectáreas en beneficio de todos los panameños.

Los cambios a la presente legislación no los veré yo, ni mis hijos, pero algún día la comunidad panameña en un referéndum, democráticamente, dará marcha atrás en muchos de los aspectos de las concesiones otorgadas.

Críticas por fallo ambiental sobre manglares

PUNTA CHAME. CASO CHARRO ESPINO.

Críticas por fallo ambiental

Se sienta un precedente de que se puede destruir un ecosistema y zafarse de la justicia, dice Ariel Rodríguez.

El ambientalista Leslie Marín afirma que el término irreversible ha ‘maniatado’ la lucha ambiental.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Como un precedente nefasto para la lucha contra los delitos al ambiente calificaron los ambientalistas el sobreseimiento provisional que el juez de La Chorrera, Ricardo Mazza, dictó a favor de Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, por la devastación de 38 hectáreas de zona costera en Punta Chame.

Ariel Rodríguez señaló que con esa decisión pierde tanto la naturaleza como sus usuarios, que “somos todos nosotros”.

Lo más grave del tema, dice, es que se sienta el precedente de que cualquiera puede destruir un ecosistema y zafarse de la justicia, si se considera que no hay un daño irreversible. “Nadie puede demostrar que una destrucción ambiental puede recuperarse con una reforestación, sobre todo si es manglar, un ecosistema complejo”, enfatizó el biólogo.

Mazza basó su dictamen en que no se probó, de manera fehaciente, que haya un “daño irreversible al ecosistema”.

Leslie Marín, abogado y ambientalista, sostuvo que el término irreversible ha maniatado la lucha ambiental al momento de comprobar un delito. “Es un pretexto fantástico que han encontrado quienes cometen delito ecológico para no ser castigados”, agregó. Sin embargo, explica, el panorama puede cambiar el próximo mes cuando entra en vigencia el nuevo Código Penal, en el que se eliminó el término irreversible como condición para probar un delito ecológico.

La ambientalista Raisa Banfield dijo que el fallo es una “burla a la Nación” y que demuestra desconocimiento ambiental por parte de las autoridades.

En tanto, Manuel Rivera, un estudiante de biología que estuvo ayer en la zona devastada, se lamentó tanto del fallo del juez como de la devastación. “Nos dejaron un escombro de manglar y no pasa nada”.

La Fiscalía de La Chorrera, apeló el fallo.

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PUNTA CHAME. EL TÍO DEL PRESIDENTE fue sobreseído por delito ambiental.

Espino no reforestó la zona devastada

Anam ordenó reforestar las 38 hectáreas afectadas, pero no tiene registro de que Charro Espino lo haya hecho.

Arap debe dar seguimiento a la orden, pero solo tiene registro de que se afectó y reforestó 1.76 hectárea.

LA PRENSA/Jorge Fernández
DAÑOS. La zona devastada, que corresponde a humedal y área influenciada por las mareas, se seca poco a poco a raíz de la tala del manglar.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La reforestación que hizo Rodolfo Charro Espino en Punta Chame y por la cual el juez de La Chorrera Ricardo Mazza lo sobreseyó del delito ecológico, es un misterio.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) no tiene registro de la reforestación que debió realizar Charro Espino por la devastación de 38 hectáreas de zona costera en Punta Chame. Así lo informó Harley Mitchell, director de asesoría legal de la entidad.

La Anam, mediante resolución No. AG-0407-2007, multó a Espino con la suma de 85 mil 370 dólares y ordenó la recuperación del área afectada.

Mitchell dijo que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) es la encargada de darle seguimiento al proceso de reforestación por tratarse de una área de humedal.

Kriss Poveda, directora de asesoría legal de la Arap, dijo que Espino sembró un poco más de 8 mil plantones de árboles, a razón de la devastación de 1.76 hectárea.

“Nosotros tenemos registrada 1.76 hectárea afectada y no 38”, dijo. Un informe de la Autoridad Marítima de Panamá del 6 de febrero de 2007 señala 1.76 hectárea afectada, pero la Anam, dos meses después, determinó la afectación de 38 hectáreas.

MEDIO AMBIENTE.CHARRO ESPINO BUSCA ANULAR MULTA DE la ANAM.

Contradicciones de un proceso

En el área afectada existen algunos troncos de mangle quemados y el sector está lleno de ceniza.

La Arap, por su parte, solo tiene registrado un daño a 1.76 hectárea de manglar talado.

LA PRENSA/Jorge Fernández
DESEQUILIBRIO. La zona de manglar devastada mostraba el pasado miércoles un ecosistema seco.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Lo ideal es que Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, reforeste la zona costera destruida en Punta Chame. Esa es la opinión de Harley Mitchell, director de asesoría legal de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

En abril del año pasado, la Anam determinó que se devastaron 38 hectáreas de las que 26 correspondían a manglar. De esas 38 hectáreas devastadas, poco más de tres habían sido rellenadas de arena con una altura de entre uno y dos metros .

La Anam multó a Espino por no contar con un estudio de impacto ambiental para esos trabajos. Multa que aún no ha sido cancelada.

Todo estos aspectos constan en el expediente de la investigación que realizó la Fiscalía de La Chorrera por delito ecológico.

EL DAÑO

El área que Espino cubrió con arena está llena de maleza, y en el resto se observan los troncos de mangle talados, como se pudo constatar durante un recorrido el pasado miércoles.

En la entrada principal a la zona, algunos troncos de mangle ardían y el área estaba llena de ceniza. “Este incendio tiene que ser reciente, porque de lo contrario no hubiera tanta ceniza”, sostuvo Manuel Rivera, ambientalista y estudiante de biología.

“Nos dejaron un escombro de manglar y no pasa nada”, manifestó. Se refería a la devastación y al fallo del juez de La Chorrera, Ricardo Mazza, que dictó sobreseimiento provisional a favor de Charro Espino.

EL DICTAMEN

El juez Mazza basó su fallo en que no se logró “demostrar” que Espino cometió delito contra el ambiente, porque no se comprobó de “manera fehaciente que existe un daño irreversible al ecosistema” .

Mazza también sustentó su decisión del pasado 15 de abril en una resolución del 11 de junio de 2007 de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) desactualizada.

La citada resolución de Arap se fundamentó en un informe de la Autoridad Marítima de Panamá, de febrero de 2007, cuando Espino había talado 1.76 hectárea de zona costera. En ese mismo documento se menciona la reforestación con la que debía cumplir Espino.

Dos meses después la Anam determinó que se habían deforestado 38 hectáreas, sin embargo, un memorando de Arap de la misma fecha reportó que Espino reforestó solo 1.76 hectárea, lo que dejó por fuera 36.24 hectáreas.

Kriss Poveda, directora de asesoría legal de la Arap, se justificó diciendo que en los archivos de la entidad solo consta una devastación de 1.76 hectárea y no de 38 hectáreas como sentenció Anam.