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ÁREA PROTEGIDA.
El Ministerio de Comercio e Industrias autorizó la exploración de manganeso en Parque Natural Chagres.
LA PRENSA/Archivo |
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Reserva canalera en la mira |
José Arcia
jarcia@prensa.com
Un contrato de concesión para la exploración de manganeso y otros minerales metálicos, no especificados, dentro del Parque Nacional Chagres fue otorgado por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). Grupos ambientalistas ubicaron geográficamente la concesión, usando las coordenadas indicadas en el contrato.
El plan de manejo del parque prohíbe la actividad minera en la zona. Los bosques del Chagres aportan el 40% del agua necesaria para el funcionamiento del Canal, además de agua potable para Panamá y Colón. Al consultar al ministro de Comercio Interior, Manuel José Paredes, solo respondió que el expediente reposa en la entidad y que podría ser consultado.
MINERÍA.PARQUE NACIONAL CHAGRES.
Una concesión para explorar manganeso en un área protegida ha desatado la furia de ambientalistas.
El Ministerio de Comercio e Industrias guardó silencio, a pesar de los intentos del diario de conocer su versión.
LA PRENSA/ Archivo |
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RIQUEZA. El Parque Natural Chagres fue creado en 1985 y tiene 129 mil 585 hectáreas. 1098702 |
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José Arcia
jarcia@prensa.com
El Ministerio de Comercio e Industria (Mici) dio luz verde a la exploración de manganeso y otros minerales metálicos, no especificados, dentro del Parque Nacional Chagres.
Así lo detectaron grupos conservacionistas que ubicaron geográficamente la concesión, a través de las coordenadas que aparecen en el contrato publicado en Gaceta Oficial del pasado 17 de septiembre.
Se trata de mil 597 hectáreas que el Mici le concesionó a la empresa Minera Cañazas en los corregimientos de Nombre de Dios y Viento Frío en la provincia de Colón.
La mayor parte de la concesión está ubicada dentro del parque (ver mapa), cuyos bosques producen poco más del 40% del agua que requiere el Canal de Panamá para su funcionamiento, y también proporcionan el agua potable que se consume en las ciudades de Panamá y Colón, según información de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
La empresa tendría en forma exclusiva un contrato de extracción “una vez descubierto un mineral que se pueda producir en cantidades comerciales”, señala el contrato.
Para los ambientalistas, la concesión dentro del parque ha sido como sal en la llaga, y aunque se trata de un contrato para la exploración, es el paso previo para la explotación.
Raisa Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), manifestó su preocupación por el tema. “El Mici ha otorgado un contrato de exploración dentro de un área protegida que cumple una función importante para el Canal de Panamá”, se quejó.
Para la ambientalista, la concesión dentro del parque es solo una muestra de un “gran problema”.
126 mil 669 hectáreas del país han sido concesionadas para la exploración o explotación de cobre, oro, plata y manganeso. La cifra equivale a la superficie territorial de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro y el Parque Nacional Coiba juntos, según los cálculos que ha hecho Ciam.
“No solo es área protegida, sino también zonas pobladas que han sido concesionadas”, dijo Banfield.
Ariel Rodríguez, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, analiza el tema desde una perspectiva socio-ambiental.
“Si el Gobierno y la sociedad no logran comprender la razón de la existencia de las áreas protegidas, simplemente estamos arando en un mar de ignorancia, por un lado, y de corrupción del lado del Gobierno, que no sacia sus apetitos de enajenar los recursos de todos los panameños para concedérselos a los amigos y gamonales de turno”, dijo.
Las concesiones en áreas protegidas contradicen la letra y el espíritu de las leyes nacionales de conservación y los convenios internacionales que amparan los valores naturales y culturales de estas zonas, anotó.
COSAS DE NORMAS
El contrato a la empresa Minera Cañazas fue otorgado sin que se realizaran estudios de impacto ambiental en la zona, ya que el trámite de solicitud se inició antes de que entrara en vigencia el Decreto No. 209 del 5 de septiembre de 2006 de la Anam.
Ese decreto obliga la realización de una evaluación ambiental antes de otorgar un contrato de exploración y explotación de minerales, y modificó el Decreto No. 59 de marzo de 2000, que no exigía ese requisito.
Sin embargo, el director de Evaluación de la Anam, Bolívar Zambrano, dijo que la empresa está obligada a presentar un estudio de impacto ambiental antes de iniciar las exploraciones.
El funcionario dijo desconocer si la concesión está dentro del parque, pero recordó que la reserva natural tiene un plan de manejo que prohíbe las exploraciones de minerales metálicos.
El pasado martes este diario envió un correo electrónico a la Oficina de Relaciones Públicas del Mici en el que solicitaba una opinión de la entidad, y aunque en reiteradas ocasiones se comprometieron a responder, al cierre de esta edición no lo habían hecho.
De igual forma, el pasado viernes se llamó al viceministro de Comercio Interior, Manuel José Paredes, para conocer su opinión, y se limitó a decir que el expediente del contrato reposa en la Dirección de Minería de la entidad, donde puede ser solicitado.
También se intentó buscar una opinión de la empresa, pero no fue posible ubicar a su presidente, Francisco Vidal. En su lugar se contactó a su firma de abogados, Galindo Arias & López; pero el responsable, Eric Iván Ríos, quien aparece como tesorero de la sociedad, no devolvió las llamadas.
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