La tierra prometida no se vende

PATRIMONIO NACIONAL

Jorge Gamboa Arosemena
opinion@prensa.com

Moisés llevó a los israelitas a la tierra prometida donde tendrían espacio para habitar libremente, para trabajar, para producir alimentos, bienes de consumo y servicios; y esos espacios ¿qué son? Nada menos que pedazos de patria. Mateo Iturralde decía: “la patria no se vende”.

Detrás del proyecto de ley que promueven sectores políticos, cuyo supuesto objetivo es legalizar la tenencia de la tierra a quienes la han habitado o trabajado durante muchos años, se esconden intereses bastardos. El legalizar la tenencia mediante la titulación es correcto, lo fraudulento está en que se hace en un momento de especulación inmobiliaria, cuando los sectores adinerados pretenden acaparar o hacerse de las tierras, que por su ubicación, entran en una vorágine especulativa.

Se pretende titular 40 mil predios en las áreas costeras e insulares. Se habla de entre un 80% y 90% de ciudadanos pobres que se harían acreedores a la titulación. Una vez tituladas las tierras, estas personas tendrían la potestad de “vender su tierra”. Para que la tierra, “pedazos de la patria”, cumpla su función social y no afecte la integridad y la seguridad nacional, la titulación no puede ser aplicada ingenuamente, porque estaríamos entregando ese patrimonio a ciudadanos que, si fueran ciudadanos no pobres, hoy con derechos posesorios, ellos generarían una vorágine especulativa o si fueran los ciudadanos pobres, serían pasto fácil de esta vorágine.

Pensemos: si a 20 jefes de familias pobres, en un área de potencial turístico, se les titula 50 hectáreas de tierras, no pasaría mucho tiempo antes de que sean tentados a “vender” esas tierras por, digamos 20 mil dólares cada uno. Esto sumaría 400 mil dólares. Los inversionistas, vendiendo a 10 dólares el metro cuadrado, recogerían 5 millones de dólares. Y quien las desarrolle, por lo bajo según la ubicación, recogería 20 millones de dólares, si las vendiera a 40 dólares, más la ganancia de la venta por mejoras. Uno se ganaría más de 4 millones, luego de costos, y el otro más de 10 millones luego de costos, solo en vender parcelas de patria.

Para evitar esta especulación, si los proponentes de la ley fueran gente bien intencionada propondrían una norma que frenara la especulación. En caso de que ocurra tal especulación, el Estado debería garantizar que quienes tengan tierras tituladas en áreas donde no se dé esa especulación, tengan como resarcimiento la diferencia entre el valor real dado por Catastro, bajo móviles sociales de equidad, y el valor de la transacción especulativa.

Por una mentalidad de capitalismo salvaje, como decía Juan Pablo II, se ha distorsionado el supuesto valor de la tierra, es decir, de las parcelas de patria. La tierra no puede tener un valor comercial, como un bien manufacturado por una industria o artesano, porque la manufactura tiene una plusvalía y la tierra estaba ahí antes de que llegáramos a esta vida y estará ahí una vez abandonemos este mundo.

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La Constitución Nacional establece propiedad de dominio público y justo las costas e islas tienen el principio constitucional de dominio público para usufructo generacional.

Burica Press