Industria minera demanda una política de Estado
A 2007 registró un crecimiento de 4,7%
Minerva Bethancourth
Capital Financiero
Leyes incompletas y reglas sueltas e ineficientes son responsables del lamentable estado en que se encuentra la minería, advierte Roberto Villas Boas, investigador del Centro de Tecnología Minera en Río de Janeiro, Brasil, al explicar la realidad de la explotación de esta actividad en varios países del mundo.
Villas Boas,durante su intervención en el seminario sobre la actividad minera mundial, titulada: “Es la minería sustentable”, hizo un recuento de las experiencias “positivas” y no tan positivas que han tenido algunos proyectos en Indonesia, Canadá, Siberia, y España, cuyo proceso de compensación ha demandado invertir grandes sumas de dineros.
El investigador resaltó que uno de los retos es lograr “la satisfacción social” sin embargo, acto seguido señala, que la satisfacción depende de la cultura en la que este “uno involucrado”.
Agregó que previo a todo proyecto minero es vital medir la función social del medio ambiente, medir las necesidades de empleo, junto a la consecuencia social por el procedimiento y el grado de presión política y las características culturales cuando se habla de desarrollo económico.
En medio de este escenario Panamá busca sumarse a esta corriente de proyectos mineros, contando con una serie de recursos como el oro, el cobre, el hierro y el zinc.
Sin embargo, para quienes siguen de cerca esta industria lo primero que hay que hacer es desarrollar un marco legal que establezca la política del Estado para la explotación minera, ya que en la actualidad la misma no figura en el Plan Económico Nacional del Gobierno.
Concesiones en ascenso
Las solicitudes y concesiones mineras han ido incrementándose, ya que de 76 solicitudes y concesiones en el 2006, estas se elevaron al cierre del 2007 en un 47%, sumando 112, según reportó la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (Ver gráfico: Concesiones…)
Mientras que durante este año se han aprobado unas 22 solicitudes siendo el fuerte de las concesiones las actividades relacionadas a la explotación de recursos no metálicos. Desde 1984 a la fecha se han otorgado 136 contratos para el desarrollo de esta actividad, y se han cancelado 27.
Estas cifras también se reflejan en el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), ya que la actividad de minas y canteras registró un crecimiento de 4,3% a diciembre de 2007 ($697.9 millones) con relación a su similar del 2006 cuando registró unos $668,7 millones, según la Contraloría General de la República (Ver gráfico: Explotación de minas…).
Dentro de los proyectos más conocidos está el de Cerro Quema, cuyo objetivo era extraer oro en la provincia de Veraguas, el cual no tuvo un final feliz. También está el de Cerro Colorado, en la provincia de Chiriquí y el de Cerro Petaquilla, en la provincia de Coclé, cuyo propósito es explotar oro y cobre. Este último proyecto se ha convertido en la manzana de la discordia, entre la empresa y los ambientalistas.
En tanto, la empresa canadiense Cabo Drilling Panamá Corp., ya logró los permisos correspondientes para la exploración de minerales metálicos, como el oro, en la provincia de Chiriquí y en la Comarca Ngöbe Buglé.
Entre Pro y Contras
La directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, Raisa Banfield, sigue muy cerca la pista al proyecto de Cerro Petaquilla, incluso ha realizado giras exploratorias al área de Coclesito, donde han tomado muestras de las tomas de los ríos para verificar la calidad del agua, aduciendo que ya existe contaminación sin que haya arrancado la operación del proyecto minero.
La dirigente ambiental cuestiona que los trabajos sean de cielo abierto, argumentando que este tipo de industria no son factibles en países subdesarrollados, porque causan daños irreversibles a la flora y fauna.
Frente a estos señalamientos los representantes del proyecto se defienden y niegan que hayan contaminando el área, en vista de que todavía no han iniciado operaciones.
Minería en Panamá
Panamá tiene un potencial minero inagotable, posee yacimientos de cobre, hierro, oro, plata, así como depósitos de minerales combinados, los cuales están ubicados a lo largo y ancho de todo el país.
El director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá, Zorel Morales, afirmó que la actividad minera ha sido satanizada, cuando en realidad es una actividad que se puede desarrollar con responsabilidad ambiental.
Zorel defiende la actividad, tras indicar que la mayor obra de minería fue la construcción del Canal de Panamá, que ahora se encuentra en una fase de expansión. Indicó que no todos los países han logrado concretar una industria, minera, pero en lugar de decirle no a la actividad hay que decir “vamos a mejorar y hacer las cosas con Responsabilidad Social Empresarial”.
Zorel sí criticó al gobierno por carecer de una política coherente que promueva la industria minera. Ya que no hay información real del sector. Resaltó que a su oficina llegan inversionistas interesados por desarrollar proyectos mineros, pero al final quedan frustrados por la burocracia del proceso.
Paradójicamente, Raisa Banfield, coincidió con Zorel en que hace falta una política de Estado definida con relación al desarrollo de proyectos mineros.
En una carta abierta dirigida al presidente de la República, Martín Torrijos Espino, el Centro de Incidencia Ambiental, exterioriza su preocupación por una serie de proyectos mineros, alegando que pueden afectar el corredor biológico Mesoamericano, del que Panamá forma parte junto a México y Centroamérica.
Ante esto, citan que países de la región están reevaluando sus políticas mineras. Uno de ellos fue Costa Rica que para el año 2002 prohibió la apertura de nuevas minas a cielo abierto en su territorio.
El gremio ambientalista propone una moratoria para suspender temporalmente la actividad minera a cielo abierto.
Antes las criticas generadas, el director de evaluación ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente, Bolívar Zambrano, dijo que la entidad se encarga de monitorear la actividad junto a otras instancias y sostuvo que se hacen los llamados de atención cuando es necesario.
Petaquilla en medio de la polémica
El proyecto de Cerro Petaquilla inició en el 2006 su primera fase del plan de desarrollo del depósito de oro de Molejón.
El mismo contempla una inversión de $45.000 millones, cuya concesión tiene una duración de 20 años.
Ante la polémica que genera este proyecto, el director de Petaquilla Copper Ltd, Marcel Salamín, afirmó que el mayor destructor del ambiente es la pobreza, porque “solo donde hay recursos las personas pueden dejar de comerse la naturaleza”.
Para defenderse de los cuestionamientos de los ambientalistas, Salamín cita cifras de la Anam, al indicar que unas 50.000 hectáreas se devastan anualmente, mientras que el proyecto de Petaquilla está concentrando en unas 13.000 hectáreas.
Sobre los efectos nocivos que puede generar la actividad minera en una comunidad donde la pobreza es evidente, dijo que la actividad contará con el mejor equipo y mucho del trabajo se desarrollará en tinas para evitar contaminar el ambiente.
Por su parte, la empresa a fin de minimizar los cuestionamientos a la obra, inició una cruzada social que abarca construcción de carreteras, escuelas y donación de comida a la población circundante al proyecto. Al ser consultado, si en cierta medida busca relevar al gobierno de su responsabilidad con la ciudadanía, el vocero de la empresa manifestó que generar empleos en zonas pobres es una satisfacción que llena a cualquier ser humano.
A pesar de estas acciones sociales, los grupos ambientales rechazan la presencia de las compañías mineras porque a su criterio siembran más pobreza.
Al respecto Salamín, sostuvo que a la comunidad hay que educarla para que cuando la compañía termine su actividad minera los residentes del área puedan realizar otro tipo de actividades que le generen ingresos.
Mientras esto ocurre el gobierno evade hablar del tema, dejando abierta la disputa entre los empresarios que llegan con su portafolio de inversiones y los grupos ambientalistas que demandan respuestas a sus inquietudes.
Capital Financiero intentó por espacio de cuatro semanas lograr una entrevista con el Director de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, Jaime Roquebert, pero al cierre de está edición no respondió.
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Minería | América Latina generará $12.000 millones en inversiones para esta actividad en 10 años.
Centroamérica despierta interés en empresas mineras
Guatemala y Costa Rica son los países con mayor cantidad de proyectos
Minerva Bethancourth
Capital Financiero
Ante la incertidumbre que viven los mercados financieros, los metales se están convirtiendo en los comodities perfectos para hacer frente a la crisis. Sin embargo, no están exentos de esta incertidumbre y eso lo demuestra la caída del oro y la plata en la semana comprendida entre el 14 y el l8 de abril en la bolsa de Nueva York, producto de la revalorización del dólar frente a otras divisas. (Ver gráficos: Precios de metales).
En medio de esto, las compañías mineras están llegando con su portafolio de proyectos a los países de América Latina para explorar los yacimientos que poseen, siendo Chile, Perú, Brasil y México los países que albergan la mayor cantidad de depósitos de metales como el oro, plata, carbón, cobre y estaño, entre otros.
Conforme a un estudio de Business News Americas mucha de la nueva actividad minera esta concentrada en América Latina cuya inversión en un lapso de diez superará los $12.000 millones.
Los gastos de exploración minera en los últimos cuatro años han mostrado un crecimiento de más del 22% en los países de América Latina, según lo refleja la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Pero el alza de precios de estos metales está llevando a las compañías mineras a otros confines, no tan lejanos. Uno de ellos es la región centroamericana, la cual cuenta con una cantidad de proyectos importantes en marcha.
Centroamérica tentada
El nuevo auge de la minería en Centroamérica se inició a fines de la década de 1990, principalmente por el aumento del precio del oro y por la modificación de las legislaciones mineras en América Latina cuyo objetivo era hacer más atractivo al sector.
Tanto Guatemala, como Costa Rica, Nicaragua y El Salvador cuentan con zonas donde se han iniciando importantes proyectos mineros, que se debaten en medio de demandas para que las empresas no destruyan el medio ambiente y cumplan con las leyes mineras. En el mejor de los casos, exigen una reforma a las leyes sobre minería vigentes en sus respectivos países, aduciendo que ofrecen muchos incentivos a las empresas.
Y mientras los gobiernos se esfuerzan por establecer políticas en pro de un desarrollo minero sostenible, las organizaciones ecologistas denuncian los “delitos ecológicos” que a su criterio cometen estás empresas.
Guatemala tiene una actividad minería muy activa. El gobierno de Guatemala ha concedido hasta el mes de marzo unas 130 licencias vigentes, una de reconocimiento y ha dado consentimiento a unos 104 proyectos de exploración y 25 de explotación minera.
Dentro de los proyectos en marcha destaca el de Marlin, que está operando hace dos años y pertenece a la empresa Montana Exploradora de Guatemala. Con una inversión estimada de $100 millones está el proyecto de Cerro Blanco en Asunción Mita, Jutiapa de la empresa Entremares de Guatemala (pertenecen al mismo Grupo de Montana, que a su vez pertenece a la empresa de capital canadiense Golcorp).
La explotación de Cerro Blanco también obtuvo una autorización temporal para realizar estudios geotérmicos, ya que se tiene potencial para generar energía eléctrica.
Otro proyecto importante, es el Fénix (antes EXMIBAL) de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN. El mismo requiere inversiones de más de $700 millones, pero a la fecha no han logrado obtener el financiamiento para iniciar la construcción.
Trascendió que ante esta situación se está tratando de negociar el proyecto con otras empresas interesadas en la explotación de níquel.
De estos proyectos, el que se ha convertido en la manzana de la discordia es el de Montana Exploradora, donde la comunidad ha denunciado la supuesta contaminación ambiental.
El resto de proyectos de explotación son a nivel artesanal o semi industrial, tratándose en su mayoría de licencias antiguas algunas incluso otorgadas a perpetuidad por los gobiernos de turno.
Costa Rica es otro de los países que cuenta con un poco más de experiencia en la región en materia de minería.
Según cifras del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, el sector minero representa menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), sin definir el tipo de minería (metálico o no metálica). Mientras que otras actividades como la producción de cemento para la construcción alcanza el 4%.
De acuerdo con la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica el porcentaje que ocupa la actividad del PIB no le hace justicia, por eso se dio la tarea en el 2007 de adecuar la metodología para medir su participación en la economía, para que la cifra se ajuste más a la realidad.
Y dentro de los metales más cotizados, Costa Rica cuenta con yacimientos de oro. Para el 2005 producto de los precios internacionales arrancó el proyecto de explotación de oro en la mina de Bella Vista, localidad de Miramar de Montes de Oro, provincia de Puntarenas.
Otros proyectos que esta en marcha es el de la Mina de Crucitas de la empresa Infinito A.A., el cual fue motivo de una serie de denuncias, que llevó el caso a la Sala Constitucional.
El Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica ha procurado ordenar el sector y ha convocado una serie de encuentros y reuniones con el sector público, la empresa privada, la sociedad civil y académicos para lograr un plan nacional del subsector geológico minero.
Nicaragua y El Salvador tienen un factor en común, que la explotación minera está concentrada en el oro.
En Nicaragua conforme un diagnóstico del sector minero elaborado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, la producción ha fluctuado bastante con los años., dependiendo del precio del oro a nivel internacional. La actividad ha sufrido un rezago por los altos costos tecnológicos.
La actividad minera se ha concentrado en los distritos de Limón y La Libertad, así como en el denominado Triángulo Minero (en los municipios de Bonanza, Rosita y Suina) en la región Autónoma del Atlántico Norte.
La inversión de la minería metálica sufrió una caída drástica al pasar de $33.174 millones en el 2005 a $5.895 millones en el 2006, siendo estas las cifras más actualizadas.
El gobierno sostiene que ha desarrollado una ley minera con el objetivo de atraer inversiones internacionales y nacionales.
El Salvador tiene un movimiento menos dinámico en materia de explotación minera, hace un año se aprobaron 33 concesiones para exploración en todo el territorio nacional.
Y eso lo refleja la composición de su suelo donde el 65,1% corresponde a material orgánica, apenas un 1,9% a metales y el resto se divide entre la madera, el vidrio, el plástico, entre otros
Uno de los proyectos de mayor antigüedad en El Salvador es la mina de cobre en Potrerillo y después se descubrió el de Indio Muerto, la cual se le denominó El Salvador. La misma comenzó su producción en 1959. Para 1970 pasó a manos de Codelco, empresa minera propiedad del Estado de Chile.
Esta mina ha tenido importancia también en la producción de oro y plata en la zona, como productos anexos a la minería del cobre.
El Salvador ha despertado el interés de compañías como Pacific Rim Mining Co., la cual mostró interés de explotar oro y plata.
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Minería recibe luz verde en Costa Rica
SAN JOSÉ, Costa Rica / EFE. —El gobierno de Costa Rica levantó la moratoria a la minería que estaba vigente desde 2002 y en su lugar estableció requisitos que considera suficientes para garantizar el uso sostenible de los suelos y la protección del medio ambiente.
Una portavoz del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) explicó a EFE que el levantamiento de la moratoria se produjo mediante un decreto firmado por el presidente Óscar Arias y el ministro de Ambiente, Roberto Dobles.
«En el futuro, las empresas interesadas en desarrollar la minería, tanto metálica como no metálica, en el país, deberán cumplir una serie de estrictas normas de protección al ambiente», adicionales a los estudios de viabilidad ambiental, indicó hoy el MINAE en un comunicado.
La moratoria a la minería estaba vigente desde el año 2002 cuando el entonces presidente, Abel Pacheco, la estableció vía decreto, debido a sus posibles daños ambientales.
Los nuevos requisitos obligan a las empresas mineras a sembrar tres árboles por cada uno que corten, involucrar a las comunidades en los beneficios de la actividad y garantizar el cumplimiento de sistemas eficientes de gestión ambiental.
Además, «brindar estricta protección a los recursos hídricos superficiales y subterráneos», ayudar a los gobiernos locales a elaborar y ejecutar planes de desarrollo socioeconómico y ambiental, y a cooperar con la recuperación ambiental de áreas degradadas.
Según el gobierno, la Dirección de Geología y Minas (DGM) tendrá la responsabilidad de hacer cumplir los nuevos requisitos y verificar el material que se utiliza en las minas.
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