Panameños protestan contra una Ley que amenaza las áreas revertidas en el Canal de Panamá

Panameños protestan contra una Ley que amenaza las áreas revertidas en el Canal de Panamá

El día de ayer en las calles de la ciudad de Panamá, un país que ha sido recientemente llamado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo como la “Singapur de las Américas”, residentes de las áreas revertidas alrededor del Canal de Panamá protestaron contra una ley que esencialmente destruirá esas áreas y creará un clima de inseguridad jurídica entre inversores de confianza.

La nueva Ley, sancionada el 2 de junio por el presidente Martín Torrijos y divulgada el día de ayer, que en realidad era una ley de protección al consumidor, le fue incluída un artículo que retroactivamente permite la legalización de actuaciones ilegales sobre cambios de uso de suelo desde medidados de 1997 hasta el día de 3 de junio de este año.

En 1991 Panamá inició sus preparativos para la reversión de la antigua Zona del Canal a juridicción panameña a través de procesos encaminados hacia un plan de desarrollo, conservación y uso de suelos de esas áreas a revertir. Como fruto de un trabajo de consenso entre facciones políticas, sociedad civil, sector privado y gobierno, se aprobó el plan mediante la Ley 21 de 1997. Por esta ley cualquier cambio de uso de suelo y zonificación la participación ciudadana y otra ley que sustentara ese cambio, y esta Ley debía salir de la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, la Autoridad de la Región Interoceánica, agencia creada para administrar el desarrollo del área del Canal, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, apenas a unos meses de aprobada la Ley 21 iniciaron el proceso de cambiar los usos de suelo, en muchos casos para favorecer desarrollos que tendrían graves afectaciones al plan aprobado. Los cambios se hicieron sin que mediara una ley y mucho menos la participación ciudadana, sino por simples resoluciones ministeriales en contra de lo dispuesto por la Ley 21, y por tanto son considerados ilegales. Los cambios de uso de suelo nunca fueron publicados en la Gaceta Oficial.

Luego de cuatro a cinco años, esta misma Autoridad conocida también como ARI, empezó a vender las tierras de las áreas revertidas que habían sido cambiadas de uso de suelo, coincidiendo con el inicio del actual gobierno. En muchos casos los usos eran de categoría residencial y fueron cambiados a categoría mixta. En otros casos, en especial áreas de sendos bosques tropicales, los usos eran de categoría de área verde no desarrollables y fueron cambiados a categoría residencial o mixta. Estas ventas fueron aprobadas por la junta directiva de la ARI y por el Consejo de Gabinete del Ejecutivo del presente gobierno. Varios de los dueños de estos terrenos ilegalmente cambiados de uso de suelo no han negado haber contribuído a la campaña política del ahora presidente Torrijos. El resultado ha sido que estos dueños ahora pretenden, y algunos ya han empezado, construir gigantescas torres de apartamentos como en otros sectores en que la zonificación si los permite por Ley.

Los residentes de las áreas revertidas alrededor del Canal, formados en asociaciones de orden civil, demandaron ante la Corte Suprema estas ilegalidades y la Corte acogió varias de estas suspendiendo el desarrollo de estos terrenos zonificados ilegalmente. También presentaron recursos de suspensión para detener la construcción de altos edificios, ya que este tipo de estructuras rompería con el caracter de Ciudad Jardín que tienen estas áreas y que estaba protegido por la Ley 21.

El 31 de diciembre de 2006, la Asamblea Nacional de Diputados, en deliberaciones a altas horas de la noche, aprobó una Ley, la Ley 12 de 2007, para exceptuar de los requerimientos de la Ley 21 de 1997 todos los cambios ilegalmente hechos desde 1997 al 2007.

Los residentes interpusieron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de esta nueva ley por tener una acción retroactiva incumpliendo requerimientos de la Constitución en ese sentido.

El martes de la semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó, dentro de un paquete de ley para proteger al consumidor, un artículo específicamente dirigido a darle retroactividad a la Ley 12 demandada argumentando que la nueva Ley será retroactiva y de “interés social”, otro requisito de la Constitución.

Los vecinos iniciaron una serie de protestas en las calles el día lunes 2 de junio y continuaron ayer, en contra de esta nueva Ley. Los residentes publicaron comunicados en los diarios pidiendo al presidente Torrijos que no sancionara la Ley.

Sin embargo, el presidente Torrijos, el día 2 de junio sancionó la nueva Ley, ahora como Ley 29 de 2008. Su aprobación a la ley se dió a conocer el ayer 3 de junio, enterándose de ésto los residentes en medio de la protesta ante la Defensoría del Pueblo. Esto creó un profundo sentimiento de indignación entre todos los que protestaban. La ley entró en vigor inmediatamente.

La nueva ley concede a los multimillonarios inversores inmobiliarios, algunos extranjeros y otros con co-inversionistas extranjeros, una carta abierta para construir inicialmente seis gigantescos proyectos, cada uno de al menos tres inmensas torres de apartamentos de lujo, que no tienen ni caben dentro del ínterés social promulgado en la nueva Ley, a opinión de muchos juristas

La construcción de inmensas torres de concreto y vidrio rompen y violan el carácter de Ciudad Jardín, afectan e impactan negativa e irreversiblemente a los bosques tropicales circundantes y a la fauna y flora así como la biodiversidad de las áreas revertidas.

Esta destrucción no sólo afectará la calidad de vida de la ciudad de Panamá, sino que también el cambio climático a nivel local, y por ende, a nivel global.

Con esta acción de aprobar esta Ley 29, el presidente Torrijos, que es hijo del fenecido dictador Omar Torrijos, mismo que negoció los tratados del Canal con el ex-presidente James Carter para retornar el Canal a jurisdicción panameña al final de 1999, según los presentes en la protesta actúa en contra de muchos dictámenes de su propio padre, que decía que el Canal y todo su entorno serían para los panameños. La mayoría de los clientes potenciales de estas inmensas torres de apartamentos son jubilados norteamericanos, a quienes se les está vendiendo propiedades que fueron zonificadas ilegalmente. En consecuencia, el presidente Torrijos crea un clima de inseguridad jurídica, peligroso para la inversión extranjera honesta en Panamá.

Los residentes han prometido una serie de protestas, comenzando con una gran marcha a pie que vendrá de las áreas revertidas residenciales hasta la plaza bajo el edificio de Administración del Canal.

Azael Barrera, residente de las áreas revertidas.

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