Solicitan justicia para proteger bosques urbanos

FALLOS DE LA CORTE.

Queremos justicia

Rafael Spalding
opinión@prensa.com

¿Qué pasa cuando una mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se equivoca? En abril de 2008, el pleno de la Corte Suprema de Justicia falló que la Ley 12 de 2007 es constitucional. Las comunidades lo ven de otra forma.

Una demanda de inconstitucionalidad había sido presentada contra la Ley 12 por las modificaciones a la Ley 21 de 1997. Antes de dar su fallo, los magistrados recibieron la opinión de la Procuraduría General de la Nación y la opinión de un opositor. Es un derecho ciudadano de participar en demandas sobre temas de constitucionalidad.

La Procuradora General de la Nación encontró que la Ley 12 viola el artículo 46 de la Constitución. El opositor opinó que la Ley 12 no es inconstitucional. Alegó que los cambios urbanísticos realizados por el Ministerio de Vivienda (Mivi) entre 1997 y 2007 fueron de forma y no de fondo; consecuentemente, como no hubo afectados, no hubo violación.

La mayoría de los magistrados coincidió con el opositor. Ellos concluyeron que ningún acto administrativo realizado por el Mivi entre 1997 y 2007 había violado los derechos a terceros. Los cambios a la Ley 21, introducidos por la Ley 12, son hacia el futuro, a partir de su promulgación: no se había violado ni el artículo 46 ni ningún otro artículo de la Constitución.

Los magistrados se equivocaron. Para su lectura, presentamos extractos pertinentes de las leyes en cuestión. Gaceta Oficial No. 23323, Ley 21, artículo 13: “…el Ministerio de Vivienda… podrá variar las categorías de ordenamiento territorial contenidas en el plan regional y en el plan general, previa consulta con la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea Legislativa, mediante ley que al efecto se dicte”.

Gaceta Oficial No. 25731, Ley 12, Artículo 2; donde modifica la Ley 21, artículo 13: “Parágrafo: Se exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo [el artículo 13 de la Ley 21] las resoluciones emitidas por el Ministerio de Vivienda en materia de desarrollo urbano para los sectores de la Región Interoceánica, en el periodo comprendido desde el mes de julio de 1997 hasta la fecha de promulgación de la ley que adiciona este parágrafo”. Lo parentético es nuestro. Está claro que la Ley 12 exime al Mivi de cumplir con el artículo 13 de la Ley 21 desde julio de 1997, hasta febrero de 2007, cuando la Ley 12 fue promulgada.

No hay ninguna otra modificación a la Ley 21. Por ende, el día después de la promulgación de la Ley 12, la Ley 21 guardaría su condición original de requerir la consulta del Mivi a la Asamblea Nacional para variar las categorías de ordenamiento territorial. Contrario a lo que alegan los magistrados, la Ley 12 modifica a la Ley 21 retroactivamente hacia el pasado y no hacia el futuro, y viola el artículo 46 de la Constitución, tal como opinó la Procuradora General de la Nación.

Además, contrario a lo dicho por el opositor y los magistrados, las comunidades de las áreas revertidas han demostrado que reiteradamente el Mivi ha violado el artículo 13 durante el periodo entre julio de 1997 y febrero de 2007, afectando su seguridad jurídica.

Solicitamos, respetuosamente, que los magistrados rectifiquen esta injusticia.

El autor es ingeniero mecánico

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