Indígenas panameños piden protección de la CIDH

audiencia. ARISTIDES ROYO CONFRONTA A grupo NASO.

Indígenas piden protección de la CIDH

Dos casos fueron presentados ayer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Betty Brannan Jaén
Corresponsal
LaprensaDC@aol.com

WASHINGTON, D.C. Cinco representantes de las comunidades indígenas de Panamá presentaron una denuncia ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al gobierno de Martín Torrijos de despojarlos forzosamente de sus tierras y de usar persecución, intimidación, violencia y represión policial para silenciar a los que se oponen.

“Es urgente ver la situación en que viven nuestros pueblos” señaló Leonidas Quirós, de la comunidad wounaan.

Quirós describió atropellos, irrespeto a las costumbres indígenas, ausencia de seguridad jurídica y complicidad por parte de un gobierno que usa “nuevos sistemas para irse apropiando de las tierras indígenas”.

“Cada día vemos a más indígenas desalojados de sus tierras y de sus casas. Incluso hoy, cuando duermen, no saben si van a amanecer con sus techos”, declaró Quirós, refiriéndose a los proyectos mineros, turísticos e hidroeléctricos que se desarrollan en sus tierras.

Félix Sánchez, de los naso, reiteró por su parte la necesidad de crear una comarca para ellos, como llevan exigiéndolo hace 38 años.

Los indígenas solicitaron que la CIDH emita una medida cautelar para proteger a la comunidad ngöbe del proyecto hidroeléctrico en Charco La Pava, en Bocas del Toro, y que la CIDH haga una visita urgente a los pueblos indígenas.

Aristides Royo, embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, presentó la defensa del gobierno. En el caso de Charco La Pava, Royo afirmó que los pobladores del área solo se asentaron allí en 1968 y que no son habitantes “ancestrales”. Además, sostuvo que todos los proyectos se están llevando a cabo en estricto apego a la ley.

A la salida de la audiencia hubo una confrontación entre Royo y los indígenas. Royo descartó que los naso tengan derecho a una comarca y uno de los indígenas le respondió que “si usted viviera lo que vivo yo, estaría viendo otra realidad. Aquí no hemos venido a improvisar; venimos porque sentimos dolor y preocupación”.

La CIDH también celebró una audiencia sobre el caso de Jesús Vélez Loor, un ecuatoriano que acusa que, en 2002, en Panamá, fue encarcelado ilegalmente y sin el debido proceso, y luego torturado en La Joyita.

Por parte del Estado panameño, Edgardo Sandoval, de la Cancillería, adujo que Vélez Loor no ha presentado pruebas de las torturas, pero Sandoval no refutó el hecho de que Vélez Loor fue sentenciado a dos años sin que su caso pasara por una autoridad judicial.

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Versión publicada por EFE:

Piden reconocimiento de las tierras de los pueblos indígenas de Panamá

28 de octubre de 2008, 03:43 PM

Washington, 28 oct (EFE).- Diversas asociaciones pidieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el reconocimiento de las tierras de los pueblos indígenas de Panamá.

Representantes del Gobierno panameño y comisionados de la CIDH escucharon las denuncias de la parte peticionaria, conformada por representantes de tres pueblos indígenas, de los siete existentes en Panamá.

Desde la organización Native Future, Leonides Quiroz señaló que la falta de derecho a la propiedad a la tierra “da cabida a que los colonos invadan las tierras indígenas con el fin de desforestarlas y posteriormente venderlas a terratenientes”.

“El Gobierno reconoce el derecho de propiedad de los colonos pero no en cambio a los indígenas aunque ancestralmente hemos vivido en estas tierras por muchas generaciones”.

Por este motivo, Quiroz aseguró que los indígenas, que configuran entre el 10 y el 12 por ciento de la población de Panamá, “están clamando el cumplimiento de estos derechos sin que el Gobierno haya hecho nada al respecto o haya dado una respuesta”.

En este sentido, Félix Sánchez de la Alianza para la Conservación y Desarrollo denunció otras prácticas derivadas de esta violación de los derechos de propiedad, como las concesiones hidroeléctricas, mineras y turísticas a compañías multinacionales así como la represión policial o la ruptura de las costumbres y la estructura tradicional de los pueblos indígenas.

Sánchez instó a los comisionados de la OEA a que visiten “urgentemente” la zona para comprobar “la situación en la que viven nuestros pueblos”.

Por su parte, el Gobierno de Panamá mediante su representante permanente ante la OEA, Arístides Royo, recordó que este país “es un estado respetuoso de los derechos humanos y está preocupado con el pleno cumplimiento de estos”.

“Panamá no sólo reconoce las tierras indígenas -manifestó- sino que es uno de los países de la región con legislación más avanzada en esta materia, ya que reconoce la autonomía y otros derechos de estos grupos”.

Los siete pueblos indígenas que viven en Panamá son Emberá, Wounaan, Ngöbe, Buglé, Kuna, Naso y Bri-Bri que, con 285.231 personas, ocupan más del 22 por ciento del territorio del país. EFE

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