La cinta costera y corrupción

La cinta costera

Ebrahim Asvat

El Ministerio de Obras Públicas miente cuando señala que no puede expropiar por interés público una franja de terreno y un fondo de mar para construir la cinta costera. Existe un principio constitucional que señala que la propiedad privada debe cumplir una función social. Si hay un interés social o una utilidad pública sobre el bien, ese interés priva sobre el interés privado. El Ministerio Público ha señalado que expropiar los bienes del Club de Yates y Pesca los obliga a indemnizar los terrenos por cuarenta millones de dólares; vuelve a mentir. Los inmuebles tienen una valoración basada en su ubicación y lo que se puede construir sobre ella.

Un breve repaso en los manuales de zonificación del Ministerio de Vivienda podrá determinar que sobre la finca del Club de Yates y Pesca no se pueden construir edificios porque no posee la norma RM3C2. Solamente los lotes que tienen ese tipo de zonificación pueden construir rascacielos sobre los mismos. Tanto el Ministro como el Viceministro mienten cuando pretenden adjudicarle el mismo valor al terreno que el Estado Panameño le regaló al Club de Yates y Pesca que aquél donde se ubica la sede de APEDE. Un terreno vale por su ubicación y lo que se puede construir sobre el mismo. El lote de APEDE tiene una zonificación residencial de alta densidad. El lote del Club de Yates no le permite construir un rascacielos. Mal entonces podría valer 40 millones de dólares. Frente a una interrogante de la sociedad civil a    nuestros gobernantes les corresponde salir a decir la verdad. No esconder la verdad so pretexto de acuerdos variados y privados que guardan intereses  desconocidos.

Critiqué la cinta costera por el elevado precio de su ejecución. Se gastaran 189 millones de dólares para una infraestructura de 3.5 kilómetros cuadrados. No tiene sentido cuando la ciudad necesita resolver el problema del transporte urbano. Pero hay algo más. La cinta costera está transformando la Avenida Balboa, la Avenida México y la Justo Arosemena. El valor del metro cuadrado en dicha área ha ascendido hasta cinco mil dólares el metro cuadrado. En las calles subsiguientes a la Avenida Balboa el metro cuadrado está ya en dos mil dólares. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de la cinta costera? Definitivamente que no lo serán los más de un millón y medio de habitantes de la ciudad que mencionan las vallas publicitarias del gobierno nacional. Dudo sobre el impacto de dicha obra para los residentes de San Miguelito, Juan Díaz y la 24 de Diciembre.

La cinta costera nacerá visualmente contaminada por dos obras de infraestructura privada producto de nuestro natural desorden de la planificación urbana. Hay uno que se puede corregir. Por lo que sugiero que si quieren dejar algo para la posteridad, hagan las cosas bien.

El Siglo

easvat@elsiglo.com

Avanza privatización del agua

En la oscuridad avanza proyecto privatizador del agua

Por: Genaro López

El pueblo sufre los embates de los diferentes gobiernos neoliberales que tienen como norte arrebatarle a los panameños las empresas estatales más rentables. Durante la gestión de Guillermo Endara se aprobó la Ley de privatizaciones. Desde entonces hemos vivido la entrega de empresas vitales, como la de los servicios de telefonía y electrificación, y la insistencia en privatizar salud, educación y recursos hídricos.

En el caso del agua, desde hace varios años, los distintos gobiernos y la patronal han intentado privatizarlo. El pueblo recuerda cómo Pérez Balladares quiso imponer a sangre y fuego el proyecto privatizador, la decisión firme del pueblo en las calles bajo la conducción del Movimiento Nacional de Defensa de la Soberanía MONADESO (embrión de lo que hoy es FRENADESO), logró revertir esta intentona privatizadora.

Mireya Moscoso, a pesar de que en su campaña electoral se comprometió a no privatizar el IDAAN, también hizo lo propio, presentando un proyecto privatizador, en el cual autorizaban contratos y acuerdos con personas naturales, jurídicas, públicas o privadas de la República de Panamá o del extranjero.

Martín Torrijos, no es la excepción a este proceso privatizador. A través de la ANAM también presenta un proyecto que pretende privatizar el recurso hídrico (Proyecto de Ley 278 denominado «Proyecto de Ley que Establece el Marco Regulatorio para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la República de Panamá»), el mismo está avanzando en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea de Diputados; en este se establece que las fuentes de agua podrán ser otorgadas mediante contrato a ciertas empresas. Es decir, su intención real es privatizar las fuentes de agua de lagos, ríos, quebradas y afluentes hídricos superficiales y subterráneos de todo el país. El tipo de gestión que se plantea en el Proyecto Ley, también tiene la intención de ofrecer en concesión un recurso estratégico.

Es decir, en todos los gobiernos ha imperado la lógica neoliberal y no el mandato constitucional de proveer eficazmente el suministro de agua a la población. Detrás de esta lógica neoliberal ha estado el concepto de que «las empresas deben aprovechar el agua como recurso económico y dejarlo de considerar recurso natural en las leyes nacionales»; así el agua se constituye en una mercancía más del mercado. Desde entonces, la principal estrategia ha consistido en promover la idea de la »crisis del agua»; provocando el desabastecimiento, el deterioro de los servicios, el encarecimiento del suministro, las privatizaciones parciales o temporales (concesiones) y entregando el recurso hídrico a transnacionales.

¿Cuáles han sido los resultados de la privatización del agua? Luego de más de 15 años de experiencia privatizadora en los servicios agua en toda América puede constatarse el fracaso absoluto del modelo propuesto desde las IFI’s (FMI y BM). Estas políticas llevaron a permanentes incumplimientos contractuales, sucesivos aumentos tarifarlos, y mala calidad de los servicios. Además, en muchos países se han privatizado los ríos para uso exclusivo de las grandes corporaciones transnacionales (compañías de aguas embotelladas, empresas mineras e hidroeléctricas).

Hoy, aproximadamente mil millones de personas en el mundo no tienen agua potable; en Panamá, el 10% de la población no tiene acceso a agua potable, existen más de 63,000 viviendas sin agua potable, solo en la ciudad de Panamá 200,000 personas no cuentan con el vital líquido. Son diarias las acciones de protesta de las comunidades exigiendo el suministro de agua potable, ante la desatención del IDAAN. Desde hace décadas comunidades como Arraiján, Chorrera, Chilibre, Tocumen, entre otras, han denunciado el problema, sin embargo no son atendidas a pesar de que se les cobra mensualmente el servicio. Cabe preguntarse ¿Dónde están los recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, que se suponía atenderían esta problemática?

Recientemente, se pone en el tapete el calvario que sufre la población bocatoreña, el brote de diarrea y vómito que ha afectado a más de 1,327 personas, lo que ha puesto en evidencia la precaria condición del sistema de distribución de agua potable en esa región y la desatención gubernamental.
Los gobiernos de turno han abandonado sus mandatos de proveer agua potable a todos los panameños, y de esa manera mejorar la salud pública y el medio ambiente. Esta realidad ha sido aprovechada para propagandizar la idea de su privatización; es decir, el agua ya no es derecho de toda persona a consumirla una vez producida sino un bien privado o mercancía que quienes no puedan comprarlo no la deben consumir.

Ello evidencia, que se busca llevar a la población al desespero, para justificar la privatización del agua. Pero la experiencia nos ha demostrado que privatización significa traslado de nuestros recursos a las transnacionales y al gran capital local, despido de trabajadores, aumento del precio de los servicios e ineficiencia.

Ante esta realidad, las organizaciones de FRENADESO, hemos venido planteando que «el agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable». El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos y de la humanidad, principio constitutivo de la vida. El agua no es mercancía. Por eso rechazamos todas las formas de privatización.

Es necesario que el servicio básico del agua se mantenga como un bien público y no privado ni comercial. Es importante evitar que el agua esté bajo el control, dominio, posesión y beneficio económico de la iniciativa privada. Lo anterior significa que el agua no es un problema en sí misma, sino que el problema es el modelo de crecimiento que la usa.

*El autor es obrero de la construcción, secretario general del Suntracs y miembro de la Dirección Nacional de Frenadeso.

rologe54@yahoo.com

Fuente: Camino Alternativo

Denuncia penal por la destrucción de manglares

Delito ambiental

Denuncia penal por la destrucción de manglares

Evelio Valdés

DAVID, Chiriquí. Una denuncia por la supuesta comisión de delito ambiental fue interpuesta en el Ministerio Público (MP) por el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en Chiriquí, José Ricardo Muñoz, en contra de Gilberto Álvarez, luego que este último ordenara la devastación de mangle de todo tipo y excavación de unas zanjas de más de dos kilómetros en toda la costa de la playa El Nanzal, en San Lorenzo. El administrador regional de la ARAP aseguró que la devastación de manglares es un hecho punible, por lo que se procedió a interponer la denuncia ante el MP por la probable vinculación en la ejecución de este hecho punible de Álvarez. Según explicó, la ARAP recibió la denuncia y se realizó una inspección, al lugar de los hechos, donde sorprendió a dos personas talando y quemando el manglar. Recalcó que se desconoce cuál era el objetivo de excavar una zanja a lo largo de la servidumbre pública y en especial a pocos metros de la playa. «Es un hecho punible y tipificado como delito ambiental de la ley ambiental y de la Ley 44 que rige los recursos acuáticos, el cual es penalizable y no entendemos cuál fue la intención al construir ese canal de más de dos Km de largo en este lugar», dijo Muñoz. Recalcó que solicitará a las autoridades correspondientes que se penalice y se ejecuten las sanciones necesarias, porque no se puede seguir permitiendo que muchas personas abusen de los recursos naturales.

Defensoría le sigue la pista a hidroeléctricas

Defensoría amplía inspección a hidros

ENERGÍA. La Defensoría del Pueblo informó que se ampliará la investigación en los proyectos hidroeléctricos Bonyic y Chan 75, para determinar si Empresas Públicas de Medellín, S.A. y AES Changuinola, S.A. están cumpliendo con los contratos.

Concesiones hídricas producirán conflictos sociales

AGUA POTABLE.

Concesiones arriesgan paz nacional

El Gobierno debe hacer un estudio de las reservas acuíferas necesarias a futuro, afirman dirigentes.

LA PRENSA/David Mesa

ESCASEZ. Cada vez se hace más difícil que las comunidades pobres tengan acceso al agua potable.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

Las concesiones para explotar fuentes hídricas, aunque sean temporales, arriesgan la seguridad acuífera de las comunidades, lo que puede acelerar un estallido social por la falta del agua como ya se observa con los cierres de calles.

La advertencia proviene de Larissa Duarte, del Frente Unido por el Río Cobre, y de Yakarta Ríos, de Consumo Ético. Ambas participaron de las reuniones de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, la cual discute actualmente propuestas de ley que intentan regular los recursos hídricos del país y el pago por servicios ambientales.

Según Duarte, el vicepresidente Rubén Arosemena les prometió incluir su participación en la Concertación Nacional, pero estima que este proceso ya pasó de las consultas a la implementación de acuerdos y el tema de ambiente no fue abordado con todo rigor.

El frente, dijo, espera la respuesta, ya que el Estado debe trazar una política de manejo científico y con participación ciudadana antes de otorgar concesiones para explotaciones de agua potable, hidroeléctricas o minería, a la ligera.

Para el diputado Vitelio Ortega, de la subcomisión de Ambiente, las concesiones permanentes fueron eliminadas y solo subsisten las temporales, que serán reguladas. Pero Ríos dice que estas son a 25 años y el Gobierno debe suspender su concesión para hacer un estudio de las reservas de agua a futuro.