Proyecto para volver a proteger a Coiba

Sigue batalla por pesca de atún en Coiba

Presentan proyecto para revertir ‘gol’ a Torrijos


Jilma Aguilar
jaguilar@elsiglo.com

Luego del “gol” que le metieron los diputados de la Asamblea Nacional al presidente  Martín Torrijos, al permitir el uso de redes de cerco para la pesca de atún en el Pacífico panameño, los miembros de la Comisión de Ambiente firmaron un proyecto para volver a incluir el artículo derogado en la ley que crea el Parque Nacional Coiba.

Y es que a través de la Ley 55, denominada de comercio marítimo, se derogó el artículo 11 de la Ley 44, de 26 de junio, que crea el Parque Nacional de Coiba,  que prohibía tal actividad.

El proyecto adiciona a la Ley 44 el artículo que dicta la creación de una zona de exclusión, comprendida entre el área del Pacífico panameño, al norte del paralelo 0630’00”, en la que se prohíbe la utilización de redes de cerco para la pesca de atún.

Estos aparejos de pesca afectan especies marinas, como los peces pico, delfines y tortugas.

Se anunció que el proyecto será presentado una vez inicie el periodo ordinario del Órgano Legislativo y posteriormente discutido en primer debate en la respectiva comisión.

Hay quienes opinan que Panamá no se beneficia en nada con la pesca de atún. El representante de la Asociación de Clubes de Pesca Deportiva,  Luis López, aseguró que los barcos atuneros pagan sólo 15 mil dólares y se benefician más que toda la flota panameña. Además incumplen con una serie de requisitos, como que  no pagan impuestos, seguro ni impuesto de importación.

Pero otros piensan lo contrario. Según Reynaldo Pérez,  director de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP),  la alarma que se ha dado en este tema es excesiva.

Ricardo Anguizola, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas,  considera que Torrijos debe prohibir de inmediato la pesca en Coiba,  mientras se da el debate amplio del tema.

Anguizola fue más allá aún y dijo que los diputados que estuvieron detrás del proyecto -Jácome Pinzón y Raquel Hutchinson, suplentes de Freidi Torres y Yassir Purcait- deben ser investigados a través de la Comisión de Ética del órgano legislativo.

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Mercado determina precio de la energía y no el tipo de generación de energía

CONSUMO. La energía eólica debe ir a oferta pública

Mercado determina precio

Chiriquí, Herrera, Los Santos y Bocas del Toro son propicios para generar electricidad a través del viento

María De Gracia

PA-DIGITAL

Hasta el momento no se ha fijado un precio en el que podría venderse el megavatio/hora (MW) producido por la generación eólica en Panamá, reveló ayer la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP).

Un vocero de dicha entidad agregó que además de no haberse fijado un precio, tampoco se ha señalado si será más bajo o alto que el de la energía hidroeléctrica, porque esto depende de los precios que se manejen en el mercado energético a la hora de la venta.

Para Lorena Fábrega, gerente de Asuntos Corporativos de Elektra Noreste, esta distribuidora no tendría ningún problema en comprar energía eólica, siempre que está llene los requisitos para el mercado eléctrico. “Los precios dependerían de las ofertas públicas y lo que se maneje en el mercado al momento en que la distribuidora compre energía” añadió Fábrega recientemente.

Aunque en Panamá los vientos no son fuertes, el país posee algunos lugares que presentan ciertos grados de factibilidad para generar energía eólica, como las provincias de Chiriquí, Colón, Herrera, Los Santos y Bocas del Toro, e islas como Contadora y Coiba, donde se registran vientos de 7 a 6 metros/hora, aseguró el meteorólogo Aristides Lorlesse.

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Esto sólo indica que es un engaño el  suponer que generar energía un tipo particular de energía disminuiría costos. Las leyes del mercado están basados en la especulación y el juega vivo.  Por lo que es de suponerse que la energía será tan cara como siempre, a menos que se regule por ley esta especulación con el bolsillo del pueblo panameño.

Burica Press

Esfuerzo por el ambiente: captura de Carbono

Esfuerzo por el ambiente

Empresas y países cuantifican y comercializan su contribución en carbono al calentamiento global.

Muchas medidas de mitigación se calculan en función de estándares y no de valores reales.

LAPRENSA/Archivo
Captura. La UTP adelanta un proyecto que busca calcular la cantidad de carbono presente en el bosque de la cuenca del Canal.

Ana María Garzón
agarzon@prensa.com

Los países en vías de desarrollo, como Panamá, no están obligados por el Protocolo de Kyoto a reducir emisiones de carbono, sin embargo, los organismos internacionales advierten que son justamente estos países los más propensos a sufrir por las consecuencias del cambio climático. De ahí que los esfuerzos por controlar esas emisiones en estas naciones se consideran especialmente valiosos.

Según Roy Williams Goti, gerente de SGS Latinoamérica, empresa que ofrece servicios de inspección, calidad y certificación para industria y comercio, muchas empresas calculan sus emisiones de carbono para ver si tienen un balance positivo o negativo en cuanto a su contribución al calentamiento global.

Los beneficios para el país de una cuantificación de carbono se pueden ver en proyectos voluntarios de compra y venta de créditos de carbono. Las toneladas de “secuestro de carbono” pueden ser certificadas y cambiadas por contribuciones de otros gobiernos, como lo hace Costa Rica, y “es como vender oxígeno al mundo”, dice el especialista.

Sin embargo, en la mayoría de los casos este precio se establece en función de estándares y no con los valores reales de cada escenario.

Lo mismo ocurre con los planes de mitigación de impacto ambiental. En Panamá, por ejemplo, cuando una empresa u organismo se ve obligado a deforestar alguna zona de bosque, se le impone una medida de mitigación, como reforestar el doble de las áreas afectadas.

Teniendo en cuenta esta situación, el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) adelanta un estudio que busca conocer la cantidad de carbono presente en una hectárea de bosque en la cuenca del Canal.

La idea es que los resultados funcionen como una medida más ajustada al escenario local, para establecer precios por tonelada de carbono o definir acciones de mitigación de impacto ambiental.

En Panamá, calcular la captura de carbono de los bosques húmedos tropicales ayudaría a posicionar al país en el mercado de bonos de carbono, y además a determinar con precisión las medidas de mitigación del impacto ambiental, explica Goti. El especialista añade que hacer el inventario también podría contribuir de manera similar a la imagen del país, por su apoyo al desarrollo sostenible.

OTRAS VENTAJAS

La investigación de la UTP –dirigida por el especialista José Fábrega– también podría ayudar a establecer mejores estrategias ambientales en el país.

Según Eny Serrano, técnica de saneamiento del medio ambiente, quien participa en el proyecto como practicante, los datos recogidos por el programa pueden ser contrastados con las cifras del carbono emitido por la sociedad para determinar acciones de reforestación en áreas clave, que ayuden a elevar la calidad del aire en las poblaciones.

Esto es importante, además, porque “la naturaleza no puede procesarla (la contaminación) tan rápido como quisiera”, dice Reinhardt Pinzón, del equipo investigador.

El estudio, que se lleva a cabo con la colaboración de la Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad del Canal de Panamá, contempla la posibilidad de integrar a más entidades y de realizarse en áreas de la República que cuenten con diferentes condiciones ambientales.

Equipo de alta tecnología para medir emisiones

Para determinar la cantidad de carbono en una hectárea de bosque tropical panameño, el proyecto de la Universidad Tecnológica de Panamá utiliza un sistema único en Centroamérica.

El mecanismo Irga fue donado por la Universidad de Wyoming, Estados Unidos, y la Universidad de Nuevo México, que además trajeron a dos expertos, Fred Ogden y Jan Hendricks, respectivamente, quienes capacitaron al grupo panameño a cargo del estudio.

Los equipos están instalados en torres que miden variables meteorológicas como el viento, la temperatura, la humedad y el vapor de agua, y se encuentran en cerro Pelado y Gamboa. Según Reinhardt Pinzón, investigador del proyecto, estas áreas fueron escogidas porque son un laboratorio natural que representa hasta en un 95% lo que puede ocurrir en otras cuencas del país.

La investigación, que tiene una duración de dos años, es patrocinada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y está apoyada por la Autoridad Nacional del Ambiente.