El mercado ocasional eléctrico un gran negociado

Las reglas del juego para las generadoras y distribuidoras están dadas para ganar o ganar.  Mientras que al usuario se le carga todo el peso de este mercado especulativo y abusivo.

La ASEP ha indicado que los precios seguirán altos, por mil excusas y esto será una historia de nunca acabar dado que se mueven poderosos intereses detrás del gran negociado de la generación eléctrica donde el usuario final paga todo este mercado de explotación que el Estado protege para favorecer intereses muy privados.

Burica Press.

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Un negocio rentable, el mercado ocasional

Las hidroeléctricas generan la energía más económica, pero su disponibilidad está sujeto a la estación climática, contrario a las termoeléctricas que tienen disponibilidad inmediata. / Foto Guillermo Yángüez
Tagnia Shocrón
tshocron@estrelladepanama.com

¿Quiénes se benefician con una energía eléctrica tan costosa? El consumidor piensa inmediatamente en las distribuidoras eléctricas y éstas en las generadoras. Lo cierto es que el 69% de la facturación corresponde a las generadoras, el 19% a las distribuidoras y un 3.65% a la transmisión.

Pero, el cliente que recibe mensualmente el “recibo de luz” no comprende porqué su cuenta viene más alta a pesar que ha tomado medidas ahorrativas. Son varios factores sumados: como el costo del combustible, la demanda sobre oferta, sequías y mercado ocasional.
Este último término, conocido también como energía en stock, cubre el margen que no abastece la energía contratada, y en esta negociación participan las hidroeléctricas y termoeléctricas, y todas en un momento dado juegan ambos papeles. Tienen contrato de venta, pero también participan en el mercado ocasional.
Este abastecimiento conformado en su mayoría por las termoeléctricas ofrece electricidad inmediata, ya que la producen del búnker, derivado del petróleo. El problema es que costo de producción está sujeto al precio del crudo que cada vez es más alto.
En un día normal, puede participar 18 plantas en el mercado ocasional de las 21 que están disponibles. Para cubrir la demanda diaria, las distribuidoras disponen primero de la energía contratada que tienen un precio preestablecido. Cuando ésta es consumida, entonces se dispone del mercado emergente. En el 2007 este margen representaba el 7% del abastecimiento, pero para el 2008, subió su compra al 17%.
El precio está relacionado con la capacidad disponible en el mercado. Sin embargo, el cálculo de pago se hace en base a la generadora más ineficiente, en otras palabras la que produce la energía más cara que se necesitó utilizar para cubrir el déficit energético es la que impone el precio de ventas para todas las que participaron.
Es el despacho de energía, el que determina cuál es el precio, y el orden puede variar dependiendo de la hidrología, el precio del combustible y qué plantas estén en mantenimiento.
Las empresas y entidades relacionadas con el servicio energético coinciden en dos puntos, para que el cliente no sea “víctima ocasional”. Primero, el ahorro de energía. La mayoría de la demanda local corresponde al consumo doméstico. Si el usuario tuviera un comportamiento ahorrativo, se dependiera menos de la energía en stock.
La segunda medida, que le corresponde gran parte al Estado, es diversificar las fuentes energéticas para que se puede utilizar simultáneamente. Promover plantas más eficientes que deriven en energía más barata. Así, cuando se compre en stock, las más costosas serán relegadas al final de la lista y el precio estará fijado con las más económicas y eficientes.
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Discuten con celeridad código agrario de Panamá

ASAMBLEA. NUEVO CÓDIGO AGRARIO.

Eliminan artículos polémicos

Ex directores de Reforma Agraria opinan que la reforma no resuelve el problema de la tenencia de la tierra.

El magistrado Alberto Cigarruista se quejó del bombardeo de los medios a la propuesta de la Corte.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

Los artículos 7 y 9, principales escollos en la discusión del proyecto que crea un nuevo Código Agrario, fueron eliminados ayer durante las consultas que realiza la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional.

Esos artículos, que formaban parte de los principios en que se fundamenta la propuesta, eran vistos por productores y gremios agrícolas como una amenaza a la propiedad privada, ya que dejaban a potestad del Estado decidir el uso o propiedad de las tierras en función de garantizar la seguridad alimentaria. Los artículos, alegaban, no ofrecían seguridad jurídica para quienes ostentan la propiedad de la tierra.

Tras el debate inicial, al que asistieron incluso ex ministros de trabajo y ex directores de reforma agraria, se avanzó hasta el artículo 13, de los 247 que contiene el proyecto.

El magistrado Alberto Cigarruista, vocero de la Corte Suprema de Justicia, se quejó del “injusto bombardeo” que los medios han hecho a los diputados, y aclaró que los derechos posesorios no dan la titularidad de la tierra, ya que el Estado es el dueño y “este principio lo contempla la Constitución”.

CÓDIGO AGRARIO.La ley incluye expropiaciones por seguridad alimentaria.

Gremios piden suspender debate

Mónica Ríos, de Pronat, aseguró que el nuevo código no le quitará sus tierras a quien las hace producir.

J.J. Vallarino III expresó su temor a que ocurran nuevas expropiaciones, como pasó en Bayano con los militares.

LA PRENSA/Víctor Arosemena
CONFLICTOS. La tenencia de tierra ha sido un problema que dista mucho de resolverse en muchos países del mundo. Panamá no escapa de ello.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional desestimó ayer la petición de Hermann Gnaegi, delegado de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, de suspender las consultas sobre el proyecto de Código Agrario hasta no delinear bien sus principios y la seguridad jurídica de los productores.

El magistrado Alberto Cigarruista, vocero de la Corte Suprema de Justicia, proponente del proyecto, sostuvo que de aceptarse, se perdería la oportunidad de lograr una buena ley, “ya que se perdería el entusiasmo y el trabajo que se ha acumulado durante 10 años”.

Este proyecto no es de piedra, dijo, “podemos mejorarlo. Si se aprueba, bien; y si no, entonces seguiremos con la misma ley y los pleitos que duran 15 y 20 años sin resolverse”.

Gnaegi, productor ganadero en Natá, expresó que no reconocer los derechos posesorios en el texto preocupa grandemente a los productores, y sobre todo, a la banca privada y estatal, ya que aquellos mantienen hipotecas que, de expropiarse las tierras, los haría quedar en indefensión.

No obstante, el abogado Santander Tristán, del Programa Nacional de Administración de Tierras, insistió en que debe hacerse un esfuerzo por lograr esta ley en beneficio de los necesitados. Tristán aclaró que en el artículo 7, la palabra “se reserva” se refiere a las tierras del Estado.

Durante la consulta, el abogado Ovidio Díaz Espinosa elevó una propuesta para reemplazar los artículos 7 y 9, en busca de definir mejor el tema de la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra para garantizar las inversiones, modernizar y mejorar la productividad del agro.

La propuesta señala que el Estado velará por el desarrollo de la actividad agraria y garantizará la seguridad alimentaria de su población. En casos de urgencia, podrá expropiar tierras que estén ociosas, siempre y cuando respete los derechos de sus titulares o de quienes tienen derechos de posesión. A ello, añade el pago de la debida indemnización.

Tanto Cigarruista como Tristán rechazaron esta propuesta alegando que contempla una expropiación extraordinaria, al incluir una indemnización.

Para el magistrado, lo que intenta este proyecto es mejorar la seguridad jurídica de quienes trabajan con derechos posesorios y no afectarlos, ya que el Estado es dueño de las tierras si no están tituladas.

También intervinieron Rolando Mejía y Eric Jiménez, ex directores de Reforma Agraria, quienes advirtieron que el proyecto está muy lejos de ser un buen Código Agrario.

Jiménez afirmó que los constantes conflictos por la tenencia de la tierra siguen sin resolverse en el texto, lo cual es fundamental.

Principios de la ley agraria

.SOCIAL: El Estado distribuirá la tierra en forma “racional”.

.ECONÓMICA: No se permitirá que haya áreas ociosas o improductivas.

.AMBIENTAL: No se permitirá el uso de agroquímicos sintéticos que debiliten el suelo.

Solicitan justicia para proteger bosques urbanos

FALLOS DE LA CORTE.

Queremos justicia

Rafael Spalding
opinión@prensa.com

¿Qué pasa cuando una mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se equivoca? En abril de 2008, el pleno de la Corte Suprema de Justicia falló que la Ley 12 de 2007 es constitucional. Las comunidades lo ven de otra forma.

Una demanda de inconstitucionalidad había sido presentada contra la Ley 12 por las modificaciones a la Ley 21 de 1997. Antes de dar su fallo, los magistrados recibieron la opinión de la Procuraduría General de la Nación y la opinión de un opositor. Es un derecho ciudadano de participar en demandas sobre temas de constitucionalidad.

La Procuradora General de la Nación encontró que la Ley 12 viola el artículo 46 de la Constitución. El opositor opinó que la Ley 12 no es inconstitucional. Alegó que los cambios urbanísticos realizados por el Ministerio de Vivienda (Mivi) entre 1997 y 2007 fueron de forma y no de fondo; consecuentemente, como no hubo afectados, no hubo violación.

La mayoría de los magistrados coincidió con el opositor. Ellos concluyeron que ningún acto administrativo realizado por el Mivi entre 1997 y 2007 había violado los derechos a terceros. Los cambios a la Ley 21, introducidos por la Ley 12, son hacia el futuro, a partir de su promulgación: no se había violado ni el artículo 46 ni ningún otro artículo de la Constitución.

Los magistrados se equivocaron. Para su lectura, presentamos extractos pertinentes de las leyes en cuestión. Gaceta Oficial No. 23323, Ley 21, artículo 13: “…el Ministerio de Vivienda… podrá variar las categorías de ordenamiento territorial contenidas en el plan regional y en el plan general, previa consulta con la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Legislativa, mediante ley que al efecto se dicte”.

Gaceta Oficial No. 25731, Ley 12, Artículo 2; donde modifica la Ley 21, artículo 13: “Parágrafo: Se exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo [el artículo 13 de la Ley 21] las resoluciones emitidas por el Ministerio de Vivienda en materia de desarrollo urbano para los sectores de la Región Interoceánica, en el periodo comprendido desde el mes de julio de 1997 hasta la fecha de promulgación de la ley que adiciona este parágrafo”. Lo parentético es nuestro. Está claro que la Ley 12 exime al Mivi de cumplir con el artículo 13 de la Ley 21 desde julio de 1997, hasta febrero de 2007, cuando la Ley 12 fue promulgada.

No hay ninguna otra modificación a la Ley 21. Por ende, el día después de la promulgación de la Ley 12, la Ley 21 guardaría su condición original de requerir la consulta del Mivi a la Asamblea Nacional para variar las categorías de ordenamiento territorial. Contrario a lo que alegan los magistrados, la Ley 12 modifica a la Ley 21 retroactivamente hacia el pasado y no hacia el futuro, y viola el artículo 46 de la Constitución, tal como opinó la Procuradora General de la Nación.

Además, contrario a lo dicho por el opositor y los magistrados, las comunidades de las áreas revertidas han demostrado que reiteradamente el Mivi ha violado el artículo 13 durante el periodo entre julio de 1997 y febrero de 2007, afectando su seguridad jurídica.

Solicitamos, respetuosamente, que los magistrados rectifiquen esta injusticia.

El autor es ingeniero mecánico

Tenían que ser militares y uribistas!

OPERATIVO JAQUE. MIEMBRO DEL GOBIERNO RECONOCE LA FALTA.

Se violó el derecho humanitario

Uno de los guerrilleros capturados aseguró que tres militares usaron el emblema del CICR y no uno.

Analistas consideran que al usar el logotipo se violentó el derecho internacional humanitario.

EFE/RCN
DENUNCIA DE ‘RCN’. El 4 de agosto se revelaron imágenes del rescate en el que efectivos de la Fuerza Pública portaban el emblema de la Cruz Roja y el logotipo de ‘Telesur’ en los chalecos de dos supuestos enviados de este canal internacional.

BOGOTÁ, Colombia/DPA

El director de la oficina de Derechos Humanos de la vicepresidencia de Colombia, Carlos Franco, reconoció la noche del viernes que durante la operación Jaque, que permitió la liberación de 15 rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se violó el Derecho Internacional Humanitario (DIH) por utilizar emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

“Eso no nos da ningún derecho a nosotros de violar el DIH, claro, es una prohibición utilizar los emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja”, declaró el funcionario a Caracol Radio.

Franco hizo referencia a un video de la operación Jaque, difundido por la televisión local, en el que uno de los militares que se hizo pasar por un miembro de una comisión internacional portó un peto del CICR antes de iniciar esa acción, contradiciendo la versión que entregó el presidente Álvaro Uribe.

En las imágenes se puede apreciar que el oficial tuvo siempre puesto el peto, incluso desde antes de que dos helicópteros militares, pintados con colores blanco y anaranjado, partieran al lugar acordado para recoger a los rehenes.

La operación fue realizada por un comando de élite cuyos miembros engañaron a los rebeldes, fingiendo ser periodistas e integrantes de un organismo internacional humanitario que trasladaría a los rehenes a otro campamento de las FARC.

Inicialmente, el Mandatario colombiano pidió disculpas dos semanas después del rescate, tras asegurar que el militar sintió temor y sacó del bolsillo la prenda cuando vio que había un alto número de guerrilleros en el punto de encuentro con los rehenes.

Por su lado, Radio Caracol y el diario El Espectador afirmaron que uno de los guerrilleros capturados en la operación Jaque aseguró a la Fiscalía que hubo tres militares que usaron emblemas del CICR, y no uno como se dijo inicialmente.

“Alexander Farfán, alias Enrique Gafas, uno de los cabecillas de las FARC capturados durante la operación Jaque, afirmó ante la Fiscalía que el Ejército le quitó una cámara de video, con la que según él, demostraría que fueron tres los oficiales que utilizaron el emblema de la Cruz Roja Internacional”, aseguró Caracol Radio.

La defensa del rebelde no descarta la posibilidad de denunciar a las Fuerzas Militares, según él, por haber cometido el delito de ocultar evidencias.

Analistas han considerado que la utilización del emblema de la Cruz Roja en ese operativo militar fue una violación del derecho internacional humanitario, y en particular del protocolo II de las convenciones de Ginebra, que regula la protección de las víctimas en los conflictos armados no internacionales.

El Gobierno colombiano indicó que Uribe no fue informado bien sobre los detalles de la operación Jaque, en la que fueron liberados la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y 11 militares colombianos.

Uribe anunció el pasado miércoles que pedirá una investigación para establecer si algunos militares le ocultaron información de la operación Jaque.

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“El engaño es una virtud”

Hernando Salazar
Hernando Salazar
BBC Mundo, Bogotá

El ejército colombiano celebra su día, este 7 de agosto, en medio de la creciente polémica por el uso del logotipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la operación que rescató a Ingrid Betancourt y a 14 rehenes más.

José Obdulio Gaviria
Ese debate hay que elevarlo. Que un Estado engañe a un enemigo no lo cuestiona ni San Francisco de Asís
José Obdulio Gaviria, consejero presidencial

La controversia se generó luego de conocerse un video donde se muestra que el logotipo del CICR fue usado por un capitán del ejército desde el principio de la operación y no al final, y por miedo, como se dijo inicialmente.

“El gobierno tiene que avanzar hacia decisiones (…), porque los errores se pueden perdonar, máxime cuando son de buena fe, o inducidos por el temor. Pero la mentira, en una investigación de esa importancia para el país, no se puede perdonar, porque se le hace un daño imperdonable al país”, dijo el presidente Álvaro Uribe.

La controversia estalla después de que las Fuerzas Militares les han dado duros golpes a la guerrilla de las FARC, como la muerte de Raúl Reyes en Ecuador y de otros de sus jefes en Colombia.

¿Fin loable o violación del DIH?

OPINE: COLOMBIA/CRUZ ROJA: ¿ENGAÑO LEGÍTIMO?
Catalina Beleña, Valencia, España

Y el debate se centra en si un fin loable, como el rescate de secuestrados, justifica que se acuda a medios engañosos, como el uso del logotipo del CICR por personal militar.

En últimas es el choque entre la doctrina del legendario general chino Tzun Tzu, quien predicó el uso del engaño en la guerra, con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que les impone límites a todos los actores de un conflicto armado.

En diálogo con BBC Mundo, el consejero presidencial José Obdulio Gaviria defendió el engaño y dijo que es una “virtud” en un conflicto armado.

“¿Como va a ser un crimen engañar a un enemigo artero como las FARC y liberar a unos secuestrados?”, respondió Gaviria cuando BBC Mundo le preguntó si justifica que un Estado acuda al engaño con un símbolo como el del CICR.

Gaviria, quien es el más influyente consejero del presidente Uribe, dijo que, además, el símbolo de la Cruz Roja “es de propiedad de Johnson y Johnson”.

“Ese debate hay que elevarlo. Que un Estado engañe a un enemigo no lo cuestiona ni San Francisco de Asís”, añadió.

Emblema de la Cruz Roja durante la Operación Jaque

Emblema de la Cruz Roja fue utilizado durante la Operación Jaque para engañar a las FARC.

Un día antes, desde la zona donde fue liberada Ingrid Betancourt, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había elogiado las doctrinas de engaño predicadas por Tzun Tzu y al mismo tiempo había recordado que el general colombiano Francisco de Paula Santander promovió desde la época de la independencia de España el apego y el respeto a la ley.

José Obdulio Gaviria sostuvo, además, que no se cometió el crimen de perfidia con el uso del emblema de la Cruz Roja en la operación, porque no se utilizó para atacar a los guerrilleros que tenían en su poder a Betancourt y a los demás rehenes.

¿Por qué, entonces, la molestia del presidente Uribe?, le preguntamos a Gaviria. Y este respondió: “Porque le mintieron al presidente y él no admite que se le mienta. Él creyó la versión inicial y la repitió”.

Se cometió “perfidia”

En cambio, otros analistas, como el profesor Alejandro Valencia Villa, experto en DIH, consideran que sí se cometió perfidia con el uso del logo del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Alejandro Valencia Villa
Ahí se presentó una infracción al DIH porque hubo una utilización indebida de los signos de protección
Alejandro Valencia Villa, experto en DIH

Y Valencia cita la definición que hace el Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra, cuando dice: “Constituirán perfidia los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intención de traicionarla, den a entender a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla, de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados”.

Según el experto, en la operación de rescate de Betancourt hubo la intención de utilizar un signo de protección, el del CICR, y también se simuló ser una persona protegida.

“Ahí se presentó una infracción al DIH porque hubo una utilización indebida de los signos de protección”, opina Valencia.

En medio de la polémica por el uso de los emblemas, el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, anunció que se reunirá con el Comité Internacional de la Cruz Roja, “porque tenemos toda la disposición de tener la mejor relación con ellos”.