Generadoras no dicen cuál es su ganancia

Con los recursos del Estado privatizados todos ganan menos el pueblo panameño.
Ojalá al Defensor no lo dobleguen y vuelva paños tibios el embrollo se cierne tras bastidores con el tema de energía, especialmente el de generación eléctrica.
Todavía la Defensoría no termina de defender a pueblos indígenas en Bocas del Toro y es un tema tan vital como el debatido.
Burica Press
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ELECTRICIDAD. Se acerca fecha para aumentar costo del servicio de energía y todavía no se anuncian los detalles

Alza genera diferencias

La ASEP afirma que el incremento es imparable, mientras que el Defensor del Pueblo dice que es inaceptable.

Ereida Prieto-Barreiro

PA-DIGITAL

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Destaque Jos� Corpas (c), se ha destacado en el Gast�n. (Foto: Miguel Cavalli / EPASA)

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Hecho. A partir del 1 de julio próximo los panameños pagarán un nuevo aumento.

Se acaba el tiempo y aún no hay fecha oficial para dar a conocer la nueva alza de la tarifa eléctrica que deberán pagar los panameños a partir del 1 de julio.

El administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Víctor Urrutia, señaló que tienen lo que queda de este mes para analizar el reajuste a la tarifa, debido a que “esto no es tan sencillo como limpiar una botella”.

Dijo que “no puede hacer milagros” para que no se dé el aumento tarifario, ya que el costo del petróleo sigue aumentando.

“Sabemos que las empresas están haciendo dinero, pero no podemos hacer nada, porque entonces no tendremos el servicio de la luz”, reconoció Urrutia, quien manifestó que la ASEP sólo puede verificar “hasta donde la ley lo permita” para que no se cobre más de la cuenta.

Destacó que el Gobierno puede entregar el balance financiero de las empresas distribuidoras, al ser accionistas del 49%, no así de las compañías generadoras.
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–> El funcionario expresó que una vez tenga la nueva tarifa, se realizará un foro público para que la ciudadanía conozca cómo se efectuará el aumento.

Modificación.
El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, recomendó que se modifique la ley que crea la ASEP, para que le otorgue mayores facultades a la entidad y así acabar con la percepción ciudadana de que no hay quien los proteja.

Insistió en la necesidad de revisar los contratos entre las empresas eléctricas y el Estado, así como sus estados financieros, para que se garantice que los ajustes en la tarifa sean “justos” para el usuario.

Señaló que los incrementos en el costo de la electricidad “golpean una vez más” al panameño, a pesar de que los subsidios del gobierno se han convertido en “medidas paliativas” que no van más allá de las recomendaciones de ahorro energético.

“No me parece aceptable que el costo energético aumente, con el pretexto del precio del combustible, cuando el 60% de la generación de energía es hídrica”, sostuvo el ombudsman, quien afirmó que se deben “develar” los estados financieros de las empresas eléctricas.

Transparencia.
Por su parte, Geovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derechos del Consumidor y Usuarios, señaló que se está violentando la Ley 6 de Transparencia, ya que no se dará tiempo a la ciudadanía a que pueda debatir el aumento tarifario antes de que empiece a regir.

“Lamentablemente, las empresas eléctricas no han cumplido con la ley, al publicar anualmente su estado financiero para que la población conozca las ganancias que han tenido”, planteó.
Fletcher anunció que presentará un recurso contra el nuevo aumento, en caso de que esta medida no sea anunciada con la debida anticipación por parte de las autoridades.

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POSICIÓN OFICIAL DE LA DEFENSORÍA SOBRE EL TEMA DEL ALZA

Opinión del Defensor del Pueblo.

La economía panameña ha venido experimentando un sostenido crecimiento económico en los últimos años, pese a ello, no se han generado las condiciones para un verdadero desarrollo nacional en equidad, el cual se ha visto desfavorecido, entre otros aspectos, por una tendencia alcista de los precios del petróleo en el mercado mundial.

Esta realidad se hace evidente y se sufre cada seis meses con los denominados “ajustes a la facturación de la energía eléctrica” que se han traducido en desproporcionados incrementos, superiores al 30 % en los últimos años, causando una grave afectación al bolsillo y a la calidad de vida de los panameños.

Estos aumentos han desatado una especulación nunca antes vista en todas las actividades económicas del país.

Un nuevo aumento en la tarifa eléctrica dejaría al pueblo una vez más a merced de las empresas que brindan el servicio de electricidad, caracterizado por un sistema ineficiente desde su privatización, y gestión por parte de las empresas, así como, carencias de mecanismos efectivos de regulación y fiscalización estatal.

La Comisión de Ahorro Energético, en Informe de 2006 sostuvo que “existen indicios de una seria distorsión en los precios de la electricidad, lo cual se traduce en un incremento desproporcionado de la tarifa, que pagan los clientes del servicio público de electricidad, que no guarda relación con el aumento de los precios de los derivados del petróleo utilizados en la generación de electricidad, que es uno de los pocos componentes de costos de la energía que registró un incremento significativo.”

Resulta inaceptable que se pretexte un aumento de la tarifa eléctrica, como resultado del incremento de los precios del combustible, siendo que, en el caso de Panamá, el 60% de la energía que se produce tiene su origen en fuentes hídricas.

Ante este desalentador panorama, el Defensor del Pueblo, recomienda:

  1. Revisar los términos contractuales existentes entre las empresas eléctricas y el Estado, dando plena vigencia al principio constitucional que consagra, que cuando resultaren en conflicto los derechos colectivos con los derechos de particulares, el interés privado cederá ante el interés público o social, a fin de garantizar un equilibrio contractual y no sólo a favor de los concesionarios;
  2. Develar los Informes de Estados Financieros consolidados y auditados por parte de las empresas eléctricas que permitan verdadera transparencia. Vale recordar que el estado panameño y en consecuencia, todos los ciudadanos mantenemos una importante participación accionaria en estas empresas, por lo cual el estado de ganancias y pérdidas, no debe ser un secreto;
  3. Adoptar una Política Energética que más allá de las recomendaciones de ahorros y subsidios estatales, que han servido como medidas paliativas; asegure la disponibilidad, suministro y accesibilidad del servicio de electricidad a precios justos y razonables. Esta Política Energética debe estar acompañada necesariamente de un Plan Estratégico Nacional discutido con amplia participación ciudadana que facilite el acceso a la información;
  4. Promover responsablemente el desarrollo de mecanismos de energía limpia con plena participación comunitaria y respeto a la legislación ambiental.

Por sus impactos y consecuencias en todos los aspectos de la vida y economía nacional, el tema energético se convierte hoy en un tema de seguridad nacional toda vez que no puede el Estado elaborar una política de erradicación de la pobreza, ignorando que la inaccesabilidad del servicio es una condición negativa que limita las posibilidades de desarrollo y vulnera los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía.

Panamá, 13 de junio de 2008

Ricardo Julio Vargas D.
Defensor del Pueblo de la República de Panamá

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