Día Mundial de Acción contra las Represas

Día Mundial de Acción contra las Represas

Susana Serracín

Abogada Ambientalista

En 1997, el Primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas, reunido en Brasil, declaró el 14 de marzo como el «Día Internacional de Acción contra las Represas en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida».  Se trata de un esfuerzo global en defensa de nuestros ríos, sus ecosistemas, las comunidades indígenas y campesinas amenazadas por proyectos hidroeléctricos.

Según la Comisión Mundial de Represas, más del 50% de los ríos se han represado y cerca de 45 mil grandes represas se han construido en todo el mundo desplazando a más de 80 millones de personas de sus lugares de vida.  Información ampliamente validada por diversos estudios científicos revela que los impactos más visibles son: la transformación irreversible del territorio y el patrimonio natural y cultural, con graves consecuencias directas sobre la población, flora y fauna por inundación de extensas áreas del territorio, migración de especies, remoción de fondos y destrucción de los ecosistemas que dependen de las cuencas hídricas afectadas.

Hoy es más clara la relación que existe entre las represas, las infraestructuras, el sector eléctrico, los intereses de la industria de la construcción, la privatización y el acaparamiento de las fuentes hídricas.

Además, provocan el desplazamiento masivo de población, pérdida de áreas cultivables, deterioro de los recursos naturales, destrucción de bosques y paisajes, disminución del caudal de los ríos, destrucción de economías locales, conflictos sociales relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales, corrupción de autoridades públicas, impunidad frente al daño ambiental y el olvido de la cultura y las tradiciones de los pueblos.  La descomposición de materia orgánica produce emisiones de gas metano, que contribuye al calentamiento global.  Por ello, la generación mega hidráulica no es «limpia» y tampoco es la más «barata»,  porque no ha internalizado los costos sociales, culturales, económicos y ambientales, mientras que los beneficios económicos van redondos a las ya abultadas arcas de los actores del negocio energético.

Casos emblemáticos en el Bosque Protector Palo Seco, área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, causan consternación internacional: indígenas Ngobes afectados por el proyecto Chan – 75 o Chan – I, promovido por AES Changuinola, acuden a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en defensa de sus derechos; mientras que indígenas Naso Tjerdi, llevan casi cuarenta años solicitando su comarca, petición que ha sido ignorada sistemáticamente, sufren los embates del proyecto Bonyic.  Éstos son ejemplos entre tantas comunidades que resisten frente a la imposición de emprendimientos energéticos devastadores del ambiente y un sistema que no respeta la participación ciudadana en la toma de decisiones que les concierne.

La política panameña en materia de energía es miope e irracional. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), otras autoridades competentes, empresas y candidatos presidenciales, promueven muy a la ligera la construcción de más hidroeléctricas, como una solución simplista a los complejos problemas de pobreza, atraso e inequidad social, ignorando el bienestar de las comunidades y en ausencia de un análisis científico orientado al desarrollo energético, basado en el uso responsable de nuestros recursos y la promoción del desarrollo humano integral.

La ausencia de una cultura ambiental, la contaminación, el despilfarro desenfrenado de energía, aunado al desarrollo inmobiliario urbano, caótico y deficiente, al margen de una planificación socio ambiental que desconoce las verdaderas opciones de energías renovables no convencionales, son problemas cuya solución no puede postergarse, ya que generan condiciones de alta vulnerabilidad que afectan la calidad de vida de la población y promueven violaciones a los Derechos Humanos.

Hoy es más clara la relación que existe entre las represas, las infraestructuras, el sector eléctrico, los intereses de la industria de la construcción, la privatización y el acaparamiento de las fuentes hídricas. Es por ello que las organizaciones ambientalistas, sociales y populares nos unimos en alianzas y campañas globales, sensibilizando a la comunidad sobre los efectos del cambio climático y el impacto sobre el ambiente que generan las represas, proponiendo cambios estructurales en el desarrollo energético y la formulación de alternativas para la soberanía energética de los pueblos.