Debate sobre el servicio eléctrico

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Contribución al Debate: Opinión del Defensor del Pueblo frente al incremento de las tarifas por el servicio eléctrico.

Aníbal Grimaldo Césoedes

Ingeniero consultor en el sector eléctrico

La crisis actual de los precios de la energía impacta no solo a nuestro país sino al conjunto de países importadores de petróleo. Algunos piensan que además de ser un problema de precios, es la manifestación de que estamos en el final de la era del petróleo barato en donde gravitan a su vez, la especulación, la caída del dólar y otros factores geopolíticos.

Se considera como un hecho cierto que la crisis energética tiene un carácter excepcional por lo que para su tratamiento los países recurren no solo a un enfoque nacional, sino regional y global. Es un momento en que el tema energético debe revisarse a profundidad y a la luz de la mejor información. Las medidas correctivas, la elaboración de propuestas y la elección de alternativas, así como la mejor utilización de nuestros recursos pasan por un debate informado del tema y han de incidir de manera determinante en nuestro devenir como país. Es por ello que consideramos que este debate debe ser a fondo. No podemos en este momento dejar fuera de la discusión la esencia de nuestras relaciones con las empresas que en su momento resultaron adjudicatarias de la compra venta de acciones del IRHE. Antes bien, se considera necesario examinar en primera instancia si hubo exceso o no, en la delegación por parte del estado de la conducción del sector eléctrico a los inversionistas de las empresas privatizadas. En consecuencia, determinar si este posible déficit de control sobre variables esenciales en el funcionamiento del sector eléctrico agrava el problema.

En este orden de pensamiento nos parece de particular interés la propuesta recogida en la Opinión del Defensor del Pueblo frente al incremento de las tarifas por el servicio eléctrico que plantea la revisión de los contratos de administración del estado con estas empresas, por cuanto éstos son uno de los secretos mejor guardados de la privatización. Revisarlos significa en primera instancia, conocerlos. Hasta ahora invocando su carácter de confidencialidad los mismos han evitado el escrutinio público y actualmente es difícil referirse a ellos con propiedad.

Algunos antecedentes sin embargo permiten inferir, aunque de manera aproximada, la naturaleza de los mismos. Al momento de la transformación del IRHE en empresas Distribuidoras, Generadoras y Transmisora para su posterior privatización, consumada en el año 1997, el estado panameño optó por vender a los nuevos inversionistas entre 49 % y el 51 % del patrimonio en las empresas distribuidoras y generadoras, y retener el 100 % de la empresa de transmisión. En esta operación los contratos de administración fueron el instrumento utilizado por el Estado para asegurarle a los inversionistas que mantendrían un control de las empresas eléctricas parecido al que tendrían si el Estado no fuera socio; es decir, el contrato de administración minimiza el rol del Estado al nivel de dueño pasivo que delega en el socio administrador la totalidad de las funciones inherentes a la conducción empresarial en el día a día y en la toma de decisiones estratégicas. Estos temas de gran trascendencia en el quehacer de la industria eléctrica solo se pueden conocer a cabalidad si se consulta la letra y el espíritu de estos contratos; de allí, la gran importancia que tiene la divulgación de los mismos. Aún si sobre estos existen compromisos de confidencialidad, el interés público para enfrentar la crisis energética justifica que se conozca el contenido de los mismos.

Opinamos que si en el estudio de estos contratos se confirma lo que arriba hemos supuesto, no cabe duda que el Estado debe abandonar su política de delegar en estas empresas la conducción estratégica del sector y asumirla en forma responsable, especialmente en estos tiempos de grandes retos.

Así mismo el análisis de los Estados Financieros de estas empresas, no solo para el presente año sino para estos diez años de funcionamiento permitiría conocer el desempeño de las mismas en la prestación del servicio público de electricidad, sus márgenes de utilidad en un ambiente de aumento de los precios de energía para los clientes y comprobar si sus políticas de inversión están destinadas a mitigar en forma adecuada el alza de los precios. Se podrá también comprobar si las operaciones realizadas por estas empresas responden en forma equitativa a los intereses del inversionista, sin menoscabo de los que corresponden al socio Estado.

Finalmente la construcción de alternativas y el mejor uso de nuestros recursos, están estrechamente ligados a la planificación que resulta de aplicar en forma concreta una política energética. En la construcción del sistema eléctrico intervienen aspectos tales como: mantener una adecuada mezcla de capacidad hidráulica, térmica, eólica y de otras fuentes renovables; la construcción de las obras de transmisión e interconexiones internacionales; las medidas de administración de la demanda y eficiencia energética; la utilización óptima del agua de las cuencas priorizando los requerimientos del medio ambiente y de sus habitantes. Todo esto considerando criterios de desarrollo y sostenibilidad, minimizando los costos de inversión, funcionamiento y mitigación de impactos que en su totalidad son afrontados por los usuarios a través de las tarifas eléctricas. La coordinación de estos aspectos muchas veces conflictivos requiere de la aplicación de técnicas de planificación tanto en la elaboración de los planes como en el seguimiento del equilibrio esencial del sistema. La planificación de la generación en el marco regulatorio vigente tiene solo un carácter indicativo; es el inversionista, quien bajo la influencia de las fuerzas de mercado, decide sobre el tipo, el momento y la dimensión de las obras de generación que se deben construir. Esta forma de proceder no garantiza la coordinación y el seguimiento de los aspectos antes mencionados y por el contrario, puede desembocar en desequilibrios importantes, falta de inversión y exacerbar conflictos entre diferentes grupos de interés.

Con lo anterior nuestro propósito es el de enfatizar sobre la importancia de los puntos enunciados por el Defensor del Pueblo ya que los mismos permiten orientar el debate hacia un análisis crítico del desenvolvimiento del sector eléctrico en aras de determinar las medidas correctivas que deban aplicarse al marco regulatorio vigente. Igualmente, buscar un mejor equilibrio en el sector eléctrico entre el papel rector del estado, las empresas prestadoras del servicio público, los usuarios, el medio ambiente y los pobladores afectados por la construcción de proyectos. Estos objetivos pueden lograrse devolviendo a la planificación su papel de herramienta indispensable en la elaboración de los lineamientos importantes en la construcción de alternativas de un sistema eléctrico eficiente.

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