BOCAS DEL TORO.
Reubicación perjudica a indígenas
José Arcia
jarcia@prensa.com
Una demanda por violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en contra del Estado panameño, ha sacado a la luz informes de entidades gubernamentales que señalan desmejoramiento de la calidad de vida de las familias indígenas luego de su reubicación.
El traslado se dio tras aprobarse la construcción de uno de los proyectos hidroeléctricos de Aes Changuinola sobre el río del mismo nombre.
Aes Changuinola dijo que trabaja con el Gobierno para mejorar los servicios básicos de esos lugares.
hidroeléctrica.proyecto de aes changuinola, en medio de investigación por violación de derechos.
Informe deja dudas sobre reubicaciones
Panamá respondió una demanda ante la CIDH que presentaron grupos ambientalistas contra Aes.
En el informe se establece que las nuevas viviendas dadas a los indígenas no tienen buenas condiciones.
| CORTESÍA/ACD |
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| FUERZA. Las comunidades indígenas han denunciado abuso policial en su contra. |
José Arcia
jarcia@prensa.com
El Gobierno panameño estableció, en octubre de 2007, que los tres proyectos hidroeléctricos que la empresa Aes Changuinola busca construir sobre el río Changuinola, en Bocas del Toro, son de interés social.
La resolución, firmada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, está consignada en la Gaceta Oficial No. 25942 de diciembre de 2007.
Pero ahora, el primero de los tres proyectos de la empresa está en medio de una demanda contra del Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por las posibles violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los indígenas ngöbe que viven en los alrededores de la obra.
La demanda fue presentada el pasado 7 de marzo por las organizaciones no gubernamentales ambientales Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) con sede en Panamá, y Cultural Survival, con sede en Estados Unidos, en representación de las comunidades indígenas de Charco La Pava y Valle del Rey.
Las dos comunidades se encuentran a casi dos horas de Changuinola, la cabecera de la provincia, dentro del bosque protector Palo Seco.
ACD y Cultural Survival sustentan su demanda en que para construir el proyecto hidroeléctrico Chan 72(Changuinola I), el primero de los tres proyectos de Aes, se desalojaron indígenas sin su consentimiento.
Los grupos ambientales sostienen que, a pesar de que las familias recibieron compensaciones monetarias para mudarse a la comunidad de Finca 4, la mudanza les ha perjudicado porque no tienen agua potable (en sus lugares de origen tenían el río), la vida se les ha encarecido, han perdido la fuerza de la comunidad y están confundidos por la “agitada vida urbana”.
Los grupos ambientales solicitaron a la CIDH aplicar de “manera inmediata medidas provisionales para salvaguardar los derechos humanos fundamentales de los ngöbes y prevenir una devastación y una destrucción aún mayor de su forma de vida”.
Lucía Laso, directora ejecutiva de ACD, dijo que el propósito de la medida es detener la obra hasta tanto se “corrijan las irregularidades”.
versión del gobierno
En medio de este conflicto, un informe del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de abril de 2008 agrega más realidades crudas. En el documento, la entidad señala que las viviendas urbanas donde fueron reubicados los indígenas no cumplen con las condiciones de vida necesarias. Las familias carecen también de tierra, lo que les impide mantener su sostenibilidad, y falta de servicios básicos (agua potable, salud).
“Es importante recalcar que son grupos indígenas, cuyo estilo de vida es de tipo rural, lo que obliga a que se respeten sus costumbres”, señala el documento del Mides, que forma parte del informe que el Gobierno panameño entregó a la CIDH al responder la demanda de los ambientalistas.
A pesar de los puntos señalados por el Mides, el informe del Gobierno Central fue respondido por el embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Aristides Royo, en una nota del 13 de junio de 2008, en el que indica: “El Estado panameño niega que exista inminencia o peligro inminente de violación a los derechos humanos como lo han sostenido los peticionarios”, señala el informe .
El pasado jueves se contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina de Relaciones Públicas, para conocer su versión del tema, pero no respondieron.
LO QUE DICE AES
Humberto González, gerente general de Aes Changuinola, dijo ayer que las familias son mudadas, no solo bajo su consentimiento, sino también en el lugar que ellas exigen. Para González, el informe del Mides refleja una situación que no tiene que ver con la empresa. En las zonas en las que han sido reubicadas las familias, arguyó, los servicios básicos han sido históricamente deficientes.
Hasta el momento se han reubicado a 22 familias de las 156 que deberán abandonar sus propiedades, porque las áreas en las que viven serán inundadas cuando termine la construcción de la hidroeléctrica, estimada para el año 2010.
González dijo que el Gobierno y la empresa están trabajando en conjunto para mejorar los servicios básicos de la comunidad y citó, como ejemplo, la construcción de un pozo para abastecer de agua potable a la comunidad de Finca 4.
CONTRATO POLICIAL
Pero las comunidades indígenas y los grupos ambientalistas también se quejan de otra cosa: la presencia de miembros de la Policía Nacional (PN) en la zona de construcción.
Una presencia que tiene su sustento legal en un contrato entre la PN y Aes Changuinola, firmado el 13 de marzo de 2008, dos meses después de que los indígenas realizaran protestas en contra del proyecto, con un saldo de 48 personas detenidas. Dieciséis de los detenidos eran menores de edad.
El 25 de marzo pasado, la alcaldesa de Changuinola, Virginia Ábrego, solicitó a la Policía retirar a los agentes de la zona. En una nota enviada al subcomisionado de la PN de Bocas del Toro, José Miguel Ríos Ábrego, señaló que en su despacho había recibido “preocupantes quejas” de los indígenas.
Eduardo Lim Yueng, vocero de la PN, dijo que la presencia de los policías era para escoltar las maquinarias. González, de Aes, argumentó que la medida es para garantizar la seguridad en la zona porque se realizan trabajos con explosivos. La semana pasada, los grupos ambientalistas respondieron el informe del Gobierno. Lo rechazan, dijeron, y reiteran su solicitud de aplicar medidas provisionales para “detener situaciones de abusos” en contra de los indígenas.
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