Ministerio de Obras Públicas propone costanera en el Caribe panameño

Al PRD de turno le parece poco el daño ambiental que su administración pública está causando al país.  Ya sabemos que mineros, especuladores inmobiliarios y otras alimañas parecidas le han puesto el ojo al Caribe prístino panameño.  No nos sorprende por tanto que Colamarco traiga a colación el proyecto.

Es muy probable que Odebrecht le haya puesto en el tapete a Colamarco un nuevo negocio carretero!

Hasta dónde llegarán estos corruptos!  Creemos que llegarán hasta donde una sociedad pasiva los deje abusar de sus recursos, valores y derechos.

Hay que reír para no llorar ante tanta gula, locura y corrupción juntas de esta gente inescrupulosa que se creen dueña del país y su suerte.

Y qué papel juego el tema ambiental en esta descabellada propuesta? Eso no es importante en un país bananero gobernando por trogloditas y subdesarrollado de canto a rabo como el nuestro.

Burica Press

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gran costanera. infraestructura en planes preliminares.

MOP proyecta carretera atlántica

La construcción de la vía tomaría tres años e implicaría una inversión de 350 millones de dólares.

‘El norte del país tiene un gran potencial de desarrollo turístico’, señala Ricardo Ledezma.

LA PRENSA / Archivo
DESARROLLO. El problema de un proyecto como este es que instituciones como la Autoridad Nacional del Ambiente, el Ministerio de Vivienda y el MOP no se coordinen, señala Álvaro Uribe.

Roberto González Jiménez
rgjimenez@prensa.com

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha proyectado la construcción de una carretera que uniría las provincias de Colón y Bocas del Toro.

La infraestructura, que sería el eje de comunicaciones del norte del país, tendría una longitud de 230 kilómetros y enlazaría la localidad de Miguel de la Borda, en Colón, con Rambala, en Bocas del Toro. El proyecto supondría una inversión de 350 millones de dólares y su ejecución se prolongaría durante tres años.

El MOP elaborará los planos referenciales y dispondrá los términos mínimos y los estándares de calidad con los que se debe construir la obra, confirmó Carlos Ho, director de la Oficina de Proyectos Especiales del MOP. Sin embargo, será el próximo gobierno el que tome la decisión de licitar o no la obra y ejecutar el plan.

Esta carretera, bautizada por el MOP como la Gran Costanera, sería el proyecto estrella de una cartera de 10 actuaciones previstas en el quinquenio 2009-2014 para la futura red vial . Estos proyectos se han definido como “prioritarios” para mejorar la capacidad de servicio y la competitividad del país, aseguró Ho. En total, las inversiones superarían los mil millones de dólares.

El proyecto tendría sus implicaciones ambientales y sociales, ya que atravesaría la comarca Ngöbe Buglé. Según Ho, se optó por un recorrido próximo a la costa para afectar en la menor medida posible las propiedades privadas, particularmente en las comarcas.

Una carretera de estas características impulsaría el desarrollo turístico de toda la zona norte del país. De hecho, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) no había apostado por la potenciación de esta área por la ausencia de vías de comunicación, aseguró Ricardo Ledezma, asesor de comunicación de la ATP.

“Sólo recorrer esa carretera sería una atractivo turístico. En el norte de Coclé, en Veraguas y en todo el litoral hay playas bellísimas”, dijo. “El norte del país tiene un gran potencial de desarrollo turístico”. Por su parte, el arquitecto y miembro de la Alianza Pro Ciudad, Álvaro Uribe , recordó que este proyecto se viene analizando desde hace 30 años.

“El Atlántico ha estado retrasado en términos de desarrollo; ha estado desconectado y desconocido”, señaló. Pero explicó que la carretera, por sí sola, no es una solución, sino que debería formar parte de un proyecto de desarrollo más integral, y recordó que existen herramientas como planes de ordenamiento que deberían ser elaborados por el Estado en casos como este.

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Chiricanos insisten en defender sus ríos de la depredación

PRIMER PLANO

Rechazan hidroeléctricas

CHIRIQUÍ. Más de 30 asociaciones ambientalistas solicitan al Gobierno que se declare a Chiriquí libre de hidroeléctricas y proyectos mineros. Jorge Moreno, de la Asociación de Ambientalistas de Chiriquí, dijo que no es posible que las concesiones permitan a los inversionistas hacer uso garantizado de hasta un 90% de los caudales naturales de los ríos y arroyos por un período de treinta años prorrogables, dejando únicamente un 10% para el uso de las comunidades en sus distintas necesidades, en especial el abastecimiento de los acueductos rurales y urbanos.

Sandra Alicia Rivera