Minería: ¿Negocio y prosperidad para quién?

concesiones mineras

¿Negocio y prosperidad para quién?

Fernando Manfredo Jr.
Ex ministro de Comercio,

La situación minera es un tema que no puede ser manejado a la ligera y mucho menos impuesto. El rechazo a las minas de cielo abierto es a nivel mundial. Recientemente leí sobre un ataque de los estudiantes a las oficinas de un gigante de la industria minero estadounidense, Freeport-McMoran Copper and Gold Inc. en Yakarta, Indonesia. ¿Será que todo mundo está equivocado y la industria minera, especialmente la que se realiza a cielo abierto, es conveniente para el desarrollo socioeconómico del país como sostienen los empresarios mineros y sus aliados dentro de los gobiernos? ¿Será tan torpe la comunidad como para rechazar fuentes de empleo, mejoramiento económico y social, o es que han aprendido de la experiencia propia o ajena que mucho de eso es un espejismo que disfraza una cruel realidad? ¿Díganme donde hay en el mundo un pueblo minero donde reine la prosperidad?
En junio de 1969 fui nombrado Ministro de Comercio e Industrias, entidad que tenía a su cargo el subsector minero. Encontré que a pesar de contar con personal muy capacitado, la Dirección carecía de recursos financieros para ejecutar sus funciones. Las únicas minas en explotación eran de minerales no metálicos: piedra, arena, calizas, etc. que operaban sin reglamento alguno. Los daños ambientales que se estaban dando en las playas y ríos y en los cerros donde se obtenía la piedra eran enormes. De manera que mi primera tarea fue invitar a los que tenían las concesiones y reglamentar la actividad para que se protegiese el medio ambiente y la explotación fuese sostenible.
No había mina alguna de minerales metálicos, pero meses antes el Gobierno anterior y la Organización de Naciones Unidas emitió una declaración conjunta sobre el Proyecto Minero de Azuero que se había realizado conjuntamente y anunciaron el descubrimiento de un yacimiento de cobre asociado con molibdeno, en las áreas conocidas como Petaquilla, Río del Medio y Botija.
De acuerdo con los trabajos de exploración se trataba de un depósito pequeño de cobre diseminado de baja ley asociado con molibdeno. El anuncio coincidió con un periodo en que el cobre tenía un precio atractivo en el mercado mundial y atrajo a empresas estadounidenses, japonesas y canadienses.
Nadie en el Ministerio ni fuera de él en Panamá tenía experiencia en materia de minas, mucho menos los términos y condiciones de una contratación por eso pedimos la cooperación de Naciones Unidas.
Por su vinculación al proyecto nos enviaron dos expertos de la más alta calificación: uno, en explotación minera; y el otro, en contratación, los doctores Lipton y Murdock.
Lo primero que advirtieron fue la obsolescencia de nuestro Código de Minas. Este correspondía a una época superada donde no se tomaba en cuenta el factor ambiental ni social y la legislación respondía a los intereses exclusivos de las empresas. Por lo tanto, la puesta al día era tarea prioritaria.
Su contribución a la legislación fue preparar un contrato modelo donde se recogían las políticas por establecer y los mecanismos institucionales por crear y se establecían las responsabilidades operativas, administrativas y financieras de la empresa. Hubo el cuidado de no desalentar la inversión privada, de manera que la distribución de los beneficios fuese justa, equitativa y razonable. Se creaban criterios cuantificables para determinar si la explotación minera era ventajosa o no y se incluyó el concepto, novedoso en ese tiempo, que los recursos naturales que podían ser afectados tenían un valor y que el mismo tenía que ser incorporado al estudio costo/beneficio.
Una de sus recomendaciones fue la de al referirnos a la minería lo hiciéramos como “minería sustentable”, para darle la prioridad que tenían los aspectos ambientales y sociales sobre los económicos. Esto, decían, era especialmente aplicable a Petaquilla, porque está ubicada en una región boscosa, con recursos hídricos abundantes y comunidades campesinas en el área de influencia del proyecto. En ese sentido, hacían hincapié en señalar las áreas excluidas, tales como parques nacionales, reservas indígenas y militares y áreas de mucha fragilidad ambiental. Esas áreas las catalogaron de “sacrosantas”.
En materia de exploración recomendaron incluir el compromiso de restauración; esto es, la obligación de cubrir los huecos, zanjas y otras excavaciones y hasta donde fuese posible, de acuerdo con la autoridad gubernamental, restaurar la superficie a su condición original.
La exploración no autorizaba la remoción de mineral valioso alguno. A los doce meses la empresa tenía que presentar pruebas de una exploración real, y haberse comprometido a un gasto mínimo, que después debía comprobar con recibos, cuentas, etc. Antes de decidirse por otorgar la concesión de exploración se debe estudiar el mejor uso para esas tierras, los recursos culturales y científicos a valores presentes y futuro.
A la empresa le estaba prohibido dar al público cifras relativas al contenido de mineral detectado y futuro, grado de ley u otra información de similar, sin la aprobación previa de la autoridad minera gubernamental para evitar estafas, tan frecuentes en la industria minera.
El contrato de explotación se otorgaría después de un Plan de Explotación presentado por la empresa que incluyese, entre otros datos, la tecnología a utilizar, las medidas de seguridad industrial, las medidas de mitigación, los aspectos de empleo y laboral, el grado de ley del corte para evitar que sólo extrajesen lo de mayor valor.
En materia fiscal la empresa debía cumplir con todas las disposiciones del Código Fiscal, el arrendamiento de las tierras y el pago de regalías. El canon de arrendamiento que se calculó en ese momento a ser ajustado al momento de la concesión, al año 2008 sería de B/ 24.70 la hectárea por los dos primeros años y de B/ 59.40 por los años 3, 4 y 5.
En sus recomendaciones sobre regalías, los expertos de Naciones Unidas hicieron énfasis en que esa era la participación que le correspondía al país propietaria del yacimiento. Señalaron que las regalías se cobran sobre el material extraído. El valor del material extraído se calculaba a base de un precio de referencia y no del valor de la venta, a menos que este sea mayor. Recomendaron que la regalía no debería ser inferior al 8%.
Al señalar la debilidad institucional en materia de minería se referían a un sistema de reglas formales y no formales, de las cuales hacen parte las organizaciones (formales y no formales) que actúan con dichas reglas; las manejasen los variados actores sociales que interactúan con los problemas del desarrollo minero y a su vez estarán incluidas las interacciones con la problemática ambiental. Ellos introdujeron el termino “institucionalidad ambiental y social”. “Instituciones con calidad, modelo de organización, modelo de gestión”. Eso estaba por crearse.
Todo esto se vino abajo cuando se introdujo en el Gobierno la política de que las explotaciones mineras debían estar en manos del Estado y la empresa privada sólo participaba en calidad de socio minoritario y se llegó a la conclusión de que el Estado no tenía que someterse a reglas diseñadas para una empresa privada, porque los Gobiernos velarían por el interés nacional. Eso sabemos no es cierto y los Gobiernos siempre se aprovechan de esa flexibilidad para favorecer a los gobernantes de turno, familiares, copartidarios y amigos, como parece ser el caso de Petaquilla.
Desde entonces y después de mi salida del Ministerio, se han aprobado una cantidad de leyes y reglamentos y se han creado mecanismos institucionales para atender los problemas de la minería. Se ha legislado sobre áreas protegidas, sobre el medio ambiente, la vida silvestre y recursos forestales, pueblos campesinos y pueblos indígenas y sobre otras materias relacionadas con el sector minero. En papel suenan muy bien, pero en la práctica no funcionan para atender los complicados asuntos del subsector minero, porque se carece de los recursos humanos calificados y financieros. De manera que la legislación se convierte en letra muerta. En mi opinión, lo que se ha hecho es una colcha de retazos que no nos proporciona lo que necesitamos; lo que se requiere es un Código de Minas moderno.
Lo anterior ha permitido que se otorguen contratos de exploración y explotación a empresas como Petaquilla Minerals y Bellhaven donde los contratistas han salido exageradamente favorecidos, los intereses nacionales lesionados y comunidades enteras expuestas a su aniquilamiento. Naturalmente que esto no es sólo atribuible a la Ley, sino a las influencias políticas y a los intereses económicos de quienes fueron favorecidos.
No voy a hacer un análisis del contrato con Petaquilla Minerals y sus subsidiarias Petaquilla Gold y Petaquilla Copper, creadas en situaciones muy extrañas, con acciones “Al Portador”. Tampoco voy a referirme al contrato de Bellhaven Copper and Gold, Inc., el cual no conozco y del cual me enteré por accidente.
Sin embargo, voy a hacer algunos apuntes al contrato de Petaquilla:
La empresa después de lograr la concesión de exploración se desapareció físicamente del país por seis años. A su regreso se le reconocieron sus derechos.
La empresa tiene una gran cantidad de exoneraciones fiscales y términos y condiciones muy favorables en cuanto al momento en que debe empezar a tributar. A Petaquilla Minerals se le ha concedido el uso del terreno a B/ 1.00 por hectárea durante los primeros años y con los aumentos posteriores se llegaría a B/ 3.50. El área de la concesión es de 13,600 hectáreas lo que significa que solo estaríamos recibiendo B/ 13,650 anuales durante los primeros años y B/ 47,600 cuando se suba al máximo. Si se hubiese negociado a los precios recomendados por los expertos de Naciones Unidas se recibirían B/ 335,920 anuales durante los primeros dos años y después B/ 807,840 anuales.
La regalía pactada en el contrato de Petaquilla es de 2% una cuarta parte del mínimo recomendado.
No se le exige a la empresa consignar un bono para cubrir los gastos que el Estado incurrirá en caso de cierre de operaciones, tales como: manejo interino, desintoxicar, cierre de estanques de residuos. remoción de materiales peligrosos, drenajes, mantenimiento después del cierre. Tampoco se le exige un bono de cumplimiento que cubriese desde el principio hasta el final. La experiencia con las minas de cobre es que como el precio es tan fluctuante, cuando estos se caen la operación se convierte en incosteable y las empresas cierran, aunque sea temporalmente, creando un serio problema social con el despido de los trabajadores. Por eso, recomendaban que la empresa se obligase a seguir operando y que presentase desde el principio un proyecto de cierre.
Una fianza de B/ 3 millones que es la que se le exige a Petaquilla Minerals es ridícula y no sabemos sobre qué bases se calculó.
Las empresas Petaquilla Minerals, Bellhaven y otras buscan socios y accionistas anunciando cifras fabulosas sobre los yacimientos minerales, grado de ley del mineral, ganancias probables, etc. Cuando estaba en el Ministerio y se le había dado la concesión de exploración a la Canadian Javelin, los ejecutivos de la empresa publicaron en diarios en Estados Unidos y Canadá cifras sobre el potencial minero del área. No sólo los multamos, sino que les hicimos pagar la publicación en todos los medios que habían utilizado de un desmentido del Ministerio.
En el caso de Petaquilla les preocupaba a los expertos de Naciones Unidas la disposición de los desechos y las tinas de relave señalando que las condiciones topográficas del terreno la dificultaban. Esa fue la razón principal por la cual un consorcio japonés de empresas fundidores encabezado por la Mitsui retiró su interés en el proyecto.
El contrato de Petaquilla fue otorgado en 1997 y la excusa de que el mismo contempla las disposiciones contenidas en una Ley aprobada en 1997 no es aceptable; no había la obligación de ceñirse a la misma, sabiendo que los intereses del país no estaban debidamente protegidos. Para la firma del contrato se desconoció el compromiso adquirido por los Jefes de Estado de crear el Corredor Biológico Meso Americano que se inicia en los bosques Maya en México y termina en Darién que tiene como objetivo detener la pérdida de la biodiversidad. Las áreas objeto de la concesión de Petaquilla interrumpen el Corredor.
El contrato se suscribió a pesar de no contar con la institucionalidad necesaria. La Dirección de Minas tiene muy poco peso como para ejercer su función rectora del subsector minero y que le permitan ejercer su función de una manera que le permita afrontar los desafíos, tanto de eficiencia, como de eficacia y equidad. Esta Oficina está expuesta al grado de influencia política, de su gravitación en los respectivos gabinetes, aunque esté bajo el paraguas del Ministerio de Comercio e Industrias. ¿Dónde están las instituciones administrativas para atender los desafíos sociales que son únicos en la actividad minera? ¿Dónde están las instituciones de investigación científica para atender los problemas que crea la explotación minera, en el campo social, económico, tecnológico, ambiental de seguridad humana, salud (enfermedades selvática, mordeduras de ofidios, picaduras de insectos, como es el caso de Petaquilla)? ¿Quién carga con esos gastos? ¿Dónde están los mecanismos institucionales que garanticen la participación y consulta a las comunidades potencialmente afectadas, que no los obligue a estar recurriendo al Defensor del Pueblo? En materia institucional todo lo que se ha hecho es aumentar el campo de acción de la entidad ambiental, sin contar con la organización y recursos necesarios. Lo aconsejable es crear instituciones nuevas o asignarle esas funciones y autoridad a otras instituciones gubernamentales.
Considero que la actividad minera debe estar inserta dentro de una Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social Sostenible que contenga las políticas de largo plazo tanto globales como específicas. En la elaboración de la estrategia minera deben participar los distintos Ministerios y los sectores privados organizados, en especial los grupos ambientalistas, los indígenas y los campesinos.

Extraído del Suplemento Día-D, de El Panamá América Digital, 13 de mayo de 2008.

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Precios internacionales impulsan la minería

La creciente demanda de minerales ha despertado el interés de inversionistas que buscan con afán sacar provecho de los altos precios de los metales, siendo la región un punto clave de exploración

Odessa Tejeira

PA-DIGITAL


Petaquilla. Ubicado en Donoso, en la provincia de Colón, proyecta entrar en operación antes del 2009.

Combinar el desarrollo minero con la conservación del ambiente es una tarea cada vez más difícil en el país.

Esto, debido a la intransigencia en que en muchas ocasiones se debaten mineros y ambientalistas.

No obstante, lo cierto es que la demanda internacional por los metales es cada vez mayor, por lo que la región está en la mira de inversionistas que quieren sacar provecho de los altos precios del cobre y del oro, recursos que existen en Panamá.

Tan atractivo se ha vuelto este mercado, que actualmente el precio del oro oscila entre $853 y $1,000 la onza, mientras que el cobre se cotiza en $3.90 la libra.

En el país la actividad de minas y canteras registró un crecimiento de 19,6%, unos 193 millones de dólares en el 2007, según estadísticas de la Contraloría General de la República.

Este impulso se debió a una mayor demanda de piedra, arena y arcilla, gracias a la dinámica del sector construcción en obras residenciales y no residenciales.

Pero, de acuerdo con los mineros, “lo mejor de la actividad está por venir”.

Inconvenientes.
Aunque esta actividad es económicamente aprovechable, hay obstáculos que se oponen a su desarrollo, como es el gran impacto ambiental que puede dejar “daños irreversibles” en el país.

Raisa Banfield, del Centro de Incidencia Ambiental, asegura que no hay una visión integral de cómo esta actividad “altamente nociva” va de la mano del medio ambiente, salvaguardando las fuentes hídricas y los bosques.

A Banfield también le preocupa la falta de una planificación en la política minera, que regule claramente la actividad.

Mientras, el presidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), Roberto Cuevas, indicó que el establecimiento y desarrollo de las empresas mineras en Panamá “es una oportunidad que no se puede desaprovechar”, ya que la creciente demanda de minerales a buenos precios genera importantes divisas a la economía.

Para Cuevas, la industria minera no sólo vela por sus intereses, sino que aporta diversos beneficios a las comuidades humildes de sus alrededores, entre ellos la generación de empleos.

Zorel Morales, director ejecutivo de la CAMIPA, opina que se debe mejorar el código minero y la ley ambiental para que no haya tanto problema con el inversionista y este no se arrepienta de invertir en Panamá.

Concesiones.
De acuerdo con la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, en Panamá se encuentran registradas hasta la fecha 160 concesiones para la extracción de minerales metálicos y no metálicos, mientras que 35 solicitudes vigentes esperan ser aprobadas.

En marcha.
Con una inversión total de 4.5 billones de dólares la empresa Petaquilla Minerals desarrollará dos proyectos: uno de cobre y otro de oro. Petaquilla prevé una producción anual de oro de 120,000 onzas y 10.4 billones de libras de cobre.

Mario Jaramillo, de esta empresa, afirmó que Panamá se convertirá en un importante país minero.

Índigenas de Panamá y Costa Rica compartieron experiencias con hidroeléctricas

Para compartir experiencias sobre efectos de represas hidroeléctricas

ENCUENTRO ENTRE INDÍGENAS DE COSTA RICA Y PANAMÁ

El 1 de mayo del 2008, un grupo de 25 indígenas bribris, cabécares, teribes y bruncas del sur de Costa Rica, se desplazaron hasta el territorio indígena de los Naso (conocidos como Teribes), ubicados en la provincia de Bocas del Toro, Panamá; concretamente en los bosques que bordean el río Teribe.

La finalidad del encuentro fue compartir experiencias, acerca del tema de la construcción de represas hidroeléctricas.

En el lado de Costa Rica, los indígenas están ante la inminente construcción de la Hidroeléctrica El Dikes; mientras tanto, los indígenas Nasos desde hace un par de años, vienen haciendo una dura resistencia contra la construcción de la Hidroeléctrica Bonyic en el corazón de su territorio.

La población Naso está conformada por unos 3.000 habitantes, distribuidos en 11 comunidades: Bonyic, Dluy, Kuykin, La Tigra, Loma Bandera, San San, Santa Rosa, Sieyic, Sieykín, Solón y Sorí.
Esta represa que afectará a los Naso, estará ubicada a unos 8 km . de la desembocadura de la Quebrada Bonyic al río Teribe; será una estructura de 38 metros de altura por 165 de largo a nivel de la cresta, que estará en la cota de 245 metros sobre el nivel del mar. Para acceder al sitio de las obras será necesario construir una carretera que tendrá en total unos 17,7 Km . de longitud, comunicando los sitios de Charagre, Carbón, y río Teribe, incluye un puente de 120 m de luz para cruzar este río; comunicará también la casa de máquinas con el sitio de represa. También harán otros frentes de carreteras menores.

Según lo expresado por los Nasos, de construirse la represa proyectada, el medio ambiente y la cultura que hoy existen en su territorio cambiarán de forma radical. Consideran que la nueva carretera que se construirá y conectará al poblado de Changuinola con la represa, fomentará la emigración de los Naso y el ingreso de colonos. Aumentará también la deforestación, la cual a su vez provocará la destrucción de la tierra rica que han habitado durante siglos. Supondrá también una amenaza importante para la vecina Reserva de la Biosfera “La Amistad”.

Si este proyecto se ejecuta, podría significar el principio del fin de la cultura Naso. Mientras tanto, los indígenas del cantón de Buenos Aires en Costa Rica, se encuentran ante una realidad finalmente revelada, cuando el 6 de febrero del año en curso, el presidente de la República, Óscar Arias, firmó el decreto que declara de interés público el Proyecto Hidroeléctrico El Dikes, afirmando que en 11 meses deberá empezar la construcción, que tendrá un costo de $ 1,850 millones de dólares.

Ante esta amenaza, los territorios indígenas de China Kichá, Ujarrás, Salitre, Kabaköl, Yimba Cajc, Boruca y Térraba, han conformado Comisiones de Diálogo que les permita tener un constante monitoreo entre si, al tiempo que unifican criterios para presentar propuestas consolidadas ante el Instituto Costarricense de Electricidad, que impulsa este monumental proyecto; así como a otras instancias que participan del mismo.

Asimismo, los indígenas están en un proceso de capacitación en temas jurídicos, resolución de conflictos, derechos humanos indígenas -entre otros temas-, para efectuar una resistencia basado en conocimientos sólidos. Por ello, los indígenas solo quieren hablar de diálogo no de negociación.

Este Encuentro entre Hermanos Indígenas, significa apropiarse de una lucha que debe ser liderada exclusivamente por los indígenas y sus estructuras locales; aunque esto no impide la solidaridad de personas y organizaciones no indígenas, pero manteniendo un profundo respeto de las decisiones indígenas, dijeron los organizadores.

Este histórico encuentro fue auspiciado por la Unión Internacional para la Naturaleza (UICN), The Nature Conservancy (TNC), fondos propios de los indígenas y de la Asociación Regional Indígena del Dikes (ARADIKES), quien también es organizadora del evento.

Información cortesía de http://www.cedin.info

Sigue en discusión Proyecto de Ley de aguas

Oportunidad para el agua

Con las modificaciones al decreto ley de 1966 se cobraría a las hidroeléctricas, se organizaría la administración del vital líquido y las concesiones otorgadas estarían sujetas a una revisión y evaluación periódica
Álvaro Ávila
aavila@prensa.com

PARTICIPACIÓN. La Asociación Nacional para la Protección del Ambiente está incluida en el quipo de trabajo que redacta el proyecto de ley sobre el agua.
LA PRENSA | Víctor Arosemena

La idea de que un interés privado se apropie de un recurso vital, como es el agua, causa alerta entre la población, pero la incertidumbre a la hora de realizar inversiones en proyectos empresariales que dependen de este líquido, como la acuicultura o la generación de energía, también representa un reto para lograr un balance en el que todos ganen.

Uno de los puntos más comentados en el actual proyecto de ley sobre el agua, que se discute en la subcomisión de medio ambiente de la Asamblea Nacional, es el relacionado con las concesiones para explotar fuentes hídricas.

El impacto económico y ambiental de esos permisos son vistos con preocupación u optimismo, dependiendo de si la ley establece claramente tarifas y tiempos para esas concesiones.

Especialistas consultados afirman que es urgente aprobar este documento que modificaría el Decreto Ley 35 de 1966, que en la actualidad rige la utilización de aguas en el país.

El administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Reynaldo Pérez-Guardia, considera que lo importante es hacer un buen uso del recurso, por ejemplo para desarrollar la acuicultura.

Pérez-Guardia explica que además de los gravámenes pagados por las concesiones -el monto depende de las hectáreas y las actividades a realizar- las nuevas empresas que llegan traen tecnología que no hay en el país.

establecer prioridades

Vitelio Ortega, presidente de la subcomisión de medio ambiente de la Asamblea Nacional y Juan Ramón Sevillano, apoderado general de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), entre otros participantes, han discutido durante varios meses el nuevo proyecto, donde la prioridad es que “el agua debe ser para el consumo humano”, señala Ortega.

Ancon ha participado en la elaboración del nuevo proyecto de ley (que se discute desde diciembre de 2006) y Sevillano aclara que “las concesiones o usos de agua son tanto para grandes como para pequeños usuarios”.

“Si no puede decirse que cuando se le otorga uso o concesión a un pequeño agricultor estamos privatizando el agua, entonces tampoco puede decirse lo mismo de uno grande”, manifiesta.

Sobre el tema de las concesiones, Ortega, cuya subcomisión elaborará esta semana el borrador final del proyecto para pasarlo a la comisión y llevarlo a debate en la asamblea, apunta que esas adjudicaciones no sugieren la privatización del recurso.

“La concesión se refiere a usar cierto volumen de agua y en lo que hemos trabajado es en eliminar los permisos continuos, esa era una preocupación de todos los involucrados. Van a existir las concesiones temporales, que al igual que las ya otorgadas, estarán sujetas a una revisión y evaluación periódica, para saber, por ejemplo, si usan el volumen de agua concedido inicialmente o abarcan más”, dice el político.

En este sentido, destaca que hay casos de hasta 15 concesiones otorgadas sobre una misma fuente. Por su parte, el presidente de la subcomisión resalta que el primer estudio que se realizó para entrar de lleno a redactar el nuevo proyecto, estableció que en el país hay más de 400 concesiones permanentes (no todas en operación), y la gran mayoría de ellas, ubicadas en la provincia de Chiriquí, son para hidroléctricas.

El apoderado de Ancon adelanta que a las hidroeléctricas se les va a cobrar por el uso racional del agua, “de repente no todo lo que algunos quisiéramos, pero otra cosa importante es que están obligadas a realizar acciones para conservar la fuente” y añade que al grande o pequeño agricultor, que haga uso inadecuado del líquido también se le sancionará administrativa, civil y penalmente.

Así, para los especialistas, esta nueva ley lograría una verdadera protección del recurso hídrico, basado en la gestión integrada donde el desarrollo económico y social, y la protección ambiental puedan compaginar.

Una ley en sintonía con el desarrollo
Juan O. Van Eps D., académico del Centro de Investigación Jurídica de la Universidad de Panamá, considera que la política hidráulica que se establezca en la nueva ley, debe estar integrada dentro de la estrategia económica y social del país.

“Si bien Panamá fue uno de los primeros países que adoptó una legislación en la materia, ésta no ha prosperado de acuerdo al desarrollo nacional, donde la inversión en y de las hidroeléctricas traería más generación de energía, entre otros beneficios”, indica el académico.

El profesor explica que aunque la Ley 35 de 1966 declara que el agua es de dominio público y que cualquier persona puede aprovecharla, con la nuevas modificaciones el Estado regularía las concesiones otorgadas.

“Hay ocasiones en que empresas públicas o privadas van a instalar acueductos y la sorpresa es que cuando llegan a trabajar se encuentran con que ese espacio ya está comprometido. No podemos pretender que se promueva este tipo de recurso, si no hay garantías básicas para quienes invierten”, manifiesta.

El académico de la Universidad de Panamá enfatiza que la ley es benéfica para el país, pero más que la regulación lo importante es que se cumpla.