Los invasores de las áreas protegidas de Panamá

PRECARISTAS SOFISTICADOS

Las ‘bellezas’ de la Anam

Susana A. Serracín Lezcano
opinion@prensa.com

Recientemente la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) publicó un comunicado de prensa titulado: “Precaristas devastan áreas protegidas”. Dice la nota que “En un patrullaje terrestre de funcionarios de la Anam, por las riberas del río Pedro Miguel, en las áreas revertidas, se descubrió que personas inescrupulosas pretendían establecer viviendas en el lugar, además de tratar de devastar el territorio de la zona a fin de realizar actividades agrícolas”.

Lo anterior resulta cínico viniendo de la Anam. No es que esté de acuerdo con que los precaristas se tomen las áreas protegidas, pero es que ellas y otras zonas ricas en biodiversidad están siendo tomadas por precaristas sofisticados, disfrazados de consorcios internacionales y empresarios, la única diferencia es que estas personas cuentan con el beneplácito de la Anam para realizar actividades incongruentes con los fines de conservación y desarrollo sostenible.

Hablo de los megaproyectos hidroeléctricos de AES Changuinola y Bonyic en áreas protegidas como el Bosque Protector Palo Seco, zona de amortiguamiento del PILA; la depredación ecológica al Corredor Biológico Mesoamericano que representa la minería a cielo abierto en Petaquilla; la destrucción de los manglares y humedales; la expropiación de parte de transnacionales turísticas que pretenden seguir saqueando las áreas indígenas y la biodiversidad, como el caso de Damani Beach y Red Frog Beach.

Y ni hablar de las zonas urbanas, en donde nuestra calidad de vida se deteriora con la construcción de cuanta torre–mamotreto quepa en cualquier espacio por minúsculo que sea; por supuesto, todas con estudios de impacto ambiental “debidamente aprobados”.

La Anam no nos termina de sorprender. Recientemente aprobó la Resolución AG–0569–2008 que modifica el artículo 7 de la Resolución AG–0366–2005, señalando que en el caso de las áreas protegidas que no cuenten con el plan de manejo, el concesionario deberá presentar un plan de manejo del área concesionada, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente que regula el contenido que deben tener los planes de manejo para las áreas protegidas.

El apuro por concesionar nuestros preciados recursos es evidente. Disimuladamente la Anam permite que las empresas “se hagan el vestidito a la medida”, dejando que el sector privado ponga las directrices de la política ambiental, al dictar resoluciones administrativas con este alcance.

La política, institucionalidad y legislación ambiental, el sistema de categorías de manejo empleado y otros aspectos de planificación y financiamiento de las áreas (des) protegidas se han amoldado para permitir las actividades que están llevando a una inseguridad jurídica y una crisis ambiental sin precedentes. El tan nefasto “desarrollo” que esta institución promueve, cubriéndose de un cuestionable y dañino manto de supuesta “legalidad”, otorgando concesiones irregulares de administración y servicios en áreas protegidas, aprobando cuanto estudio de impacto ambiental se le ponga en frente, modificando sistemáticamente la normativa legal y otras tantas “bellezas”, constituye el reflejo de una mediocre gestión ambiental en la que es más importante el enriquecimiento de los promotores de proyectos que la conservación ambiental.

La Anam deja boquiabierta a la comunidad internacional y avergüenza al Estado panameño, con sus “brillantes legalismos”, como la defensa a ultranza del principio del que contamina paga, por encima del principio de prevención de daños ambientales. ¡Qué pena, por la plata baila el mono, los corruptos e incompetentes también!

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Hablan de las ‘bellezas de la Anam’

César Samudio
2 DE NOVIEMBRE.
En relación al artículo de opinión titulado “Las bellezas de la Anam” (La Prensa, 1/11/2008) debo añadir que la lista de corruptelas de la entidad es interminable. En el distrito de Alanje había un área protegida que se llamaba Refugio de Vida Silvestre La Barqueta. Todo este parque fue titulado y convertido en propiedad privada, sin que la Anam haya movido un dedo para evitarlo.

La garita que da acceso a esta ex área protegida está a más de dos kilómetros de distancia de la entrada de dicho parque. Allí vegetan tres servidores públicos que, en vez de cuidar el parque cuidan los hoteles y demás infraestructuras del “gamonal del área”, donante de la Anam. Cuando la comunidad denunció ante el Ministerio Público al donante de la Anam por haber construido un canal ilegal de cinco kilómetros de largo, a través de manglares y humedales, los peritos y testigos que utilizó la defensa del sindicado fueron los mismos funcionarios de la institución que han permitido estos y otros crímenes ambientales.

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Desalojos forzados en islas y costas de Panamá

Alerta por aumento de desalojos en las costas

Desalojo en Pedasí.LA PRENSA/Cortesía/ Augusto López

JOSÉ aRCIA
jarcia@prensa.com

El Consejo Consultivo del Programa Nacional de Administración de Tierras, integrado por la sociedad civil, alertó de desalojos a vecinos de comunidades costeras.

César Carrasquilla, presidente del Consejo, denunció ante la Defensoría del Pueblo una “violación de los derechos humanos” de 33 familias desalojadas en Pedasí, provincia de Los Santos, que tienen más de 30 años de vivir ahí. El Consejo ha recibido unas 500 quejas de diferentes partes del país por avisos de desalojo.

El abogado Guillermo Márquez consideró que los desalojos realizados son “arbitrarios”.

programa de gobierno empieza a incomodar a moradores costaneros

Residentes de las costas, en ascuas por sus tierras

Pequeñas comunidades costeras desaparecen ante el ‘boom’ inmobiliario y turístico. Las casas son derrumbadas y los residentes, desalojados.

PAISAJE. Los terrenos de Donatilo Jiménez llegan a la playa La Colorada, en la costa arriba de Colón, con vistas muy atractivas para proyectos turísticos. LA PRENSA/Maydée Romero

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Una ola de desalojos inunda las comunidades costeras del país y arrasa, en algunos casos, con cuatro décadas de vida familiar.

La voz de auxilio se escucha tanto en el lado atlántico como en el pacífico. El boom inmobiliario y turístico es la causa, señalan los moradores. Aunado a unas autoridades locales y centrales que “no están reconociendo los derechos posesorios”, añade el jurista Guillermo Márquez Amado.

En medio está el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) que busca hacer una titulación masiva. Las comunidades se organizan para protestar en contra de la iniciativa porque, por un lado sus tierras son cedidas a “poderosos” y, por otro lado, el costo para obtener la titulación es “impagable”.

Donatilo Jiménez aún se pregunta cómo la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió, en abril del año pasado, a la sociedad Hoteles Decameron un globo de terreno en Cocuye, en Santa Isabel de Colón, que él heredó de su padre y que también perteneció a su abuelo.

Después de luchar en contra de la decisión gubernamental, con el apoyo del Consejo Consultivo de Pronat –integrado por la sociedad civil–, el pasado 10 de octubre Catastro revocó la decisión.

Ahora, Jiménez se siente complacido, pero su preocupación sigue latente. Es un área atractiva para el desarrollo turístico, “al que no nos oponemos, pero si desconocen nuestro derecho, lo defenderemos”, dijo.

“Lo que le pasó a Donatilo le puede ocurrir a cualquiera de nosotros”, añade Alfredo Reid, uno de los residentes de Santa Isabel.

Mientras los colonenses respiran, por el momento, con tranquilidad, los residentes de playa El Toro y La Garita, en Pedasí, y la comunidad indígena Cayo de Agua, en el Archipiélago de Bocas del Toro, están en la zozobra.

El pasado 10 octubre, 17 policías llegaron a la comunidad de Cayo de Agua para derrumbar unos 15 ranchos indígenas, habitadas por alrededor de 100 familias, dijo Félix Sánchez.

Seis días después, la misma orden llegó a la costa de Pedasí. Ese día, un grupo de residentes se preparaba para ir de pesca, cuando entró la maquinaria a derrumbar las casas, narró ayer Amada Caballero.

La acción, dijo, es porque ahora aparece un supuesto dueño de una tierra que ha sido ocupada desde hace 40 años por los moradores.

Por este caso, el Consejo Consultivo de Pronat hizo una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que investigue, alegando que el programa se ejecuta a través de convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que establecieron en sus cláusulas el reconocimiento del derecho de los ocupantes de las tierras. En el documento se advierte de que los desalojos “pueden ser causal del término del financiamiento”.

Este diario intentó contactar a la viceministra de Economía y Finanzas, Gisela Álvarez de Porras, y al coordinador técnico de Pronat, Rolando Armuelles, durante dos días, sin embargo ninguno de los dos respondió.