Infame camarón para el Parque Nacional Isla de Coiba

AMENAZA PESQUERA.

Artículo 278, el infame camarón de Coiba

Gabriela Etchelecu
opinion@prensa.com

El pasado 6 de agosto el Presidente de la República sancionó la Ley 55 de 2008. A simple vista esta parecía ser una ley dirigida al comercio marítimo, sin embargo al final de la página 57, en el penúltimo artículo de la ley, aparece el artículo 278, ahora conocido como “el infame camarón de Coiba”. Con este artículo, grupos de poder económico pesquero locales y extranjeros metieron lo que en la Asamblea Nacional se conoce como “un camarón”.

El artículo 278 se encuentra dentro del Capítulo VI titulado “Embargo y Venta de los Navíos”, y dice así: “La presente Ley deroga el Libro Segundo del Código de comercio de Panamá” y como al pasar agrega seguidamente “y el artículo 11 de la Ley 44 del 26 de julio de 2004”.

La mencionada Ley 44 es nada más y nada menos que la ley que crea el Parque Nacional Coiba. El citado artículo 11 de la ley de Coiba dice así: “Se crea una zona de exclusión, comprendida en el área del Pacífico panameño, al norte del paralelo 06°30’0, en la que se prohíbe la utilización de redes de cerco para la pesca de atún, toda vez que dichos aparejos de pesca afectan especies marinas del área, como peces de pico, delfines, cetáceos, tortugas y otras”. Al derogar este artículo se abren nuestras aguas, y últimos refugios, a la pesca de atún de cerco. Si bien en el Parque Coiba por ley no se permite la pesca industrial, claro, hasta que alguien meta otro camarón y cambie otro artículo, en el resto del Pacífico panameño ahora podrán entrar los atuneros de cerco, incluyendo la Zona Especial de Manejo, o sea Banco Hannibal, Perlas, y otras.

La pesca de atún de cerco tiene una alta pesca incidental de delfines, los cuales mueren por miles, y acaba con especies objeto tanto de la pesca deportiva como la artesanal. Es frecuente encontrar en las redes pez espada, merlines, pez vela, jureles, dorados, y claro, muchísimos tiburones y rayas que mueren por millones.

El atún es un pez altamente comerciable, y muy valorado. Pero como todo lo que se abusa se acaba, ya no queda mucho. Durante la última reunión de la Comisión Internacional de Atún Tropical (CIAT), la cual se llevó a cabo en nuestro país, los científicos de la CIAT plantearon serias preocupaciones ante la disminución mundial de las poblaciones de atún, no solo en número, sino que en tamaño. Entre las propuestas que dieron estaba clara la necesidad de disminuir el esfuerzo pesquero y aumentar los sitios de refugio de estas especies. Claro está, nosotros procedemos a hacer lo contrario.

Mientras en Europa cada vez se cierran más áreas a este tipo de pesca, en Panamá parecemos querer tapar el sol con un dedo. España, que solo tiene seis buques para pesca de atún de cerco, tuvo que cerrar anticipadamente su periodo de pesca de atún rojo por lo precario de la situación de esta población en una “veda anticipada” que ha dado la vuelta al mundo.

Es interesante que el Proyecto de Ley 55 fuera aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena el 30 de junio de 2008, precisamente cuando se cerraban en nuestro país las reuniones de la CIAT donde se discutía sobre cómo se podría mejorar la situación del atún y las medidas de conservación que los propios científicos de CIAT solicitaban. Esta reunión, al igual que las otras tres que le precedieron ese mismo año, terminó sin que la comisión pudiera ponerse de acuerdo, y como suele ocurrir, los intereses económicos de unos pocos triunfaron una vez más sobre el bien común.

La forma en que se deroga el artículo 11 es vergonzosa, y parece demeritar, por no decir ignorar, por completo lo que ha significado para Panamá el logro de la Ley 44 del 2004. La formulación y aprobación de la Ley 44 se llevó a cabo dentro de la mayor transparencia, diálogo y negociación entre todos los sectores, siendo así un caso ejemplar en su clase. Gracias a la sanción de la Ley 44 se logró la declaración del Parque Nacional Coiba como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 2005, trayendo así prestigio y distinción a nuestro país y sus autoridades, adjunto a esto, una gran responsabilidad por asegurar la protección de nuestro Parque Coiba, que ya dejaba de ser nuestro para pertenecerle al mundo.

¿El 278, infame camarón de Coiba, fue solo camarón para la sociedad civil? ¿o será que a la Asamblea y la presidencia también les “jugaron vivo”? Las acciones de los próximos días por parte de estos dos órganos del Estado nos darán la respuesta

La autora es directora ejecutiva de Fundación MarViva

Parque Internacional La Amistad en riesgo

IMPACTO. RESERVA NATURAL

El PILA, en riesgo: Unesco

A la Unesco le preocupa los efectos nocivos que pudieran tener sobre el ecosistema los referidos proyectos.

El organismo pidió a Costa Rica y a Panamá que tomen medidas para preservar la reserva natural.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El Parque Internacional La Amistad (PILA), declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983, está en riesgo.

Así lo establece la Unesco luego de analizar en su XXXII sesión realizada en Canadá, en julio pasado, denuncias que presentaron varios grupos ambientalistas al organismo, corroboradas por representantes de la institución que visitaron la reserva natural administrada por los gobiernos de Costa Rica y Panamá.

La Unesco manifestó su preocupación por los efectos que tenga sobre el ecosistema la construcción de proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en los ríos Changuinola y Bonyic, en la provincia de Bocas del Toro, y por la expansión de las actividades agropecuarias.

“Existe una ausencia de medidas para atenuar el impacto de las represas en siete especies acuáticas”, señala el organismo en el informe.

La Unesco también encontró que no existe una gestión ambiental por parte de ambos gobiernos, y pidió a Costa Rica y a Panamá abordar estos problemas con urgencia.

La Unesco solicitó también que los dos países apliquen de forma sistemática un monitoreo ecológico para comprender cuál es la situación de la vida silvestre, así como un informe conjunto sobre el estado de conservación del parque. Este documento debe presentarse, a más tardar, el 1 de febrero de 2009.

Pese a los riesgos, el PILA todavía no está en la lista de sitios en peligro.

AMBIENTE. HIDROELÉCTRICAS Y ACTIVIDAD AGROPECUARIA AFECTAN PARQUE LA AMISTAD.

Unesco pide intervención de gobiernos

Organismo recibe denuncias de asociaciones ambientales y visita el área en conflicto.

El Parque La Amistad, Patrimonio de la Humanidad desde 1983, se encuentra en riesgo.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Unesco manifestó su preocupación por los proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, y por la expansión de las actividades agropecuarias que se incrementan en las fronteras de la reserva natural, porque ambas actividades podrían tener un impacto negativo en el ecosistema del Parque Internacional La Amistad (PILA), declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983.

Las denuncias sobre estas situaciones fueron presentadas por grupos ambientalistas, entre ellos la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y el Centro de la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés).

La Unesco, en su 32da. sesión realizada del 2 al 10 de julio pasado en Quebec, Canadá, analizó las denuncias y el informe que presentaron representantes del organismo, luego de su visita a la reserva natural en febrero pasado.

El organismo decidió no incluir al PILA en la lista de sitios en peligro, pero pidió al Gobierno panameño presentar, antes del 1 de febrero de 2009, un informe sobre las medidas tomadas para mantener los corredores migratorios para las especies acuáticas que viven en los ríos Bonyic y Changuinola, afectadas por la construcción de proyectos hidroeléctricos. Ambos cursos de agua nacen en las cordilleras del parque, administrado conjuntamente por los gobiernos de Costa Rica y Panamá.

“Existe una ausencia de medidas para atenuar el impacto de las represas en siete especies acuáticas”, señala el organismo en el informe.

La Unesco cuestionó la falta de una gestión ambiental por parte de las autoridades gubernamentales y pidió, tanto al Gobierno de Panamá como al de Costa Rica ,abordar estos problemas con urgencia.

El organismo solicitó también a ambos Gobiernos aplicar de forma sistemática un monitoreo ecológico para mejorar la comprensión de la reducción de la vida silvestre, así como un informe conjunto sobre el estado de conservación del parque, que también tiene como fecha límite de presentación el 1 de febrero de 2009.

Al Gobierno panameño, por su parte, le pide evaluar la eficacia del recurso de delito ecológico, y que aplique las medidas correctivas cuando sean necesarias.

Se llamó al director de Asesoría Legal de la Autoridad Nacional del Ambiente, Harley Mitchell, para conocer su posición, pero no respondió la llamada.

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