Fallo ambiental favorece a comunidades indígenas

bocas del toro.PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN LA MIRA DE AMBIENTALISTAS.

Fallo ambiental favorece a comunidades indígenas

El Tribunal Latinoamericano del Agua culpó al Estado panameño de agresiones a grupos indígenas. Organismos presentaron demandas en contra del Estado ante el Tribunal de Agua.

LA PRENSA/ Archivo
proyectos. Grupos ambientalistas demandan una mayor protección de los recursos hídricos del país.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El Tribunal Latinoamericano del Agua responsabilizó al Estado panameño por el uso excesivo de la fuerza policial contra los habitantes naso y ngöbe de la comunidad de Charco La Pava, en Changuinola, Bocas del Toro, y también por adoptar un modelo inadecuado para el uso de los recursos hídricos en la región.

El Tribunal, que es un organismo ético y cuyas decisiones no son de cumplimiento obligatorio, responsabilizó a la empresa Aes Changuinola por desatender normas ambientales.

Aes construye una hidroeléctrica sobre el río Changuinola que es rechazada por los indígenas de la comunidad de Charco La Pava, donde en enero pasado hubo enfrentamientos entre los moradores y la Policía Nacional.

A la Empresa Pública de Medellín (EPM), por su parte, el Tribunal le pidió incorporar en Panamá los principios de responsabilidad social y ambiental que caracterizan sus proyectos en Colombia. EPM adelanta un proyecto, también hidroeléctrico, en el río Bonyic. El veredicto del Tribunal surge por demandas que presentaron, por separado, los organismos no gubernamentales Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Consumo Ético.

ACD, en representación de las comunidades afectadas por la construcción de las hidroeléctricas, presentó la demanda alegando que los proyectos perjudican a las comunidades y violan su derecho de acceso al agua.

Consumo Ético, por su parte, demandó al Estado por las concesiones de carácter permanentes de agua que otorga la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), incluso en áreas comarcales.

La Anam, mediante un comunicado, dijo que aún no ha sido notificado del fallo del Tribunal, por lo que no podría emitir una consideración. Harley Mitchell, director de Asesoría Legal de la entidad, representó al Gobierno en la audiencia que se realizó en Guatemala la semana pasada.

Roberto Pérez, de EPM, dijo que analizará el fallo para posteriormente emitir una opinión.

Aes, por su parte, dijo que el proyecto se desarrolla cumpliendo las normas ambientales y con el respeto estricto de los derechos humanos de las personas que viven en los alrededores.

Además, dijo de que se realizan consultas públicas y hay un diálogo “franco y directo” con las comunidades.

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