Sigue en discusión Proyecto de Ley de aguas

Oportunidad para el agua

Con las modificaciones al decreto ley de 1966 se cobraría a las hidroeléctricas, se organizaría la administración del vital líquido y las concesiones otorgadas estarían sujetas a una revisión y evaluación periódica
Álvaro Ávila
aavila@prensa.com

PARTICIPACIÓN. La Asociación Nacional para la Protección del Ambiente está incluida en el quipo de trabajo que redacta el proyecto de ley sobre el agua.
LA PRENSA | Víctor Arosemena

La idea de que un interés privado se apropie de un recurso vital, como es el agua, causa alerta entre la población, pero la incertidumbre a la hora de realizar inversiones en proyectos empresariales que dependen de este líquido, como la acuicultura o la generación de energía, también representa un reto para lograr un balance en el que todos ganen.

Uno de los puntos más comentados en el actual proyecto de ley sobre el agua, que se discute en la subcomisión de medio ambiente de la Asamblea Nacional, es el relacionado con las concesiones para explotar fuentes hídricas.

El impacto económico y ambiental de esos permisos son vistos con preocupación u optimismo, dependiendo de si la ley establece claramente tarifas y tiempos para esas concesiones.

Especialistas consultados afirman que es urgente aprobar este documento que modificaría el Decreto Ley 35 de 1966, que en la actualidad rige la utilización de aguas en el país.

El administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Reynaldo Pérez-Guardia, considera que lo importante es hacer un buen uso del recurso, por ejemplo para desarrollar la acuicultura.

Pérez-Guardia explica que además de los gravámenes pagados por las concesiones -el monto depende de las hectáreas y las actividades a realizar- las nuevas empresas que llegan traen tecnología que no hay en el país.

establecer prioridades

Vitelio Ortega, presidente de la subcomisión de medio ambiente de la Asamblea Nacional y Juan Ramón Sevillano, apoderado general de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), entre otros participantes, han discutido durante varios meses el nuevo proyecto, donde la prioridad es que “el agua debe ser para el consumo humano”, señala Ortega.

Ancon ha participado en la elaboración del nuevo proyecto de ley (que se discute desde diciembre de 2006) y Sevillano aclara que “las concesiones o usos de agua son tanto para grandes como para pequeños usuarios”.

“Si no puede decirse que cuando se le otorga uso o concesión a un pequeño agricultor estamos privatizando el agua, entonces tampoco puede decirse lo mismo de uno grande”, manifiesta.

Sobre el tema de las concesiones, Ortega, cuya subcomisión elaborará esta semana el borrador final del proyecto para pasarlo a la comisión y llevarlo a debate en la asamblea, apunta que esas adjudicaciones no sugieren la privatización del recurso.

“La concesión se refiere a usar cierto volumen de agua y en lo que hemos trabajado es en eliminar los permisos continuos, esa era una preocupación de todos los involucrados. Van a existir las concesiones temporales, que al igual que las ya otorgadas, estarán sujetas a una revisión y evaluación periódica, para saber, por ejemplo, si usan el volumen de agua concedido inicialmente o abarcan más”, dice el político.

En este sentido, destaca que hay casos de hasta 15 concesiones otorgadas sobre una misma fuente. Por su parte, el presidente de la subcomisión resalta que el primer estudio que se realizó para entrar de lleno a redactar el nuevo proyecto, estableció que en el país hay más de 400 concesiones permanentes (no todas en operación), y la gran mayoría de ellas, ubicadas en la provincia de Chiriquí, son para hidroléctricas.

El apoderado de Ancon adelanta que a las hidroeléctricas se les va a cobrar por el uso racional del agua, “de repente no todo lo que algunos quisiéramos, pero otra cosa importante es que están obligadas a realizar acciones para conservar la fuente” y añade que al grande o pequeño agricultor, que haga uso inadecuado del líquido también se le sancionará administrativa, civil y penalmente.

Así, para los especialistas, esta nueva ley lograría una verdadera protección del recurso hídrico, basado en la gestión integrada donde el desarrollo económico y social, y la protección ambiental puedan compaginar.

Una ley en sintonía con el desarrollo
Juan O. Van Eps D., académico del Centro de Investigación Jurídica de la Universidad de Panamá, considera que la política hidráulica que se establezca en la nueva ley, debe estar integrada dentro de la estrategia económica y social del país.

“Si bien Panamá fue uno de los primeros países que adoptó una legislación en la materia, ésta no ha prosperado de acuerdo al desarrollo nacional, donde la inversión en y de las hidroeléctricas traería más generación de energía, entre otros beneficios”, indica el académico.

El profesor explica que aunque la Ley 35 de 1966 declara que el agua es de dominio público y que cualquier persona puede aprovecharla, con la nuevas modificaciones el Estado regularía las concesiones otorgadas.

“Hay ocasiones en que empresas públicas o privadas van a instalar acueductos y la sorpresa es que cuando llegan a trabajar se encuentran con que ese espacio ya está comprometido. No podemos pretender que se promueva este tipo de recurso, si no hay garantías básicas para quienes invierten”, manifiesta.

El académico de la Universidad de Panamá enfatiza que la ley es benéfica para el país, pero más que la regulación lo importante es que se cumpla.

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