BID le hace el juego al gobierno panameño

Evidentemente el BID sólo ha escuchado las mentiras y proyecciones convenientes de la ACP.

Qué lástima que todos tengamos que pagar caro este proyecto que al igual que el ensanche del Corte Culebra y la iluminación para travesía nocturna se quedó en inversión y nada de producto.  Reiteramos la ACP ha sido la entidad que mejor ha institucionalizado la propaganda y mediatización casi completa de la sociedad para lograr sus costosos emprendimientos que no han llevado a ningún lado como han sido los siguientes proyectos: estabilización de las laderas del Cerro Paraíso (??$), ensanche del corte (+ 300 millones), iluminacion para navegacion nocturna de barcos Panamax (??$), Fondeadero de amarre de barcos en Paraiso, etc. Adicionalmente y está demás decirlo que para  un probable funcionalidad del proyecto planteado se requirirá un nuevo ensanche del Corte Culebra, más agua de otra cuenca y nueva iluminación adecuada a las nuevas circunstancias.

El BID debe juzgar por un panel independiente los estudios científicos de sustento del proyecto versus la propuesta de ampliación que la ACP realizó al país y al BID.  Descubrirán el agua tibia: que muchas cosas se han proyectado y muchos datos claves se han cambiado u obviado a conveniencia para hacer ver como viable el proyecto megacostoso proyecto de ampliación en un mundo financiero y económico tambaleante!

Burica Press

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proyecto de ampliación.

BID ofrece $400 millones a la ACP

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció ayer que considera ofrecer 400 millones de dólares para el financiamiento de la ampliación del Canal de Panamá, proyecto que tiene un costo de 5 mil 250 millones de dólares.

El anuncio fue hecho en Washington, por el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, durante la visita del presidente Martín Torrijos.

Con ello, el BID se une al Banco de Inversión Europeo, que ha ofrecido cerca de 700 millones de dólares y a la Corporación Andina de Fomento, que ofertó 500 millones más.

“Nuestro interés en este proyecto demuestra nuestra confianza en la transformación económica que usted (presidente Torrijos) ha liderado durante su administración”, expresó Moreno, según indica un comunicado de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El banquero alabó el “impresionante crecimiento y desempeño económico” de Panamá, lo cual según él, “ha posibilitado que el país lleve adelante el histórico proyecto”.

Para el administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta, el anuncio del BID significa que Panamá está en el camino correcto. “Como país hemos sentado las bases que ayudan a hacer posible el proyecto de ampliación”, apuntó.

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Anam rechaza fallo sobre ambiente

TRIBUNAL DEL AGUA.MULTAN A LA EMPRESA AES CHANGUINOLA CON 10 MIL DÓLARES.

Anam cuestiona fallo sobre ambiente

Harley Mitchell Morán, director de Asesoría Legal de la Anam, considera que el fallo del Tribunal fue parcial.

Ambientalistas enviaron el veredicto del Tribunal a la CIDH. Allí también presentaron una demanda.

LA PRENSA
Proyectos cuestionados.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell Morán, dijo ayer que el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) se extralimitó en sus funciones porque permitió a la parte demandante –Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y comunidades indígenas– presentar nuevas pruebas sin ofrecer oportunidad al demandado –Gobierno– de prepararse para refutar.

Mitchell dijo, además, que el Tribunal no se ciñó a lo establecido en el manual de procedimiento del organismo que, según el funcionario, establece que los dictámenes deben ser estrictamente sobre temas relacionados con la seguridad de acceso al agua y a la “salud” de los ecosistemas hídricos.

Según Mitchell, el fallo toca aspectos más relacionados con el orden público que con la gestión ambiental del Gobierno.

Sin embargo, el jurado en su resolución señaló que “pese a que el TLA recibió las pruebas durante la audiencia, no fueron consideradas en el proceso de deliberación”.

Lucía Lasso, directora ejecutiva de ACD, dijo que la decisión del TLA fue enviada el pasado martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se presentó una demanda en contra del Estado por posibles violaciones a los derechos humanos de los indígenas, como consecuencia de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Mitchell dijo que en los proyectos hidroeléctricos de Changuinola se aplican las medidas de mitigación establecidas en el estudio de impacto ambiental y el principio de que “el que contamina paga”. Es por eso, dijo, que hace dos semanas la Anam multó con 10 mil dólares a la empresa Aes Changuinola por no controlar la sedimentación. La empresa dijo que el problema ocurrió por un defecto en los filtros, pero ya fue subsanado.

Fallo ambiental favorece a comunidades indígenas

bocas del toro.PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN LA MIRA DE AMBIENTALISTAS.

Fallo ambiental favorece a comunidades indígenas

El Tribunal Latinoamericano del Agua culpó al Estado panameño de agresiones a grupos indígenas. Organismos presentaron demandas en contra del Estado ante el Tribunal de Agua.

LA PRENSA/ Archivo
proyectos. Grupos ambientalistas demandan una mayor protección de los recursos hídricos del país.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El Tribunal Latinoamericano del Agua responsabilizó al Estado panameño por el uso excesivo de la fuerza policial contra los habitantes naso y ngöbe de la comunidad de Charco La Pava, en Changuinola, Bocas del Toro, y también por adoptar un modelo inadecuado para el uso de los recursos hídricos en la región.

El Tribunal, que es un organismo ético y cuyas decisiones no son de cumplimiento obligatorio, responsabilizó a la empresa Aes Changuinola por desatender normas ambientales.

Aes construye una hidroeléctrica sobre el río Changuinola que es rechazada por los indígenas de la comunidad de Charco La Pava, donde en enero pasado hubo enfrentamientos entre los moradores y la Policía Nacional.

A la Empresa Pública de Medellín (EPM), por su parte, el Tribunal le pidió incorporar en Panamá los principios de responsabilidad social y ambiental que caracterizan sus proyectos en Colombia. EPM adelanta un proyecto, también hidroeléctrico, en el río Bonyic. El veredicto del Tribunal surge por demandas que presentaron, por separado, los organismos no gubernamentales Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Consumo Ético.

ACD, en representación de las comunidades afectadas por la construcción de las hidroeléctricas, presentó la demanda alegando que los proyectos perjudican a las comunidades y violan su derecho de acceso al agua.

Consumo Ético, por su parte, demandó al Estado por las concesiones de carácter permanentes de agua que otorga la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), incluso en áreas comarcales.

La Anam, mediante un comunicado, dijo que aún no ha sido notificado del fallo del Tribunal, por lo que no podría emitir una consideración. Harley Mitchell, director de Asesoría Legal de la entidad, representó al Gobierno en la audiencia que se realizó en Guatemala la semana pasada.

Roberto Pérez, de EPM, dijo que analizará el fallo para posteriormente emitir una opinión.

Aes, por su parte, dijo que el proyecto se desarrolla cumpliendo las normas ambientales y con el respeto estricto de los derechos humanos de las personas que viven en los alrededores.

Además, dijo de que se realizan consultas públicas y hay un diálogo “franco y directo” con las comunidades.

Tribunal del Agua condena a Panamá

AMBIENTE. Por las concesiones de hidroeléctricas en Chiriquí y Bocas del Toro

Tribunal del Agua condena a Panamá

Isidro Rodríguez

PA-DIGITAL

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), con sede en Guatemala, condenó a Panamá por el modelo de concesión de agua en proyectos hidroeléctricos que se están ejecutando en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.

Esto, a pesar de que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), a través de su asesor legal, Harley Mitchell, solicitó la nulidad de la demanda, argumentando que se incumplió el manual de procedimientos del tribunal y los principios elementales del debido proceso.

Yakarta Ríos, presidenta del Comité Ético, grupo que presentó la demanda, dijo que mediante esta resolución se responsabiliza al Estado panameño por la adopción de un modelo de gestión de agua que no considera la naturaleza estatal y de uso público.

Ríos manifestó que este fallo recomienda a Panamá realizar un inventario hídrico y en caso de existir actualizarlo. Además, recomienda que no se haga concesiones excesivas e irracionales.

Ríos agregó que con este fallo, se otorga a los grupos ambientales un fundamento legal para exigir y seguir luchando por el ambiente.

TLA fustiga al Estado panameño y empresas que afectan a pueblos indígenas y al ambiente en Changuinola

Tribunal Latinoamericano del Agua fustiga al Estado panameño y empresas que afectan a pueblos indígenas y al ambiente en Changuinola

Burica Press, Panamá. 14 de septiembre de 2008. En la demanda interpuesta esta semana por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, más representantes de la Fundación Naso y representantes de la etnia Ngobe ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) cuya audiencia se llevó a cabo en Antigua, Guatemala, se ha llegado a un veredicto donde los jurados del TLA han resuelto responsabilizar al Estado panameño por el uso excesivo de la fuerza policial contra los habitantes Naso y Ngöbe asentados en la zona y responsabilizar a la empresa AES-Changuinola S.A. por no observar las normas ambientales que dañan el medio ambiente. La primera de estas responsabilidades se interpreta que se ha evidenciado el uso de la fuerza policial del Estado para intimidar, amedrentar, disminuir las capacidades de defensa del territorio indígena para que las empresas desarrollen sin percances las obras hidroeléctricas propuestas en las áreas protegidas e indígenas en cuestión.

El TLA no ha condenado con claridad las las concesiones de tierras y aguas en tierras indígenas y sólo ha recomendado siete acciones que levemente critican los elementos claves que han llevado a la violación de los derechos humanos en esta área por efecto de los proyectos hidroeléctricos cuestionados. Estas recomendaciones solicitan que el Estado panameño garantice la integridad física e individual de los habitantes Naso y Ngöbe asentados en la cuenca del río Changuinola, en estricto apego a sus obligaciones constitucionales. Solicita que que Panamá ratifique el Convenio 169 (1989) de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

El veredicto parece ser la nueva línea del TLA de ser mediador en los conflictos y no necesariamente juez neutral sino juez promotor de negociaciones de actos que en muchos casos, desde su concepción son violadores de los derechos de los pueblos implicados en problemas con el recurso hídrico.

Solicitaron además que las autoridades gubernamentales correspondientes propicien consultas participativas y transparentes que involucren a los sectores civiles, empresariales e institucionales involucrados. Solicitan reestablecer la libertad de movilización o tránsito en la zona de las comunidades Ngöbe afectadas por la construcción del proyecto Chan-75, y por la eventual construcción de los proyectos Chan-140 y Chan-220 y le solicitaron a la Empresa AES Changuinola S. A. el respeto a las normas ambientales y que cese el hostigamiento hacia los indígenas Ngobes y establezca una mesa de negociación participativa y transparente con dicho pueblo, entre otras cosas.

A las Empresas Públicas de Medellín se le solicita incorpore, en sus actividades en Panamá, los principios de responsabilidad social y ambiental que caracterizan sus emprendimientos en Colombia.

De acuerdo al ecologista Ariel Rodríguez, conocido defensor de las áreas protegidas amenazadas de Panamá, consultado al respecto indicó que “este veredicto es bastante blando, a pesar que varias de las solicitudes realizadas al Estado Panameño son imprescindibles para garantizar el respeto a los derechos humanos indígenas en áreas con ricos recursos hídricos”.  Sostuvo que además que “el veredicto parece ser la nueva línea del TLA de ser mediador en los conflictos y no necesariamente juez neutral sino juez promotor de negociaciones de actos que en muchos casos, desde su concepción son violadores de los derechos de los pueblos implicados en problemas con el recurso hídrico”. “Evidentemente hay temas ambientales negociables, como fórmula de la solución de un conflicto, pero  los actos forzosos que atentan contra derechos fundamentales o leyes básicas de convivencia social o patrimonio natural inalienable de los pueblos indígenas y no indígenas deben ser enfáticamente condenados a la luz de la justicia, máxime cuando se trata de justicia moral” como la que el TLA promueve, enfatizó el ecologista.

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RESUMEN DEL CASO DE LAS HIDROELECTRICAS EN EL RIO CHANGUINOLA PRESENTADO AL TLA EN LA AUDIENCIA DE GUATEMALA

(Versión pdf veredicto-boyinc-teribe)

Caso: Construcción de Embalses en los ríos Bonyic-Teribe y Changuinola en el Bosque Protector Palo Seco. Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá

Actores del contradictorio: Alianza para la Conservación y el Desarrollo

En oposición a: Gobierno de Panamá, Autoridad Nacional del Ambiente, Empresa Hidroecológica del Teribe S.A., Empresa AES Changuinola S.A.

HECHOS

1- El Bosque Protector Palo Seco es la Zona de amortiguamiento de la Reserva de La Biosfera Parque Internacional La Amistad, la cual fue declarada sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1983, y protege más de un millón de hectáreas de enorme diversidad biológica.

2- La Autoridad Nacional del Ambiente otorgó una concesión de 6.215 ha para la construcción de proyectos hidroeléctricos a la Empresa AES Changuinola S.A., en el río Changuinola. Está considerando dar en concesión 1200 ha a la empresa Hidroecológica del Teribe (subsidiaria de Empresas Públicas de Medellín), para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Bonyic, en la confluencia de la quebrada Bonyic y el río Teribe. Ambas concesiones se encuentran ubicadas en el Bosque Protector Palo Seco.

3- Se otorgaron concesiones para la construcción de cuatro represas hidroeléctricas en el Bosque Protector Palo Seco, en el río Changuinola y la confluencia entre la quebrada Bonyic y el río Teribe, denominados Chan 75, Chan 120 y Chan 220 y el Proyecto Hidroeléctrico Bonyic para los próximos años.

4- El proyecto Chan 75 inició su construcción en el 2006, mientras que los proyectos Chan 120 y Chan 220, se encuentran en fase de reevaluación.

5- Los Naso y los Ngöbe son pueblos indígenas asentados en la cuenca del ríos Changuinola, y Teribe donde se construirán las obras en cuestión.

6- Las actividades económicas principales de los habitantes de la zona consisten esencialmente en agricultura de subsistencia, ganadería en pequeña escala, extracción de madera y pesca para consumo familiar. Las cosechas principales son arroz, maíz, otoe, café, banano y plátano. Estos pueblos viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

7- Gran parte de estos pobladores se opone a la construcción de los citados proyectos, y han formulado acciones judiciales y administrativas ante las autoridades correspondientes. A raíz de manifestaciones pacíficas por parte de estos pobladores, se han suscitado enfrentamientos con la Policía Nacional.

8- Uno de los actores involucrados en el presente contradictorio formalizó un contrato de servicio de vigilancia policial con la Dirección de la Policía Nacional, con fecha 13 de mayo de 2008.

9- La construcción del Chan 75 exigirá la reubicación de varias de las comunidades Ngöbe asentadas en el río Changuinola.

10-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha accedido a conocer la causa por posible violación de los Derechos Humanos a los ciudadanos Ngobes del río Changuinola, a raíz de denuncia planteada a esa comisión con fecha 7 de marzo de 2007.

11-La Autoridad Nacional del Ambiente formuló una solicitud de nulidad recibida por este Tribunal el 11 de septiembre del 2008.

CONSIDERANDOS:

1. El reconocimiento universal del derecho humano al agua en adecuada cantidad y calidad, como un derecho humano fundamental cuyo ejercicio pleno debe ser protegido por los Estados (Audiencia, Ciudad de México, 2006);

2. Como derecho social, el derecho al agua no debe ser ejercido en perjuicio de los que estén más próximos a la fuente en litigio (Audiencia, Guadalajara, 2007);

3. El agua en la cosmogonía indígena como elemento preponderante, de naturaleza holística, trasciende preconcepciones materiales y utilitarias que prevalecen en los medios productivos sobre la misma. Por tanto, debe ser evaluada en los conflictos como elemento fundamental de la identidad de los pueblos indígenas (Audiencia, Antigua Guatemala, 2008);

4. La estrecha y tradicional dependencia de los pueblos indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. (Convenio sobre la Diversidad Biológica, Junio 1992);

5. La construcción de los proyectos hidroeléctricos ha causado serios efectos negativos y divisiones dentro de la organización social y política interna del pueblo Naso;

6. La construcción de las cuatro represas hidroeléctricas propuestas tendrá repercusiones ambientales, ecológicas, socioeconómicas y culturales en las áreas anegadas que deberán considerarse en el diseño de la mismas;

7. Todo proceso de consulta debe contar con las consideraciones del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989), y las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la cual los Estados deben llevar a cabo consultas efectivas y plenamente informadas con las comunidades indígenas, con relación a hechos o decisiones que pudieran afectarles;

8. A sugerencia del Tribunal Latinoamericano del Agua, dos de las partes denunciadas y los denunciados han alcanzado un acuerdo el día 9 de septiembre del 2008 durante la presente audiencia, en aras de concertar un acercamiento que propicie una solución del presente conflicto;

En vista de los hechos y consideraciones que anteceden, el Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua

RESUELVE:

1. Homologar el acuerdo alcanzado entre la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, la Autoridad Nacional del Ambiente y la empresa Hidroecológica del Teribe.

2. Responsabilizar al Estado panameño por el uso excesivo de la fuerza policial contra los habitantes Naso y Ngöbe asentados en la zona.

3. Responsabilizar a la empresa AES-Changuinol a S.A. por no observar las normas ambientales que dañan el medio ambiente,

4. Considerar improcedente la solicitud de nulidad formulada por la Autoridad Nacional del Ambiente Panamá, con motivos expuestos en Resolución anexa.

RECOMENDACIONES

1. Que el Estado panameño garantice la integridad física e individual de los habitantes Naso y Ngöbe asentados en la cuenca del río Changuinola, en estricto apego a sus obligaciones constitucionales.
2. Que el Estado panameño ratifique el Convenio 169 (1989) de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
3. Que las autoridades gubernamentales correspondientes propicien consultas participativas y transparentes que involucren a los sectores civiles, empresariales e institucionales involucrados.
4. Que el Estado panameño, en los niveles que corresponda, aplique el principio precautorio “In dubio pro natura”.
5. Que las autoridades panameñas y la empresa AES Changuinola S.A. reestablezcan el libre tránsito a las comunidades Ngöbe afectadas por la construcción del proyecto Chan-75, y por la eventual construcción de los proyectos Chan-140 y Chan-220.
6. Que la empresa AES Changuinola S.A. respete las normas ambientales, cese el hostigamiento hacia el pueblo Ngöbe y establezca una mesa de negociación participativa y transparente con dicho pueblo.
7. Que Empresas Públicas de Medellín incorpore, en sus actividades en Panamá, los principios de responsabilidad social y ambiental que caracterizan sus emprendimientos en Colombia.

ACTA DE VOTACION DE VEREDICTOS*

En el Auditorio del Hotel La Real Plaza ubicada en la ciudad de La Antigua Guatemala, y habiéndose realizado las audiencias del Tribunal Latinoamericano del Agua durante la semana del 8 al 12 de Septiembre del año 2008, y una vez que han sido ponderadas las declaraciones, pruebas, comunicaciones de las partes, el Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua profiere el veredicto del caso Construcción de Embalses en los ríos Bonyic-Teribe y Changuinola en el Bosque Protector Palo Seco. Provincia de Bocas del Toro, Panamá.

Augusto Willemsen Díaz Catharina Wesseling
Guatemala Costa Rica

Philippe Texier Alexandre Camanho de Assis
Francia Brasil

Ángel Graña Alejandro Swaby
Cuba Costa Rica

Nicolás Pelicó José Barnoya
Guatemala Guatemala

David Barkin
México

* El miembro del Jurado Bolívar López Cansuet, se abstuvo de participar en la
deliberación y votación del presente caso.

Inicia el uso de energía solar en Panamá

energía alternativa.

Autorizan uso de panel solar

Las distribuidoras deben instalar un dispositivo especial que medirá la energía de entrada y salida.

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) estableció los procedimientos necesarios para que los clientes instalen paneles solares en sus residencias y empresas, y se interconecten a la red de distribución eléctrica.

La energía que genere cada usuario a través de su panel solar se deberá conectar a la red de distribución eléctrica ya existente, y le será descontada de su consumo mensual.

Para poder interconectarse, el cliente debe invertir en un equipo que incluye el panel solar y un transformador de energía.

Además, se debe instalar un medidor especial que registrará la energía de entrada y salida. La Asep le solicitó a las empresas distribuidoras que presenten un modelo de acuerdo de interconexión para utilizarlo con los clientes que decidan instalar este sistema.

Aunque la inversión que realice el cliente en un sistema de paneles solares se recuperará a largo plazo, la Asep indicó que esta tecnología ayudará a disminuir la compra de energía no contratada por las empresas distribuidoras, que es más costosa.

La reglamentación comenzará a regir 45 días después deque sea publicada en la Gaceta Oficial.

energía solar. Los equipos ya se venden en Panamá.

Paneles se podrán conectar a la red

La Asep aprobó la resolución que define los procedimientos para instalar paneles solares.

Las distribuidoras deben presentar un modelo de acuerdo de interconexión PSF con los clientes.

LA PRENSA/Maydée Romero
CELDA. Javier Márquez, de la empresa ETS, muestra un panel solar de 125 watts.

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

La energía solar es a partir de la fecha una fuente alterna para diversificar la generación de electricidad en Panamá.

Tras realizar una consulta pública, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) acaba de firmar la resolución que establece los procedimientos para la interconexión de pequeños sistemas fotovoltaicos (PSF) a las redes eléctricas de baja tensión de las distribuidoras.

Esto significa que cualquier cliente de las tres empresas distribuidoras (Elektra Noreste, Edemet y Edechi) puede comprar e instalar un equipo de panel solar en su residencia, no mayor de diez kilowatts, para compensar parte o todo el requerimiento actual de electricidad.

Como parte del procedimiento aprobado se establece que la energía aportada a la red eléctrica por parte del cliente será compensada con la energía que él consume de la red eléctrica de la distribuidora.

“La cantidad de energía aportada al sistema por el PSF del cliente no podrá ser superior a la cantidad que consume”, aclaró el administrador de la Asep, Víctor Urrutia.

Procedimiento

Para conectarse a la red, el cliente debe firmar un acuerdo de interconexión con la empresa distribuidora. Las distribuidoras deben presentar un modelo de acuerdo de interconexión PSF a la Asep en un plazo no mayor de 45 días, después de la promulgación de la resolución 2060-Elec del 10 de septiembre de 2008.

Antes de iniciar operación, el sistema PSF del cliente debe tener la aprobación de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos e Ingeniería Municipal, para demostrar que cumple con el Reglamento de las Instalaciones Eléctricas de la República de Panamá.

Durante la consulta pública, las empresas Edemet-Edechi propusieron que se utilice un medidor bidireccional, cuyo costo debería ser cubierto por el cliente. La Asep estableció que el costo del nuevo medidor deberá ser sufragado por la distribuidora. El medidor bidireccional debe llevar los registros de energía de entrada y energía de salida, de manera que se pueda cuantificar cada uno de estos flujos con el valor que le corresponde.

Costos

Un panel de 100 watts cuesta aproximadamente 800 dólares y puede aportar a la red unos 30 kilowatts hora al mes, un 6% de la energía consumida por un cliente que factura mensualmente 500 kilovatios. El cliente puede instalar más paneles, dependiendo de su capacidad de inversión.

Además de los paneles, se necesita instalar un inversor que transfiere la energía producida por el panel a la red eléctrica de baja tensión.

“Esta inversión es recuperada a largo plazo, entre 7 y 15 años, dependiendo del número de paneles que se instalen”, afirma Esteban Ortiz, encargado del desarrollo de nuevos negocios de Electro-Technical Services (ETS), una compañía de ingeniería eléctrica establecida en Panamá en 1986.

Según la Asep, la instalación de los PSF dentro de las redes, trae beneficios intrínsecos al distribuidor, al disminuir las pérdidas en períodos de demanda pico, al igual que disminuye las compras de energía en el mercado ocasional en las horas pico del día, cuando la energía es más costosa.

“El efecto de los PSF en el sistema eléctrico es similar al efecto que producen las medidas de ahorro energético, es decir, reducir el consumo de energía del sistema interconectado por parte del cliente”.

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PUNTOS DE VISTA

En Panamá las leyes del sector eléctrico pueden asimilar a estos microgeneradores como autogeneradores, pero las normas que tienen que seguir son normas acordes a grandes centrales, inviables para los pequeños, lo cual hace que en la práctica si se utiliza la ley vigente esta micro generación distribuida esté muerta antes de nacer.

BENEFICIOS.

Las redes eléctricas del futuro

Rodrigo Gil
opinion@prensa.com

La generación distribuida es un concepto que se fundamenta en producir energía de una manera descentralizada, en su aplicación final supone que los consumidores puedan convertirse en microgeneradores eléctricos. La ventaja para el consumidor es clara, poder generar electricidad le permite no estar a merced de las variaciones de precios de esta, que varían por factores ajenos a él. Si a esto unimos que se utilicen para esta micro generación fuentes de energía renovable (biomasa, paneles solares, sistemas eólicos, pequeños saltos hidroeléctricos…) o la energía residual de otros sistemas (como por ejemplo la energía sobrante de una caldera tras calentar agua), entonces el beneficio a nivel medioambiental es claro.

Aunque solamente parecen vislumbrarse ventajas para los usuarios y el medioambiente con estos sistemas. Existe, sin embargo, un gran problema que limita la implantación de estas redes de generación distribuida: asusta a los accionistas y ejecutivos de las grandes compañías eléctricas por el quebranto económico y las complicaciones administrativas que les puede suponer en beneficio de los usuarios, es lógico que la actividad económica de estos agentes del mercado energético acusaría negativamente una política favorable a estos sistemas, por lo que estas corporaciones, seguramente, ejercerán toda la influencia posible para que surja una legislación restrictiva respecto al acoplamiento de estos generadores en la red eléctrica. El principal argumento que esgrimen estas compañías es indicar que la estabilidad de la red eléctrica podría quedar mermada con este tipo de generación. Ciertamente esto puede suceder si se pasa muy rápidamente a un escenario en que la generación distribuida constituya un porcentaje muy elevado de la generación total. Por su naturaleza la red eléctrica necesita ajustar la demanda a la generación en tiempo real, siendo la demanda aleatoria pero predecible, por lo que el implementar sistemas de microgeneración distribuida necesitaría un estudio exhaustivo antes de una implantación masiva. La solución pasa por ir implementando poco a poco esta generación, y que esto permita estudiar la evolución de la red con detenimiento y prever el futuro funcionamiento con un mayor número de usuarios micro generando. Estas adaptaciones de los modelos de demanda horaria se van modificando continuamente, en diversos países ya se realizan estudios con el objetivo, por ejemplo, de la implementación de coches eléctricos que se recarguen en la red junto con microgeneración distribuida.

En Panamá las leyes del sector eléctrico pueden asimilar a estos microgeneradores como autogeneradores, pero las normas que tienen que seguir son normas acordes a grandes centrales, inviables para los pequeños, lo cual hace que en la práctica si se utiliza la ley vigente esta micro generación distribuida esté muerta antes de nacer. En otras partes del mundo con normativas similares a la panameña ya se toman medidas para favorecer a estos sistemas. ¿No se debería comenzar en Panamá a cambiar algo para ir implementando poco a poco este tipo de generación?

El autor es especialista en energía solar

Moody´s coquetea con la Autoridad del Canal de Panamá

El informe de grado de inversión dado por Moody´s a la Autoridad del Canal de Panamá, es producto del lobby que hacen las empresas consultoras que ha contratado la ACP para habilitar grado de inversión para el multimillonario del proyecto del Tercer Juego de Esclusas.

Moody´s ha tomado como verídico, sin verificar muchos puntos que la ACP le ha indicado. De hecho el informe tiene el estilo y la forma típica como la ACP se vende al mundo con su actividad y proyectos, lo que nos indica que la ACP tiene mucha influencia en Moody´s, pero aún así no lograron aumentar el grado de inversión requerido, ya que los ahorros supuestos con el grado de inversión dado son irrisorios ante la dígitos a ser invertidos.

Burica Press

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proyecto de ampliación.

Moody’s otorga grado de inversión a la ACP

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) obtuvo ayer de Moody’s Investor Services una calificación crediticia de grado de inversión A2, por encima de la calificación techo país A3, para la deuda senior sin garantías relacionada al proyecto de ampliación. “El Canal de Panamá es una infraestructura única que es competitiva y es poco probable que sea imitada… la ACP disfruta de una excepcionalmente fuerte posición operativa”, indica el reporte de Moody’s divulgado ayer.

En concreto, Moody’s otorgó una calificación potencial (prospective) a una deuda senior sin garantías para el proyecto de ampliación.

En términos de su rendimiento futuro “hay un considerable potencial de crecimiento que refleja la mejora en las economías globales y la mayor demanda en el envío de carga”, añade la entidad. La ACP es una de las pocas empresas de la región que ha logrado superar la calificación de techo país.

“Este anuncio representa un nuevo motivo de orgullo para Panamá, porque es resultado del modelo de gestión decidido por los panameños para la administración eficiente y rentable del Canal”, expresó el administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta. En un comunicado, la entidad canalera reconoció que la calificación otorgada a la ACP se corresponde con el creciente desarrollo de la República de Panamá, que cada vez presenta mejores condiciones para la inversión.

Con la calificación “se reconoce el marco institucional concertado por los panameños para el Canal, que incluye su autonomía administrativa y financiera”, apuntó la ACP. Esta calificación coincide con la gestión que realiza la ACP para financiar la ampliación.

Para Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores de Panamá, el efecto práctico más importante de esta calificación es que el proyecto de ampliación va a tener tasas de interés más bajas y es probable que impacten el proyecto en una forma más favorable que lo que tenía el estudio de factibilidad anteriormente. En concreto, Moody’s otorgó una calificación potencial (prospective) a una deuda senior sin garantías para el proyecto de ampliación.

El Ministro de Economía de Panamá por su parte parece no haber comprendido la calificación de riesgo crediticio dado a la ACP, no así al proyecto de Expansión del Canal de Panamá cuyo riesgo sigue siendo evidentemente muy altos.

financiamiento.

MEF celebra calificación dada al Canal

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

La calificación de grado de inversión ‘A2’, otorgada por Moody’s a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) refleja la solidez tanto financiera como operativa de la entidad canalera y el proyecto de ampliación, afirmó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander.

“Es necesario resaltar que esta administración ha fortalecido los fundamentos económicos que le dan sostenibilidad a este crecimiento”, sostuvo el ministro Alexander.

La calificación de A2, precisó Alexander, es indicativa de una serie de consideraciones importantes, entre las cuales están la viabilidad financiera, técnica y administrativa del proyecto de expansión, al igual que las medidas de mitigación de los riesgos asociados al proyecto.

“Esta calificación refleja la capacidad de la ACP de financiar el proyecto de expansión sin la garantía de la República ni de los activos del Canal”.

Al recibir la calificación de grado de inversión, la empresa Moody’s reconoce la experiencia y capacidad demostrada desde 2000 en las operaciones del Canal, el cual considera un activo único, bien manejado y difícil de replicar.

El Gobierno Nacional ha sido fiel en mantener una real autonomía administrativa y financiera para las operaciones del Canal, añadió.