Sobre el ataque de ANAM a tribunales éticos

EL MALCONTENTO.

Trinchera ante el ‘desarrollo’

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Los tribunales de conciencia suelen ser más escrupulosos que los de los Estados. Saben los miembros de esos tribunales éticos que serán acusados siempre de estar parcializados, de ser más políticos que legales.

Los ataques contra este tipo de tribunales –tan necesarios para la sociedad civil– provienen de los que aseguran que la justicia ordinaria es como aséptica, que no tiene ni defiende intereses sino que aplica la legislación vigente sin hacerse más preguntas que las que indican los códigos bendecidos en nuestros parlamentos.

Hay tanto que cuestionar a la autodenominada justicia que parece una broma cuando se ataca a los “otros” tribunales. Defiendo los tribunales parcializados, siempre que lo sean a favor de las ciudadanas y de los ciudadanos, siempre que estén dispuestos a cuestionar con dureza a los poderes políticos y económicos (¿no son los mismos?), mientras defiendan la dignidad y pertinencia de la justicia ética frente a la doble moral del legalismo vigente.

Argumenta el sesudo director de Asesoría Legal de la ¿Autoridad Nacional del Ambiente?, Harley Mitchell, que el Tribunal Latinoamericano del Agua –que dictó sentencia contra Panamá hace unos días– se extralimitó en sus funciones y que además fue más allá de tratar los temas que tienen que ver con seguridad en el acceso al agua y sobre la “salud” de los ecosistemas hídricos.

Claro señor Mitchell, cómo se le ocurre al Tribunal preocuparse por los derechos humanos de las personas en Panamá, es una osadía terrible. Estos jueces de conciencia deberían limitarse a imitar a la Anam y preocuparse solo de los intereses de los inversionistas y de camuflar los atropellos con dictámenes aparentemente legales, pero realmente nada justos.

La condena del Tribunal del Agua a Panamá tiene que ver con las hidroeléctricas que construyen AES Changuinola en Charco La Pava (Chaguinola) y Empresas Públicas de Medellín en el río Bonyic. Y habla del uso excesivo de la fuerza por parte de los gorilas –perdón, policías– que paga AES para controlar a unos indígenas que no están en contra del llamado “desarrollo”, sino que piden que no los estafen con la reubicación y con las compensaciones económicas.

Es un tema de largo aliento y que es clave porque del triunfo o del fracaso de estas pequeñas comunidades depende en buena parte el futuro ambiental y humano del interior del país. Si las tesis de las empresas –especialmente, de la hipócrita AES– y de la Anam –que está muy orgullosa de haber impuesto una multa de 10 mil dólares a la inmensa compañía– se imponen, se habrá sentado un antecedente terrible para el resto de megaproyectos que se planean en el país en sectores como el hidroeléctrico, la minería, la palma aceitera, la pesca a gran escala o las grandes infraestructuras más o menos públicas.

Personalmente, en este caso me importa menos el ambiente que las personas, aunque los dos están amenazados. Y me preocupa que los campesinos afectados, con ayuda de organizaciones ambientales, tengan que recurrir a la opinión pública internacional para presionar al Gobierno en lugar de contar con la solidaridad de sus compatriotas. Es decir, decenas de ellos pasaron semanas acampados en la Plaza Catedral en actitud no violenta para tratar de despertar la conciencia nacional, pero las muestras de solidaridad que lograron fueron apenas individuales.

¿Dónde está el denominado Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) o cuándo se manifiestan los activistas de la Red Democracia Ciudadana para mostrar su apoyo a esta causa tan estratégica para el futuro del país?, tanto como el precio de la canasta básica, los salarios o las nuevas leyes de in–seguridad ciudadana…

Si algo hay que lograr es interconectar las luchas, entender que ninguna es un caso aislado, que todas tiene que ver con la disminución de los derechos civiles y de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión del país.

¿Hace falta que el Tribunal Latinoamericano del Agua nos recuerde que en el país se están violando los derechos humanos?, ¿no es evidente que es un atentado contra las garantías constitucionales que en Panamá la Policía ‘alquile’ agentes a las empresas privadas para proteger sus camiones de Coca Cola o sus obras en el interior?, ¿no salta a la vista que la mala distribución de la riqueza debería hermanar a trabajadores de la ciudad y a campesinos y jornaleros?… En fin, ¿no es urgente la creación de una plataforma ciudadana más amplia donde diferentes tendencias políticas y diferentes causas converjan en defensa de lo que queda de este hermoso país? Los políticos no van a defenderlo, le toca a las ciudadanas y ciudadanos.

[Cuando las fronteras son ciertas el camino tiene sentido. C., tan enemigo de los trazos divisorios en los mapas, busca sus homólogas en los versos de Víctor Ortiz Partida. “Es difícil el comienzo. Entre cuatro paredes no puedo decir nada: mi alfabeto se mojó, el relámpago no alumbra y el mapa que me guía es falso, pero tiene fronteras de verdad”. Para la revolución de C. no hacen falta mapas, pero sí rayos y alfabetos secos para prender el fuego que ilumine y nos libre de las cegueras].

El autor es periodista

Minería destruirá más de 3 mil hectáreas de bosque

MINAS ACABARÁN CON 3,160 HECTÁREAS DE BOSQUE

Rafael E. Berrocal y Mónica Palm
Unidad de Investigación
investigacion@prensa.com

Las consecuencias ambientales del proyecto minero Petaquilla, ubicado en el distrito de Donoso, en Colón, son mucho más amplias de lo que hasta ahora se ha podido dimensionar. Ya no son 160 hectáreas de bosque las afectadas, como se anunció en principio, sino 3 mil hectáreas más entre los dos proyectos: oro y cobre.

Estudios que manejaba el consorcio de empresas Minera Petaquilla S.A., antes de su separación por diferencias administrativas y económicas, ponen al descubierto información que hará incrementar los niveles de alerta de los grupos ambientalistas del país.

Solo en la mina de oro que pertenece al grupo de empresarios panameños, liderados por Richard Fifer bajo la compañía Petaquilla Gold, la afectación del área boscosa en la reserva forestal del distrito de Donoso, en Colón, es de 160 hectáreas.

Aquí el daño ya está hecho. La mina se encuentra en su fase final de construcción, según informó recientemente el representante legal de la empresa, José Gabriel Carrizo.

El estudio de impacto ambiental presentado por Petaquilla Gold advierte entre líneas que “se darán cambios en la composición de la fauna del lugar y se darán desvíos de quebradas”. De las 160 hectáreas de bosque que se intervinieron para esta mina, el 80% perdió la cobertura boscosa y el 100% no tendrá la capacidad de mantener la biodiversidad original.

La vegetación del área ha quedado totalmente eliminada según muestran las últimas fotografías de la zona y las tinas de relave donde se depositará todo el material contaminado con cianuro luego del proceso de refinación de oro. Petaquilla Gold evitó hacer comentarios esta semana sobre el tema y el impacto que están causando en el lugar, mientras que la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) espera que la Corte ratifique el fallo en contra de la advertencia de ilegalidad interpuesta por la minera para entonces continuar el proceso administrativo y decidir el cierre o no de la mina .

Paralelamente, el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) mantiene una denuncia penal en contra del viceministro de Comercio Interior, Manuel José Paredes, por no haber obligado a Petaquilla Gold a cumplir con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) antes de iniciar la construcción de la mina, como lo establece la resolución No. 2005-175 del Ministerio de Comercio e Industrias.
Alto impacto

Pero lo peor está por venir y hasta ahora no hay indicios de que la maquinaria de la empresa se detendrá.

Los primeros estudios de la mina, antes de sufrir la separación entre los accionistas panameños y canadienses, revelan que en la operación de cobre las consecuencias serán más drásticas: la mina de oro solo representa el 5.3% del área que afectará el desarrollo de la mina de cobre.

En total, se ha programado que se intervendrán 3 mil hectáreas en el desarrollo de la mina de cobre a cargo de Petaquilla Copper, cuyos dueños únicos son ahora las empresas canadienses Inmet y Teckcominco. El proyecto ha tenido diferencias con Anam, de la misma forma que lo tiene la mina de oro.

En este caso, la institución ha advertido que Petaquilla Copper ha hecho exploraciones fuera de los límites de la concesión en la que el Gobierno les otorgó derechos sobre 13 mil 600 hectáreas. Inmet, accionista mayoritario de Petaquilla Copper, confirmó que el área que intervendrán en el lugar es de 3 mil hectáreas.

Para la minera el daño puede ser compensado con algunas medidas que están evaluando. “En cualquier zona donde se corten árboles, existe la obligación de replantar el doble de las hectáreas. También se contempla la posibilidad de establecer un área protegida junto con Anam, lo cual estamos definiendo en este momento”, dijo Inmet.

Sin embargo, la compañía aceptó que no ha podido determinar con exactitud cuáles serán los daños directos a esta zona considerada uno de los pocos refugios naturales que quedan en el país y parte del Corredor Biológico Mesoamericano. Petaquilla Copper informó que en estos momentos se encuentran en la elaboración del estudio de impacto ambiental “para determinar los posibles impactos del proyecto de cobre, a fin de establecer las medidas de mitigación necesarias”.

La empresa también aseguró que no empezará la construcción de la mina hasta tener el estudio aprobado por la Anam, aunque sí adelanta los estudios del diseño de la ingeniería y el de factibilidad económica del proyecto minero. En el caso del proyecto de oro no se esperó la aprobación del estudio de impacto ambiental, algo que tiene alarmados a los grupos ambientalistas como la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) y el Ciam.

Fotografías recientes de La Prensa revelan que los trabajos de exploración de Petaquilla Copper también contemplan deforestación de la vegetación del lugar.

En el área ya se ha introducido parte de la maquinaria pesada y se han abierto carreteras para llegar hasta algunas de las partes donde se montará la planta de refinación de cobre.
Empresas se separan tras diferencias internas

Desde noviembre de 2007 existían diferencias entre los accionistas panameños y canadienses en el consorcio Minera Petaquilla S.A. Inmet ya había decidido participar en el proyecto de cobre, pero tuvo que salir a aclarar que no tenía relación alguna con los señalamientos hechos por la Anam de daños ambientales y falta de permisos.Los problemas se agravaron cuando los accionistas panameños, liderados por Richard Fifer, entablaron un proceso de arbitraje aduciendo que Teckcominco, una empresa aliada de Inmet y que tenía la responsabilidad operativa del proyecto, había incumplido su contrato. En medio del proceso se hicieron auditorías internas que ampliaron las diferencias entre las partes.

Los canadienses encontraron gastos alterados y contratación de personal con salarios astronómicos. Ninguna de las partes quiere hablar de la auditoría, pero Inmet decidió lanzar una oferta de compra por el total de las acciones de Minera Petaquilla S.A., holding de Petaquilla Copper, poniendo a los accionistas panameños fuera de esta parte del negocio.Inmet dijo que está pagando 2.20 dólares por acción. Con la transacción Inmet será el dueño del 74% de las acciones de Petaquilla Copper, y su aliado Teckcominco quedará con el 26% restante.

76 mil hectáreas de más

Las dimensiones son tan vastas, que no dejan indiferente a nadie.

Minera Petaquilla tiene hoy seis solicitudes para extraer minerales metálicos en áreas aledañas a su actual concesión, en las comunidades de Coclé del Norte, San José del General y Miguel de la Borda, en la provincia de Colón, y El Harino y Piedras Gordas, en Coclé.

Las seis solicitudes, en conjunto, suman poco más de 76 mil hectáreas. Si la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) aprueba estas solicitudes, la concesión de Petaquilla será ya no de 13 mil 600 hectáreas (como está en su contrato ley original), sino de 89 mil 655.431 hectáreas.

Esa superficie es tres veces mayor a la de la ciudad de Panamá, y casi 18 veces la de San Miguelito. Madrid y París, juntos, no superan en tamaño lo que sería la concesión (ampliada) de Minera Petaquilla.

Una de estas solicitudes es para el uso de 20.7 hectáreas en la costa colonense, frente al mar Caribe.

Las seis solicitudes son para la exploración de minerales metálicos (oro y otros) y su trámite se encuentra en diferentes etapas, dentro de la Dirección de Recursos Minerales: tres solicitudes fueron declaradas elegibles; dos están en evaluación, y una está en “borrador de elegibilidad”. Fueron presentadas entre 1994 y 2005.

Dos de estas solicitudes se encuentran “inactivas” desde 2006, por lo que están en proceso administrativo de “cancelación”, informó el viceministro de Comercio Interior, Manuel Paredes.

Hay una séptima solicitud minera, esta vez presentada por Adrian Resources, una afiliada de Petaquilla. La solicitud de Adrian Resources es por 11.1 hectáreas y está en etapa de “elegible”.

Pese a que las seis solicitudes en las que Minera Petaquilla pide más tierras están colocadas en la página de internet del Mici, Inmet –la nueva dueña de Petaquilla Coopers– dijo no tener “ningún interés” en ampliar la concesión.

“Minera Petaquilla no ha solicitado concesiones adicionales al Gobierno en este instante”, remarcó la empresa.

No obstante, Inmet reconoció que unas mil hectáreas de las 3 mil que quiere desarrollar se encuentran fuera de los límites de la actual concesión, “por lo que tendremos que solicitar el uso de esos terrenos”.

El contrato ley entre el Estado y Minera Petaquilla le otorga a la empresa el “derecho” de adquirir, arrendar o usufructuar aquellas tierras estatales “dentro o fuera del área de concesión”, que sean necesarias o útiles para el desarrollo del proyecto.
Efectos declarados

.PETAQUILLA GOLD: La mina de oro tendrá un período de operación de 12 años.

.PREVISIÓN: La recuperación del área boscosa será parcial.

.DAÑOS DIRECTOS: Contaminación por aguas servidas y cambios de hábitat en especies protegidas.

.PETAQUILLA COPPER: Admite que solo una parte de las 13 mil 600 hectáreas que afectará podrán recuperarse.

.PROMESA: La empresa promete no iniciar la construcción hasta que el estudio de impacto ambiental sea aprobado.

BID le hace el juego al gobierno panameño

Evidentemente el BID sólo ha escuchado las mentiras y proyecciones convenientes de la ACP.

Qué lástima que todos tengamos que pagar caro este proyecto que al igual que el ensanche del Corte Culebra y la iluminación para travesía nocturna se quedó en inversión y nada de producto.  Reiteramos la ACP ha sido la entidad que mejor ha institucionalizado la propaganda y mediatización casi completa de la sociedad para lograr sus costosos emprendimientos que no han llevado a ningún lado como han sido los siguientes proyectos: estabilización de las laderas del Cerro Paraíso (??$), ensanche del corte (+ 300 millones), iluminacion para navegacion nocturna de barcos Panamax (??$), Fondeadero de amarre de barcos en Paraiso, etc. Adicionalmente y está demás decirlo que para  un probable funcionalidad del proyecto planteado se requirirá un nuevo ensanche del Corte Culebra, más agua de otra cuenca y nueva iluminación adecuada a las nuevas circunstancias.

El BID debe juzgar por un panel independiente los estudios científicos de sustento del proyecto versus la propuesta de ampliación que la ACP realizó al país y al BID.  Descubrirán el agua tibia: que muchas cosas se han proyectado y muchos datos claves se han cambiado u obviado a conveniencia para hacer ver como viable el proyecto megacostoso proyecto de ampliación en un mundo financiero y económico tambaleante!

Burica Press

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proyecto de ampliación.

BID ofrece $400 millones a la ACP

Wilfredo Jordán Serrano
wjordan@prensa.com

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció ayer que considera ofrecer 400 millones de dólares para el financiamiento de la ampliación del Canal de Panamá, proyecto que tiene un costo de 5 mil 250 millones de dólares.

El anuncio fue hecho en Washington, por el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, durante la visita del presidente Martín Torrijos.

Con ello, el BID se une al Banco de Inversión Europeo, que ha ofrecido cerca de 700 millones de dólares y a la Corporación Andina de Fomento, que ofertó 500 millones más.

“Nuestro interés en este proyecto demuestra nuestra confianza en la transformación económica que usted (presidente Torrijos) ha liderado durante su administración”, expresó Moreno, según indica un comunicado de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El banquero alabó el “impresionante crecimiento y desempeño económico” de Panamá, lo cual según él, “ha posibilitado que el país lleve adelante el histórico proyecto”.

Para el administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta, el anuncio del BID significa que Panamá está en el camino correcto. “Como país hemos sentado las bases que ayudan a hacer posible el proyecto de ampliación”, apuntó.

Anam rechaza fallo sobre ambiente

TRIBUNAL DEL AGUA.MULTAN A LA EMPRESA AES CHANGUINOLA CON 10 MIL DÓLARES.

Anam cuestiona fallo sobre ambiente

Harley Mitchell Morán, director de Asesoría Legal de la Anam, considera que el fallo del Tribunal fue parcial.

Ambientalistas enviaron el veredicto del Tribunal a la CIDH. Allí también presentaron una demanda.

LA PRENSA
Proyectos cuestionados.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell Morán, dijo ayer que el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) se extralimitó en sus funciones porque permitió a la parte demandante –Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y comunidades indígenas– presentar nuevas pruebas sin ofrecer oportunidad al demandado –Gobierno– de prepararse para refutar.

Mitchell dijo, además, que el Tribunal no se ciñó a lo establecido en el manual de procedimiento del organismo que, según el funcionario, establece que los dictámenes deben ser estrictamente sobre temas relacionados con la seguridad de acceso al agua y a la “salud” de los ecosistemas hídricos.

Según Mitchell, el fallo toca aspectos más relacionados con el orden público que con la gestión ambiental del Gobierno.

Sin embargo, el jurado en su resolución señaló que “pese a que el TLA recibió las pruebas durante la audiencia, no fueron consideradas en el proceso de deliberación”.

Lucía Lasso, directora ejecutiva de ACD, dijo que la decisión del TLA fue enviada el pasado martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se presentó una demanda en contra del Estado por posibles violaciones a los derechos humanos de los indígenas, como consecuencia de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Mitchell dijo que en los proyectos hidroeléctricos de Changuinola se aplican las medidas de mitigación establecidas en el estudio de impacto ambiental y el principio de que “el que contamina paga”. Es por eso, dijo, que hace dos semanas la Anam multó con 10 mil dólares a la empresa Aes Changuinola por no controlar la sedimentación. La empresa dijo que el problema ocurrió por un defecto en los filtros, pero ya fue subsanado.

Fallo ambiental favorece a comunidades indígenas

bocas del toro.PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN LA MIRA DE AMBIENTALISTAS.

Fallo ambiental favorece a comunidades indígenas

El Tribunal Latinoamericano del Agua culpó al Estado panameño de agresiones a grupos indígenas. Organismos presentaron demandas en contra del Estado ante el Tribunal de Agua.

LA PRENSA/ Archivo
proyectos. Grupos ambientalistas demandan una mayor protección de los recursos hídricos del país.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El Tribunal Latinoamericano del Agua responsabilizó al Estado panameño por el uso excesivo de la fuerza policial contra los habitantes naso y ngöbe de la comunidad de Charco La Pava, en Changuinola, Bocas del Toro, y también por adoptar un modelo inadecuado para el uso de los recursos hídricos en la región.

El Tribunal, que es un organismo ético y cuyas decisiones no son de cumplimiento obligatorio, responsabilizó a la empresa Aes Changuinola por desatender normas ambientales.

Aes construye una hidroeléctrica sobre el río Changuinola que es rechazada por los indígenas de la comunidad de Charco La Pava, donde en enero pasado hubo enfrentamientos entre los moradores y la Policía Nacional.

A la Empresa Pública de Medellín (EPM), por su parte, el Tribunal le pidió incorporar en Panamá los principios de responsabilidad social y ambiental que caracterizan sus proyectos en Colombia. EPM adelanta un proyecto, también hidroeléctrico, en el río Bonyic. El veredicto del Tribunal surge por demandas que presentaron, por separado, los organismos no gubernamentales Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Consumo Ético.

ACD, en representación de las comunidades afectadas por la construcción de las hidroeléctricas, presentó la demanda alegando que los proyectos perjudican a las comunidades y violan su derecho de acceso al agua.

Consumo Ético, por su parte, demandó al Estado por las concesiones de carácter permanentes de agua que otorga la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), incluso en áreas comarcales.

La Anam, mediante un comunicado, dijo que aún no ha sido notificado del fallo del Tribunal, por lo que no podría emitir una consideración. Harley Mitchell, director de Asesoría Legal de la entidad, representó al Gobierno en la audiencia que se realizó en Guatemala la semana pasada.

Roberto Pérez, de EPM, dijo que analizará el fallo para posteriormente emitir una opinión.

Aes, por su parte, dijo que el proyecto se desarrolla cumpliendo las normas ambientales y con el respeto estricto de los derechos humanos de las personas que viven en los alrededores.

Además, dijo de que se realizan consultas públicas y hay un diálogo “franco y directo” con las comunidades.