ACD y CS ratifican violación a los DD.HH de Ngobes en Changuinola

Gobierno panameño debe pedir perdón y

resarcir daños a los Ngobes de Changuinola

Burica Press. 29 de julio de 2008. En un comunicado difundido por las organizaciones ecologistas Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival (CS) se indica que en la petición de medidas cautelares realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha reiterado con nuevas pruebas la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado panameño a los indígenas Ngobes en el valle del Río Changuinola.

Alegan los peticionarios que los argumentos del Gobierno de Panamá (GDP) ante el CIDH son vergonzosos y contradictorios y hasta deshonestos, al no decir la verdad sobre hechos fácilmente comprobables de todo lo que se ha dado con las comunidades e individuos Ngöbe en el Valle del Río Changuinola desde el año 2005 cuando se intensificaron las acciones de violación a los Derechos Humanos en el área, como efecto de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Changuinola I (Chang 75).

Reiteraron ante el tribunal de CIDH la admisión de siete medidas cautelares para la protección de los ngöbes y sus tierras ancestrales. Entre ellas destacan la necesidad que el gobierno panameño declare nulos e inválidos los acuerdos hechos entre AES-Changuinola y los jefes de familia ngöbe individualmente y restablecer la posesión pacífica de todas las tierras y otras propiedades a cada ngöbe y a la comunidad como un todo.

Solicitan el establecimiento de una entidad confiable e independiente para investigar las violaciones de derechos humanos contra los ngöbes individualmente y como comunidad, cometidos entre diciembre de 2005 hasta el presente, proporcionando las reparaciones para tales violaciones y desean que se establezca una entidad confiable e independiente con capacidad técnica para investigar daños ambientales causados por el proyecto de la represa hasta el presente, y reparar los ambientes degradados por causa de las carreteras en construcción.

Adicionalmente han indicado la necesidad que gobierno panameño le pida perdón a los ngobes afectados por todas las violaciones cometidas y compensar por aquellas que no puedan ser restituidas, incluyendo daños morales y pecuniarios resultantes de detenciones y arrestos injustos; daños irreparables a la propiedad y el ambiente, y sufrimiento, humillación y dolor.

Las tres últimas solicitudes de medidas cautelares se hicieron con la finalidad que no haya repetición de hechos similares en el futuro. Estas solicitudes incluyen en la necesidad que el gobierno panameño efectúe un Estudio de Impacto Ambiental y un Análisis Ambiental Estratégico, para asegurar que proyectos futuros sean consistentes con la protección de tierras, recursos y el ambiente de los ngöbes. El gobierno debe investigar, demarcar, y nombrar todas las tierras indígenas antes de iniciar negociaciones para proyectos de desarrollo en esas tierras y debe adoptar leyes que aseguren que todas las tierras indígenas sean protegidas de usurpación a menos que las comunidades indígenas hayan participado del proceso de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, que les permite dar su consentimiento libre, previo y bien informado sobre el desarrollo de represas hidroeléctricas en sus territorios.

Tanto ACD como CS decidieron actuar ante la justicia internacional dado que en Panamá  se le negó a los Ngobes justicia libre y expedita ante violaciones flagrantes a los derechos humanos de ellos.  El Presidente de ACD, Ariel Rodríguez indica que en Panamá todavía la justicia es lenta y no confiable, lo cual es penoso y lamentable. Según el activista en el país siguen las influencias de grupos de poder político y económico que impiden que las leyes y normas se cumplan adecuadamente cuando existen intereses creados en juego. Indicó además que en el caso de las hidroeléctricas planteadas en Changuinola y la «usurpación  legal»de las tierras Ngobes por parte de las empresas promotoras y con el beneplácito del gobierno panameño nos indica que Panamá la justicia es ciega, sorda y muda y ha perdido la balanza cuando se trata de defender los derechos de pueblos indígenas vulnerables, indicó el ecologista.