Indígenas panameños ante CIDH denunciarán despojos territoriales

Indígenas panameños denunciarán su problema de despojo territorial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Panamá, Ciudad de Panamá, 24 de octubre de 2008. El próximo 28 de octubre una coalición de organizaciones indígenas panameñas y organizaciones no gubernamentales presentarán sus quejas formales contra del Estado Panameño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D. C., Estados Unidos. En esta audiencia participarán dirigentes indígenas de la Fundación para el Desarrollo del Pueblo Wounaan, Movimiento por la Defensa del Territorio del Archipiélago de Bocas del Toro, Alianza Naso y las comunidades Ngobe del río Changuinola en la Reserva de la Biosfera La Amistad-Panamá.

Los voceros de los pueblos indígenas denunciarán al Estado Panameño por ignorar su derecho al consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos de desarrollo en sus territorios ancestrales. Además, por permitir la invasión descontrolada, y en ocasiones armada, de colonos ganaderos en los territorios Kuna, Emberá y Wounaan de Panamá Este. Además el Estado ha concesionado a consorcios privados las tierras en las que viven indígenas Naso y Ngobe para permitir la construcción de proyectos hidroeléctricos, mineros y de turismo de alto impacto.

Según Feliciano Santos, un Ngobe que vive en el Archipiélago de Bocas del Toro: “El gobierno está permitiendo que personas y empresas extranjeras despojen a los indígenas de sus tierras con ayuda de la misma Policía, que ha ejecutado expulsiones a la fuerza de nuestra gente de territorios insulares en los que habitamos y áreas indígenas que han sido concesionadas para proyectos hidroeléctricos de la corporación AES”.

Hugo Sánchez, miembro de la Alianza Naso señaló: “El problema actual es crítico en nuestra comunidad. Existen abusos y amenazas de la Policía, las autoridades locales y de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en contra de los Naso que nos oponemos al proyecto hidroeléctrico Bonyic en nuestro territorio. Indica además que ellos han concurrido a las autoridades locales y nacionales y no han detenido los abusos, por eso es que concurrimos a la comisión para escuchen nuestros planteamientos y pruebas de lo que está sucediendo en nuestro territorio y con otros hermanos indígenas en general. Además la creación de la Comarca Naso es una necesidad urgente”, subrayó Sánchez.

A pesar que Panamá ha firmado tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, el Estado Panameño se ha negado a reconocer el principio de consentimiento previo, libre e informado al eliminar varios artículos de la Ley General de Ambiente que garantizaban este derecho.

Al respecto, Susana Serracín, Asesora legal de ACD, comentó que la eliminación de estas normas, ha permitido que ocurran los despojos, la especulación y el enriquecimiento de grupos élites. Además, es evidente la violación a la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Ambiente, sin atender las consideraciones ambientales, sociales, culturales y promoviendo de esta manera, violaciones a los Derechos Humanos, acotó la abogada.

Esta solicitud de audiencia ante la CIDH fue presentada por las organizaciones ecologistas Cultural Survival, Native Future, Environmental Defender Law Center (EDLC) de Estados Unidos y Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) de Panamá.

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100 días frente a la Corte Suprema por la naturaleza

Manifestaciones para evitar nuevos edificios.

Cumplen 100 días frente a la Corte

LA PRENSA/ Levi Cruz
perseverancia. Los residentes de las áreas revertidas protestan durante una hora todos los días hábiles.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los residentes de las áreas revertidas no estuvieron solos ayer, cuando cumplieron 100 días de protesta frente a la Corte Suprema de Justicia.

Estudiantes de la Escuela de Biología de la Universidad de Panamá e indígenas del área de Bocas del Toro se sumaron a la voz de los residentes, que piden que se declare inconstitucional la Ley 12 de febrero de 2007 y el artículo 11 de la Ley 29 de 2 de junio de 2008.

Ambas normas legalizaron los cambios de zonificación otorgados por el Ministerio de Vivienda (Mivi) en las áreas revertidas desde 1997, con la diferencia de que el artículo 11 de la Ley 29, además declaró de “interés social” los proyectos inmobiliarios que se desarrollan en la zona.

El Centro de Incidencia Ambiental ha cuantificado 40 cambios de zonificación otorgados por el Mivi, en esa área, desde 1997 .

El universitario Hilario Espinoza dijo que como estudiante de las ciencias naturales “no puedo permitir que destruyan la riqueza natural de los bosques urbanos”, por lo que se sumó ayer a la acción. La protesta continuará la próxima semana.

Soberbia religiosa destruye bosques urbanos

PINTADA DE VERDE

SOBERBIA. En junio de este año, el presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz de la Iglesia católica hizo un importante pronunciamiento a través del diario Il Messaggero: “atentar contra el medio ambiente es un pecado grave y un insulto a Dios”. Por lo visto, la jerarquía católica panameña parece haberse declarado en rebeldía del Vaticano. Me explico: hace unos días se reanudó la destrucción de un área boscosa en Clayton para dar paso a la nueva sede de la Conferencia Episcopal, sin que las peticiones de la comunidad hayan hecho recapacitar a los encargados del proyecto, en especial al obispo de David, presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá y aspirante a arzobispo, José Luis Lacunza.

El tema es especialmente incomprensible, ya que todo se hubiera podido resolver sin trauma alguno, cambiando el terreno por otro que no posea la riqueza boscosa del originalmente cedido por el Estado. Podrían haber seguido el ejemplo de los sacerdotes jesuitas, rectores del colegio Javier, quienes, tras escuchar las explicaciones de los residentes de Clayton sobre la biodiversidad existente en el lote donde pensaban construir su nueva sede, accedieron a cambiarlo por otro. Igualmente se logró que la Asamblea Nacional –durante la presidencia del diputado Pedro Miguel González– cambiara, tras escuchar el reclamo de los ambientalistas, un lote que formaba parte del Parque Camino de Cruces y que pretendían vender para financiar la ampliación de sus instalaciones.

Entonces, ¿por qué la Conferencia Episcopal Panameña no puede dar un ejemplo de humildad y solicitar igualmente un trueque al Ministerio de Economía y Finanzas? La soberbia del obispo Lacunza –quien ha manejado el asunto– ha provocado que el caso llegara hasta la Corte Suprema, instancia que probablemente se pronunciará cuando ya no haya un solo árbol en pie. “La soberbia no es grandeza sino hinchazón y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano”, dijo en su momento san Agustín de Hipona. Exacto.

Lina Vega Abad
lina@prensa.com